El 23 de septiembre de 2015 será recordado como el principio del fin de la confrontación que durante más de cinco décadas protagonizaron el Estado colombiano y las Farc. Su entendimiento en términos de justicia abre la puerta al cese definitivo de la confrontación entre estas dos actores, pues era el último de los temas álgidos que debían ser evacuados. Crecen las expectativas en el país sobre el proceso que avanza hacia la firma de un acuerdo final entre el Gobierno y la insurgencia. Se escuchan pocas voces de rechazo y muchas de expectante animosidad por el proceso de La Habana. ¿Estamos ante el inicio del fin del conflicto?
Un encuentro histórico
Más de catorce años tuvieron que pasar para que el jefe del Estado colombiano y el de las Farc volvieran a estrechar sus manos. Esta vez no ocurrió en medio de la selva, ni en una porción despejada del territorio nacional, no, esta vez tuvo lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana el día 23 de septiembre frente a una expectante audiencia de televidentes y medios de comunicación que esperaban buenas noticias sobre el desenvolvimiento del proceso de paz llevado a cabo desde hace tres años por el Gobierno y las Farc en Cuba. Las buenas noticias llegaron con el apretón de manos propiciado por Raúl Castro quien, a pesar de la reticencia del mandatario colombiano, generó con mucha habilidad el tan anhelado gesto con el jefe máximo de las Farc Rodrigo Londoño conocido como Timochenko.
El presidente Santos realizó una escala en La Habana en su trayecto hacía la ONU en Nueva York a la que se llevó un importante rédito político producto de los acuerdos alcanzados en la isla: por una parte oxigenó el proceso de paz, mejoró considerablemente su imagen y la credibilidad de la opinión pública nacional e internacional respecto al mismo. En reunión privada con el jefe de las Farc y Raúl Castro fueron acordados límites precisos al proceso de paz: el 23 de marzo del 2016 será la fecha máxima para firmar el acuerdo final y antes de sesenta días las Farc deberán iniciar el proceso de dejación de armas. En la rueda de prensa, ante la mirada expectante de millones de televidentes leyeron un comunicado firmado por los jefes de las delegaciones oficiales de la Mesa de trabajo, los garantes internacionales, Raúl Castro y los jefes del Gobierno e insurgencia.
El encuentro se gestó días después de que el jefe del equipo de negociación de las Farc Iván Márquez anunciara el 17 de septiembre, en rueda de prensa, que los equipos de negociación estaban a las puertas de un entendimiento sobre el componente de justicia, sin lugar a duda una de las temáticas que más tensiones habían generado en el proceso por la latente posibilidad de que los guerrilleros de las Farc fueron sometidos a pagar altas condenas de cárcel como resultado de los delitos cometidos en el desarrollo de la guerra, después de su eventual desarme y desmovilización. Márquez subrayó la importancia de este hecho debido a que podría crear un ambiente óptimo para que fueran suscritos los convenios restantes al proceso de paz.
Jurisdicción especial para la Paz
El comunicado conjunto Nº 60 “Sobre el acuerdo y de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz”, fue el insumo exhibido en la jornada. En él, tanto el Gobierno como las Farc: “[…] reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.” A su vez anuncia la creación de una Jurisdicción Especial Para la Paz que va a contar con las Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz que se encargará de juzgar a los guerrilleros y asegurarse de “[…] acabar con la impunidad, obtener la verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los más graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición”.
El acuerdo pactado en La Habana anuncia que al termino de las hostilidades el Estado otorgará la amnistía más amplia posible sobre los delitos políticos y conexos, para lo cual una ley de amnistía será la que precisará el alcance de la conexidad . Sin embargo algunos delitos tipificados en la legislación nacional no serán objetos de amnistía o indultos, entre ellos se encuentran los de lesa humanidad, genocidio y graves crímenes de guerra –como el desplazamiento y la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, la tortura–, delitos que serán juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Es importante subrayar lo que ha pasado intencionalmente desapercibido por los medios de comunicación: el quinto punto del comunicado conjunto sobre la Jurisdicción Especial para la Paz dice que ésta tendrá competencias respecto a todos los actores que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las Farc y a los “agentes del Estado”, sobre sus delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más representativos. Sin embargo, en medios escritos y audiovisuales periodistas y analistas siguen sesgando el debate proclamando el sometimiento exclusivo de las Farc a esta jurisdicción, omitiendo el nada despreciable hecho de que cobija un número de actores mucho más amplio, en el que seguramente podrán encontrarse policías, militares, políticos, empresarios y terratenientes que muchas verdades deberán contar al país.
Quienes reconozcan la responsabilidad y digan la verdad respecto a delitos graves cometidos en el conflicto armado serán juzgados por los Tribunales especiales y tendrán que enfrentarse a “sanciones” entre cinco y ocho años con medidas de restricción de libertades y derechos, sanciones que deben satisfacer los derechos de las víctimas, consolidar la paz y desarrollar una función restaurativa y reparadora del daño causado. Quienes reconozcan tardíamente su responsabilidad serán sancionados con penas de prisión entre 5 y 8 años, en condiciones ordinarias. Quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad, y su culpabilidad sea demostrada, serán condenados a penas de prisión hasta de 20 años en condiciones ordinarias. Para acceder a los tratamientos especiales contemplados en la Jurisdicción de Paz es necesario contar la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
En su décimo punto, el acuerdo contempla la transformación de las Farc en un movimiento político legal que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que sean acordados. De esta manera culmina el documento presentado en La Habana y legitimado por las rubricas de guerrilleros, integrantes del Gobierno y delegados internacionales. Se presume que el documento presentado es el resumen de un documento más amplio que se espera sea revelado en las próximas semanas en los que se detallen las características específicas de las instancias y procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La importancia de los acuerdos
Los acuerdos sobre justicia y juzgamiento de los actores del conflicto representan un importante paso adelante en el proceso de conversaciones con las Farc. El camino queda despejado para que sea abordado con la mayor presteza el último de los puntos previstos en la agenda de la mesa de Conversaciones de La Habana, el de las víctimas, y sean definidas las condiciones objetivas para que tenga inicio el proceso de Desmovilización, Desarme y Reintegración –DDR– de las Farc, colocando así punto final a un conflicto de cerca de 60 años entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.
En la ya larga negociación en curso en La Habana, es un logro significativo haber propiciado las condiciones específicas para la creación de una Jurisdicción Especial capaz de superar la resistencia incólume de las Farc para someterse al sistema judicial imperante. Era poco viable que los negociadores de la guerrilla aceptaran ser juzgados por los tribunales ordinarios, pues ello no solo los expondría a altas condenas, sino que en términos políticos y simbólicos representaría su sometimiento factico a la autoridad del Estado colombiano, a un sistema judicial que ha condenado, por múltiples sindicaciones a cada uno de los miembros de su dirigencia, a un promedio de cien años, mientras que las condenas contra miembros de las Fuerzas Armadas y Policía han sido impuestas de forma general a mandos medios y mayoritariamente a tropa.
La organización guerrillera ha argumentado en múltiples oportunidades que el proceso llevado a cabo se trata de un armisticio y no de una rendición incondicional como ha exigido a gritos la ultraderecha colombiana, representada por Álvaro Uribe, sus aliados y el Procurador General de la Nación, a quienes los acuerdos en términos de justicia no les satisficieron. Su arquetipo de proceso de paz implica que la guerrilla se arrodille delante del país, pida perdón al Estado, a empresarios, terratenientes y a Dios, que extiendan las piernas para recibir con resignación los grilletes que deberán llevar por el resto de sus vidas. Condiciones poco probables de aceptar por una organización insurgente diezmada pero no derrotada, con capacidad militar, fuentes de financiación y dominio territorial de amplias zonas del país.
Su modelo de proceso de paz se traduce en la prolongación indefinida de la guerra. Así lo han entendido amplios sectores, incluyendo algunos de las agremiaciones más importantes del país, en cuyas direcciones se encuentran antiguos alfiles del uribismo como José Felix Lafaurie quien desde la dirección de Fedegan dijo al salir de una reunión con representantes del Gobierno: “Ningún empresario del campo tiene que temer con lo que se está discutiendo en La Habana, porque se está permitiendo que haya una transformación de mayor eficiencia en la utilización del campo” . Similar actitud fue asumida por el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, el presidente de la Sac Rafael Mejía, y Julián Domínguez presidente de Confecamaras, quienes se mostraron dispuestos a colaborar con el proceso de reintegración de los excombatientes una vez haya culminado el proceso de negociación . El uribismo está condenado al aislamiento.
Aunque el camino es bastante esperanzador, aún no puede cantarse victoria. Los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc en La Habana deben ser refrendados en el Congreso de La República institución que debe ungir en legalidad la apuesta por la paz. La legitimidad absoluta de la paz será otorgada cuando a la legislatura se sume la aprobación de los colombianos y colombianas quienes en esta oportunidad es posible que deban concurrir de manera obligatoria a las urnas para decidir si aprueban o no la implementación de los acuerdos. Solo entonces podrá hacerse efectivo el acuerdo de paz firmado entre las Farc y el Gobierno.
Algunos cuestionamientos sobre el proceso de paz versan sobre la amplitud de las políticas de reparación a víctimas y el proceso de Verdad, Justicia y Reparación que tenga lugar en el marco del proceso de paz con las Farc. Es claro que la totalidad de las víctimas en Colombia no pueden reducirse al enfrentamiento entre el Estado y la organización guerrillera, pues dos actores más, el paramilitarismo –creación y aliado incondicional del establecimiento– y el narcotráfico han dejado una huella de sangre y dolor en los últimos cuarenta años en el país, ¿quién responderá por estos muertos?, ¿quién contará la verdad?, ¿cómo serán reparadas estas víctimas?, son algunas de las preguntas que no encuentran respuestas en el proceso que se lleva a cabo en la isla caribeá, cuyo abordaje sugeriría nada menos que un juicio generalizado al esblecimiento colombiano en el que seguramente tendrían muchas cosas que contar las oligarquías nacionales y regionales, miembros de los principales grupos financieros y económicos del país.
La paz nos beneficia a todos
Para el 2016 el presupuesto del Gobierno Nacional destinado a gastos en defensa y seguridad equivale a 30 billones de pesos, apenas un billón de pesos menos que los recursos destinados a la educación en Colombia, país en el que se asigna mucho más dinero al sostenimiento de una guerra del destinado a gastos públicos como el trabajo, la protección social, la salud, vivienda, el desarrollo de ciencia y tecnología. Silenciar los fusiles, disminuir un enorme contingente de más de 500.000 hombres en armas (casi cuatro veces el de las Fuerzas Armadas de Brasil, para defender un territorio 7.5 más pequeño), disminuir el gasto en armamento y municiones, puede permitir la reinversión de los recursos del Estado en el crecimiento y la modernización de la infraestructura, incrementando considerablemente el gasto público en sectores como la educación y la salud que afronta graves crisis desde hace dos décadas.
No es solo cuestión de dinero, se trata de menos sufrimiento, menos sangre y dolor en Colombia. El segundo reporte de monitoreo mensual de medidas de desescalamiento del Conflicto Armado Interno en Colombia, publicado el 25 de septiembre por Cerac, proporciona cifras alentadoras, al documentar la reducción de la violencia llevándola a niveles de victimización no observados desde el año de 1974. Para el observatorio, desde el año de 1984 no existía un cese de la confrontación tan efectivo, lo que refleja que las medidas de desescalamiento están siendo efectivas y se han cumplido por parte del Gobierno como de las Farc.
Durante el último mes no se registraron acciones violentas por parte de las Farc, y tuvo lugar una reducción total de la ofensiva de la Fuerza Pública contra esta guerrilla en términos de bombardeos contra sus campamentos. Solo fueron registrados dos combates entre las partes (Caquetá y Meta), “Este nivel de confrontación supone una reducción del 80% frente al promedio mensual de combates durante todos los periodos en los que las Farc realizaron ceses unilaterales del fuego (10 combates) y del 91% frente a períodos fuera del cese (23 combates)”.
La paz también trae beneficios a empresarios y a inversionistas que están situando sus miradas en los recursos naturales que se encuentran en espacios de ocupación y conflicto armado en las regiones. Si bien esto es real, la experiencia de países como Guatemala ilustra la necesidad de implementar medidas de todo tipo para evitar que la explotación intensiva de estos recursos genere impactos sobre el medio ambiente y sobre las poblaciones que en ocasiones habitan el territorio, siendo las legítimas dueñas de tales recursos. No puede darse por terminado un conflicto prolijo en victimizaciones para que se abra la puerta a la entrada de corporaciones y empresas extranjeras dedicadas a la explotación de recursos naturales para que produzcan nuevas muertes, desplazamientos, dolores.
La paz nos beneficia a todos, es compromiso de todos. Tenemos la responsabilidad histórica de generar movimientos de presión para que sean implementados los acuerdos pactados y para que no empiecen a generarse condiciones propicias para el surgimiento de nuevos conflictos, nuevas violencias. Tenemos que ser capaces de hacer para nuestros hijos un país mejor del que recibimos de nuestros padres.
Recuadro
Imágenes del Segundo reporte de monitoreo mensual de medidas de desescalamiento del Conflicto Armado Interno en Colombia. CERAC, 21 de septiembre del 2015
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