Este contexto repercutirá, sin duda alguna, en un mayor deterioro de
los derechos humanos, las libertades públicas, y los derechos
sociales. La política de “seguridad democrática” incrementa las
medidas represivas y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y la
brutalidad en el uso de la fuerza por parte del ejército y la policía,
la militarización del país, la actuación ilegal de los agentes del
estado, y una mayor intervención militar de los Estados Unidos en el
conflicto armado interno.
Los acuerdos contenidos en el tratado de libre comercio constituyen la
base de la extensión del empobrecimiento masivo a sectores agrarios e
industriales que se verán indefectiblemente discriminados por una
competencia que favorece únicamente a la economía de los Estados
Unidos y a los intereses de las multinacionales. A esta alianza,
contraria a las fuerzas productivas del país, el actual gobierno añade
una propuesta de reforma tributaria que libera al gran capital de
impuestos, y redistribuye la carga en las capas menos pudientes de la
población, lo que significa una mayor concentración de la riqueza y
una extensión social de la pobreza absoluta.
En el centro de este modelo está el tratamiento de favorabilidad
otorgado al paramilitarismo que ha permitido, en los últimos cuatro
años, su reingeniería económica, política y social. Lejos de un
proceso de desactivación de las estrategias paramilitares, en muchos
lugares del país la consolidación del poder narcoparamilitar se ha
visto favorecido por la apariencia de un proceso de desmovilización y
reinserción. En estas zonas el proceso de control social ha seguido
los mismos pasos. Luego de la incursión violenta de los grupos
paramilitares respaldada por las unidades del ejército y la policía
(realizada por medio de masacres, desplazamientos forzados,
establecimiento de centros de exterminio en las zonas rurales y
desaparición de los cuerpos en fosas comunes), se ha instalado el
control social y político a través de la infiltración de las
instituciones, para después instituir el lavado de activos, la
contratación de obras públicas, la inversión en sectores como el de la
construcción y procesos de legalización de la apropiación violenta de
tierras.
La respuesta a este modelo de sociedad antidemocrático ha sido un
significativo ascenso de la acción pública de los movimientos
sociales, de la cual hace parte la creciente convergencia y
organización de las asociaciones de víctimas y sobrevivientes.
Reunido en su tercer encuentro nacional, el Movimiento de Víctimas de
Crímenes de Estado presenta a la sociedad colombina ocho propuestas
encaminadas a hacer realidad los derechos a la verdad, la justicia, la
reparación integral, la memoria y la no repetición de los crímenes
contra la humanidad y los genocidios.
1. Una estrategia jurídica que persiga a los máximos autores de los
crímenes y la responsabilidad de los agentes estatales
Para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la estrategia
paramilitar ha sido diseñada, operativizada e institucionalizada por
el estado colombiano mediante la creación de diferentes dispositivos,
entre los cuales se cuentan normas jurídicas que han legitimado su
accionar, y otras que buscan legalizar la impunidad de sus crímenes.
Así, los instrumentos jurídicos utilizados en el llamado proceso de
“negociación y desmovilización”, como la Ley 782/02 y el Decreto
128/03, han servido para el otorgamiento de indultos y amnistías al
93% de los paramilitares. Otras normas complementarias han concedido
beneficios económicos y subsidios a quienes se han desmovilizado, sin
ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos paramilitares, y
mientras continúa el proceso de consolidación económica, política y
social, y la ejecución de nuevos crímenes a lo largo y ancho de la
geografía nacional. Por su parte la Ley 975/05, mal llamada de
“justicia y paz”, y su decreto reglamentario 4760/05, pretenden cerrar
este ciclo de impunidad. En su versión original, estas normas no
disponen las garantías necesarias para reconocer los derechos de las
victimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y a la no
repetición de los crímenes. Tampoco reconocen la existencia de
víctimas del estado y buscan encubrir la responsabilidad estatal en el
surgimiento, accionar, desarrollo y consolidación de la estrategia
paramilitar. A pesar de que la corte constitucional ha producido la
sentencia C-370 –cuya redacción final aún no se conoce– en la que se
introducirían algunas limitaciones a estos extensos beneficios, desde
ya es evidente que el gobierno nacional y los paramilitares emplearán
toda clase de estratagemas para conseguir la impunidad, y mantener a
salvo los capitales obtenidos con crímenes atroces, y legalizados hoy
en operaciones de lavado de activos.
Por ello develar estos mecanismos de impunidad es uno de los retos y
desafíos que tiene el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado,
usando diversas instancias y procedimientos jurídicos, tanto
nacionales como internacionales. Recurriendo al acumulado del proyecto
“Colombia nunca más”, dilucidará la verdad de lo ocurrido a través de
la recolección del testimonio de las víctimas y documentará las nuevas
formas de reingeniería paramilitar. Para este fin, esclarecerá los
vínculos entre paramilitares y autoridades civiles y militares, así
como los crímenes que siguen cometiendo, y pondrá en claro la
identidad de los beneficiarios de los mismos.
El Movimiento de Víctimas exige que se sancione a los máximos
responsables de más de 50 mil crímenes de lesa humanidad cuya
documentación fue puesta a disposición del fiscal general de la nación
el 29 de junio de 2006, y pide que se hagan efectivas en lo inmediato
las órdenes de captura existentes. El Movimiento de Víctimas reafirma
su exigencia de que los políticos corruptos, los empresarios,
ganaderos y terratenientes, los intermediarios de multinacionales que
han sido determinadores de estos graves delitos sean sancionados
ejemplarmente, con condenas penales proporcionales a sus delitos y con
medidas judiciales que les impidan el ejercicio futuro de cualquier
cargo público.
2. Una estrategia para la verdad y la memoria histórica
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha expresado en
diversos pronunciamientos su postura sobre la verdad y la memoria
históricas. La verdad es un fundamento insoslayable para la superación
de la impunidad de los crímenes contra la humanidad, y para la plena
realización de los derechos a la justicia y la reparación integral.
Para el Movimiento de Víctimas la dilucidación de lo que ha pasado no
es un procedimiento que se realice en secreto y en la intimidad con
los afectados por la violencia. La verdad y la memoria históricas son
parte de un proceso de democratización de la sociedad y una
oportunidad para que las fuerzas sociales que han sido excluidas,
perseguidas y estigmatizadas puedan participar de la vida pública.
También es un proceso que debe impugnar seriamente el pretendido
carácter democrático del régimen político colombiano, y debilitar la
legitimidad social de los grupos de poder que han logrado, mediante el
ejercicio sistemático de la mentira y la justificación de los
crímenes, mantener una imagen de respetabilidad social y
responsabilizar a las víctimas de la agresión a la que han sido
sometidas durante prolongados períodos.
La información acumulada más importante de la que dispone el
Movimiento de Víctimas para avanzar en el esclarecimiento histórico se
encuentra plasmada en el proyecto “Colombia nunca más”. Este esfuerzo
investigativo de más de una década sustenta sólidamente la existencia
del terrorismo estatal en Colombia, no como una noción ideológica,
sino como una realidad empíricamente demostrable. Por esa razón, la
difusión social y la utilización jurídica de esta información son
tareas estratégicas para las víctimas del estado.
En cuanto a las fuentes de la verdad histórica se deben fortalecer la
recolección de testimonios, las pruebas forenses que sustentan los
datos estadísticos, la búsqueda de documentos con valor probatorio, el
trabajo sobre los archivos oficiales, las acciones de habeas data.
Sobre este último tema se requiere conocer la ubicación de los
archivos oficiales y los lapsos de desclasificación de los documentos
que contienen. Asimismo se necesita entrar en contacto con
organizaciones que en Estados Unidos trabajan en la desclasificación
de documentos oficiales que atañen a la intervención militar y
política en países latinoamericanos. Con relación a los crímenes que
falta documentar, o cuya información debe ser sistematizada y agrupada
se requiere que el “Nunca más” clasifique los procesos de exterminio
de grupos y colectividades, o en otras palabras que documente la
existencia de los genocidios y procesos de exterminio. Igualmente que
documente los crímenes de guerra de origen estatal y que realice un
esfuerzo de sistematización sobre el desplazamiento forzado, las
detenciones arbitrarias y el exilio por razones políticas.
Para conservar y difundir la información acumulada se propone que el
Movimiento de Víctimas trabaje por la creación de un centro de memoria
y documentación, que cumpla a la vez funciones de archivo de seguridad
y espacio de diálogo público sobre la verdad histórica. Allí pueden
tener cabida los resultados de los procesos de investigación que se
han desarrollado desde las víctimas, los bancos de datos de las
organizaciones de derechos humanos y los bancos documentales de las
organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como los informes
y compilaciones documentales disponibles.
3. Una estrategia para el acompañamiento solidario con las víctimas:
la comisión ética
El Movimiento de Víctimas declara su derecho a salvaguardar la memoria
histórica a través de la conformación de una comisión ética que
custodie y comparta con la sociedad colombiana y con la humanidad, la
verdad histórica de las víctimas de crímenes de estado, así como el
concepto que tiene, basado en el derecho internacional y en los
derechos de los pueblos, de lo que significa la justicia y la
reparación integral. La comisión ética nace ante la ausencia de un
aparato de justicia que aborde de modo preciso el genocidio y los
crímenes contra la humanidad; nace ante el desconocimiento de los
derechos de las víctimas y ante la banalización de los contenidos de
la verdad, la justicia y la reparación en la comisión nacional de
reparación y reconciliación creada por la Ley 975/05. La comisión
ética sesionará durante 10 años con 25 miembros internacionales y
cinco nacionales, personas y organizaciones de reconocidas calidades
éticas de Norteamérica, Suramérica, Europa, África y Asia. Promoverá
la creación de casas de custodia de la memoria, el cuidado de los
testimonios y objetos de las víctimas. Así mismo, animará espacios
públicos de la memoria con museos públicos, construcción de
monumentos, rastreo de fosas comunes y prácticas alternas de
exhumación, parte del derecho a enterrar.
La comisión ética como construcción de propuestas de verdad, de
justicia y de reparación con los familiares, las comunidades y las
organizaciones de víctimas –indígenas, afrocolombianos, mestizos,
mujeres, niños y jóvenes– recopilará insumos fundantes para la futura
conformación de una auténtica comisión de esclarecimiento histórico,
cuando en Colombia existan garantías reales para la misma.
La comisión ética acompañará las prácticas de las víctimas en la
afirmación de sus derechos a la memoria, a la verdad, a la justicia y
a la reparación integral con museos populares, casas de semillas,
peregrinaciones, creación de zonas de reserva y de catastro
alternativo, exhumación de restos, protección de bienes y de la
biodiversidad, actos públicos, ruedas de prensa, etc. Al final de su
mandato, la comisión ética hará públicas de modo integral y
sistemático tanto las propuestas en materia de verdad, justicia y
reparación; así como, el acumulado histórico de las víctimas –que
deberá ser reconocido por el estado– y la iniciativa de ley para la
constitución de un nuevo aparato de justicia.
4. Una estrategia para la no repetición: la prohibición legal del
paramilitarismo
Las estrategias paramilitares han causado un grave daño a la sociedad
colombiana. Además de sembrar muerte y terror, se han constituido en
la principal forma de eliminar a la oposición política y social. El
origen histórico y la existencia presente del paramilitarismo es
responsabilidad del estado colombiano. Hoy quiere hacer de él un poder
legitimado y un poder económico mediante la preservación de su
acumulación sangrienta de capitales.
Por eso, el Movimiento de Víctimas considera que entre las garantías
de no repetición de los crímenes contra la humanidad y el genocidio en
Colombia, debe figurar la proscripción de las estrategias
paramilitares en el país. Dicha iniciativa consiste en la redacción de
un proyecto de ley, con carácter de reforma constitucional, que
prohíba cualquier disposición que intente validar al menos tres
modalidades de paramilitarismo.
El proyecto de ley decretará, en primer lugar, la interdicción de
cualquier política pública tendiente a armar a los civiles, o a
otorgarles funciones propias de las fuerzas militares o de los cuerpos
de seguridad estatales (cooperativas de tipo “Convivir”, redes
ciudadanas de informantes y cooperantes, etc.).
El proyecto de ley precisará la tipificación del delito de alianzas
entre los agentes estatales y los grupos paramilitares y aumentará las
sanciones para quienes incurran en esta práctica o fomenten la
infiltración paramilitar en el estado y el uso de la contratación
pública para el beneficio de particulares pertenecientes a
organizaciones paraestatales.
El proyecto de ley prohibirá la planificación de operaciones
encubiertas de tipo paramilitar por parte de miembros de la fuerza
pública y la conformación de escuadrones de la muerte y grupos
mercenarios sobre el territorio nacional.
El Movimiento de Víctimas es plenamente conciente de que con la actual
composición del congreso de la república una norma de estas
características no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada. Sin
embargo, perseverará hasta que esta norma adquiera un rango
constitucional y se convierta en un patrimonio de la sociedad.
Igualmente, hará de esta propuesta un instrumento para abrirle paso a
la controversia política sobre las garantías de no repetición de los
métodos del terrorismo estatal y la depuración de la fuerza pública.
5. Una estrategia para la reparación: el catastro alternativo
Para el Movimiento de Víctimas la reparación no es un acto caritativo
del estado, ni una transacción para tasar la dignidad de las víctimas
por una suma de dinero. Tampoco es una colecta de dineros de la
cooperación internacional o un deber de todos los ciudadanos a través
de nuevos impuestos, como lo han sostenido el gobierno nacional y el
presidente de la comisión nacional de reparación y reconciliación.
Quienes tienen que reparar son los causantes del daño y los actuales
detentadores de la riqueza que ha sido usurpada a las comunidades y
grupos agredidos.
Para el Movimiento de Víctimas, la reparación es un proceso de
justicia con quienes han sufrido la violencia y con la propia
sociedad. Por eso, el movimiento reitera su compromiso de impulsar el
mandato agrario del cual hace parte la propuesta de la elaboración de
un catastro alternativo como mecanismo directo de acopiar información
sobre los bienes, las tierras y territorios de las victimas que fueron
usurpados por la política de terrorismo de estado.
El catastro alternativo es la búsqueda de información sobre la
magnitud del despojo, e intenta poner en evidencia que el
desplazamiento forzado es una estrategia de contrarreforma agraria que
establece un nuevo proceso de acumulación de tierras. Con esta
herramienta las victimas podrán demandar las cinco millones de
hectáreas de territorio que fueron usurpadas violentamente a
campesinos, comunidades afrocolombianas, indígenas y colonos. También
podrá reclamar la responsabilidad estatal por haber permitido o
auspiciado directamente este despojo violento.
6. Una estrategia de lucha contra la desaparición forzada: la
exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar
Las víctimas de crímenes de estado declaran su derecho a exhumar los
restos mortales de las fosas comunes y a enterrar dignamente a las
miles de personas que fueron sometidas al crimen de la desaparición
forzada como parte de la estrategia paramilitar.
Muchos familiares saben dónde se ocultaron los restos mortales sus
seres queridos. Muchas comunidades presenciaron la eliminación de sus
líderes y miembros en las fincas que se convirtieron en centros de
exterminio, en las que fueron sepultadas las víctimas. Pero hoy no
pueden darles digna sepultura, pues aún persiste en las regiones el
control de las mismas estructuras militares regulares e irregulares
que torturaron, desaparecieron y después asesinaron.
El Movimiento de Víctimas sostiene el legítimo derecho a elaborar el
duelo, a saber dónde pueden los deudos visitar a sus familiares y
dónde las comunidades pueden rendir homenaje a quienes fueron
inmolados. Afirma su derecho a encontrar a los desaparecidos, a saber
dónde están, a recuperar los restos de humanidad, sus restos. Concibe
el derecho a exhumar como la posibilidad de re-crear las vidas de
quienes sufrieron los crímenes, de revitalizar los ríos, las tierras,
liberándolas de ser el recinto del ocultamiento y la impunidad de los
perpetradores. Ratifica el derecho a convertir el dolor en esperanza,
en la posibilidad de esclarecimiento de la verdad y de dignificación
del nombre, las opciones, los ideales y proyectos de vida de quienes
fueron desaparecidos. Ese derecho es el de la resistencia y la
resiliencia. Es el derecho a exhumar la vida y la memoria.
7. Una estrategia de lucha contra el genocidio político: verdad,
justicia y reparación para las víctimas y los sobrevivientes de la
Unión Patriótica
La oposición política ha sido perseguida y ha intentado ser
exterminada en Colombia. Los crímenes hacia estas expresiones son una
práctica de represión a la construcción de alternativas sociales y
políticas como una salida civil a las causas del conflicto armado.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado siente propios los
colosales esfuerzos de las victimas y los sobrevivientes del Partido
Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica por conocer la verdad
plena, acceder a una justicia que castigue ejemplarmente a los
promotores y autores del genocidio político que se ha perpetrado en su
contra, y beneficiar y obtener reparación integral a los más de cuatro
mil crímenes cometidos contra sus militantes. Además, respalda
plenamente la búsqueda de reparación política y de restitución de los
cargos públicos en todas las instancias de gobierno y estado.
El Movimiento de Víctimas expresa su apoyo irrestricto a la decisión
de suspender la etapa de búsqueda de solución amistosa que venía
haciendo curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
el caso No. 11.227 que se sigue contra el estado colombiano por
genocidio y grave violación de los derechos humanos y las libertades
políticas de los miembros de este partido y el movimiento de oposición
UP.
Para las víctimas del estado, el gobierno del presidente Álvaro Uribe
Vélez y las instituciones oficiales encargadas, no sólo no han
avanzado en las investigaciones ni han castigado a los responsables y
usufructuarios de este exterminio, sino que, por el contrario,
realizan constantes esfuerzos por descalificar y estigmatizar
públicamente la legitima labor de los sobrevivientes de esta
aniquilación sistemática; fomentar el más primario anticomunismo y
hacer una apología del genocidio, que incentiva la continuación de
nuevos hechos de violencia contra los miembros de los grupos de
oposición.
Desde la perspectiva actual, para el Movimiento de Víctimas es claro
que la Ley 975/05 es una herramienta de impunidad, y por lo tanto, no
permitirá que en el caso del PCC y la UP, como en el de otras decenas
de miles de crímenes y violaciones contra el movimiento social y
popular puedan prosperar los derechos a la verdad, la justicia, la
reparación integral, la memoria histórica y las garantías de no
repetición.
8. Una estrategia de organización: el fortalecimiento del Movimiento
de Víctimas
El Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado representa un esfuerzo
de unidad y construcción de confianzas de los diversos sectores
sociales, étnicos y políticos agredidos por la estrategia autoritaria
del estado. Al convertirse en una fuerza social contra la impunidad,
el movimiento ha venido reuniendo múltiples expresiones organizadas en
un solo proceso que ofrece mecanismos propios de coordinación y
consulta permanente en el plano nacional.
Una lucha exitosa contra la impunidad requiere, sin embargo, de
sólidos y pacientes esfuerzos organizativos en el plano regional, que
reúna las diversas vertientes de las victimas de crímenes de estado en
un solo mecanismo de coordinación permanente y haga realidad las
líneas de acción social, política y jurídica en cada lugar. En dicha
dinámica la educación y capacitación en los temas de conflicto y paz,
las vías de exigibilidad y realización de los derechos humanos, y en
especial, los derechos de las víctimas, deben ocupar un lugar
importante.
La causa de las víctimas y la afirmación de sus derechos se fortalece
con la conformación de cada nueva organización de familiares o
sobrevivientes de crímenes del estado, por ello saludamos la creación
del Movimiento Hijas e Hijos Contra la Impunidad y Por la Memoria.
Bogotá, 9 de julio de 2006
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