Algo grave se cocina en Bogotá y atenta contra los intereses de millones de sus habitantes: sobre las agónicas brazas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 2004 gana llama el Plan que deberá regir su destino entre los años 2022-2035, ya entregado al Consejo Territorial de Planeación Distrital (Ctpd) para su concepto. Tras un poco menos de dos meses de difusión y socialización a través de las Unidades de Planeación Local (UPL), resalta la mínima e intrascendente discusión ciudadana, lo que es grave ante los cambios estructurales pretendidos para la urbe y que la marcarán por décadas. Después del 25 de agosto pasará al Concejo para su aprobación final.
El nuevo POT para Bogotá está en pleno proceso de difusión y debate para su aprobación por el Concejo distrital, aunque solo reducidos segmentos de quienes la habitan están enterados de ello, y no por ser invitados a su elaboración sino por ser afectados por lo hasta ahora proyectado en el mismo: desplazamientos de miles de familias de sus barrios de habitación para darle paso a cientos de torres de apartamentos con alturas indeterminadas, por cuenta de los Planes Parciales y obras viales que implican obras como el Metro, Transmilenio por la Carrera Séptima y la Avenida 68, Regiotram y otras obras viales y planes urbanísticos que integran lo planificado por la Administración Peñalosa con la anuencia de la alcaldesa Claudia López.
Con una ciudadanía ajena a lo que están planeando a su espalda, quienes sí están al tanto de todo son los gremios de la construcción (Camacol) y el capital financiero que gestionan, monitorean, presionan y adquieren terrenos conscientes de su valorización y le siguen el pulso a cada una de las decisiones de la Administración. Contrario a lo esperado la actual alcaldía no se opone a los intereses del capital.
¿Qué es lo esencial del POT de Claudia López?
Con sorpresa vemos que la actual administración distrital, dispone la ciudad, a través del nuevo POT, como un gran negocio donde pocos ganan y muchos pierden. Esa es la síntesis de un POT que prioriza el mercado inmobiliario, y en la cual las obras proyectadas, como el Metro, las ciclorutas, ampliación de la Séptima, proyecto Alameda, y muchas otras que son focales, más los llamados Planes Maestros o actuaciones estratégicas, todas otorgan prioridad a la Cámara Colombiana de la Construcción –Camacol–, incluso este gremio pide con nombre y ubicación precisa territorios y el Estado procede a la adecuación y la legislación requerida –el Estado al servicio de los agentes privados, de los particulares, y en contra de las comunidades.
¿Qué pasa cuando priorizan el mercado inmobiliario? Aparentemente generan empleo, en este caso en la construcción, pero se afecta y debilita a otros sectores: 1. A los pobladores que en muchas ocasiones tendrán que padecer el desplazamiento interno que ya registra la capital, 2. A las pequeñas y medianas industrias, ya que la renovación urbanística incrementa el valor del metro cuadrado en ciertos sectores, y también los presiona hacia otras coordenadas.
Un desplazamiento potenciado por el precio del suelo y por las altas tasas impositivas que reinan en la ciudad. Muchas de estas pequeñas y medianas empresas, talleres y similares, optan por buscar lugar en los municipios colindantes. Un traslado que no es decidido por propia voluntad y que conlleva obligaciones económicas para quienes lo padecen ya que tienen que endeudarse y asumir sobrecostos de todo orden para no abandonar sus fuentes de trabajo.
Apropiados de esos territorios los especuladores urbanos construirán torres de 20 y más pisos, para apartamentos de 40 y menos metros cuadrados, como ya es norma, pero con precios superiores a los 150 millones de pesos, cuya adquisición obliga a quienes allí se trasladan a endeudarse por 20 y más años. Entonces, acá se favorecen, o siguen enriqueciéndose, tanto constructores como banqueros.
La construcción de estas grandes torres de apartamentos, edificados en muchas ocasiones en áreas de la ciudad no preparadas para ello, sin la necesaria infrestructura adecuada para garantizar el servicio de acueducto, pero también, entre otros con una sobrecarga de aguas residuales, así como demandas de energía, de espacio público, como de más vías, traducido todo ello en mayores cargas presupuestales para la ciudad, asumidas con los impuestos de todos y todas, y para beneficio de quienes especulan con el suelo.
De esta manera, buena parte de los planes que realizó Peñalosa, más otros que heredó y avaló Claudia López implican, por ejemplo en el caso de las áreas de vivienda, la construcción de espacios públicos, áreas comunes y demás que en la mayoría de los casos no pasan de la adecuación de pequeños áreas verdes que no integran un verdadero sentido de lo público, del embellecimiento de lo que es de todos, de procurar sombra adecuada, de verdaderos espacios de recreo, sino que son pequeñas áreas para valorizar aún más los apartamentos recién construidos. Con una ironía: esos pequeños espacios son presentados como “reverdecimientos”, cuando de tales no tienen ni la r.
¿Cuál es el gran tema ausente en el POT 2022-2035?
La segregación socioespacial es el gran problema no resuelto. La desigualdad que reina en la ciudad se manifiesta en los territorios que habitan ricos y pobres, obedeciedo a una segregación: los ricos habitan en unas coordenadas de la urbe y los pobres y clases medias en otras, pero nunca conviven, pues así lo impide no solo la cultura dominante y factores como clase, ideología e incluso la procedencia étnica, sino los precios de la tierra y la ausencia de políticas públicas que garanticen el derecho a la ciudad, imposibilitando que alguien que vive al día o con medianos ingresos llegue a habitar en barrios con equipamientos adecuados, zonas verdes amplias, y un ambiente amable producto de las adecuaciones urbanísticas que favorecen calidad de vida.
Es un hecho paradójico, pues vivir en los sectores populares termina siendo muy costoso, no solo por el costo de la vivienda sino por lo que implica en tiempo a sus pobladores para sus traslados diarios hacia el trabajo o sitio de rebusque, a centros médicos y recreativos; pero también por los niveles de inseguridad, y la misma ausencia de oportunidades –por no contar con capital para darle vida a lo que ahora llaman emprendimientos– todo lo cual les impide salir del empobrecimiento al que los han llevado pues entre pobres pocas, por no decir ninguna, iniciativa que impliquen inversiones económicas significativas pueden concretarse.
Esta es una realidad sobre la cual no actúa de manera positiva el POT, que por vía contraria ahonda la segregación socioespacial al presionar el desplazamiento interurbano y hacia los municipios cercanos, en este caso de más familias hacia el borde sur y occidental, y al invertir los mayores recursos sobre la ampliación de la Carrera Séptima, el Metro, la Avenida 68, las ciclovías –que en realidad sola una se acerca al sur y llega hasta el Tunal, las demás terminan en la 26.
Superar esta segregación, construyendo una ciudad con espacios donde convivan ricos y pobres implicaría aprobar y realizar proyectos de vivienda de interés social en zonas “exclusivas”, medida que permitiría mejorar la calidad de vida de grandes sectores al no estar sometidos a horas de transporte cuando se dirigen, por ejemplo, a su sitio de trabajo, pero también al contar con áreas públicas mejor dotadas, entre otros factores.
Pero tampoco actúa el POT de manera adecuada cuando entre las obras proyectadas se aplazan o ignoran aquellas que descongestionarían sectores del sur, como la Avenida Guacamayas, la ampliación de la Décima hasta Usme, descargando en el misma, de manera contradictoria, más presiones urbanísticas: amplía la zona del botadero Doña Juana, trasladan la cárcel Modelo a la localidad Rafael Uribe Uribe, y multiplican los planes de vivienda en la Localidad de Usme, sin frenar la expansión barrial en los Cerros surorientales, localidades de San Cristóbal sur y Usme.
El otro gran problema sin resolver es cómo afrontar la crisis climática en una ciudad declarada en emergencia por sus altos niveles de emisión de gases efecto invernadero, islas de calor, altos niveles de ruido, contaminación de fuentes de agua –ríos. quebradas, arroyos–.
Todas estas son problemáticas que en la proyección del POT quedan limitadas, algunas de ellas reducidas a la ampliación de áreas verdes y la apuesta por tecnologías más limpias, aunque en la práctica ni se amplían ni construyen tales áreas dada la redensificación proyectada; y la contaminación, de manera asombrosa y con enfoque de mercado, proyectan contenerla vía decretos que reduzcan la circulación de automotores. Seguro, como ya lo han intentado, quien pague podrá saltarse la norma.
En buena medida el POT apela a enunciados muy pretenciosos y amables, que no se reflejan en el trasfondo del articulado en el que la forma le gana al contenido. Por ejemplo, cambian la categoría del Parque Simón Bolívar pasándolo de parque a reserva y así fortalecer la Estructura Ecológica Principal (EEP) de la ciudad, un cambio que no es más que normativo, un simple juego de palabras con el propósito de mostrar la supuesta ampliación de la EEP, lo que ciertamente no sucede ya que la ciudad no gana más metros cuadrados de reserva.
Sucede igual con los Bosques Urbanos de Santa Helena y de San Carlos, que son conceptos mas no categorías de protección, ya que en ellos se mantiene lo proyectado para reserva vial permitiendo el trazo de vías a su interior, proyección contraria a lo deseado, proyectado y defendido durante años por quienes residen en sus entornos. Sucede igual, con los humedales, elevados en su categoría de Parque a Reserva, pese a lo cual a muchos de ellos les superponen la malla vial, incluida la segunda línea del Metro. Estos ejemplos permiten afirmar que no es la EEP la ordenadora del territorio, como sí lo es la malla vial y de movilidad, así como el desarrollo urbanístico.
¿Dónde quedan los pobladores y la ciudadanía?
En estas condiciones, y aunque la norma determina la participación ciudadana al momento de elaborar el POT, resalta en su trámite, primero una escasa participación y debate público, y la poca que ha tenido lugar no es incidente, es decir, no pasa de su formalidad. Una realidad que la comunidad ha denunciado una y otra vez, sin encontrar eco en la administración central.
Algo que no debería persistir, toda vez que la participación de las gentes es fundamental a la hora de perfilar y estructurar el nuevo POT, cuerpo normativo con el cual se define la vida de millones de personas. Ausencia y desconocimiento que permite, es necesario resaltar, que todas las obras de renovación urbana, por ejemplo, no son más que medidas para expulsar a los pobladores de su hábitat y darle paso en esos territorios a proyectos de construcción en altura, así como a grandes vías, pasando por encima de los lazos sociales construidos a lo largo de décadas por parte de las comunidades que habitan sus barrios.
Hay que tener en cuenta que el precio que posee el suelo en los barrios que están en intervención, o que lo estarán en un futuro próximo, no solo alcanza una tasa X o Y por el solo suelo sino fruto de los valores agregados en el curso de décadas por quienes allí habitan, con la desgracia que al momento de tener que vender no recibirán el valor real que tienen sus predios.
De esta manera, el impacto que tendrá el POT no será ni poca ni pasajera. El mismo proyecta cambios estructurales que impactan no solo a nuestra generación sino a las siguientes, con decisiones como el aumento de 13 Unidades de Planeamiento Local, así como la implementación de 32 acciones estratégicas que son básicamente proyectos de densificación por levantar sobre aproximadamente 7.000 hectáreas. ¿Cómo se proyecta y disponen estructuras y recursos de todo tipo de la ciudad sin consultar con sus moradores? Este interrogante inquiere en la pertinencia de entregar un documento al Concejo para su trámite y aprobación sin haberlo concertado con quienes padecerán sus consecuencias de todo orden.
Algunas de las problemáticas
Entre las acciones estratégicas por concretar sus impactos son notables. Por ejemplo, en el suroriente encontramos, vía Usme: el Batallón de Artillería, la cantera Fundación San Antonio –propiedad de la Arquidiócesis de Bogotá y Cemex–, contra la cual lucharon las comunidades del sector por años, una disputa que finalmente se ganó pues salen de allí, dejando un parque para el sector. Pero ahora, contrario a lo acordado, la alcaldesa aprueba que allí se queda el Batallón y será construida una gran urbanización, una serie de edificios de apartamentos para seguir hacinando a los pobladores en “cajas de fósforos”. La urbanización se llamará, ríase: “Reverdecer del sur”.
Claro, existirán zonas verdes y de esparcimiento ya que no pueden construir sobre la ronda del río Tunjuelito que por allí pasa, pero si pudieran lo harían. Lo proyectado, aún sin confirmación plena, es atraer 120 mil familias o más para este sector, al frente de los barrios Danubio Azul y La Fiscala.
Proyecciones de crecimiento de la ciudad que no responden a lo que nos está indicando, por un lado el cambio climático y su presión sobre bienes comunes, por ejemplo como agua y aire limpio, pero también la pandemia por covid-19, que indican a todas luces que las ciudades deben replantearse en todo su ser, tendiendo a reducir tamaño, cantidad de pobladores, uso de vehículos, tecnología en uso en sus diversas empresas, economía, etcétera, todo ello tras urbes sostenibles, menos perjudiciales para la salud y mejores para facilitar calidad de vida.
Estas y otras realidades, hacen incomprensible que una alcaldía en manos de un Partido Verde pase por alto la crítica condición planetaria y privilegie el negocio inmobiliario para redensificar en función de atraer un mercado financiero, hotelero y de negocios, y por otro deje de atender problemas gruesos que afectan la vida diaria de quienes la habitan, entre ellos el alto déficit de vivienda –de interés social y prioritaria– que supera las 700 mil y que con las proyectadas dejará a 580.000 hogares sin solución, cuya consecuencia será más desplazamiento interno, mayor empobrecimiento y mayor profundización de la segregación socioespacial.
Prioridades y privilegios por el capital inmobiliario y financiero soportado, incluso, en el desconocimiento de los mapas de riesgo que el mismo Distrito construyó años atrás. En mapas de hace 14 años son identificables distintos territorios de la ciudad como de riesgo, es decir, no aptos para construir sobre ellos; pero al revisar mapas de hace 7 años o algo menos, ¡vaya sorpresa!, la calidad de tales territorios ya es otra, y sobre ellos proyectan la construcción de vivienda en altura.
Puede ser pura suspicacia, pero todo parece indicar que, como es característico entre políticos, negociantes y especuladores financieros y de tierras, la ciudad está pensada incluso con décadas de antelación y los funcionarios que son elegidos para “dirigirla” son simples fichas que materializan lo definido por quienes están tras el trono. El capital prevalece sobre la política y los actores “independientes” y quien no se acomode a esta prevalencia simplemente es bloqueado, demonizado, criminalizado, tachado.
En otra perla del POT y sobre otro territorio, en este caso al extremo del antes revisado, encontramos el proyecto Lagos de Torca, autopista norte hacia el lado oriental, construido sobre un territorio que estaba catalogado como rural y debería garantizar la conectividad ecológica con los suelos de protección y ampliarlos para consolidar la Reserva Forestal Regional Van Der Hammen; propósito para cuya concreción era indispensable que el club Compensar saliera de allí y dispensar así esa área para consolidar el corredor ambiental. Contrario a ello la actual administración pasa por alto la prevalencia de lo ecosistémico y propicia la conurbación hacia el Norte en línea contraria a lo esbozado y por sobre los mismos Lagos de Toca.
Por desgracia las intervenciones en contra de sus pobladores que implicarán el nuevo POT no terminan ahí. En la Localidad Barrios Unidos hay una intervención que no puede pasar desapercibida: el parque La Alameda, a la altura de la sede de la Escuela Militar y de la cárcel El Buen Pastor, cuya construcción implica el desplazamiento de cientos de familias que habitan en esos barrios. Pero también intervienen el barrio Polo Club, para edificar un conjunto de torres de apartamentos de más de 25 pisos, un proyecto en contra de la opinión de quienes pueblan el sector. Serán afectados, al mismo tiempo, quienes viven a la altura de la Calle 100 y el barrio Santa Margarita.
Como parte de ese juego de intereses y especulación urbanística para construir vivienda en altura, liberan el gran globo de tierra que ocupa la Escuela Militar, que será trasladada, al mismo tiempo que la cárcel El Buen Pastor que pasa a los edificios que hoy ocupa la cárcel Modelo, la que a su vez es reubicada en los terrenos que ocupa la penitenciaria La Picota –al frente de la Escuela de Artillería.
De esta manera, los predios de esta penitenciaría serán convertidos en un gran complejo carcelario, ampliándolo sobre su vecino colegio San Agustín. Es así como esa parte de lo que es la Localidad 18 o Rafael Uribe Uribe quedará convertida en una ciudad carcelaria, algo que sus pobladores rechazan. Pero eso es el POT: la ciudad proyectada a varios años a espaldas de sus pobladores, una ciudadanía asumida como simples pagadores de impuestos y que padecen las consecuencias de lo que proyectan y deciden los gremios financieros y de constructores, en conjunto con sus aparatos políticos.
De esta manera, ¿qué tiene Claudia López para mostrar? Poco, tal vez decir que la Reserva Van Der Hammen se respeta pero, como la misma es más grande que lo delimitado en la norma, autorizan la intervención urbanística supuestamente sin violentar ese territorio tan necesario para toda la urbe y tan querido por los ambientalistas.
Una demencial proyección de la urbe de la cual estará orgulloso Enrique Peñalosa, que no ve sino continuidades y pocas rupturas con su sueño de ciudad de cemento.
¿Saber comunicar o mentir?
En estas circunstancia, lo que hasta ahora vemos por parte de Claudia López, hábil comunicadora, no es más que una estrategia mediática: presenta el POT como parte de los avances y del progreso de la ciudad, que incluye la defensa del medio ambiente y el reconocimiento de sectores excluidos y marginados históricamente, como la mujer y población Lgtbi, un ardid de palabras con acciones no estructurales para su beneficio, como del conjunto bogotano, de manera que la apariencia se impone sobre el fondo.
Sus declaraciones y manejo amañado de las cifras tratan de mostrar apuestas y logros con referencia al medio ambiente, las condiciones y apoyo a la mujer con la construcción del Sistema Distrital de Cuidado, la reactivación económica sin estrategias sólidas que generen empleo sostenible, de calidad y bien remunerado, y brinden resultados efectivos para toda la ciudad.
Todo lo pretendido demanda un amplio y prolongado debate, para garantizar su efectiva socialización, pero además de su escasa difusión y poco debate, el POT se encuentra con una pared difícil de superar en pocas semanas: sus más de 6 mil páginas, que incluyen cartografía y diagnósticos, lo cual hace casi imposible de leer y mucho menos estudiar de manera apresurada y sin acompañamiento, sin talleres donde se escuchen todo tipo de inquietudes y se aclaren con toda pedagogía. Al no existir esto lo que mucha gente hace es buscar si donde habita será impactado y de serlo enfocarse en una lucha particular por la defensa, dejando de lado el resto de problemáticas de la urbe. Al ser así, despegan focos de oposición y protesta por allí o por acá, pero sin articulación ni mirada de conjunto.
Tenemos, de esta manera, un proyecto para los próximos 13 años de Bogotá, en medio de un contexto global altamente complejo, que por lo previsto y la manera como será aprobado invita a los movimientos sociales alternos a liderar la construcción de un proyecto de ciudad alterno, alrededor del cual se relacionen, articulen y complementen infinidad de expresiones sociales que despuntan por todo su territorio. Un proyecto de ciudad con profunda fibra humanista y sentido del territorio que ocupa la urbe, y a la altura de los retos que desprende la hecatombe ambiental a que asistimos.
Un reto inmenso, sin tomar cuerpo el cual será imposible superar un activismo carente de solidez organizativa, limitado para potenciar y multiplicar las capacidades de líderes y lideresas que se enfrentan de manera aislada a los variados intereses que determinan el rumbo institucional de su urbe. Un activismo dotado, además, de mirada de largo plazo, sin perder el rumbo por los afanes de las coyunturas electorales, con vocación educativa, de manera que logre la necesaria socialización de su ideal de ciudad, articulada a un proyecto de nuevo país.
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