Lo fundamental hoy para todos los actores sociales es la defensa integral de los derechos. Ahí debe centrarse la mirada y la acción para enfrentar las consecuencias de la pandemia en curso.
El presidente Duque había perdido toda capacidad de gobierno en noviembre de 2019. El paro del 21 fue el acontecimiento que constató ese estado de cosas. A las demandas del comité de paro se le sumaron las recomendaciones de la Misión de Sabios que el mismo Presidente había constituido. Si el pliego reivindicativo de los trabajadores era apremiante, las propuestas de la Misión tenían carácter de “urgencia”. El informe concluía con un “[…] llamado de urgencia y en altavoz al Gobierno Nacional y a la Sociedad en general”.
El Presidente y su círculo inmediato, me parece, reconocieron que la situación era apremiante y organizaron unas mesas temáticas para buscar concertar soluciones a los problemas. Hubo quienes sostuvieron que se trataba de dilatar y diluir con el paso del tiempo el imperativo de cambio que la sociedad estaba exigiendo. La llegada de la pandemia planetaria alteró todas las premisas de la existencia humana. En esas nuevas condiciones el presidente y su gobierno, asumió que ya no era necesario ocuparse de los cambios.
Hoy, abril de 2021, el gobierno sigue creyendo que no es necesario volver la vista atrás y que el paro del 21 de noviembre es sólo un mal recuerdo. Pero aunque pueda parecer cierto, realmente hoy tenemos unas demandas de cambio más solidas y apremiantes. Veamos lo concerniente con la educación.
En primer lugar está la incompetencia del gobierno para cumplir la tarea de vacunar al magisterio. Esa medida elemental ni siquiera la mencionan el ministro de Salud y la ministra de Educación. En lugar de ocuparse de esa responsabilidad han propuesto un debate lleno de insinuaciones malévolas acerca de la incompetencia de maestras y maestros y de la responsabilidad de Fecode en los malos resultados de los estudiantes en las pruebas Pisa.
Pero lo evidenciado por la pandemia es la precariedad de las condiciones en que se lleva a cabo la labor pedagógica y de la enseñanza. No podía ser de otra manera, teniendo en cuenta los mezquinos recursos asignados a la política educativa en sus diferentes niveles: desde el preescolar hasta la universidad. El hecho puesto de manifiesto por la pandemia de modo brutal, no es gratuito. Es el resultado de las decisiones tomadas por los gobiernos, en contravía de los postulados constitucionales y los de la Ley General 115 de 1994. Se trata de la contrarreforma iniciada en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), agudizada durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y mantenida durante los dos gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018).
Las propuestas de cambio en asuntos educativos del pliego de Fecode en noviembre del 2019 y las recomendaciones de la Misión de Sabios, todas orientadas a hacer realidad la promesa legal y constitucional del derecho a la educación, ahora cobran una dimensión más amplia. Se trata de garantizar a las familias, los estudiantes y los maestros el derecho a la salud. Sin esa garantía el derecho a la educación no es posible. Se trata, también, de la renta básica para impedir que el hambre degrade la existencia de la niñez, la infancia y la juventud. Se trata, así mismo, de garantizar una vivienda digna a todas las familias. Con la ausencia de estos derechos son inútiles los esfuerzos de formación de las nuevas generaciones.
Ahora, gracias a la pandemia es transparente que no es posible garantizar el derecho a la educación sino se garantiza también el de la salud. Y sin la garantía de una renta básica y de una vivienda digna, las familias no pueden asumir los compromisos con la educación de sus hijas e hijos. El Estado social de derecho tiene pues que operar para que la sociedad asuma su obligación. Sólo de esa manera se podrá cumplir con el postulado de la Constitución y de la Ley General de Educación que establece que la sociedad, la familia, la comunidad magisterial y el Estado convergen en la misión de formar a las nuevas generaciones.
Estamos en una nueva etapa respecto a noviembre 21 del 2019. En ese momento se trató de buscar un cambio acotado de las políticas gubernamentales. Ahora, después, de la trágica travesía que nos impuso la pandemia, lo que era una constatable incompetencia del gobierno, ahora es la experiencia del colapso de un modo de producción y de su superestructura histórico-cultural. Lo padecido aquí en términos locales tiene su realización global. La humanidad se enfrenta a una amenaza existencial desencadenada por la codicia del 1 por ciento. Ante este acontecimiento, sin antecedentes en la historia de la humanidad, se comienzan a ensayar las viejas salidas de la guerra. Algunos apelan a la famosa disculpa de la Trampa de Tucídides acuñada por Raymond Aron para justificar la primera y la segunda guerra como acontecimientos inevitables. Pero este debate sólo lo presento de manera preliminar como un llamado de atención acerca de lo que no es lo fundamental. Hoy lo fundamental es la defensa integral de los derechos.
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