El enfoque de género en el fenómeno de la violencia antisindical en Colombia

El caso de Isabel Toro Soler

Muestra cómo se da una trivialización del hecho criminal, dejando de lado el rol sindical de la víctima, encasillándolo como de delincuencia común. Es también una forma de amedrentamiento al colectivo, subrayando que las organizaciones sindicales no son espacios para las mujeres. 

Isabel era docente afiliada a la Asociación de Educadores del Putumayo. El 18 de mayo de 2004 su cadáver fue encontrado flotando en el tanque del agua del lavadero de su residencia, con huellas de tortura. Durante la investigación se estableció que fueron dos los atacantes, quienes entraron a su habitación, la sometieron e interrogaron acerca de dinero y joyas. Tras su negativa, la amordazaron y amarraron de pies, manos y cuello. Asustados por los ruidos del exterior la arrojaron al tanque y huyeron sin sustraer bien alguno. 

El análisis judicial se concentró en que el objetivo era el hurto, pasando por alto los detalles de una posible tortura que excede el objetivo supuesto del hurto. Se desestima el valor probatorio de varios testimonios, como de los familiares, compañeros del trabajo y alumnos de la víctima.

Caso documentado en: Imperceptiblemente nos encerraron: exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia. 1979-2010. Bogotá. ENS y Comisión Colombiana de Juristas (2012). Pág. 153.

El caso de Martha Díaz 

Evidencia la violencia antisindical como forma de represión de la protesta e instrumento corrector de los roles de género. El líder sindical se expone a la violencia, pero es aún más vulnerable si se trata de una mujer. De otro lado, la estigmatización de las organizaciones sindicales como ligadas a la insurgencia, pone también a las mujeres en el punto de mira de los actores armados.

Martha Díaz, presidenta de la Asociación Santandereana de Servidores Públicos, fue víctima de amenazas en múltiples ocasiones desde el 2004. “Vamos a matar a su presidente”, fue el mensaje recibido por el sindicato luego de que los trabajadores participaron en una jornada de protesta. Después la llamaron personalmente a su residencia para decirle: “vieja sindicalista […] guerrillera, o se va  o la matamos”. 

Tres años después, en agosto de 2006, Martha fue retenida por sujetos que se presentaron como de un grupos paramilitar apoyado por los alcaldes de la región. Se la llevaron en un vehículo hacia las afueras de Bucaramanga, donde, aparte de insultarla y tacharla de subversiva, le preguntaron qué dirigentes de la CUT Santander eran guerrilleros, la golpearon, la trataron de guerrillera, le dijeron que retirarse de todo, y le mostraron fotos suyas participando en marchas y protestas legítimas organizadas por la CUT, una de ellas reprimida por la fuerza pública. Además, mientras la golpeaban le pedían que luchara, que se defendiera, “así como es machita para las protestas”. 

Lo que también evidencia lo que siempre se ha denunciado: la costumbre de los organismos del Estado de sacar fotos y videos a escondidas, que esta vez terminaron en manos de los agresores de Martha, quien sufrió hematomas en ambos ojos, el maxilar desviado y dos balazos que le rozaron el abdomen. 

No fue esa la primera agresión que Martha sufría. Meses antes ya había sido golpeada y amenazada cuando se desplazaba al municipio de La Mesa, a una reunión de negociación del pliego de peticiones con el alcalde de ese municipio. Como también fue víctima de amenazas a su celular y el seguimiento de un individuo que se desplazaba en moto”. 

Caso documentado en: Estudios sobre contenido y efecto de las amenazas contra sindicalistas y negación del acceso a la justicia. Escuela Nacional Sindical (2011). Medellín. Pag. 12.

El caso de Luz Amparo Castrillón

Ilustra cómo para una dirigente sindical los riesgos se agudizan cuando un familiar suyo es tildado de “guerrillero”, como fue tildado el hermano de Luz Amparo Castrillón, delegada de la Asociación de Institutores de Antioquia, lo que a ella le costó la vida,hecho  que dejó sin su liderazgo al sindicato.

“Era excelente docente, muy responsable, los alumnos la querían mucho. Daba inglés y aprovechaba sus clases para sembrarles pildoritas, inquietarlos sobre la situación del país. Además era sensible y humanitaria. Por ejemplo, cuando los muchachos eran muy pobres, buscaba la manera de ayudarlos”, así define a Luz Amparo Castrillón una colega de trabajo. 

Los días previos a su asesinato ella como que presentía algo. Decía que por el colegio rondaban personas extrañas, y temió que mataran a su hermano, sin sospechar que la primera víctima iba a ser ella. 

Testigos afirmaron que los paramilitares fueron a su casa por su hermano, al que tildaban de guerrillero. Ella salió en su defensa y los enfrentó porque su carácter era fuerte, no le importaba nada, se enfrentaba a cualquiera. Eso hizo que a ella también le dispararan. 

“Fue impresionante, ver en la misma casa los dos hermanos asesinados. Luz Amparo estaba en una pieza, él hermano en otra. Éste se resistió, lo arrastraron y lo mataron delante de la mamá. A Luz Amparo la mataron al lado del papá, en la otra pieza.

Caso documentado en: Tirándole libros a las balas: Memoria de la violencia antisindical contra los educadores de Adida, 1978-2008. ENS, Adida (2011). Medellín. Pag. 304.

Casos de Omayra, Gladys y Matilda Morales

Las acciones en contra de las familias de mujeres sindicalistas es uno de los más sobresalientes instrumentos de intimidación. Se evidencia en el caso de estas tres hermanas, todas docentes, puestas en riesgo por estar afiliadas a una organización sindical y tener relaciones de parentesco con un líder sindical. 

Omayra y Gladys, afiliadas a la Asociación de Educadores de Arauca, fueron declaradas objetivo militar por un grupo paramilitar. Un día entró una llamada al colegio de Arauquita donde ambas trabajaban. Quien contestó el teléfono escuchó que dijeron: “Díganle a las profesoras Gladys y Omayra que tienen 72 horas para abandonar el departamento, que los que sean familia del señor Samuel Morales son objeto nuestro y que deben desaparecer de Arauca”. 

Y ese mismo día, la profesora Matilde Morales, hermana de las dos anteriores, también fue amenazada en su lugar de trabajo: el colegio Gabriel García Márquez de Arauquita. Los paramilitares reiteraron la intención de asesinar a toda la familia del dirigente Samuel Morales, presidente  de la CUT Subdirectiva Arauca, detenido desde agosto de 2004 en la cárcel Modelo de Bogotá, acusado de pertenecer a grupos subversivos. Samuel fue detenido el día en que el Ejército asesinó a tres dirigentes sindicales de Arauca.

Caso documentado en: Cuaderno de derechos humanos No 16.Escuela Nacional Sindical (2006).  Medellín. Pag. 23.

Bertha Inés Agudelo

Con el asesinato de Bertha Inés no solo se suprimió un liderazgo femenino, lo que por sí ya es bastante gravoso, sino que por el rol que tenía en la Asociación de Institutores de Antioquia: secretaria de asuntos de la mujer, la agenda de las mujeres de la organización se debilitó. En este caso la violencia tuvo una carga simbólica específica, y representa una acción ejemplarizante para otras mujeres.

“Bertha nos acompañó mucho en actividades en beneficio de la mujer, llamaba la atención por su liderazgo, por hablar fuerte, por ser dinámica”, así la recuerda una de sus compañeras. Y en efecto así era Bertha, una mujer reconocida en el pueblo, de las poquitas que hacía valer sus derechos y no dejaba que la pisotearan. Trabajaba al máximo con tal de sacar adelante a sus alumnos, y no solo en el tiempo laboral.

El 19 de agosto Bertha estaba sola en su casa. Al medio día tocó a su puerta el muchacho que la proveía de queso, pero ella no abrió. Era raro porque a esa hora siempre estaba en casa, y además el balcón estaba abierto. Le marcamos al celular, y nada. Ahí sí cundió la preocupación, porque además vieron un rastro de sangre que caía al patio. En ese momento llegaron dos profesoras más, muy preocupadas. Incluso llegaron a pensar que se había suicidado, que había hecho una locura en un momento de soledad y tristeza.

“No sabíamos qué hacer. A las tres de la tarde pasaron unos policías y les dijimos que miraran dentro de la casa. Subieron por unas escaleras hasta el balcón y entraron. Encontraron su cuerpo en la cocina totalmente desangrado. Le dieron muchas puñaladas, en los senos, en la espalda”, recuerda su compañera.

Caso documentado en: Tirándole libros a las balas: Memoria de la violencia antisindical contra los educadores de Adida, 1978-2008. ENS-Adida (2011). Medellín. Pag. 299.

El caso de Sor María Ropero

El rol sindical complejo se refleja en el caso de Sor María Ropero, presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias, toda vez que las reivindicaciones de esta organización trascienden lo meramente laboral, en el sentido de que buscan que su labor con los niños y niñas sea reconocido como un trabajo, de valor social igual a otros oficios y profesiones, y por lo tanto con derechos laborales. Además, por ser un sector feminizado, su caso  es una clara forma de violencia de género más allá de lo individual.

El 16 de enero de 2002, en momentos en que Sor María Ropero estaba en el antejardín de su casa en Cúcuta observando el ensayo del baile de celebración de los quince años de su sobrina, fue interceptada por dos individuos que le dispararon y la mataron de manera inmediata. Su cuñado Francisco José Montoya Herrera, quien la acompañaba, resultó también herido. Los agresores emprendieron la huida”.

Caso documentado en: Imperceptiblemente nos encerraron: Exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia 1979-2010. ENS y Comisión Colombiana de Juristas. (2012). Bogotá. Pág. 303.

El caso de Adriana Francisca Padilla

En este caso juega un papel simbólico el hecho de que al momento de ser asesinada Adriana Francisca, afiliada a Educadores Unidos del Magdalena (Edumag), estaba en embarazo, una forma de advertencia en el sentido de los alcances desmedidos de la acción por fuera de toda ética, como si con ello quisieran decir: miren hasta dónde somos capaces de llegar.

Ocurrió en octubre de 2005 en Santa Marta. Tenía 8 meses de embarazo en el momento de recibir los disparos que acabaron con su vida y la de su bebé en gestación.

Caso documentado en: Imperceptiblemente nos encerraron: Exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia 1979-2010. ENS y Comisión Colombiana de Juristas (2012). Bogotá. Pág. 148.

El caso de mujeres dirigentes de Anthoc Atlántico

De 2004 a 2008 fueron años duros para Anthoc Subdirectiva Atlántico, que debió soportar sucesivos hechos de violencia, y hacer movilizaciones en respuesta a estos eventos de violencia.

A raíz de ello, varias mujeres que en esta época hicían parte de la Junta Directiva de Anthoc Atlántico: Maribel Pérez, Sol Rodríguez, Enith Pérez, Lina Gamarra, Mercedes Echeverría, y Jenny Acosta, fueron víctimas de amenazas. 

En el caso de Lina Gamarra, el 3 de junio de 2004 se hizo circular un pasquín firmado por el Bloque Caribe de las AUC, en donde aparecían varios activistas, ella entre ellos, a quienes les daban 15 días para abandonar la ciudad. A Lina y otros compañeros del sindicato la acusaron de ser auxiliadores de la guerrilla, y de ser, además, “los causantes de la debacle en el sector de la salud”. 

Dos semanas después Lina, junto con otro activista de Anthoc, Genaro Sánchez, se vieron obligadas a abandonar la ciudad.

Caso documentado en: Fisonomías del miedo: un paulatino enmudecimiento, Recuento de Luchas y lógicas de la violencia antisindical en el departamento del Atlántico: CUT, Sintraelecol, Anthoc. 1975-2012. ENS. Medellín. Pag. 235.