Frente a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de una “amnistía general” y un “borrón y cuenta nueva” para Colombia, queremos recordar lo siguiente:
1. La base de la posición del Gobierno Nacional en las negociaciones en La Habana con las FARC-EP, y en el proceso de paz en general, fue el rechazo tajante a una amnistía general y la priorización de los derechos de todas las víctimas en el marco del fin del conflicto. Queremos reiterar ese rechazo. Desde la firma del Acuerdo General en agosto de 2012, se dijo que las víctimas estarían en el centro del Acuerdo y esa ha sido hasta hoy nuestra estrella polar. Una amnistía general como propone Álvaro Uribe daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones. Y con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
2. En realidad, la discusión sobre la posibilidad de una amnistía general se cerró hace al menos nueve años -si no antes, con la jurisprudencia de las Cortes-, cuando el Congreso de la República, presidido por el Partido Conservador, expidió el Acto Legislativo No 1 de 2012: el llamado “Marco Jurídico para la Paz”. En ocho intensos debates “en frío”, sin la presión de las negociaciones, el Congreso buscó un equilibrio entre la necesidad de facilitar la terminación del conflicto y la mayor garantía posible de los derechos de las víctimas. El Marco establece -siguiendo las recomendaciones del Secretario General Kofi Annan al Consejo de Seguridad-, que una combinación de instrumentos de carácter judicial y extrajudicial permitirá “garantizar los deberes estatales de investigación y sanción”.
3. En particular, esta norma constitucional permite la selección de los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, para que sean investigados y juzgados, y autoriza la renuncia condicionada a la acción penal para quienes no sean seleccionados. El Marco Jurídico delimita su ámbito de aplicación a quienes participaron en el conflicto armado interno y de manera expresa extiende este tratamiento “a los agentes del Estado, con relación a su participación en el mismo”. En su primer enunciado el Marco deja claro que estos instrumentos tienen carácter excepcional, restringido a quienes, de nuevo, participaron en el conflicto.
4. El Gobierno negoció en La Habana partiendo de este marco constitucional. En enero de 2015, en uno de los momentos más difíciles en los casi cinco años de negociaciones, les explicamos a puerta cerrada al Secretariado de las FARC-EP que esa era no solo la
posición del Gobierno Nacional, sino lo que exigía la realidad política y jurídica del siglo XXI: “no puede haber y no habrá amnistía general. Punto.”
5. Enumeramos una a una las restricciones. Colombia había suscrito el Estatuto de Roma y desde el 2002 estaba obligada a investigar y sancionar los crímenes de guerra y lesa humanidad, a riesgo de que interviniera directamente la Corte Penal Internacional. (Colombia está aún en un “examen preliminar”, que pende sobre los resultados del proceso actual.) La Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado la derogación de las leyes de amnistía en América Latina, de Uruguay a El Salvador. La Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema exigían la investigación y sanción de estos crímenes. Y, ante todo, los colombianos y las víctimas en particular, esperaban que el fin del conflicto se lograra con justicia y verdad. En lo posible, teníamos que estar a la altura de sus expectativas.
6. Propusimos en esa reunión que esos crímenes fueran investigados y sancionados por un tribunal especial, ante el cual las FARC-EP iban a tener que comparecer. Esa discusión -inédita con una guerrilla- concluyó más tarde en la creación del JEP. A su vez, la JEP hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que busca asegurar la satisfacción más amplia de los derechos de las víctimas, combinando instrumentos judiciales con extrajudiciales, como la Comisión de la Verdad. Cualquier discusión sobre impunidad en una transición a la paz tiene que partir del grado de satisfacción de esos derechos en su conjunto, de manera “interrelacionada”, como dice el Acuerdo Final.
7. Los primeros resultados del Sistema Integral son promisorios. En territorios como Caicedo y Sonsón en Antioquia, Ortega y Roncesvalles en el Tolima, Palestina en el Huila, Caldono en Cauca, Miravalle en Caquetá, y en ciudades como Tumaco, Popayán, Valledupar y Riohacha, entre otras, se han hecho ya importantes actos de reconocimiento de responsabilidad y de verdad entre los perpetradores y las comunidades, impulsados por la Comisión de la Verdad o en audiencias de la JEP. Y la JEP ha logrado en un tiempo razonable, en comparación con tribunales similares, imputar a guerrilleros y agentes del Estado por gravísimos crímenes de lesa humanidad que convulsionaron a Colombia, y hacer a la vez una contribución definitiva a la verdad. Son los propios mandos guerrilleros y nuestros propios oficiales y suboficiales los que están hablando.
8. Nunca antes una guerrilla había aceptado comparecer ante un tribunal y reconocer su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, ni tampoco habían aparecido miembros de fuerzas militares, luego de un conflicto, dispuestos a contarles a los jueces la verdad de lo que pasó y a someterse a penas alternativas. No pasó en Sur África, ni en ninguna otra parte. La (hasta hace poco) Fiscal de la Corte Penal Internacional ha dicho que Colombia demuestra que es posible hacer un proceso de paz bajo los parámetros del Estatuto de Roma, mientras que especialistas en negociación afirman que Colombia resolvió el problema que los aquejaba desde hace treinta años: cómo superar el dilema entre la justicia y la paz.
9. La propuesta de Álvaro Uribe de una amnistía general pretende derrumbar este edificio, que Colombia ha construido con tanta dificultad. Los primeros damnificados, además de las víctimas por supuesto, serán los miembros de las Fuerzas Militares y otros agentes del Estado que participan hoy en el proceso transicional y que verán cómo se esfuma con esta propuesta su seguridad jurídica. No hay doctrina más sólida en el derecho internacional en materia de amnistías que la prohibición de la autoamnistía, que es lo que conlleva cualquier amnistía general.
10. El Marco Jurídico para la Paz, por el contrario, logró un equilibrio, permitiendo la suspensión condicionada para los agentes del Estado de la acción penal en los casos de menor responsabilidad. Esa posibilidad no existía para agentes del Estado, como sí para las guerrillas, que podían beneficiarse de una amnistía por el delito político de rebelión y delitos menores asociados al conflicto. Y el Acuerdo Final extendió, en razón del fin del conflicto, un tratamiento simétrico pero diferenciado a los agentes del Estado en la JEP, cuando en circunstancias ordinarias la responsabilidad de quienes portaron las armas en defensa de los ciudadanos y la Constitución es mayor. Este tratamiento está condicionado a la satisfacción de los derechos de las víctimas y al cumplimiento de una sanción.
11. Queda el asunto del expresidente Uribe. En La Habana tomamos la decisión de dejar explicito que la JEP no podía obligar a los expresidentes a comparecer. Pero eso no quiere decir que el expresidente no pueda ni deba contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, acudiendo a las instituciones del Sistema Integral dentro del respeto que merecen. Lo invitamos a elevar el ancla de la polarización, que tiene a Colombia atrapada en el pasado, y a moverse de manera genuina hacia la reconciliación. Por ejemplo, aceptando la participación en política de los miembros de las FARC según los lineamientos de la Corte Constitucional, así como ha apoyado la participación en su propio partido de líderes guerrilleros como Ever Bustamante o Rosenberg Pabón, parte de la cúpula del M-19 y responsables por tanto de crímenes atroces por los que nunca han respondido.
12. Lo mismo debería hacer la izquierda, ahora que Petro se une a las voces de apoyo a una amnistía general. En lugar de estar promoviendo la impunidad, deberían estar acudiendo a la Comisión de la Verdad o, si es el caso, a la JEP, a explicar por ejemplo la relación entre le Partido Comunista Colombiano y los crímenes cometidos por las FARC-EP. Es la hora de la responsabilidad. No hay otro camino para Colombia que avanzar hacia la reconciliación sobre la base de la justicia y la verdad.
Humberto De la Calle Sergio Jaramillo
Ex Jefe de la Delegación del Ex Alto Comisionado para la Paz
Gobierno Nacional en La Habana
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