Mañana martes 21 de agosto del 2012 será elegido por la Cámara de Representantes del Poder legislativo colombiano el nuevo Defensor del pueblo para un período de 4 años. Así lo dispone el artículo 281 de la Constitución nacional que establece un procedimiento que incluye una terna presentada por el Presidente de la nación.
Terminan nueve largos años del actual Jefe de esa oficina, Doctor Volmar Perez, quien según sus admiradores del diario el Nuevo Siglo, de tendencia conservadora, cumplió una “labor paciente y esforzada”(1). Opinión que no comparte León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, para quien la gestión de Perez ha sido un descalabro por su manifiesta ineptitud frente a diversos casos de clara vulneración de los derechos ciudadanos.(2).
La Defensoría del pueblo fue creada por la Constitución de 1991, en esta se establece que dicha entidad forma parte del Ministerio Público y ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Debe velar por la promoción, el ejercicio y divulgación de los Derechos Humanos y entre sus funciones está la orientación e instrucción en materia de Derechos humanos, la divulgación de todo lo concerniente con la cultura de los Derechos fundamentales, la presentación de Habeas Corpus para garantizar la libertad de las personas, el impulso de las Acciones populares y de otros instrumentos de amparo como las Acciones de Tutela.
La actual Defensoría tiene recursos fiscales por 300 mil millones de pesos (160 millones dolares) y una amplia fronda burocrática con origen en recomendados de los gamonales políticos departamentales.
La Presidencia ha presentado una terna compuesta por Armando Otálora, abogado y funcionario de varios órganos judiciales, Beatriz Linares, alta funcionaria de entidades del sistema de Naciones Unidas y Olga Lucia Gaitan, con experiencia en la Procuraduría donde ha defendido la reserva absoluta de investigaciones por corrupción lo que le ha valido el rechazo de activistas sociales que defienden la transparencia en los asuntos estatales (3).
Decide la Cámara de Representantes, un nivel del Poder legislativo donde tienen asiento delegados electorales de los Departamentos, ámbito de organización territorial del Estado.
La Representante en Colombia de la Oficina para la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Todd Howland, ha pedido para el nombramiento del Ombudsman criollo se acojan los “Principios de París”, aprobados en 1993 para orientar la labor de las defensorías de todo el mundo, que se refieren a calidades éticas, competencias profesionales, independencia y reconocimientos sociales de los candidatos. Algo difícil dada la “provisionalidad moral” en que transcurre la conducta de los legisladores electores, más interesados en sus cuotas y prebendas burocráticas que en la protección efectiva de los derechos humanos de casi 50 millones de ciudadanos.
Cualquiera sea el escogido lo que importa para el bien comunal es que la persona nombrada asuma su tarea con disciplina, responsabilidad, ética, inteligencia, transparencia y audacia. La Defensoría requiere un vuelco significativo dado el complejo panorama de los derechos humanos en una sociedad afectada por un largo conflicto armado y una guerra que tiene consecuencias muy graves para millones de seres humanos.
Los problemas que debe asumir el nuevo Defensor del pueblo están referidos a materias como la grave situación penitenciaria, la situación de las victimas de la violencia, la criminalidad de los grupos neoparamilitares denominados Bacrim, los derechos de los indígenas, los efectos ambientales de la “locomotora minera”, la crisis de la salud, la impunidad que rodea los “falsos positivos” ejecutados por los militares del gobierno, el funcionamiento de la justicia, la retorcida reforma del “fuero militar” que pretende dejar en la impunidad los delitos de lesa humanidad de las Fuerzas Armadas, los desaparecidos, las masacres y la corrupción con los recursos presupuestales como ocurre con el actual Ministro de Transporte que le dio forma a un imperio familiar con las licitaciones de las dobles calzadas y las mega obras en curso.
Por supuesto, el nuevo Defensor deberá hacer el seguimiento y dar apoyo a las Acciones populares y de grupo; defender la eficacia de la Tutela; y reforzar los mecanismos de Alerta Temprana para impedir la violencia contra poblaciones vulnerables.
Aspecto central de su gestión será impulsar, animar y acompañar un eventual proceso de paz y de negociación política que ponga término a la cruenta guerra civil nacional.
Esperemos que el resultado de la elección sea un nuevo Defensor del Pueblo independiente y probo. Un Representante que se gane la confianza y el reconocimiento de toda la sociedad, especialmente de los más débiles.
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1. Editorial el Nuevo Siglo, 20 de Agosto de 2012.
2. Revista Semana, Columna de Opinión, 19 de agosto de 2012.
3. Donadio Alberto, Columna de Opinión, El Espectador, 19 de agosto de 2012.
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