La coyuntura que vive el país tras el primer mes de protesta social ha revelado una ciudadanía despierta y exigente pero también un gobierno errático y de espaldas a su pueblo.
El paro nacional, que al momento de escribirse estas líneas cumple un mes, ha dejado elementos para reflexionar sobre el futuro de la democracia en Colombia. El amplio rango de hechos que ha marcado el paro —uno de los más largos que ha vivido el país— va desde la vitalidad de la protesta social en las calles hasta el horror de la represión brutal de las fuerzas del Estado contra los manifestantes, por un lado y, del otro, el aprovechamiento de las circunstancias por quienes, por iniciativa propia o como agentes de actores sin identificar, se han ensañado contra la infraestructura urbana, en especial las estaciones y buses de los sistemas de transporte público.
Entre los extremos del más absoluto pacifismo, en ejercicio del derecho natural y positivo que tiene el ciudadano a la desobediencia civil, a la resistencia pasiva y a rechazar las formas tiránicas del poder. La literatura nos provee numerosos ejemplos, recuérdese la fuerza vital que hay en una Antígona, así como la insurrección legítima frente a la injusticia de un ciudadano honrado como Michael Kohlhaas, el personaje de la novela de Heinrich von Kleist o la de Dubrovski hijo en la novela del mismo nombre del magnífico Pushkin. El paro nacional ha producido múltiples expresiones artísticas, culturales, cívicas, étnicas, pero también expresiones de intolerancia llevada a extremos como sucedió en Cali cuando vecinos de barrios acomodados salieron a dispararle a la minga.
Por otro lado, el tema de los bloqueos en las carreteras, inicialmente por parte de los transportadores y luego copiado en algunos lugares por gente de barrios que se adueñan de las calles y cobran peajes se ha convertido en uno de los temas más álgidos y por fuera, de lo que es la esencia del paro: las exigencias del Comité Nacional de Paro para que el Estado atienda una serie de necesidades urgentes, largamente postergadas o incumplidas en busca de lograr una sociedad más incluyente, más justa, menos desigual.
No es improbable que algunas de las acciones vandálicas (el lado oscuro que más difunde el gobierno) provengan de incentivaciones por parte de las llamadas disidencias de las Farc o de otros grupos guerrilleros, o incluso, desde el exterior. El hecho de que el gobierno aparezca súbitamente interesado en revivir una posible negociación con el Eln demuestra que se intuye la incidencia que grupos subversivos están teniendo en los hechos violentos que han afectado el paro nacional y que no han sido avalados por el Comité Nacional del Paro (CNP). Un error del gobierno, entre los muchos cometidos en tan corto periodo, ha sido tomar la parte por el todo y tratar de arropar a quienes se unen y participan en las manifestaciones populares bajo la etiqueta de vándalos, criminales o subversivos.
El paro ha servido para visibilizar la fuerza de la ciudadanía, aquella multitud mencionada por Negri y Hardt, la única capaz de hacerle contrapeso en la época del neoliberalismo al Imperio; una multitud que no necesariamente obedece órdenes o consignas de mandos centrales, que agrupa las más disimiles vertientes y conformada por una heterogénea masa de estudiantes, empleados, desempleados, artistas, intelectuales, maestros, mujeres cabeza de familia, amas de casa, la comunidad lgbti, ambientalistas, animalistas, sindicatos, pequeños comerciantes, pero también tribus urbanas —como las llama el sociólogo italiano Maffesoli— integradas por personas sin aparentes pretensiones políticas o reivindicatorios, que expresan la naturaleza humana en su vertiente más cruda de depredación.
Entre lo más revelador del paro, que puede considerarse como un logro, ha sido que, incluso antes de iniciarse los acercamientos entre el gobierno y el CNP, aquel retiró la reforma tributaria y la de salud y cedió en parte en el reclamo a la educación gratuita superior; igualmente se cayeron en el curso de un mes dos ministros, de Economía y Relaciones Exteriores, el Comisionado de Paz, quien estaba al frente de la negociación y se adelantó una moción de censura al Ministro de Defensa ante el Senado y la Cámara de Representantes, que al final no prosperó.
De igual manera ha quedado claro aun con más evidencia, lo que se ha visto desde el inicio del cuatrienio: la debilidad cada vez mayor del gobierno y su creciente impopularidad. Un presidente y sus colaboradores, inexpertos, titubeantes, imprecisos, desconectados con la realidad, ajenos al sentir de los manifestantes y de la ciudadanía en general que un día dicen o hacen una cosa y al otro afirman o actúan en contrario a lo que horas antes defendían vehementemente; un gobierno que da bandazos, que se contradice, que desautoriza los acuerdos de sus propios funcionarios como el caso del nuevo Comisionado de Paz que su primer acto es echado para atrás por su jefe; un presidente expuesto públicamente en una entrevista de una reconocida cadena internacional como “títere de Uribe”´; un gobierno que denunciado internacionalmente por las organizaciones como Human Watch y la Cidh, por abusos y excesos de la fuerza policial contra la ciudadanía; un gobierno que cierra sus puertas a la monitoria internacional; un gobierno ausente en la geografía nacional que visita furtivamente —a las seis de la tarde de un domingo dice en la televisión que no irá a Cali y a medianoche se aparece allá—al amparo de la madrugada y se evade antes de que salga el sol.
Pero no solo el gobierno nacional es débil y errático. Es el sistema en su totalidad. Un congreso atrapado en el juego político que no sabe qué partido tomar, que un día hunde las reforma de salud y al siguiente vota en contra la moción de censura al Ministro de Defensa. Unos partidos políticos oportunistas que un día son oposición y al siguiente gobiernistas al calor de la ventaja inmediata que pueda obtener.
Es una Fiscalía, una Defensoría del Pueblo y una Procuraduría que son más agentes del gobierno que entes de vigilancia y control y fallan en exigirle responsabilidades por actuar por fuera de la ley y la constitución.
Es una Policía Nacional que atraviesa la más severa crisis de credibilidad y respaldo en su historia ante los divulgados excesos, abusos, violaciones y desmanes que comenten contra los manifestantes; ¿acaso manifestarse pacíficamente o quemar un bus da para ser víctima de un disparo que siega la vida o le hace perder a un ciudadano un ojo o quedar lisiado de por vida, acaso no hay un Código de Policía o Penal para aplicar, de ser necesario?
Son unas Cortes que no hacen valer la Constitución en la defensa del ciudadano, del derecho a la protesta legítima y de hacer cumplir al gobierno con las obligaciones que le impone el ejercicio del poder.
Son unos medios de comunicación de gran poder, dominados por grupos económicos, que filtran, esconden o minimizan la realidad del país o se enfocan exclusivamente en mostrar lo nefasto y no lo que en realidad expresa la gente en la calle. Peor aún, se desvirtúan cuando un reconocido semanario exacerba los ánimos, cultiva el odio y pone en su carátula a un líder político para estigmatizarlo como responsable de todo lo malo que sucede en el país, apelando a la conocida estrategia de fabricar un enemigo representante del mal, como sucede con Emanuel Goldstein en la novela 1984 de Orwell.
Es un gobierno nacional que le echa la culpa a los gobernantes locales de no controlar la situación en sus departamento o municipios; en lugar de estar al lado de ellos apoyándolos y proveyendo los recursos para salir de la crisis.
El sistema estatal se resquebraja por donde se le examine, a nivel nacional, institucional, pero también a nivel local.
Los bandazos se dan también en la capital, la ciudad que más influye en la economía nacional y cuyas directrices se toman como modelo para el resto de los municipios del país. La alcaldesa, después de catorce meses de meter miedo a la ciudadanía con el Covid, de cerrar negocios, de limitar la movilización, de prohibir a los ciudadanos salir a la calle, de generar la peor recesión en la ciudad de que se tenga noticia reaparece, después de su autoencierro por el Covid, para confesar que se ha equivocado, que ha logrado comprender el mensaje que hay en las calles, que ofrece excusas a los bogotanos porque se ha dado cuenta que su política para gestionar la pandemia fue errada, y que lo que hay que hacer ahora, a pesar de estar la ciudad en la tercera ola y la peor crisis de la pandemia, es reabrir la ciudad e impulsar la economía.
La pregunta que se hace el demócrata que ha elegido con su voto al gobernante de turno es: ¿dónde queda la responsabilidad política de la alcaldesa por el daño ocasionado con su gestión errada, aceptada por ella misma y determinada por el miedo que la llevó a rodearse de epidemiólogos que la convencieron de que la forma de controlar el virus era, como en la Edad Media, a través del encierro, la cuarentena y la limitación a las libertades individuales?
¿Pedir excusas a ocho millones de habitantes la exonera de su responsabilidad cuando con sus decisiones de gobierno —secundadas y copiadas tanto por el gobierno nacional como por centenares de mandatarios locales— se llevaron por delante a miles de pequeñas empresas, produjo la perdida de miles de empleos, generó un clima de miedo, de rechazo a salir a la calle, impuso el teletrabajo y las aulas virtuales con las consecuencias adversas que tiene lo uno y lo otro. Decretó, además, una serie de medidas de bioseguridad, muchas absurdas que después tuvieron que ser revocadas por su comprobada ineficacia y haber ocasionado a los comerciantes y empresarios enormes gastos, cuando no la quiebra, para adoptarlas— que llevaron a la catástrofe de la ciudad y a un vaciamiento de sus recursos económicos que ocasionará una grave hueco fiscal aun por determinarse? La franja cada vez mayor de pobreza, las cifras crecientes de desempleo, las faltas de oportunidades ocasionadas por decisiones desacertadas ¿quién asume la responsabilidad por esos errores?
El estallido social que se vive obedece, además del desempleo, el hambre, el desespero, la desesperanza, la desolación, la falta de fe en el futuro, en gran parte, a una reacción natural de la multitud al sentirse atropellada en sus libertades más básicas, a no aguantar más encierro, represión y hostigamiento de derechos fundamentales. La olla de presión no aguantó más temperatura, La imposibilidad de leer la causalidad entre lo uno y lo otro está pasando la factura a los gobernantes.
Y con todo, el interrogante es si la precaria democracia que ha vivido el país saldrá fortalecida o aún más maltrecha. Los temores a que se requinte el autoritarismo, exigido por la derecha, el partido de gobierno y por las clases sociales más poderosas amenaza con que se intuyan opciones cívico-militares para que se reprima cada vez con más fuerza el descontento popular. Un gobierno débil, acorralado, titubeante, impopular puede ser presa de quienes creen que la autoridad hay que ejercerla a todo precio y por encima de la democracia.
Pero del otro lado, va clarificándose también la opción progresista para el país. Así, un medio tan gobiernista como El Tiempo, dedica una página el 28 de mayo para evocar los 40 años del ascenso al poder de Miterrand y lo titula “El presidente que hizo que Francia le perdiera el miedo al socialismo”; por otra parte, la llamada Coalición de la Esperanza agrupa un espectro de centro-izquierda de donde surgirá una opción presidencial, y por último, pero más importante, el candidato derrotado en las pasadas elecciones presidenciales, de clara orientación progresista, aparece hoy día en las encuestas como el más fuerte contendor del 2022.
Escritor, miembro del consejo de redacción de Le Monde Diplomatique edición Colombia.
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