Certificación, pasaporte digital, registro de vacunación, poco a poco se consolida la obligatoriedad de estar vacunado para poder ingresar a ciertos recintos como para ser contratado o conservar el puesto de trabajo.
Decisiones y presiones desprendidas desde instancias del poder que llevan a interrogar: ¿Por el bien de la humanidad? ¿Por el bien del país? En realidad que está en juego: ¿la salud en general o los beneficios particulares de las farmacéuticas? ¿La salud de la sociedad en general o el afán por recuperar la economía?¿Qué hay detrás de los precios de las vacunas y la soberanía de cada país?
Interrogantes que es necesario dirimir. Y parte de los mismos ganan luz en lo resuelto por el Consejo de Estado colombiano, que como respuesta a lo ordenado por fallo judicial publicó los contratos firmados con dos farmacéuticas y en los cuales puede leerse el precio acordado por las dosis de Pfizer y AstraZeneca para lograr la supuesta inmunidad contra el virus y las concesiones otorgadas por la nación a estas multinacionales en diferentes aspectos.
Información también difundida por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, que a través de su cuenta de Twitter publicó los precios pagados por Colombia a cambio del envío de las vacunas contra el covid-19: 12 dólares por dosis en el caso de Pfizer, y 6 dólares por dosis en el caso de AstraZeneca. De las otras vacunas hasta ahora compradas aún no hay detalles. Teniendo en cuenta que de las primeras se compraron 15.000.570, y de las segundas 9.984.000, el país habría desembolsado 180.006.840 dólares y 59.904.000 dólares, respectivamente. Todo ello bajo confidencialidad impuesta por las multinacionales, y así aceptada por el gobierno nacional.
La reacción del Gobierno ante esta “filtración” fue de preocupación por el supuesto riesgo de que las multinacionales no les sigan vendiendo vacunas o no cumplan con los compromisos mercantiles hasta ahora adquiridos, y que ello rompa el proceso de vacunación hasta ahora implementado en el país. Una preocupación que desdice de la soberanía de todo Estado y que evidencia el poder que ahora ostentan las multinacionales.
¿Acaso no es derecho publico conocer los negocios que hace el Estado a nombre de sus representados? La información debe ser accesible para todos más aún cuando se trata de un tema de salud colectiva y de compras y contratos con dineros públicos. ¿Cuál es el misterio?
Pero lo sucedido también hace aún más evidente realidades que deben ser superadas: 1. Que las multinacionales, que en muchas ocasiones funcionan con dineros públicos, se han apropiado y controlan conocimientos y recursos que son de interés común, por lo cual deben ser declaradas patrimonio de la humanidad; 2. Como un particular de esto, que el conocimiento es patrimonio común al cual deben acceder todos los seres humanos, cuyo cultivo es responsabilidad de todos/as; 3. Que las vacunas no pueden ser el único recurso para enfrentar y tratar de superar el covid-19, mucho más cuando aún no producen inmunidad y sus efectos de todo tipo no están claramente establecidos, entendiendo, además, que ninguna de ellas ha superado la fase experimental y por ahora lo que han obtenido es autorización para uso por emergencia. Una realidad ante la cual se protegen obligando a los distintos gobiernos a exculparlos por muertes, enfermedades u otro tipo de incidentes que genere su inoculación.
El conocimiento de esos contratos debería servir para que nuestra sociedad discutiera a profundidad el tema de la pandemia por covid-19, la manera cómo ha sido encarada, los costos de todo tipo que ha implicado para amplios segmentos sociales, su utilización como instrumento de control y disciplinamiento social, la ciencia, en sus diferentes variables, el saber popular sobre usos y prácticas con todo tipo de plantas con aplicación efectiva en infinidad de enfermedades, y con prácticas certeras en la actual coyuntura, el real desarrollo de las vacunas y el por qué de su actual limitada eficacia.
Es positivo que los contratos firmados con las farmacéuticas sean de conocimiento público, es positivo que en este y otros temas no rija el secreto de Estado, pero también lo es que se corra el velo con el que han cubierto y manejado la pandemia por covid-19, con seguridad ello redundará en mejor salud para todos y todas, así como en el respeto de variedad de derechos fundamentales que han quedado bajo el yunque de la excepcionalidad.
Leave a Reply