Una alharaca igual a la producida por el propio Referendo reeleccionista la ha creado la contabilidad del Comité Promotor del mismo. La Ley establece unas disposiciones a las que tiene que someterse toda iniciativa popular, cualquiera sea la materia en cuestión. Existen topes, reportes y límites para los aportantes que deben cumplirse. Hay una legislación completa cuyo objeto es fijar las mismas reglas para todos y las autoridades electorales siempre deben certificar sobre el acatamiento de las reglas.
Son varios los sucesos que hacen inferir que el uribismo más rancio no da -por ahora- su brazo a torcer para seguir de largo en la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2010. Entre ellos, podrían mencionarse, la declaratoria de sesiones extras para la Cámara de Representantes en las primeras horas de la madrugada del 17 de diciembre; la pretensión de modificar la redacción de las preguntas respaldadas por cinco millones de firmas y la forma ilegítima como se llevó a caso el proceso de recolección de firmas por parte de lo que se denominó el Comité Promotor.
Al respecto, el estado de pérdidas y ganancias de dicho Comité registra dos hechos graves. El primero, que los gastos sumaron $2.047 millones, y, el segundo, que el pago causado por el 4 x mil sumó apenas $609.130. Con relación al total de gastos, se superaron, y con creces, los topes fijados por el Consejo Nacional Electoral en la resolución 0067 de enero 30 de 2008 que fijaba el máximo de dinero que podría ser gastado en “mecanismos de participación del orden nacional” en $ 334’ 974.388. Y, con respecto al impuesto de operaciones financieras, puede intuirse que, si vale cerca de 600 mil pesos, no se entiende cómo operaron erogaciones por más de $2 mil millones. Simplemente, o todo el dinero se manejó en efectivo o la plata en un alto porcentaje, más del 85%, jamás entró a las cuentas bancarias del Comité Promotor.
Esto último se esclarece cuando se observan los libros auxiliares de gastos del Comité. Absolutamente todas las expensas aparecen pagadas a la Asociación Colombia Primero; honorarios, arrendamientos, alquileres, seguros, correos y telegramas, varios, materiales y publicaciones y hasta los servicios públicos. En el caso del pago de “la recolección de apoyos”, que sumó $1400 millones, aunque aparecen como beneficiarios empresas de servicios temporales y cooperativas de trabajo asociado, las facturas también fueron canceladas por “Colombia Primero”, resaltando que la dirección asignada en dichos documentos de cobro al Comité (Calle 72 # 7-55 Bogotá) es la misma de la tal Asociación.
Hay una simbiosis, “una conjunción entre dos organismos diferentes”, el Comité Promotor y la Asociación Colombia Primero; reforzada cuando se conoce que 6 de los 9 miembros del Comité Promotor pertenecen al Consejo Directivo de Colombia Primero y uno más es hijo de otro directivo de la Asociación de marras. Y, peor aún, que el gerente del Comité es el mismo representante legal de Colombia Primero.
¿Por qué este Referendo recurrió a tan insólito nexo? Al analizar las fuentes de financiación de Colombia Primero, que fueron -en últimas- los recursos usados para promover la reelección, se encuentra a los ingenios azucareros, productores de etanol, a los fabricantes de agrodiesel, a las empresas de los grupos económicos, a los concesionarios de importantes obras y bienes públicos, como troncales de Transmilenio, el aeropuerto El Dorado, noticieros de TV y la doble calzada Briceño-Tunja- Sogamoso, entre varios, quienes aportaron $1.900 millones con los cuales funcionó la operación. Colombia Primero se gestó para que estos beneficiarios de los favores del Ejecutivo no aparecieran como donantes directos del Comité y no se configurara un claro tráfico de influencias y además, para encubrir que las donaciones de muchos de los casi 110 dadivosos, superaban los $3,34 millones, tope máximo permitido para aportes individuales de cualquier persona natural o jurídica.
Si a lo anterior se añade que todo se pretendió tapar con un pagaré post-operación que el Comité le firmó a Colombia Primero, para introducir artificiosamente un crédito inexistente, o que en las cuentas entregadas por el Comité al Consejo Electoral aparecen ingresos sin comprobante o se ocultaron otros óbolos como el de un ex gobernador del Magdalena detenido por parapolítica, no puede más que concluirse que se está ante otra arbitrariedad de la plutocracia uribista para imponer a toda costa su tercer mandato, de cuya espuria gestación pueden presagiarse los tiempos muy oscuros que vienen para lo que queda de democracia en Colombia.
Bogotá, 23 de diciembre de 2008
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