Y el temido desenlace se impuso. Este lunes 25 de noviembre en horas de la noche el cuerpo de Dilan Cruz, joven que apenas estaba empezando a vivir los años felices de la vida, los de la imaginación, la rebeldía, la creación, los del compartir desinteresado con todos los suyos, los de rumba y amores pasajeros y no tanto, los de mirar la vida en azul, no resistió las consecuencias del impacto recibido por un disparo de esas armas de “prevención” con que “contienen” los “agentes del orden” la protesta ciudadana, esa misma que dicen estar protegida por las leyes que resume la Constitución Nacional.
Dylan, quien de manera desprevenida participaba en una acción colectiva el pasado sábado 23 del mes en curso en Bogotá a la altura de la Avenida 19 con Carrera 4, y como todos los videos lo confirman no portaba arma alguna ni estaba amenazando la vida de nadie ni era motivo de inseguridad alguno, fue atacado por un policía del Esmad, los mismos que de manera reiterada son denunciados por la actitud violenta con que se interponen ante los actos de reclamo, de protesta, de exigencia de cambio y de vida digna que en unas ocasiones lideran estudiantes, en otras trabajadores, pero también campesinos o indígenas.
Su actitud violenta, y la forma como están preparados para proteger el “orden” y la “santa propiedad privada”, quedó nuevamente en evidencia cuando uno de ellos propinó el reciente 21 de noviembre una violenta patada, con golpe de karate, en el rostro de una joven que en medio de una acción de protesta reclama en solidaridad con un compañero que estaba siendo atacado por el Esmad. Patada premeditada, con fuerza, potencia que puede dejar lesiones de diverso tipo.
Es una actitud de ataque, no de prevención ni de contención, que desde siempre deja huellas de dolor y sangre en las protestas a donde llegan. La memoria de los estudiantes y activistas en general recuerdan con fuerza el vil asesinato de Nicolás Neira (Bogotá, Primero de Mayo de 2005, Carrera 7 x 18), un joven que como Dilan apenas despuntaba a la vida; registro en la memoria que también se extiende a Óscar Salas (Bogotá, 8 de marzo de 2006) quien cursaba estudios en la Universidad Distrital.
Los indígenas asesinados producto del exceso de fuerza con que actúan los “agentes del orden”, además de la decena de lesionados por disparos de gases lacrimógenos accionadas en línea directa contra sus humanidades, así como de disparos no convencionales (cápsulas recargadas de balines), como por golpes contundentes con fuerza potenciada por el odio que parecen inyectarles en los cursos donde los forman, o en las “motivaciones” de que son objeto momentos antes de entrar en acción, desnudan a todas luces por qué y para qué fueron creados en 1999 por el gobierno de Andrés Pastrana, y la manera como han cumplido con tal propósito.
En todos estos casos de asesinatos y lesionados, unos graves y con secuelas para toda la vida, otros que no dejan impedimento físico, la sociedad demandó justicia y reclamó castigo por un tiempo pero luego parece que la paquidermia de una justicia que cuando queda en manos de las Fuerza Pública poco prospera. Pero ahora todo indica que las cosas serán distintas: la sociedad colombiana, conmocionada por un despertar sin precedentes no aguanta más las injusticias del poder y entre ellas los excesos de sus cuerpos de choque. Esa sociedad hoy llora ante el Hospital Universitario San Ignacio la muerte de un joven que apenas empezaba a gozar la vida y además de reclamar justicia al adelantar juicio imparcial sobre quien recaiga la culpa por lo sucedido (que debería extenderse al mando directo de quien accionó el arma, estableciendo claridad sobre las motivaciones impartidas antes del suceso) también demanda poner punto final a un cuerpo que como el Esmad no protege a la sociedad sino que la ataca y violenta, creando un ambiente de odio que solo extiende bases para el contraataque y hasta para la venganza.
Ante estas evidencias, una voz debe ganar eco en todo el país: ¡Desmonte del Esmad y de todo grupo policial, militar y de choque que atente contra los derechos humanos!
Recuadro
Esmad (1999-2019)
Secuela de muerte
Noviembre 8 de 2001. Carlos Giovanni Blanco, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional había recibido un disparo de arma corta en el pecho durante una protesta reprimida por el ESMAD.
Noviembre 20 de 2002. Jaime Acosta, a sus 18 años, de la Universidad Industrial de Santander participaba por primera vez en una protesta estudiantil. Los estudiantes vieron caer a Jaime Acosta, pálido y con un hueco en el pecho. Se murió a la entrada de la universidad. Le disparó un miembro del ESMAD que nunca identificaron.
Mayo 1 de 2005. Nicolás Neira murió en un hospital de Bogotá, después de recibir una paliza por tres agentes. Tenía quince años.
Septiembre 22 de 2005. Jhonny Silva Aranguren, estudiante de Química de la Universidad del Valle, fue asesinado por el ESMAD tras el ingreso de ese cuerpo policial a la institución académica. En medio de un corte de luz se genera una persecución en el campus. Mientras Jhonny intentaba huir, recibió un disparo en la nuca que le quitó la vida.
Marzo 8 de 2006. Óscar Leonardo Salas de 20 años estudiante de cuarto semestre de lingüística de la Universidad Distrital de Bogotá. En medio de una manifestación el estudiante se desplomó sin vida después de que una canica le destrozara el ojo y le llegara hasta el cerebro.
Julio del 2010. Jhonny Silva el estudiante de la Universidad del Valle, cayó asesinado en Cali de un balazo durante un enfrentamiento contra el ESMAD
2010. Durante un paro de transportadores en Bogotá, un joven de 20 años llamado Edgar Bautista le reclamó a un agente del Esmad por haber golpeado a una niña. La respuesta fue dispararle a quemarropa un gas lacrimógeno en el pecho.
Noviembre 10 de 2011. Belisario Camayo Guetoto, un indígena del Cauca que se había unido con otras personas que exigían recuperar sus tierras usurpadas murió en enfrentamientos con la policía de un disparo de fusil.
2013. Durante el paro agrario el campesino Víctor Alberto Triana Benavides recibió una golpiza que terminó quitándole la vida en un hospital de Facatativá.
Abril 11 de 2015. Siberston Guillermo Pavi Ramos de 19 años de edad, fue asesinado por la fuerza pública en medio de las acciones de Recuperación de la madre tierra, en el departamento del Cauca.
Abril 21 de 2016. Miguel Angel Barbosa murió a causa del impacto de una granada de gas lacrimógeno lanzada por el ESMAD en medio de la represión a estudiantes de la Universidad Distrital en la sede tecnológica de Ciudad Bolívar.
Mayo 19 de 2016. Brayan Mancilla, niño de 12 años, muere al recibir un proyectil en su cabeza por parte del ESMAD. El niño transitaba por el lugar cuando se realizaba un desalojo forzado a una familia que habitaba el sector.
Junio 12 de 2016. Naimen Lara y un mototaxista fueron asesinados. Los efectivos agredieron a quienes se estaban movilizando en contra del cierre del hospital de tercer nivel de Chiriguaná y dispararon contra el docente Naimen Lara pasando una de las motos sobre un mototaxista.
Junio 2 de 2016. Gersai Ceron, Wellington Quibarecama Nequirucama y Marco Aurelio Diaz, fueron asesinados por el ESMAD en el cuarto día del Paro nacional agrario, en la zona de Las Mercedes en Cauca.
Julio 12 de 2016. Luis Orlando Saiz, constructor, murió tras recibir una granada propinada y dirigida hacia su rostro por el ESMAD en medio de las protestas del paro camionero en el departamento de Boyacá sobre la vía Tunja – Duitama.
El odio policial
No es solo el Esmad, cuerpo de choque del establecimiento, es el cuerpo policial y militar como conjunto el que está formado con un espíritu antisocial, con la consideración de que todo aquel que exprese ideas contra el gobierno es un subversivo y como tal hay que tratarlo.
Evidencia de ello fue la acción desatada el 19 de agosto de 2011 y por medio de la cual la policía acabó con la vida de Diego Felipe Becerra, joven grafitero que en el momento de los hechos se aprestaba a realizar un mural en Bogotá, en la calle 116 con la Avenida Boyacá.
Como es de memoria pública, luego de los hechos la Policía, con espíritu de cuerpo trató de negar lo sucedido, sindicando al asesinado por porte ilegal de armas.
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