A propósito de las recientes revelaciones del partido de la Farc sobre crímenes cometidos hace 25 años, reaparecen los interrogantes de quiénes han estado detrás de los crímenes políticos de la historia de Colombia.
se manda a la perrera.
Se le sacude en la calle,
mientras que a la señora perra
se la deja junto al fuego apestando.
W. Shakespeare, Rey Lear, I, 4
Héctor Paúl Flórez, hoy con cuarenta y un años, pagó dieciocho años y ocho meses de cárcel (tras una condena inicial de cuarenta años) por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Es el único condenado por ese crimen. Desde los 23 años perdió su libertad… y sus mejores años. Al salir de la cárcel de Barranquilla en el 2014, “no sabía cómo cruzar la calle”1. Como en tantos otros casos de la historia nacional, Flórez es una víctima más de los montajes del aparato judicial estatal que encuentran un chivo expiatorio y que purga una condena por un crimen que no cometió. Un proceso que se montó bajo el sistema de juez sin rostro para poder cerrar la investigación con un parte positivo. La hipótesis con la cual se le condenó en su momento, es que Gómez Hurtado, según la Fiscalía, “fue ejecutado por miembros del cartel narcotraficante del norte del Valle, en asocio con agentes del Estado, destacando la participación de miembros de la Policía Nacional”2. Esa tesis, que corresponde a la “historia oficial” ha sido socavada desde sus cimientos con las declaraciones recientes de las Farc que se adjudicaron el hecho.
La pregunta que da pie a toda investigación del pasado es ¿cuál es la verdad de la historia? En su escueta simplicidad el interrogante está cargado de complejidades. Por ejemplo: ¿cuáles son los niveles y las limitaciones que implica esa verdad? ¿Cuáles son las condiciones para llegar a esa verdad? Y en últimas, ¿cuál es la función de la razón, es decir la del historiador, para desembocar en la verdad? De esta manera, abordar cualquier asunto del pasado presenta, desde el inicio, plantea una serie de dificultades que hace del oficio del historiador una labor que conjuga un amplio rango de oficios: el de investigador criminal y el de escudriñador de archivos, el de arqueólogo de artefactos y el del imaginador de escenarios, el del escéptico ante lo evidente y el del intuitivo de lo oculto.
Ahora bien, el oficio del historiador, a partir del despunte de la posmodernidad, ha abierto la puerta a múltiples interpretaciones de la historia, partiendo de la premisa que no hay una verdad sino muchas, según se escoja el método de investigación, las premisas de las que se parte o las fuentes consultadas. En esa misma línea cabe concluir que es imposible llegar a la verdad dadas las múltiples ramificaciones posibles de cualquier hipótesis. Sin embargo, no todos los historiadores de hoy se suscriben a la sospecha generalizada que evita conclusiones contundentes; al extremo opuesto del criterio posmoderno, caracterizado por su obsesivo relativismo, persisten escuelas de pensamiento –e historiadores como Perry Anderson, Terry Eagleton, Sonia Corcuera, Eric Hobsbawn– que sostienen que la verdad es una y es la que hay que perseguir, desenterrar, desempolvar y hacer relucir para el presente y el futuro. En ese sentido, es necesario escuchar o graduar el volumen a los silencios, los murmullos y los gritos de la historia.
La verdad que en vano intentó defender entre murmullos y gritos Héctor Paúl Flórez, en torno a su inocencia, queda para los historiadores en su pesquisa para esclarecer un crimen que no pasa de ser uno entre miles de la historia reciente colombiana. Los años que pasó Flórez en la cárcel nadie puede devolvérselos.
Una constante política: el asesinato
El siglo XX –y lo que va del XXI– en Colombia tiene un denominador común: el asesinato político. La eliminación sistemática de miles de personas, desde campesinos, labriegos, mujeres, niños, jóvenes –condenados sin juicio por alguna inclinación política, sin importar si esta era tenue, firme o vehemente– hasta líderes sociales representantes de comunidades vulnerables y, por supuesto, también dirigentes políticos de gran visibilidad. Entre estos últimos Uribe Uribe, Gaitán, Galán, Pardo Leal, Pizarro León-Gómez, Antequera, Gómez Hurtado. Pero más allá de estos casos, la mayoría de los asesinatos políticos sigue sin recibir la luz de la verdad sobre quién los determinó.
La estela de muertes ocasionadas por el odio político demuestra hasta qué punto la sociedad colombiana ha sido y continúa siendo intolerante a la diferencia, a la otredad, a la alternativa. Morir por pensar diferente a lo que piensa el otro será siempre un sinsentido en cualquier tipo de sociedad. Peor aún, muchos de los asesinatos políticos, de las masacres, son dirigidos contra personas inocentes que ni siquiera han ejercido ningún tipo de participación política. Los móviles dejan de ser personales y pasan a ser de otro orden: de poder, de intimidación, de control de ciertos territorios. Desde un punto de vista humanista toda víctima de la intransigencia merece el mismo respeto, la misma justicia, la misma reparación, trátese de un campesino anónimo o de un joven arrancado de su hogar para ser ejecutado extrajudicialmente por agentes del Estado o de un prominente dirigente miembro de las élites de poder. Por supuesto que los últimos casos generan más repercusiones y atención de los medios y de la opinión pública que los primeros; mientras la muerte de unos queda sumida en el olvido, las otras son objeto de largas disputas en busca de la verdad. La realidad es que al recorrer la historia de crímenes políticos la verdad de quién o quiénes han sido los instigadores y autores intelectuales queda entre el silencio y el murmullo o se desvía por gritos estentóreos para poner el foco en el lugar equivocado. En el mejor de los casos, e infortunadamente, en muy pocos, los autores materiales, ejecutores y sicarios son los únicos que pagan condenas, pero hasta allí llega la verdad de los hechos.
Lo que queda en evidencia, al menos como hipótesis de trabajo, es la incapacidad del Estado colombiano, desde el nacimiento de la actual república hasta hoy, de garantizar el ejercicio del derecho de opinión, de voto, de libre pensamiento y de ejercicio de la oposición. Principio básico de toda democracia es la libre participación de todos los grupos de opinión, sean minoritarios, disidentes u opositores de quienes detentan transitoriamente el poder. Pero Colombia es un Estado que en doscientos años nunca ha escapado de las manos de una élite política y económica, endogámica y corrupta, heredera del clientelismo y gamonalismo de remotas épocas de la Colonia. Un Estado que si no siempre ha sido partícipe en los crímenes políticos cometidos bajo su soberanía, al menos se ha mostrado indiferente, ineficiente o incapaz de reversar una tendencia de exterminar todo disenso político.
Por otro lado, la limitada eficacia de un contrapeso por la oposición bien sea por ser víctima de la guerra sucia o por la incapacidad de presentar una propuesta alternativa a la hegemónica, también ha dejado el camino abierto para que las viejas prácticas de exterminio, selectivo o generalizado, sigan marcando la pauta de cómo se ejerce la política hoy día.
Las verdades incómodas
Las recientes revelaciones de dirigentes de las Farc, sometidos a la Jep, donde han reconocido mediante confesión –la prueba por excelencia en el derecho penal– el crimen hace veinticinco años de Gómez Hurtado, de Jesús Bejarano, de dos dirigentes guerrilleros de otros grupos, y de otros personajes que consideraban sus enemigos, genera un grado más de complejidad para acercarse a la verdad histórica de nuestro país.
Esa declaración constituye un hecho sin precedentes. Inversamente, tras los asesinatos de Uribe Uribe, de Gaitán y de Galán, por solo mencionar algunos de los asesinatos políticos de mayor resonancia, nadie tomó la iniciativa de asumir las responsabilidades respectivas.
La paradoja es que esta revelación –casi un grito rabioso de verdad reprimida durante un cuarto de siglo– que debería ser recibida como un paso más en el camino para consolidar la paz, la reconciliación y la no repetición en el país, se ha tomado con escepticismo y rechazo por políticos, dirigentes y medios de opinión a pesar de que durante 25 años el Estado colombiano fue incapaz de esclarecer el crimen de Gómez Hurtado, como tampoco lo hizo con miles de otros crímenes de políticos.
Ahora, tras la declaración pública de quienes confiesan su autoría aparece, por primera vez, de manera abierta en los medios, lo que desde un principio se murmuró en corrillos y pasillos, que los principales sospechosos de haber ordenado el asesinato fueron el entonces presidente Samper y su escudero Serpa. La declaración de las Farc ha sido una incómoda sorpresa para los propagadores de la hipótesis señalada, como también una tabla de salvación para los principales incriminados. ¿Cuál es entonces la verdad histórica?
La paz postergada
Lo que parece quedar expuesto es que toda iniciativa en dirección a consolidar la paz firmada hace cuatro años es objeto de trabas, dilaciones y obstáculos, principalmente por el mismo Estado. Los avances alcanzados desde octubre de 2016 son demasiado tenues para tener una visión esperanzadora del futuro político del país. Al contrario, se ha recrudecido el asesinato de líderes sociales y hemos regresado a las masacres, en especial de jóvenes, en muchos puntos del territorio nacional. De nuevo, el Estado es incapaz, cuando no indolente, de poner freno a la violación del principal derecho humano, el de la vida.
El proceso de paz elevó al más alto nivel la atención a las víctimas; de igual modo llevó al primer plano la importancia de garantizar el ejercicio de la participación política y de la oposición. Esto implica apertura a la diversidad, a la tolerancia y a convivir con la diferencia y el disenso; es entrar en el juego político de la alternancia, de permitir que a los cargos de elección popular lleguen actores diferentes a los que usualmente llegan producto de la corrupción, el cacicazgo, el clientelismo, el compadrazgo y la filiación de parentesco.
Con todo, entre lo más relevante que se ha conseguido del proceso de paz son los encuentros entre víctimas y victimarios, entre los diversos actores del conflicto y las víctimas que reclaman a gritos la verdad de lo que pasó con sus seres queridos y que se sepa de las atrocidades que sufrieron ellas y sus familiares. Son procesos dolorosos de los que emerge, al menos un camino hacia el perdón, la reconciliación y la no repetición. Esos aportes de recobrar la memoria de tantos hechos deplorables constituyen piezas fundamentales para ir reconstruyendo la verdad de la historia; no una verdad, sino la verdad.
Un paso más hacia la verdad histórica
Las declaración de las Farc en breve carta enviada a la Jep, y que luego ha sido ampliada en entrevistas dadas por Rodrigo Londoño y Carlos Alberto Lozada y en las que este último asume la ejecución del crimen a través de una célula urbana, es un aporte más a esa intrincada elaboración de la verdad histórica. Aquella verdad que se pierde y se asoma, por ratos, entre silencios, murmullos y gritos, así no sea de gusto de muchos, comenzando por el presidente. La verdad, casi siempre termina por emerger, así se le vaya media vida en la cárcel a hombres como Flórez o así como anota el bufón del rey Lear: “Cuando en todo pleito se haga justicia, y amo y escudero sin penurias vivan, cuando nuestras lenguas no murmuren más, y nuestros rateros dejen de robar; cuando el usurero saque sus reservas y erijan iglesias putas y alcahuetas, un tiempo habrá entonces, ¿y quién lo verá? En que nuestros pies sirvan para andar… (III,1).
1 Entrevistas Héctor Paúl Flórez a RCN https://co.radiocut.fm/audiocut/entrevista-hector-paul-florez/#
2 El Espectador: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-dosier-de-la-unica-condena-por-el-crimen-de-gomez-hurtado/
* Escritor, miembro del consejo de redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.
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