El Polo se opone a la lucha armada como mecanismo para resolver las contradicciones políticas y sociales y condena el secuestro, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, el terrorismo y toda suerte de actos contra la dignidad de las personas y sus derechos y bienes, sean estos cometidos por las FARC, el ELN, las AUC o por agentes del Estado. El Polo reconoce la existencia en Colombia de un conflicto armado que debe ser resuelto por la vía política. Reclama para las víctimas verdad, justicia, reparación, compromiso de no repetición y demanda atención para la población desplazada o exiliada por razones del conflicto interno. Además, expresa su respaldo a las críticas justas y fundamentadas, incluidas las de importantes organismos, nacionales e internacionales, a la ley de Justicia y Paz.
El conflicto armado que pervive en Colombia afecta las relaciones, la estabilidad y la convivencia con los países hermanos por lo que en distintas fuerzas políticas y gobiernos del continente se afianza la conciencia de contribuir afirmativamente a su solución pacífica. Esta solo puede darse entre colombianos y colombianas, en plena soberanía, sin intervención militar ni política externa de ninguna naturaleza, con total capacidad de autodeterminación del país, pero no excluye la mediación, favorecimiento y apoyo de Estados hermanos y de la Comunidad internacional a los procesos de búsqueda de la paz. Pedimos la libertad inmediata de todos los secuestrados y un acuerdo humanitario. El Polo propone una política de desarrollo económico que fortalezca la producción interna, erradique el desempleo y el subempleo en el que se desempeña el 60% de la fuerza laboral y la pobreza en la que está sumida la mitad de la población. Luchamos por restablecer y ampliar los derechos de los trabajadores, y alcanzar la plena vigencia de las libertades sindicales.
El Polo denuncia y rechaza la inicua desigualdad imperante en nuestro país y llama a los colombianos y colombianas a luchar activamente contra las políticas que la generan. En particular contra los crecientes impuestos al consumo, la reducción de las transferencias para salud, educación, saneamiento básico y la ofensiva hacia la privatización del Sena, la destrucción del Seguro Social y de la Red Pública Hospitalaria.
La crisis financiera internacional y los problemas políticos y económicos con Venezuela acrecienta las dificultades de amplios sectores nacionales, los que este gobierno trata de resolver con más pobreza para el pueblo. El Polo pide la normalización de las relaciones y la regularización del intercambio comercial entre los países hermanos.
Para mantener la antidemocracia económica, este régimen aplica graves restricciones al pleno ejercicio de las libertades civiles y una notable disminución de las prestaciones sociales y la libertad sindical. Al amparo de la “seguridad democrática” se han cometido toda clase de atropellos; la tendencia permanente del gobierno uribista es hacia la represión de las protestas públicas y pacíficas del pueblo; se continua con la práctica de las detenciones masivas y las denominadas “ejecuciones extrajudiciales” por estructuras de la fuerza pública que suman cerca de mil casos en este quinquenio. En dos años y medio de vigencia de la ley 975 de justicia y paz, de los 3.200 jefes y mandos medios del paramilitarismo solo han sido detenidos 59 y solo uno ha sido llamado a juicio. Los grandes capos no han entregado tierras, bienes o dinero para la reparación de las víctimas. El paramilitarismo ha reaparecido bajo nuevas siglas y con amplia laxitud por parte de las autoridades.
El Polo apoya a la Corte Suprema de Justicia ante los ataques que ha recibido del gobierno nacional y demanda del Fiscal General de la Nación eficacia, prontitud e imparcialidad en sus decisiones. El Polo llama a los amantes de la libertad y la democracia a formar un gran haz de voluntades por la defensa de las garantías ciudadanas y de todos los derechos fundamentales amparados por el Estado Social de Derecho. Por ello no vacila en condenara el designio antidemocrático de imponer un tercer período presidencial, pues para el Polo es muy claro que si el proyecto de Uribe se prolonga, con sus perniciosas políticas centrales de “seguridad democrática” y “libre comercio”, Colombia no podrá ser la patria autónoma y próspera que anhelamos.
Para dar al traste con la tiranía necesitamos ampliar y consolidar la gran unidad interna que el Polo ha reafirmado en esta exitosa reunión de su Dirección Nacional y, a la vez, unir esfuerzos con otras organizaciones y personalidades políticas y sociales que compartan nuestros objetivos supremos de Soberanía y Democracia para Colombia y sus ciudadanos. La Dirección Nacional del Polo convoca a sus militantes y dirigentes a no escatimar esfuerzos para fortalecer la unidad del partido, mediante el más consecuente respaldo a los organismos de dirección en todos los niveles y a los fundamentos que han propiciado la unidad de la izquierda democrática en Colombia, es decir, los estatutos del Polo y su programa consignado en el Ideario de Unidad.
Los abajo firmantes expresamos nuestro apoyo a que el Polo Democrático Alternativo busque la concreción de un Gran Acuerdo Nacional contra la Guerra y el Secuestro y por la Paz y el Acuerdo Humanitario, con la condición que se señale explícitamente que ese acuerdo no puede incluir a Álvaro Uribe, por ser el jefe de un régimen guerrerista y estar comprometido con la parapolítica y el paramilitarismo.
Bogotá, marzo 2 de 2000
Firman los asistentes en la reunión de la Dirección Nacional del Polo Democrático Alternativo, reunida en Bogota entre el 29 de febrero y el 2 de marzo de 2008
DECLARACIÓN DEL PDA SOBRE LA CRISIS REGIONAL
Polo Democrático Alternativo, Bogotá, marzo 2 de 2008
La Dirección Nacional de PDA reunida en la ciudad de Bogotá el 29 de Febrero, 1 y 2 de Marzo y ante los acontecimientos que agudizan la crisis de las relaciones del Estado Colombiano con las hermanas repúblicas de Ecuador y Venezuela¨.
1. Expresa su profunda preocupación por el desbordamiento del conflicto armado interno que amenaza con el rompimiento de las relaciones del Estado Colombiano con los gobiernos de Venezuela y Ecuador, y pone en riesgo la convivencia pacífica en la región. En este sentido, nos preocupa la expansión del conflicto a los países vecinos y el creciente intervencionismo Norteamericano, factores que afectan la soberanía y la democracia en el nivel regional.
2. La Política de ¨Seguridad Democrática¨ y la forma como el Estado ha enfrentado la lucha contra las diferentes expresiones de violencia es transgresora al derecho internacional público, humanitario y de los derechos humanos. Rechazamos cualquier actuación de extraterritorialidad de las Fuerzas Armadas Colombianas que constituyan violaciones de la soberanía nacional en los países vecinos. De la misma manera demandamos de los grupos insurgentes (FARC y ELN) y paramilitares el respeto por la autonomía territorial de los Estados fronterizos.
3. Llamamos a fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre nuestros pueblos y países, y a la normalización de las relaciones diplomáticas, económicas y culturales en el marco de la convivencia pacifica.
4. Reafirmamos la necesidad de persistir en la pronta concreción del acuerdo humanitario, la liberación de los secuestrados y la solución política negociada del conflicto armado colombiano y deseamos que los acontecimientos recientes no afecten las iniciativas que en este sentido se vienen realizando. Con este propósito respaldamos los esfuerzos que gobiernos amigos y la comunidad internacional adelantan en procura de la paz.
5. El PDA ha decidido realizar gestiones y acciones concretas con gobiernos, partidos políticos y movimientos sociales en procura de garantizar la superación de este ambiente bélico y consolidar así los lazos de hermandad y convivencia democrática que han marcado la histórica relación entre nuestros pueblos.
Polo Democrático Alternativo, Bogotá, marzo 2 de 2008
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