En declaraciones ofrecidas en Bogotá a partir de las 7:48 de la mañana del 18 de enero, el gobierno colombiano confirmó que el ataque a las instalaciones de la Escuela General Santander de la Policía Nacional y que arrojó un saldo final de 21 muertos, corresponde al Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Los asesinados producto del ataque con explosivos, en su mayoría eran policías nacionales o provenientes de países como Ecuador y Panamá, en su mayoría jóvenes con edades menores a los 25 años; pero también fueron impactados por la onda explosiva, y perdieron la vida, hijos de éstos.
De acuerdo a pruebas presentadas por el ministro de defensa, Guillermo Botero, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, el director de la Policía Nacional, mayor general Óscar Atehortúa Duque y otros integrantes del gobierno nacional, el autor directo del ataque fue José Aldemar Rojas Rodríguez, que según lo explicado por los voceros oficiales era un veterano integrante de esa organización insurgente, experto explosivista, y quien también perdió la vida al momento de activar los explosivos con que fue cargado el automotor que condujo hasta el sitio de los sucesos.
En la acción oficial contra los posibles autores del ataque, en primeras horas del día 18 de enero fue detenido Ricardo Andrés Carvajal, habitante del barrio Los Laches, un sector populoso del nororiente bogotano, y quien, de acuerdo a los voceros del gobierno, reconoció su participación en los hechos.
El atentado, presentado en momentos en que la negociación de paz entre Gobierno-insurgencia, con Mesa en La Habana, está bloqueada por un conjunto de exigencias interpuestas por el gobierno de Iván Duque, las mismas que su contraparte denuncia como que no hacían parte de lo estipulado para abrir la negociación de paz entre las partes.
Este ataque, por tanto, favorece la pretensión oficial y lleva la Mesa a su final. alejando, al menos mientras cumple su periodo el gobierno encabezado por Iván Duque, una negociación de paz que lleve al final del conflicto armado en Colombia, proceso iniciado por el acuerdo logrado con las Farc.
El ataque sufrido por la instalación policial, por tanto, es una contradicción en sí misma, ya que durante meses la delegación del grupo insurgente para estos diálogos se negó a reconocer que la Mesa estaba moribunda, mucho menos que estaba muerta, manteniendo así viva la esperanza en una resolución dialogada a la guerra que afecta al país, desde décadas atrás.
Interrogantes
El atentado de la organización insurgente, de ser comprobada a plenitud, deja abierta diversidad de interrogantes para todas aquellas personas que están por la vida y en contra de la muerte y todo lo asociado a ella.
Entre ellos, resalta con fuerza propia, el favor que le hace este tipo de operaciones a un Gobierno que, más allá de anunciar medidas para contener el asesinato de dirigentes sociales y de activistas de los derechos humanos, no activa medidas efectivas. Es decir, este ataque ayuda a ocultar la violencia que está afectando a amplios sectores sociales populares de Colombia, la misma que ha significado el asesinato de cientos de activistas sociales en los últimos años, y no menos de 7 en los primeros días del año en curso.
Favores que también le dan aire a la demanda de más mano dura en Colombia, como desde meses atrás lo reclaman diversos sectores de partidos del poder, así como de algunos gremios económicos. Una “cacería de brujas” tendría así las manos desatadas, y con seguridad llegará, afectando las estructuras de todos aquellos que tratan de levantar alguna esperanza de cambio para los empobrecidos de nuestros país.
Acción que, de igual manera, entra como parte de la agenda contra Venezuela y las maniobras coordinadas en todo el Continente, con el impulso de los Estados Unidos, para dar al traste con el gobierno de Nicolás Maduro. Las voces que incluso preguntan por el gobierno venezolano como motivador de esta acción también se escuchan en Colombia. Su pretensión es obvia: motivar, incluso, una acción militar contra el país vecino. Las próximas jornadas de presión contra el gobierno venezolano, que ahora están en la fase de dualidad de poderes, darán luces sobre las implicaciones en la geopolítica de este tipo de ataques.
Son un tipo de presiones que se extienden al gobierno cubano, que dio alojamiento a las negociaciones de paz, presionado desde semanas atrás para que entregue al comandante de esa organización, Nicolás Rodríguez, de quien han reconocido fue recibido en la isla del Caribe para tratamiento médico y a quien el gobierno nacional no reconoce como negociador. Una denuncia de este país como terrorista podría también estar en curso, con todas las implicaciones que la misma depara en el plano global. Las manos de los Estados Unidos en cabeza de Trump, negado a darle vitalidad a las restablecidas relaciones entre las partes durante el gobierno Obama, estarían sacando provecho de ello.
Llama también la atención, como un nuevo factor en la historia colombiana –de comprobarse la sindicación del gobierno nacional– que un guerrillero llevara a cabo un ataque que en la práctica es suicida. Como se sabe, la filosofía de reclamar el derecho a justicia en toda sociedad se sustenta en el reclamo y defensa del más alto valor que hay en toda sociedad: la vida, en dignidad, y en ello no cabe la muerte, la cual puede suceder pero en combate entre dos o más partes, pero no de manera desprevenida, comprometiendo incluso la del propio actor del ataque.
Distinto sucede en organizaciones terroristas con fundamento religioso, donde incluso la inmolación es parte de sus propios ataques pues así cumplen de mejor manera un mandato divino. Por el contrario, en concepciones de izquierda, la felicidad, la vida plena, se concreta aquí y ahora. El mañana, en manos divinas, simplemente no existe.
Como año electoral que es el 2019, estos meses prometen, como lo anuncia de manera clara la sangre que corre como efecto del asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y ahora de quienes cayeron en la Escuela General Santander, una espiral de muerte y dolor que en nada ayudará a que quienes habitan Colombia puedan gozar de paz y felicidad.
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