Lo que menos quería el gobierno de Juan Manuel Santos, que se comparara el proceso de Andrés Pastrana en el Caguán con el actual en la Habana, hoy es inevitable. A menos que haya un cambio en el rumbo del proceso de paz con las FARC. Al presidente de Colombia le quedan un mes y pocos días para anunciar si se lanza a la búsqueda de su reelección precisamente cuando le cobrarán sus palabras: “Este será un proceso de meses”. Y ya, el 19 de noviembre, se cumplirá un año.

Y si este gobierno no quiere que sea el Centro Democrático, el movimiento del expresidente Alvaro Uribe, el que termine teniendo razón en el sentido de que fue equivocado meterse en un proceso de negociación precisamente en momentos en que tenía éxito la ofensiva militar en la que caían los principales jefes de la guerrilla, alías Mono Jojoy y Alfonso Cano, Santos deberá buscar los consensos que se requieren y contarle al país que la agenda avanza, pero sobre todo meterse de frente en el meollo del asunto, el tema de la justicia para los guerrilleros.
Empezó la cuenta regresiva corriendo el riesgo de convertirse en otro gobierno, esta vez el de Santos, que queda derrotado como el de Andrés Pastrana con Alvaro Uribe, luego del fracaso de las negociaciones con las Farc en el Caguán (1998-2002). Y si eso ocurriera entonces ya a nadie le importaría si José Obdulio Gaviria, el primo de Pablo Escobar, está o no en la lista de Uribe para las elecciones al Congreso en marzo de 2014, porque seguiremos en la misma guerra donde el narcotráfico es el rey y en la que nadie volverá a hablar de la suerte de las víctimas.

Me explico. El Caguán, como se llamó el territorio que en 1998 el gobierno de Andrés Pastrana, decidió desmilitarizar en más de 42 mil kilómetros cuadrados en dos departamentos, para allí dar estatus político a las FARC y suspender las órdenes de captura para sus voceros, es hoy muy parecido, salvo la geografía, a los que ocurre en Habana, ciudad que sirve de escenario para los diálogos entre los delegados de Juan Manuel Santos a la cabeza de Humberto de la Calle y de las Farc con Iván Márquez y Pablo Catatumbo,.

Lo que ocurrió en esas selvas calurosas del suroriente de Colombia, que terminaron sirviendo de vitrina a las FARC y para el reclutamiento y el refugio temporal, se parecen a la Habana, donde la guerrilla utiliza los micrófonos cada día y se esconde de la guerra a la que siguen sometidos los colombianos en algunas regiones del país. Nuevamente los jefes de las FARC están durmiendo tranquilos, libres de bombardeos y operaciones militares, pero parándose igual que antes ante las cámaras de televisión a contar sus imaginarios, a exigir la revisión de la memoria histórica porque no refleja su discurso y a dar su visión critica sobre las instituciones. Pero ahora se les ve de civil. Gran avance sin duda pues en el Caguán desfilaban camuflados y armados.

Las audiencias públicas que antes se realizaron se llaman hoy los foros. En una semana ya empiezan dos más en Bogotá sobre drogas ilícitas, fuente de financiación de las FARC, y hoy como ayer, buscan involucrar a la sociedad, a los ciudadanos, que usan estos espacios como verdaderas tribuna de desahogo o muro de lamentaciones. Para los más críticos, nuevamente la plataforma política de las FARC para hacer demagogia con el malestar social existente también ayer como hoy. 

Las búsquedas para revestir de legitimidad el proceso no fueron posibles entonces como tampoco veo que se esté logrando hoy. Lo único que se está evidenciando y en buena hora para la democracia, son los disensos que ojalá involucren cada día más a mujeres que no quieren parir hijos para la guerra, o al campesino que protagonizó el último paro agrario, o al académico y al joven…que no son como muchos piensan borregos ignorantes manipulados por la guerrilla o el gobierno. Son muchos de ellos víctimas, las primeras sobre las que debería haber un consenso pero tampoco lo hay.

El lugar de víctimas lo quiere para sí las FARC para dejarle el papel de los victimarios a su contraparte en la mesa de negociaciones. Los habitantes de Colombia solo les sirven excusar su crímenes y para en su nombre reclamar y justificarse. 

En los diálogos del Caguán como en La Habana, los consensos políticos han sido débiles. La gran diferencia fundamental en estos diálogos es que esta vez se habló de ponerle fin al conflicto y que en el Caguán era una agenda ilimitada, hoy son solo 5 puntos, pero de esos, no se ha podido superar en 11 meses ni los dos primeros sobre la tierra y sobre la eventual participación en política de las FARC. Y las razones, son las mismas de antes: para la guerrilla el punto de llegada sigue siendo una asamblea constituyente que les garantice que no son responsables de nada. Para el Gobierno, ni se sabe, que es aún más grave.

Los consensos multipartidistas como entonces, hoy tampoco se dan. Hasta partidos de Izquierda como el Polo Democrático, apoyan a medias la negociación porque regalarle el favor a la paz es para ellos premiar al Gobierno. La Marcha Patriótica, movimiento afin a las FARC cumple ahora las veces que en el 98, se pretendía que cumpliera el Movimiento Bolivariano. El partido de Gobierno, la U, está dividida entre quienes apoyan a Santos y quienes se sienten secuestrados en sus filas porque no los dejan irse a acompañar al expresidente Uribe. El conservador se mantiene amenazante porque se siente maltratado en la repartición de las cuotas burocráticas. El liberal se desgasta negando una división entre las corrientes que orientan los ex presidentes Samper y Gaviria y el verde, la esperanza que le compitió y puso en peligro el triunfo de Santos, corre el riesgo de convertirse en un incoherente receptor de incomprendidos. 

El respaldo ciudadano por lo menos en el reflejo de las encuestas, muestra a un país que quiere la paz pero advierte al Gobierno, que no a cualquier coste, en sintonía con otro grupo opositor en cabeza de Alvaro Uribe, y del procurador General de la Nación Alejandro Ordonez, porque ha hecho carrera, con razón, que la guerrilla quiere un acuerdo con impunidad, que en opinión de algunos puede otorgar a los guerrilleros el Marco para la Paz, ley de justicia transicional, recientemente aprobada y que debe ser reglamentada. 

Tampoco parecen muy evidentes los compromisos de los dueños del botín y de las tierras. Mientras los delegados del Gobierno negocian en la Habana, en territorio colombiano, algunos terratenientes (palabra que debería estar ya proscrita) aparecen usufructuando de las tierras que estaban reservadas para los campesinos. Un espectáculo similar al del Gobierno Uribe cuando se repartió entre las familias adineradas los créditos que eran destinadas para los labriegos más necesitados.

El modelo de negociación como ha dicho el presidente de negociar como si no hubiera guerra y hacer la guerra como si no hubiera negociación, está empezando a hacer crisis. Y así como en el Caguán llevó a pique el proceso, ahora la gente cada vez más se indigna de oír en el mismo noticiero que hay negociación en la Habana y la siguiente noticia es que asesinan soldados en las emboscadas de las FARC.
Lo que se decide en las mesas de negociación no es la vida de los negociadores de ambas partes, es nuestra vida, es la vida de los otros, y empieza a llegar la hora de que nos digan que está pasando en Cuba, hacia dónde vamos….Por más difícil como aquí aparece que es la paz, esta oportunidad no puede tener el mismo final del Caguan, que prolongó 15 años la guerra. Están esperando mayores certezas de con quién seguirá o terminará el proceso? O lo están prolongando porque piensan que la reelección de Santos depende de ellos y entre más tiempo, más caro el precio a cobrar?

Es comprensible que Santos busque los consensos afuera como está haciendo por estos días en las Naciones Unidas para disminuir los temores de los tribunales internacionales ante los acuerdos con los guerrilleros pero los consensos en la mesa y en la sociedad, en el país, son los que debe lograr. Llegó la hora de las certezas. La próxima ronda de negociación que empieza el 3 de octubre debe dar pasos firmes porque de los contrario, el otro proceso, el de la reelección de Santos empezaría sin su principal activo.

Por DIANA CALDERÓN 22 SEP 2013 – 01:49 CET

Colombia y el precio de la paz

Por SHLOMO BEN AMI* 22 SEP 2013 – 00:00 CET

La relación entre paz y justicia es desde hace mucho tiempo tema de un arduo y conflictivo debate. Algunos dicen que el afán de justicia puede ser un obstáculo en la búsqueda de soluciones a los conflictos, mientras que otros (entre quienes se cuenta Fatou Bensouda, fiscal general del Tribunal Penal Internacional) afirman que la justicia es una precondición de la paz. Esta cuestión debería ser objeto de una cuidadosa consideración de parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en momentos en que dirige las conversaciones de paz más prometedoras que haya habido en su país, tras cinco décadas de conflicto brutal con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Un modelo ideal de aplicación de justicia post-conflicto puede hallarse en los juicios de Núremberg, celebrados tras la rendición incondicional de la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se trata de conflictos que terminan sin vencedores ni vencidos, la tarea del pacificador es mucho más compleja, ya que en estos casos, lo que está en juego puede obligar a elegir entre la reconciliación y la búsqueda de responsabilidades.

De 1945 a esta parte, la historia nos muestra más de 500 casos de transiciones post‑conflicto que incluyeron una amnistía; y desde los años setenta, al menos catorce países (entre ellos España, Mozambique y Brasil) otorgaron amnistías a regímenes culpables de graves violaciones a los derechos humanos. En Sudáfrica, la amnistía fue un elemento clave del proceso de “verdad y reconciliación” que hizo posible poner fin a más de cuatro décadas de gobierno de la minoría blanca y lograr una transición pacífica hacia la democracia.

Puede citarse también lo ocurrido en 2003, cuando el presidente de Nigeria ofreció asilo a su homólogo de Liberia, Charles Taylor, con la condición de que este se retirara de la política, medida que contribuyó a poner fin a la rebelión en su contra. (En este caso, la justicia llegó, pero más tarde: en 2012, el TPI halló a Taylor culpable de 11 cargos de complicidad con crímenes de guerra en Sierra Leona; fue la primera vez después de Núremberg que un tribunal internacional condenó a un ex jefe de estado por esa clase de crímenes.)

Claro que ofrecer una vía de escape a criminales de guerra y violadores de los derechos humanos puede ser doloroso, pero a veces la posibilidad de terminar el sufrimiento de la población civil puede más que una búsqueda principista de justicia. ¿Quién se opondría hoy a una amnistía al presidente de Siria, Bashar Al Assad, si esta sirviera para terminar la brutal guerra civil que ya causó más de 100.000 muertes y creó casi dos millones de refugiados (entre ellos, un millón de niños) en apenas dos años?

Tal es, precisamente, el dilema al que se enfrenta ahora Santos. Las infinitas atrocidades cometidas por las FARC hacen difícil de aceptar la idea de dejarlas sin castigo. Pero a nadie beneficia prolongar un conflicto que ya produjo más de 200.000 muertes y alrededor de cinco millones de desplazados.

El motivo original del conflicto en Colombia quedó resuelto con el reciente logro de un acuerdo de reforma agraria, de modo que ahora la cuestión de la justicia transicional será lo que determine el éxito del proceso de paz. Si conferir impunidad a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad (por más moralmente reprobables que sean) puede servir para poner fin al conflicto y proteger de daño a las posibles víctimas futuras, tal vez dicho resultado justifique sacrificar el objetivo de justicia plena para las víctimas pasadas.

En vez de lanzarse a vencer a los insurgentes como fuera, Santos eligió el camino políticamente más difícil: la búsqueda de un acuerdo negociado. Esto es señal de que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger de más violencia a las comunidades rurales que tanto la han sufrido.

Y Santos no sería tampoco el primer jefe de estado que renuncie a pedir castigo a los culpables. En 2003, Estados Unidos y la Unión Europea dieron su conformidad al acuerdo que terminó formalmente la guerra civil en la República Democrática del Congo (que ya se había cobrado casi cuatro millones de vidas), aunque el arreglo no incluía ninguna disposición respecto de los responsables de crímenes de guerra. Lo mismo puede decirse del Acuerdo Integral de Paz firmado en Sudán en 2005, que puso fin a 22 años de guerra civil en la que murieron más de dos millones de personas.

En estos casos (y lo mismo vale para Colombia hoy) no era viable aplicar una idea fundamentalista de justicia transicional; más bien, había que hacer justicia de acuerdo con las condiciones políticas concretas que hicieron posible la transición. Después de todo, la justicia transicional no es un asunto estrictamente judicial, sino que es, en esencia, una solución política, un contrato histórico de reconciliación nacional.

Puede ocurrir que el complejo contexto político de Colombia obligue a Santos a buscar fórmulas alternativas para conciliar la paz con la justicia; por ejemplo: reducción de penas, condenas a labores comunitarias, veredictos condicionales o asilo en otros países. Pero todas estas opciones (y mucho más una amnistía) deben estar supeditadas a que los insurgentes desmovilizados cooperen plenamente con los tribunales (lo cual incluye confesar todos los crímenes cometidos).

Siguiendo este razonamiento, el líder de las FARC, Pablo Catatumbo, reconoció que las guerrillas provocaron “dolor” y ejercieron “crueldad”, y pidió una amnistía general que incluya tanto las violaciones de los derechos humanos cometidas por las FARC como las debidas a las fuerzas de seguridad estatales. Además, insistió en que un prerrequisito para la paz y la reconciliación nacional es que se identifique y compense a las víctimas.

Cuando está en juego la solución de un conflicto, pensar solamente en castigar a los culpables suele ser mala decisión. El arzobispo Desmond Tutu, líder de la transición democrática sudafricana, describió una alternativa (la justicia restauradora) que hace hincapié en “crear puentes, reconstruir equilibrios perdidos y restaurar relaciones”. Esta idea de justicia, constructiva y orientada al futuro, también puede ayudar a Santos a garantizar el futuro pacífico y seguro que los colombianos se merecen.

*Shlomo Ben-Ami, exministro israelí de Asuntos Exteriores, es vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz y autor del libro Cicatrices de guerra, heridas de paz: la tragedia árabe-israelí.

Traducción: Esteban Flamini