La persecución contra los jóvenes en Colombia se recrudece. A la escalada de cientos de asesinatos, presentados como muertos en combate –también conocidos como “falsos positivos”–, se suma la criminalización de quien permanece en la calle luego de las 10 u 11 de la noche, los “toques de queda” vigentes en varias localidades de la urbe, los señalamientos por el pelo largo, los aretes y hasta el caminado. La cosa se pone grave, según el decir de los propios muchachos. Las retenciones injustificadas y el encarcelamiento en los calabozos de las otrora comisarías, ahora UPJ, se hacen asunto de cada día. Según algunas fuentes, durante el 2008 “…hubo más de 25 mil retenciones, de las que 14 mil no tendrían justificación”.
En Saravena, departamento de Arauca, por ejemplo, la Fiscalía acaba de reconocer que varios jóvenes detenidos acusados de guerrilleros, fueron torturados con alicates, hasta causarle la muerte a uno de ellos. En Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades, estudiantes universitarios han sido golpeados hasta el asesinato. Los casos de Nicolás Neira (2005), Johny Silva (2005), Oscar Salas (2006), aún siguen impunes y recuerdan el espíritu que domina en la Policía Nacional.
“El fuego purifica”
Ese espíritu se hizo presente en Bogotá el lunes 9 de febrero cuando, como en los tiempos de la Inquisicón, dos jóvenes que habían sido llevados a la sureña estación de la localidad Rafael Uribe Uribe por una riña callejera, una vez esposados y colocados en estado de indefensión, fueron rociados con gasolina e incinerados, produciéndoles quemaduras de segundo y tercer grado. Según la madre de uno de ellos, retomando lo que le contó su hijo: “para que aprendieran”.
Al parecer, los hechos se presentaron cuando los dos jóvenes se percataron que uno de los detenidos que compartía celda con ellos tenía quemaduras. Como retaliación por la protesta ante esta anomalía, los uniformados encargados procedieron a “castigarlos”.
Los patrulleros sindicados por estos hechos son, el subintendente Anatolio Martínez, el patrullero Omar Cervantes y los auxiliares Diego Medina y Jaime Melo, del mismo modo que se ordenó la destitución del comandante de la estación, mayor Pedro Rodríguez. Todos, ahora destituidos, deberán enfrentar investigaciones penales y disciplinarias.
Llamado de atención
La estigmatización contra los jóvenes en Colombia es un hecho incuestionable. Las últimas medidas de control tomadas por la actual alcaldía de Bogotá así lo evidencian. Señalamiento unido a la negación de sus derechos, como el del estudio, recreación, alimentación, salud y otros muchos, a los cuales tiene acceso seguro un pequeño porcentaje de los mismos: de 100 niños que inician estudios primarios, 5 terminan la universidad. La posibilidad de trabajo también es una quimera, lo que propicia la emigración de muchos de ellos, o arriesgarse al oficio de raspachín, sicario o cualquier otro oficio “maldito” que le propicie el dinero suficiente para sobrevivir.
Así, con derechos violados y perseguidos por quienes debieran protegerlos, los jóvenes recorren las calles de sus barrios cargados de pánico. Allí, en muchos de las más populosas barriadas de la ciudad, los paramilitares colocan las reglas, cobran impuestos e intimidan. Los jóvenes padecen los efectos de esta realidad. Sin embargo, las políticas en boga en Colombia sindican a los propios jóvenes por tal realidad. De esta manera, problemas estructurales que socaban el país se asumen –con los códigos de policía– como si fueran circunstanciales.
Ante estos hechos, que exceden los límites de la brutalidad, cabe la pregunta: ¿Cómo puede una política basada en la restricción, con miras a “promover la vida y seguridad de los jóvenes”, al mismo tiempo defender los derechos de éstos?
Recuadro
Manifiesto urgente contra la criminalización y violación sistemática de los Derechos Humanos de los y las jóvenes en Bogotá
Las y los jóvenes de la ciudad de Bogotá comprometidos con la defensa de la vida, la dignidad y la organización social, nos manifestamos y organizamos en contra de diferentes situaciones que sistemáticamente se vienen aplicando como políticas de seguridad en contra de la organización y vida de los y las jóvenes, sus organizaciones e iniciativas; conduciendo a la criminalización, detención, desaparición, desplazamiento interno, ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento forzado; acciones que no solamente violentan las dinámicas juveniles sino que estigmatizan toda forma de agrupación juvenil y social convirtiéndonos en el blanco permanente de los diversos actores armados del conflicto político, que de tiempo atrás vienen actuando y posicionándose en diferentes territorios de la ciudad.
El alcance de esta política de seguridad, de criminalización y persecución del movimiento social y juvenil llega a la violación de los derechos humanos, generando una cultura del miedo, del silencio, del terror, de la inmovilización social y en casos muy concretos de la eliminación.
Por esto nos oponemos a:
- Los asesinatos de jóvenes, líderes sociales y comunitarios, en las diversas localidades de Bogotá, en situaciones confusas, ocultando los reales motivos de las muertes, y haciéndolos parecer como homicidios de la violencia generalizada (por robos y/o enfrentamientos entre pandillas).
- Los asesinatos realizados por la mal llamada “limpieza social” que desde el año 1991, según datos del CINEP, empezaron a presentarse como “políticas de seguridad” en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, y que hoy se presenta en la mayoría de las localidades de la ciudad como una práctica sistemática de control social.
- La detención y judicialización de jóvenes estudiantes que hacen parte del movimiento estudiantil y de procesos sociales y comunitarios de defensa de los Derechos humanos.
- Las declaraciones que califican, claramente, a los y las jóvenes Objetores de Conciencia y de promoción de los Derechos Humanos como integrantes de “organizaciones terroristas subversivas…que usan como pretexto la objeción para infiltrar instituciones educativas”, caso concreto de declaraciones hechas en los medios de comunicación por el entonces Fiscal Piedrahita en los dos últimos meses.
- La militarización y paramilitarización de los diferentes espacios públicos de la ciudad en las Localidades de: Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristobal, Suba, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Usaquen, entre otras, o por medios de los Toques de Queda, establecidos por grupos paramilitares y por decisión de algunas Alcaldías Locales.
- Las amenazas de grupos paramilitares a jóvenes y organizaciones en barrios y universidades a través de panfletos, listados de la muerte y comunicados a la opinión pública.
- La persecución a las expresiones juveniles y a las universidades públicas que promueven el debate público, el análisis y la crítica frente a la situación de crisis del país y la ciudad, y la defensa de los Derechos Humanos; hecho que es promovido por parte de la fuerza pública, la Presidencia de la República, algunos sectores políticos del Congreso, medios de comunicación masiva y sectores de la administración de la ciudad.
Por: Julián Carreño
Artículos relacionados
La juventud ante el deber de la crítica y el cambio
Bogotá. Las medidas de seguridad del alcalde del Polo (recuadro
Colombia y asesinatos de jóvenes. Caen altos oficiales
Leave a Reply