En diciembre de 2021 se realizaron por primera vez, a nivel nacional, las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud (1). Sus antecedentes y características, así como el contexto de exclusión, conflicto intergeneracional y ruptura juvenil con las instituciones del país dan cuerpo a este artículo.
Mediante una invasiva propaganda oficial el gobierno Duque, pretendiendo cooptar y manipular el creciente descontento juvenil, encubrir la persecución, criminalización y asesinato del liderazgo de este sector social, y deslegitimar el alzamiento social que marcó la vida nacional a lo largo de varias semanas del 2021, organizó y citó precipitadamente a la juventud colombiana a participar en la elección de los Consejos municipales y locales de juventud el pasado 5 de diciembre de 2021.
El número de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar sumaba 12.282.273 (24,1% en relación con la población total colombiana). Tan solo 1.279.961 (10,4% del censo electoral juvenil previsto) respondió al llamado presidencial y a la maquinaria institucional para elegir a 10.824 consejeros municipales y locales de juventud a lo largo del territorio nacional. Unos comicios en los que también realzó el fraude y voto nulo, este último con el 23 por ciento del total de los sufragados (para el Congreso suele ser del 6 por ciento).
A la par de la ausencia en los puestos de votación de quienes fueron citados, llamó la atención la manera imprevisible y malintencionada como la Registraduría Nacional habilitó a los adolescentes para votar en cualquier puesto sin inscripción previa ni control de las veces que repitiera, abriendo de este modo un expedito camino al fraude ¡primeras lecciones de la típica democracia colombiana! Sin reparar en lo sucedido en los puestos sin votantes ni en los exiguos resultados, el histriónico presidente Iván Duque se apresuró a declarar: “Hoy es un día histórico para la democracia y para el país. Es un triunfo de la democracia y demuestra que la juventud tiene un espíritu de acción”.
Y ese espíritu estuvo presente pero no en forma de voto sino de rechazo a unos partidos tradicionales, y otros que se dicen de nuevo tipo, que no alcanzan a inquietarlos, a una burocracia que no aprecian, a unas fuerzas de seguridad que los asesina y a un proyecto de país que los excluye. En suma, su espíritu estuvo presente a través del rechazo a una institucionalidad que ni los representa ni les ofrece presente o futuro digno, tendiendo luz de esta manera, además, sobre la evidente y profunda fractura que existe entre este grupo poblacional y la institucionalidad pública; y, de otra, el escepticismo imperante o la poca credibilidad que ofrece la manoseada democracia formal para la participación activa y decisiva de los jóvenes en los asuntos estratégicos del país.
Modernización violenta y excluyente
El concepto de juventud nace con la modernidad. La puesta en escena del sujeto juvenil en Colombia es el referente existencial de las generaciones nacidas a partir de la década de los años 1950. Dos acontecimientos actúan disruptivamente durante esta época: las violencias de mediados del siglo XX prolongadas hasta tiempos presentes y la Constitución Política de 1991. La violencia actúa compulsivamente como partera de la historia –las identidades juveniles nacen, crecen, viven y mueren en medio de la guerra–. Durante la segunda mitad del siglo XX, adolescentes y jóvenes fueron estigmatizados y considerados problema y “objeto” de políticas públicas represivas, asistencialistas e inconsultas. De manera tardía, la Constitución Política de 1991 reconoció a los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo de la nación desde el ejercicio de la democracia directa, la diferencia y la autonomía.
Sin embargo, la fundamentación en los derechos humanos y la introducción de la noción de democracia participativa en el ordenamiento constitucional fue incapaz de poner fin a tres factores de riesgo que impactan estructural y negativamente el bienestar de la sociedad colombiana y, en particular, la existencia de los adolescentes y jóvenes: la precariedad del mercado laboral (desempleo e informalidad), la pobreza (la otra cara de la exclusión y la violación de los derechos humanos) y la violencia homicida (gráfico 1). En general, la medición focalizada del padecimiento de los jóvenes en relación con estas tres patologías es dos, tres y hasta cuatro veces superior al valor promedio observado en las cifras nacionales.
Lo preocupante es que durante la administración Duque estos índices de malestar se agravan y registran una tendencia creciente y acelerada: En 2021, la cifra de homicidios aumentó un 17 por ciento respecto de 2020; el año cerró con una cifra aproximada de 14.000 asesinatos; esto es, una tasa de 27,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando la tasa de homicidio de los años anteriores: 2020 con 23,9 y 2019 con 25,6; ii) el grado de incidencia de la pobreza por ingresos insuficientes registraba una tendencia descendente desde 2013 hasta alcanzar el piso de 34,7 por ciento en 2018; en los años siguientes, potenciado en los últimos dos por la pandemia y el mal manejo macroeconómico, un alto número de familias de clase media cayeron en la pobreza, registrando el indicador un valor de 44 por ciento en 2021; iii) En los últimos 72 años, la tasa de desempleo registra dos fases: durante el período 1950-1965, la desocupación fue inferior a dos dígitos, manteniéndose en el rango del 2 al 8 por ciento; a partir de 1966, la exclusión laboral tiende a estar en dos dígitos, alcanzando un pico en el año 2000 de 19,7 por ciento y otro en mayo de 2020 de 21,4 por ciento. En los valores promedios anuales, en 2015 se llegó a un piso de 8,9 por ciento para luego escalar a 10,5 por ciento en 2019, 16,1 en 2020 y caer a 14,0 en 2021.
En los adolescentes y jóvenes, las causas externas son las principales causantes de las defunciones. Durante el período 1980-2018 fueron asesinados en Colombia 351.135 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad). La violencia delineó el perfil de morbilidad y mortalidad de este grupo etario. El incremento de la violencia homicida ha alcanzado niveles catastróficos para los adolescentes y jóvenes afectando principalmente a los hombres entre los 18 y 28 años de edad. Durante el período 1985-2018 la tasa promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional fue de 50,9; en el grupo de adolescentes y jóvenes el promedio de asesinatos aumentó a 86,4; esto es, 1,7 veces más alto. De los 14.000 asesinatos ocurridos durante 2021, una cifra cercana a los 9.000 corresponde a victimas adolescentes o jóvenes, en consonancia con las tasas históricas. De esta manera y sin duda, la privación del derecho a la vida es una de las principales y más severas violaciones a los derechos humanos de adolescentes y jóvenes en Colombia.
El análisis por subgrupos etarios y género presenta resultados más complejos en el comportamiento de la criminalidad del país. La tasa de homicidios promedio durante el período 1985-2018 para las “mujeres adolescentes y jóvenes” es de 12 por cada 100.000 habitantes, en el rango de 12 a 28 años; para los “hombres” es de 161; esto es, 13,4 veces más alto. La tasa promedio de homicidios en los “jóvenes tempranos hombres” (18 a 23 años de edad) es de 204,1 (4,1 veces superior a la tasa nacional) con un valor máximo de 338,5 alcanzado en 1993 y en los “jóvenes tardíos hombres” (24 a 28 años de edad) el valor promedio es de 229,6 (4,5 veces el promedio nacional) y el máximo de 373,7 en el año de 1992 (gráfico 2 y tabla1).
En general, la relación entre criminalidad y población adolescente y joven es multicausal y está ligada a los ciclos de violencia del país y a las complejas, estructurales y profundas causas conflictivas que los generan. No puede pensarse de manera unilateral que el aumento de las muertes de los jóvenes fue causa exclusiva del conflicto armado interno o del aumento en cifras absolutas de la población joven; hay otras igual de importantes como la lucha contra y entre los carteles de la droga, el uso de los jóvenes por bandas delincuenciales que se aprovechan de sus vulnerabilidades, la cultura de resolver los problemas mediante la violencia, la intolerancia en la convivencia cotidiana, y, los crímenes cometidos por el Estado en el contexto de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. El país es escenario, de esta manera, un “juvenicidio” ocurrido en su historia reciente (2).
Por su parte el perspicaz escritor británico H. G. Wells (1866-1946) observó a principios del siglo XX y lo registra en su obra “El destino del Homo Sapiens” que el exceso relativo de jóvenes desocupados en las sociedades capitalistas modernas constituía una peligrosa fuerza tendiente a provocar conflicto en toda comunidad humana; la solución más fácil encontrada por las clases dominantes a la presión ejercida por el sobrante de hombres jóvenes de las clases populares, con el fin de mantenerlos disciplinados y reducir su número, ha consistido en la guerra, la cárcel o el exilio (3). De esta manera, al poder destructivo material y moral de la guerra moderna se adiciona, según Wells, el desperdicio para siempre de grandes reservas y potencialidades de energía humana (4).
Realidad que en lo fundamental no cambia. Los y las jóvenes viven hoy con mayor dramatismo que el resto de la población una serie de tensiones y paradojas. Una de las principales es que la juventud goza de más acceso a la educación y menos acceso a un empleo digno. En los análisis de su inserción laboral, resalta el alto nivel de desempleo y subempleo y la alta precariedad de quienes logran ocuparse (expresada en inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y escasa cobertura de la seguridad social).
Durante las fases recesivas, el mecanismo de ajuste del mercado laboral colombiano empieza con el cierre de los puestos de trabajo de los jóvenes, afectando en mayor proporción a las mujeres. En general, ellas y ellos se encuentran atrapados en un círculo vicioso de empleo precario, informalidad-desempleo-inactividad-pobreza-exclusión (gráfico 3 y tabla 2).
En el ojo del huracán de la pandemia y los nefastos impactos de las medidas administrativas de encerramiento, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes alcanzó la cifra de 37,3 durante el trimestre mayo-julio de 2020 y en los hombres jóvenes de 24,5 en el trimestre abril-junio del mismo año.
De acuerdo con los resultados de las series trimestrales del Dane-Geih, durante el período 2001-2021 (julio-septiembre), en general, los valores promedio más altos de desocupación (5) lo registran las mujeres jóvenes tanto en las cabeceras (25,6%) como en los centros poblados y rural dispersa (24,6%). Los valores de las tasas de desocupación más bajas corresponden al total de los centros poblados y rural dispersa (7,3%) y los hombres jóvenes de estas áreas (8,0%). La tasa total promedio de desempleo nacional es 11,7 por ciento; en el total de hombres jóvenes es de 15,1 (3,4 puntos porcentuales –p.p.–. por encima del promedio nacional); en las mujeres jóvenes es de 25,7 (14 p.p. arriba del promedio nacional y una brecha de 10,6 p.p. respecto a la tasa de desocupación de los hombres jóvenes). Los coeficientes de variación son más bajos en las categorías de los jóvenes de ambos sexos expresando de esta manera una situación estructural de desempleo frente a los ciclos de los mercados de trabajo.
Una realidad que no escapó a los ojos de Misión de Empleo, en funciones desde julio de 2020 con el fin de encontrar una ruta que le permita crear un plan estratégico al gobierno nacional para mejorar las condiciones laborales existentes en el país. El economista mexicano Santiago Levy, jefe de la misma afirmó el pasado 11 de enero al presentar las conclusiones del estudio que “El mercado laboral colombiano está muy mal. Tiene una protección social ineficiente, un empleo precario para las personas y ofrece pocas oportunidades para que estas mejoren sus condiciones laborales, lo cual, a su vez, castiga el crecimiento económico y la productividad, por lo cual no es de extrañar que Colombia presente las tasas de crecimiento de desempleo más altas de Latinoamérica”.
Es necesario recordar la diferencia entre la condición juvenil (dato biológico y límite social y políticamente establecido) y la situación juvenil (pertenencia a una clase social, estrato socio-económico o ethos territorial). Los análisis del sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002) sobre el problema de los jóvenes le permitieron afirmar que “el hecho de hablar los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente” (6). En efecto, en Colombia los adolescentes y jóvenes según la “situación de vida” se encuentran sobrerrepresentados en los niveles más bajos de la estratificación socioeconómica: los estratos uno y dos concentran el 76,3 por ciento de este segmento poblacional. Registran, además, graves carencias. El valor promedio del índice multidimensional de pobreza –IMP– es 37,8 por ciento en la población de 12 a 28 años; en contraste, a nivel general la pobreza multidimensional en Colombia se ubicó en 18,1 por ciento en 2020.
Además, teniendo en cuenta que la desigualdad del desarrollo es desigual en sí misma, estos adolescentes y jóvenes crecen en realidades muy diferentes dependiendo de los contextos y pares de contrarios antagónicos: riqueza/pobreza; urbano/rural; guerra/paz; jóvenes/viejos, entre muchos más. A continuación se analiza el contexto de vida de los adolescentes y jóvenes.
Falacia ecológica, desarrollo desigual y contextos de vida
La evidencia empírica y los análisis econométricos ponen al descubierto la “falacia ecológica”, es decir: hacer inferencias acerca de algunos individuos a partir de información del grupo al cual pertenecen. En efecto, cualquier análisis de series de tiempo empleando la tasa de homicidio y la proporción de la población joven encuentra una relación positiva y significativa entre estas dos variables; sin embargo, el análisis desagregado por grupos de edad muestra algo diferente, los cambios demográficos poco explican los movimientos de la tasa de homicidio. En cuanto al rol que juega la pobreza, diversos estudios concluyen que la evolución de la pobreza poco o nada explica el dramático incremento en los homicidios. En cuanto a la relación más compleja existente entre demografía y violencia en Colombia, los investigadores recomiendan hacer estos análisis a nivel de subgrupos etarios, clases sociales, actividades económicas, entidades culturales, regiones, municipios y ciudades específicas (7).
Adicionalmente, el hecho que dos fenómenos registren tendencias o comportamientos similares en el tiempo no permite inferir ningún tipo de causalidad entre ellos, es decir, que uno pueda ser causa u origen del otro. Las correlaciones describen relaciones simples y casi siempre lineales sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto.
Tomando esto en cuenta, de las ocho variables condicionantes a nivel territorial elegidas para el estudio de juventud y contextos de vida (ver mapas), la mayor variabilidad (relación % entre la desviación estándar y la media) la registran la densidad poblacional (habitantes/extensión territorial), la tasa de víctimas del conflicto armado, el grado de ruralidad, y el nivel de riqueza generado. Las variables estables, homogéneas y con valores muy cercanos al promedio son el índice de pobreza multidimensional, la participación poblacional del grupo etario adolescente y joven, el grado de participación en la elección de los Consejos de juventud y la participación política de la población apta para votar en la elección de Presidente 2018 (tabla 3 y mapas).
Para mayor evidencia apoyemos el análisis en la Matriz de correlación, la cual muestra los valores de correlación de Pearson, que miden el grado de relación lineal entre cada par de elementos o variables. Los valores de correlación se pueden ubicar entre -1, cero y +1. Si los dos elementos tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo, el valor de correlación es positivo; si el valor es cero no existe relación entre las variables; si es negativo, una variable aumenta mientras la otra disminuye (tabla 4).
Respecto a las correlaciones positivas, de la tabla cuatro se puede inferir que el peso porcentual de la población joven (14 a 28 años) es más alto en aquellos territorios con altos índices de violencia, medido por la tasa de víctimas del conflicto armado; en los municipios de mayor ingreso per cápita la participación política es más alta en las elecciones presidenciales; el grado de participación relativa en la elección de los Consejos juveniles tiende a incrementarse en los territorios más pobres y rurales; la pobreza multidimensional aumenta en los territorios más violentos y rurales; la generación de riqueza por persona está asociada al grado de urbanización o densidad poblacional; y grados de violencia y grados de ruralidad están asociados en sus tendencias crecientes.
Respecto a las correlaciones negativas, la participación política desciende con el aumento de la pobreza y la ruralidad; la participación de los adolescentes y jóvenes en las elecciones de los Consejos tiende a ser escasa o exigua en las grandes urbes y entidades territoriales de mayor riqueza relativa; a mayor densidad de la población y mayor riqueza generada la pobreza multidimensional se reduce; la concentración de población reduce el grado de ruralidad; la riqueza por persona aumenta y se reduce la tasa de victimas del conflicto armado; el PIB per cápita aumenta de manera inversa al grado de ruralidad.
Variables no relacionadas. Llama la atención que el peso relativo del grupo etario comprendido entre los 14 y 28 años de edad respecto al total de población de cada entidad territorial no registra correlaciones estadísticamente significativas con la mayoría de las variables asociadas; solamente hay una correlación positiva con los territorios de mayor violencia y número mayor de victimas por el conflicto armado. En consecuencia, el grado de participación de población joven en el total poblacional tiende a distribuirse de manera análoga en las distintas entidades territoriales del país.
El rango (diferencia entre el máximo y el mínimo) del peso proporcional de la población de 14 a 28 años de edad en el total de la población de cada entidad territorial es de 10,7 puntos porcentuales, con un mínimo registrado de 18,5 por ciento (Vichada) y un máximo de 29,2 (Caquetá), el coeficiente de variación es de 9,2 por ciento y la media de 24,3.
La democracia participativa de los territorios en las elecciones presidenciales no tiene ningún grado de asociación con la participación en la elección de los Consejos juveniles. El hecho que en los territorios de mayor violencia el peso porcentual de la población joven sea más alto no influye en su participación en la elección, motivo de este artículo.
Es importante resaltar, como colofón de lo analizado, que mientras el 56,7 por ciento de ellos y ellas votaron en las elecciones presidenciales de 2018, en contraste, durante la elección de los Consejos municipales y locales de juventud apenas lo hizo un escaso 10,4 por ciento del censo electoral juvenil previsto (46,3 puntos porcentuales por debajo).
Consejos de juventud, participación política y democracia
Al referirse al problema de los jóvenes, el sociólogo Pierre Bourdieu era categórico al afirmar que “En la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión de poder”. Esto es, cuando aparecen los conflictos sobre los límites entre las edades está en juego la trasmisión del poder y de los privilegios entre las generaciones (8).
En la Encuesta de Cultura Política –ECP– desarrollada por el Dane que permite caracterizar aspectos de la misma, acumulación de capital social, participación en escenarios comunitarios y confianza, basados en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social, en relación con la juventud, en particular en la realizada en el 2019, la institución rectora de las estadísticas en Colombia muestra que la participación de las personas en diferentes tipos de grupos y organizaciones es de 16,6 por ciento a nivel nacional; la participación de los hombres es 16,0 y las mujeres 17,2; en las cabeceras municipales el 14,8 y en los centros poblados y rural disperso 23,3. Los jóvenes son los que más participan en organizaciones educativas, culturales y deportivas, en comparación con otros grupos etarios; frente a la pregunta sobre la pertenencia a este tipo de organizaciones, la participación de jóvenes alcanza un 15,6 por ciento, frente a un promedio general de apenas 10,4.
Los mecanismos de participación ciudadana que más conocen los jóvenes de 18 a 25 años son el plebiscito (60,2%); el referendo aprobatorio o derogatorio (47,5%) y la consulta popular (47,8%). El 56,7 por ciento de este grupo de edad votó en las elecciones presidenciales de 2018; entre el 22 y el 38 por ciento no lo hizo por incredulidad en el sistema electoral, por considerar corruptos a los políticos y por desinterés. De acuerdo con la posición ideológica, el 15,7 por ciento se declara de izquierda, el 41,3 de centro, el 19,1 de derecha y el 23,9 no sabe o no informa. Respecto al grado de satisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia, el 48,2 por ciento se siente muy insatisfecho; el 37,7 es indiferente o no sabe; el 14,1 se siente muy satisfecho. En general, existe incredulidad y desconfianza por parte de los jóvenes en las instituciones, en los políticos y en el sistema democrático colombiano.
Desencuentros y anhelos pendientes
Con la Carta Constitucional de 1991 toman forma las políticas públicas poblacionales y el reconocimiento de los y las adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo.
Durante las tres décadas siguientes, el Estado y la sociedad no han logrado dar una respuesta integral, universal, incluyente y democrática a las demandas-derechos de las nuevas ciudadanías. El modelo de desarrollo tampoco distribuye equitativamente sus beneficios. El desencuentro entre las ciudadanías empoderadas por una Carta Política que proclama los derechos humanos, la democracia participativa y el reconocimiento de las diferencias, de una parte, y las conservadoras instituciones públicas y privadas, de otra, frustró las expectativas nacidas en la nueva era. El desencuentro constituía una bomba de tiempo que vino a explotar durante la administración Duque.
Los datos revisados, así como las dinámicas sociales vividas durante los últimos años en el país, permiten concluir que la crisis de la democracia, del Estado y el modelo de desarrollo se expresan en la crisis del constructo social de adolescencia y juventud. La insurrección social a lo largo del gobierno Duque es la evidente expresión de la paradoja modernización sin modernidad. Las continuas explosiones sociales son causadas por las falencias acumuladas por décadas y los antagonismos intergeneracionales entre estilos de vida, cosmovisiones y modelos de desarrollo. De acuerdo con las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia de la CIDH”, en junio de 2021, las manifestaciones sociales se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La letra puede con todo, y en este caso la realidad lo reafirma.
1. Los Consejos municipales y locales de juventud son el mecanismo de participación creado desde la ley de Juventud 375 de 1997 y ratificado en la Ley Estatutaria de ciudadanía juvenil 1622 de 2013, pero nunca ha operado por falta de credibilidad y confianza. En los intentos de implementación la participación ha sido mínima y poco o nada ha influido en la participación democrática de los adolescentes y jóvenes. Ante la inoperancia de tal mecanismo o espacios de participación juvenil, en febrero de 2000 el presidente Pastrana firmó el Decreto 089 para reglamentar su organización y promover su funcionamiento. En el año 2018, una vez más con el mismo fin, se aprobó la Ley Estatutaria 1885 para “Modificar la ley estatutaria 1622 de 2013” en lo concerniente al Sistema Nacional de Juventudes. De acuerdo con lo afirmado por el abogado y Consejero Presidencial para la Juventud (cargo que ocupa desde 2020 hasta la actualidad), Juan Arango “La Ley 1622 desafortunadamente no fue una garantía de derechos, sino una especie de frustración en términos de participación juvenil”.
2. José Manuel Valenzuela Arce, investigador mexicano de El Colegio de la Frontera Norte acuñó este concepto en 2012, a partir de la publicación de su libro “Sed de mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión social”. El “juvenicidio” es definido como el asesinato sistemático de la población joven, fenómeno documentado a lo largo de décadas y en el que se ha detectado la implicación institucional. De forma similar como ocurrió con el feminicidio, el profesor Valenzuela le dio nombre a una problemática social presente como común denominador en los países latinoamericanos.
3. Actualmente, de una parte, según la Cancillería, viven en países extranjeros alrededor de 5 millones de connacionales, la mayoría jóvenes que huyen a la falta de oportunidades, a la pobreza y a persecución política. De otra parte, en Colombia persiste una cultura carcelaria, no tanto para castigar o reeducar para la reinserción social como para ocultar y no enfrentar abierta y críticamente las causas profundas de las complejas patologías sociales: la legislación penal colombiana tipificaba como delito 296 conductas en 1980; actualmente aumentó esta tipificación a más de 600 conductas diferentes, la mayoría de ellas con pena privativa de la libertad. En consecuencia, la población carcelaria del país aumentó 462 por ciento entre 1992 y 2018. En 2018, la población carcelaria sumó 118.201 personas; el 36,1 por ciento de los presos eran jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, esto es, 42.589, el 94% hombres y 6% mujeres.
4. H. G. Wells. (1949). El destino del Homo Sapiens. México; Editorial Diana, pp. 42-43 y 256-257.
5. La Tasa de desempleo (TD) es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (D) y el número de personas que integran la fuerza laboral (TD=D/PEA).
6. Bourdieu, Pierre. (1990). “La “Juventud” no es más que una palabra”, en: Sociología y Cultura. Editorial Grijalbo S. A. México, p. 165.
7. Bonilla Mejía, Leonardo. (2009). Demografía, juventud y homicidios en Colombia, 1979-2006. Banco de la República; Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional; pp. 41-42.
8. Bourdieu, Pierre, op. cit., pp. 163-173.
*Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.
Diagramas de dispersión y análisis de regresión lineal
Los diagramas de dispersión ilustran sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta. No obstante, la relación entre dos variables no siempre es perfecta o nula; de hecho, habitualmente no es lo uno ni lo otro.
Adicionalmente, para estudiar la relación entre variables se utiliza la técnica estadística de “análisis de regresión lineal”. El análisis de regresión lineal puede utilizarse para explorar y cuantificar la relación entre una variable dependiente o criterio (Y) y una o más variables llamadas independientes o predictores (X1, X2,…, Xn). La línea recta de la regresión posee la fórmula: Yi= ß0 + ßi Xi dónde el coeficiente ßi es la pendiente de la recta y el coeficiente ß0 es el punto en el que la recta corta el eje vertical. Conociendo el valor de estos dos coeficientes puede reproducirse la recta y describir la relación existente entre (Y) y (X). El coeficiente de determinación es la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. El resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será.
Los gráficos 4 a 10 ilustran los diagramas de dispersión y las regresiones lineales en el estudio de la relación entre la participación política de los adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos de 2021 y los contextos de vida en que estos crecen y habitan.
El comportamiento de la variable “Porcentaje de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que participaron en las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud a nivel nacional en diciembre de 2021” tiende a ser explicada o a encontrar una determinación mayor (R² más cercano a 1) con las siguientes tres variables independientes: i) “Incidencia de la pobreza multidimensional por departamento (% IPM)”; ii) “Grado de ruralidad departamental (%)”; iii) “Ingreso per cápita departamental ($)”.
De los 12.282.273 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar durante la jornada, solamente acudieron a las urnas 1.279.961 adolescentes y jóvenes, esto es, 10,4% del censo electoral juvenil previsto. El coeficiente de variación fue reducido: 27,2 por ciento. El rango de variación fue de 15,1 puntos porcentuales (PP); el valor mínimo fue de 6,2 por ciento (Bogotá D.C. y Antioquia) y el máximo 21,3 (Sucre). En general, las entidades territoriales de mayor desarrollo (medido en densidad poblacional, % población urbana, ingreso per cápita, mayor participación política, menor tasa de victimas por el conflicto armado) fue donde el movimiento juvenil expresó radicalmente su ruptura con la institucionalidad de la administración Duque (paradójicamente, son las entidades territoriales con mayor experiencia y continuidad histórica, inversión y trabajo en políticas públicas de adolescencia y juventud).
La propaganda oficial y el funcionamiento tradicional de las maquinarias electorales de los partidos del establecimiento (el Centro Democrático fue de los más activos) nada pudo en contra de la crítica y exigencias democráticas radicales de la Juventud colombiana. El gráfico 11 es contundente en mostrar que la manipulación política del gobierno Duque con la convocatoria a la elección de los Consejos de Juventud fue un total fracaso; en efecto, la variable “% de participación de adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos” no guarda relación alguna con las variables “Total población joven 2021”, “% población entre 14 y 28 años respecto al total poblacional” y “Participación política en la elección presidencial 2018”.
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