El debate con Uribe en La María… sólo excusas y pretextos

El debate sostenido el pasado domingo 2 de noviembre, en el resguardo La María (Piendamó, Cauca), entre La Minga por la resistencia y el Presidente Álvaro Uribe, resume dos modelos de sociedad presentes en Colombia: el representado por Uribe, que encarna los intereses de las multinacionales, de la guerra, de la muerte. Y el modelo propuesto por el creciente movimiento social, encabezado por los indígenas, que representa los intereses de la dignidad, la soberanía y la vida. Podemos decir que este es un nuevo choque de trenes; el primero, armado con fusiles y sed de sangre, y, el segundo, protegido, en cambio, con un bastón de mando en una mano, y en la otra los sueños, la rebeldía y la esperanza por un nuevo país, mejor y diferente para todos.

En el escenario está la diferencia…

Para cualquier despistado, las diferencias de los actores en el escenario son evidentes. La Guardia Indígena (GI) impuso su autoridad ante la Policía y el Ejército. Para lograrlo, no necesitó –ni ha necesitado– portar un fusil; sólo con su bastón de mando y su chaleco distintivo: y todos los presentes asumieran sus directrices. Así, sin fuerza, respondieron por el desarrollo del debate. El Ejército y la Policía, presentes, se limitaron a mirar… mal, lo que ellos mismos, mediante infundir temor y cometer abusos, no han logrado ni lograrán: respeto, cariño, legitimidad, ante la comunidad.

En la tarima, los consejeros con su humildad y su dignidad; algunos, vestidos de traje tradicional, con botas pantaneras, sombreros de paja o fieltro, sus cabezas llenas de argumentos, sus pieles marcadas por la ‘seguridad democrática’, y todos con sus bastones de mando. Por su parte, los representantes de la Presidencia aparecían ante un ojo desprevenido, como personajes antagónicos, muchas gafas oscuras, cadenas y pulseras gruesas de oro –o plata, en su defecto–; ellas, con zapatos de tacón alto y ropa ajustada –a pesar del frío–, mucha marca, mucha loción. Sus miradas, mal disimuladas, cargadas de rabia y desprecio, en algunos de esos funcionarios no era difícil percibir cierto aire, cierta pinta mafiosa –¿únicamente la pinta?–… vaya uno a saber.

Arranca el debate

Como todo acto protocolario, se inicia con los himnos: el nacional, el de los hijos del Cauca y el de la GI. Cuando suena el nacional, una buena cantidad de los presentes decidieron sentarse en señal de protesta. En cambio, al sonar el de los hijos del Cauca y el de la GI, se sintieron euforia y alegría. El hecho descuadró a Uribe, quien empezó su intervención precisando que “debe haber respeto por los símbolos patrios, como el himno nacional”.

El Presidente siente la protesta pero trata de quitarle valor, reduciéndola a un ‘irrespeto’. La verdad es que el evento-debate arranca en punta. Desde los primeros minutos hay confrontación con lo que se llama patrio, cada vez más reducido a una minoría nacional. Recuérdese que el himno ha sido recortado en sus estrofas, y aquella que aludía al derecho y deber a la insurrección ante la injusticia ha sido cortada, escondida y negada.

Pero ante el reclamo oficial, no se guardó silencio. La Consejera Mayor, Aída Quincué, precisó que, si alguien debía recibir un llamado de atención por irrespetar los símbolos patrios, debían ser sus soldados “de la patria”, ya que al ingresar al resguardo La María, arrasando todo a su paso, arriando las banderas, la nacional y la de CRIC, para pisotearlas y quemarlas, y posteriormente izar la del Ejército, provocan un profundo irrespeto a lo nacional y lo regional. Entonces, pregunta: ¿Esto no es un irrespeto a los símbolos patrios?

Paso siguiente, las intervenciones de las autoridades oficiales y las indígenas, presentes en la zona. Después, el coordinador indígena del debate, Abadío Grim, presentó la comisión de garantes, con representantes nacionales e internacionales (de Panamá, Ecuador, Argentina, Bolivia, España e Italia, además de representantes de la Unesco y del Pnud). A continuación, la Consejera Mayor presentó los ejes temáticos por debatir: 1) Caso La María (Piendamó): abusos de la fuerza pública en este territorio considerado sagrado, en el cual hubo un muerto y 122 heridos –seis lisiados de por vida y siete con pérdida parcial de la visión–, entre otros hechos violentos del Esmad), 2) violación de derechos humanos, 3) firma de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas pactada por la ONU, 4) problemática territorial, y, finalmente, 5) conclusiones.

Ante el primer eje temático, Ernesto Perafán, por los indígenas, presentó un video de 12 minutos en el cual se resumen puntualmente los abusos sufridos por la población civil, de parte de la Policía y el Ejército, al evidenciar de modo irrefutable el uso de armas convencionales (como fusiles, algunos con miras telescópicas) y no convencionales (machetes y granadas recalzadas con esquirlas). Con el video quedan claros los insultos y las amenazas de muerte que expresan los policías y también la protección, por parte de la fuerza publica, a civiles encapuchados que disparan contra la multitud.

Frente a estas pruebas, Uribe Vélez y el general Naranjo expresaron –como dice Rubén Blades– sólo excusas y pretextos, poniendo en duda su veracidad. Enfatizaron que “sólo uno de sus policías disparó, pero no a matar”; que los machetes los cargaban porque se los tenían decomisados a unos indígenas que los dejaron tirados; que los heridos por esquirlas, aseguraron sin que les diera rubor, fueron producto de los explosivos lanzados por los indígenas mismos, con changones que también fueron “afortunadamente decomisados”, y que “si de pronto se cometió algún otro abuso se investigará y se castigará al culpable”. Ante tanta desfachatez, se escuchó de inmediato, y con tono mayor, la rechifla de los presentes. Para terminar su intervención, el general Naranjo pide al auditorio que “por favor, no odien a la policía, no la ‘gradúen’ como enemiga de pueblo”, lo que despertó otra rechifla.

Violencia sin límite

En cuanto a los derechos humanos, la exposición fue presentada por el consejero Feliciano Valencia y por dos compañeras, una de la Onic, y la otra de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. Feliciano inició su exposición exigiendo la renuncia del general Naranjo, precisando a continuación que la raíz del problema de los derechos humanos está en el modelo económico neoliberal, “que pone en bandeja de plata todos los recursos naturales y la vida y los derechos de los pueblos presentes en regiones con biodiversidad, todo al mejor postor, Estados Unidos y las multinacionales”. Esta es, señala, “la enfermedad que carcome al país”. Denunció a continuación lo que ha significado para los pueblos indígenas y no indígenas el ‘plan Colombia’, como proyecto de muerte y destrucción. Enfatizó en la implementación que por su conducto se ha hecho de estrategias que buscan involucrar a la población civil en el conflicto armado, pagando recompensas por la cabeza de líderes y organizaciones populares e indígenas, como lo hizo Uribe en el consejo comunitario de Popayán. Rechazó Valencia la creación de leyes (de páramos, de bosques, de desarrollo rural, el plan de aguas, etcétera) con las cuales se prepara el terreno para la expropiación de los recursos naturales en beneficio de las multinacionales, es decir, la aplicación del TLC, aun sin haberlo firmado Estados Unidos.

Se reedita así la esclavitud en pleno siglo XXI, al condenar a pueblos enteros, como el indígena, como terroristas o auxiliadores del terrorismo, pero también con el trato dado a los corteros de caña, entre otras tantas denuncias pronunciadas por el consejero. También señaló el alto grado de impunidad vigente en el país y la falta de políticas para erradicar la pobreza, dejando claro que, mientras se siga con la lógica del despojo, continuará la lógica de la resistencia, y por tanto la Minga seguirá.

Por su parte, la representante de la Onic entregó datos del exterminio sufrido por las comunidades indígenas entre 2002 y octubre de 2008, cifras que comparten la característica de ser, en su mayoría, responsabilidad del Estado colombiano (por acción o por omisión). Los datos brindados precisan que en este período:

1. fueron asesinados 1.244 indígenas en todo el país, y los más afectados fueron los Nasa (con 295 muertos), los Kancuamos, los Wiwa (con 125 muertos, el 10 por ciento de su población), los Embera Chimí y los Awa (de Nariño).
2. se cometieron 23 masacres, con 147 víctimas (en especial la masacre de Bahía Portete, contra el pueblo Wayuú, donde fueron asesinados mujeres y niños).
3. 609 indígenas murieron por falta de atención médica.
4. asimismo, el 75 por ciento de los niños indígenas, según Unicef, han padeciendo desnutrición.
5. 18 pueblos indígenas están en peligro de extinción. Cada uno de éstos cuenta con menos de 200 miembros, ubicados entre la Orinoquia y la Amazonia.
6. han sido desterrados 71.149 indígenas, entre ellos 1.300 Eperara siapiadaara, del departamento del Cauca.
7. aproximadamente 108.000 indígenas están confinados en su territorio, o sea, no gozan de libertad de movilidad para acceder a la alimentación o derechos como la educación.
8. 126 mujeres indígenas han sido asesinadas; otras 68 han sufrido violencia sexual, cuyos autores, en su mayoría, son representantes del Estado.
9. Finalmente, se padece el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas por parte del Ejército, lo cual es violatorio del derecho propio de los pueblos indígenas.

Por su parte, la representante de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca compartió datos específicos sobre violación de derechos humanos en este departamento, sistematizados entre 2003 y el primer semestre de 2008, entre ellos:

1. han ocurrido 1.146 homicidios; en el último año y medio se han incrementado los homicidios mediante el sicariato. Las víctimas, en su mayoría entre los 18 y los 30 años de edad.
2. se reportan 70 ejecuciones extrajudiciales (crímenes de Estado), 26 en el último año y medio, estos últimos en 13 hechos, de los cuales tres fueron masacres.
3. se han asesinado 55 líderes de organizaciones sociales, en un rango de edad de 31-45 años, hoy en la impunidad.
4. han sucedido 15 masacres con 67 víctimas, ocho de las cuales en el último año y medio; y de estas, tres se les atribuyen a las fuerzas estatales.
5. han ocurrido 317 detenciones arbitrarias de campesinos, indígenas e integrantes de sindicatos, presentados por los medios de comunicación como guerrilleros, milicianos o auxiliadores. Y aunque se demostró su inocencia, los medios no les quitaron el logo que ya les habían impuesto.
6. en desplazamiento forzado, se cruzan las cifras de Acción Social de desplazamiento forzado con la población total de cada municipio, con la sorpresa de que en la última década ha sido desplazado: en Piamonte, el 54 por ciento de la población; en Buenos Aires, el 35; en Santa Rosa y el Tambo, el 25.

“Ni tanto que queme al santo…”

Mar de excusas. Ante las denuncias de los voceros indígenas, el Ejecutivo hace más esguinces. Así, ante las denuncias contra el modelo neoliberal en boga, expuestas por Feliciano, Uribe aseguró que su modelo es ni tanto que queme al santo ni poco que no lo alumbre, pues, según él, no les ha entregado el Estado a las multinacionales, pero tampoco las ha restringido tanto como para que no inviertan su capital en el país, y entonces pide ejemplos donde las multinacionales se hayan apoderado de territorios con la complacencia del Estado. Petición a la cual le llovieron nombres como Quedada, Urrá, Salvajina, Suárez, Cerrejón, entre otros, ante lo cual dijo: “Todo eso sucedió cuando yo no estaba, pero de todos modos lo defiendo”. No aceptó; sólo respondió que “menos mal que las multinacionales aún confían en nosotros como para comprarnos minas como Cerrejón, o represas como Urrá o Salvajina”.

Ante las denuncias de masacres, para Uribe todas sucedieron antes de su Presidencia, ignorando las 40 denunciadas contra pueblos indígenas y los movimientos sociales del país. Según Uribe, la única que sucedió en su mandato fue la de Bahía Portete, y gracias a él fue aclarada al encarcelar y extraditar a su autor intelectual, “Jorge 40”.

En cuanto al eje correspondiente a la firma de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas pactada por la ONU y no firmada por Colombia, Uribe dijo inicialmente, apoyándose en su Viceministra del Interior, que la declaración se puede firmar haciendo tres salvedades constitucionales: “Consulta previa, no militarización de los territorios y aceptación de la propiedad del subsuelo por las comunidades indígenas”. Ante esto, Uribe niega de nuevo la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas, por lo cual propone como “punto de equilibrio”: Aceptar la consulta previa, pero sin, según él, dilaciones; es decir, da por hecho que las consultas previas serán a su favor (niega el derecho al veto de las comunidades indígenas). Retiraría momentáneamente la fuerza militar de los resguardos si sucede como en la Sierra Nevada, donde el intermediario entre la comunidad y las fuerzas militares es otro militar; esto sin renunciar a la presencia militar en ningún sitio del territorio. Y no aceptaría reconocerles la propiedad del subsuelo a las comunidades indígenas; apenas sería posible mejorar las regalías por los productos explotados del subsuelo hacia tales comunidades.

En cuanto a la problemática sobre territorios, los representantes indígenas señalaron que, si a ellos se les acusa de incumplimiento de los acuerdos de La Emperatriz, al retomar las vías de hecho, aclaran que el primero en incumplir fue el Gobierno, ya que así procedió al no entregar las tierras pendientes por la condena al Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “en un plazo máximo de tres meses después de firmados los acuerdos a raíz de la masacre del Nilo”, incumplimiento ante el cual, y sólo tras 10 meses de firmados, se retomaron como mecanismo de presión las vías de hecho.

A esta altura del debate, todo se desbordó. Excusas y más pretextos del Gobierno; quejas, reclamos, réplicas y exigencias del auditorio y los representantes de la Minga. Aquí la oscuridad ya acosaba, aunque el auditorio estaba dispuesto a ir hasta la hora que fuera necesario, pero Uribe no. Decía que por seguridad no podía quedarse hasta oscurecer, aunque de hecho la penumbra predominaba. Antes de las conclusiones, llamó la atención la intervención de Feliciano Valencia al dejar en claro la dificultad para alcanzar algún tipo de entendimiento con el Gobierno, ya que éste ve únicamente lo que quiere ver e insiste en su postura de jamás equivocarse en sus políticas, de no lograr entender que La Minga por la resistencia no es exclusiva del Cauca; es nacional, y por tanto abarca la problemática de muchos y diferentes sectores, por lo cual propone que la Minga continúe. “Debe continuar caminando la palabra”.

Para finalizar, la Consejera Mayor, Aída Quincué, concluyó de la siguiente manera: “A la comunidad, entonces, como no se pudo adoptar el tema de acuerdos, que es, y aclaro aquí, la Minga es de pueblos indígenas en el nivel nacional y sectores sociales; aclaración porque la [convocación] no es del Cauca:

1. frente al tema de resarcimiento y buen nombre del movimiento indígena del Cauca, no queda claro […]. Por tanto, el movimiento indígena como los sectores sociales, responsabilizamos al gobierno nacional de lo que pueda ocurrirnos […].
2. otro tema, tratado de libre comercio: lo aprobó Colombia y no lo ha aprobado Estados Unidos. Queremos que sepa que no estamos de acuerdo con este tratado y otros tratados, que no son aprobados de manera legítima por el movimiento indígena y los sectores sociales. El tema de los corteros de caña, en su conjunto, debe resolverse porque se está reprimiendo la protesta social en Colombia.
3. otro punto, el tema de las multinacionales, para el Tribunal Permanente de los Pueblos hay 36 multinacionales que ponen en riesgo la existencia de nuestros pueblos, en un proceso de genocidio. Esa es una responsabilidad que no queda clara en este debate.
4. no aceptamos la firma de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas con excepciones de artículos. Si se adopta, debe ser total.
5. demandamos la reparación integra. Aquí teníamos unos compañeros que fueron lisiados, sin manos, sin ojos. Reparación integral no solamente para los que fueron afectados en el Cauca sino en el marco de la Minga, y otros compañeros que fueron afectados, reparación integral para ellos, y el tema para la reparación integral para La María y sitios afectados en Colombia.
6. y queda por aclarar el tema de lo territorial. Creo que el Estatuto de Desarrollo Rural es lesivo, y hemos sido contundentes con que debe hacerse el desmonte de este Estatuto porque atenta contra los derechos de los pueblos y los sectores sociales.
7. el tema de los camioneros (del público sale una voz que recuerda el incumplimiento de los fletes por parte del gobierno a los camioneros)”.

    “Por tanto –concluye la Consejera–, este debate debe continuar en el marco de La Minga”, lo cual contó con una ovación de apoyo por parte de los asistentes.

    Fueron innumerables las rechiflas contra Uribe. Es evidente que el Presidente y el creciente movimiento social presente en La Minga por la resistencia tienen modelos antagónicos de país, y los dos no caben. Todos los presentes se sorprendieron de la capacidad de dilación de las situaciones y de evadir responsabilidades por el Gobierno, buscando poner todo en situación fuera de lugar, como pretender que le demos gracias por su bondad y generosidad; esto, a pesar de los muertos. Uribe tiene un alto grado de soberbia y egocentrismo que no le permiten ver más allá del séquito que lo rodea. Además, ignora la capacidad del movimiento social.

    Al terminarse el debate, sólo quedó clara una cosa, como dice Manu Chau en una de sus canciones: próxima estación: esperanza, para nuestro caso, Bogotá. Aunque hasta ahí se ignoraban hora y fecha de partida. Al terminar de escribir este artículo, se supo que la cita sería el domingo 9 de noviembre en la Universidad del Valle (Cali).

Por: Rubén Darío Reyes N.