Lo sucedido el 26 de agosto, con sus antecedentes, no se puede dejar pasar sin sacar de ello múltiples lecciones. No es para menos: la iniciativa de las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, con el aval del Partido Verde, que por momentos reflejó claroscuros de estrategia para ampliar opinión pública y así posicionarse para las elecciones parlamentarias de marzo último, ganó el tinte de una confrontación entre política de nuevo tipo y vieja política, entre los de arriba y los de abajo, entre derecha e izquierda, así no todos los de la coordenada del statu quo hayan actuado de manera abierta y activa para hundir la consulta motivo de este escrito, y los que aspiran al cambio, parcial o total, no hayan logrado zafarse del espíritu poco transformador y sin ruptura que marcaba todas y cada una de las siete preguntas que integraron el tarjetón.
Entre lo viejo y lo nuevo
En un país donde la corrupción es norma de normas, la convocatoria a una consulta para reprobar la apropiación –el robo– de los dineros y de los recursos que supuestamente son de todos debiera contar con el ambiente necesario y el espontáneo favor ciudadano. Y así fue en una primera instancia. Con la exigencia de reunir por lo menos 1.762.080 firmas, la cosecha de éstas arrojó en pocos meses 4.236.000, suficientes para recalcar que la iniciativa tenía amplio apoyo social.
Tras los días tomados para su revisión, la Registraduría del Estado Civil avaló en septiembre de 2017 un total de 3.092.138 rúbricas, es decir, más del doble de las requeridas. ¡Todo un éxito! El mismo que arrinconó al Congreso de la República, llevándolo el pasado 5 de junio, con 84 votos a favor y 0 en contra, a la aprobación de la Consulta, reafirmando así que oponerse abiertamente a una iniciativa tan cotizada no daba cuenta de aquello que es conocido como realismo político. Así, muchos de los que son señalados por la ciudadanía como sustancia de la corrupción actuaron y opinaron como su antítesis. Ahora no quedaba faltando sino el “día de la quema”.
Para ello, se fue apilando la leña. Poco a poco, voceros del Centro Democrático, como su principal figura, dejaron deslizar de manera disfrazada su oposición a la consulta (1). Caras públicas de otras expresiones políticas, como Vivian Morales, no ocultaban su negativa a la iniciativa en curso (2). Como si fuera poco, el Presidente mismo, que como congresista siempre se mostró de acuerdo con esta iniciativa, al radicar el 8 de agosto varios proyectos de ley que supuestamente pretenden lo mismo que la consulta, dejaba en claro la disposición del establecimiento por enfriarla –mostrarla como innecesaria, pues ya están los proyectos de ley cursando en el Legislativo–, actuando ante el país como el paladín de la anticorrupción. Llegado el caso, si fuera necesario, también podía enredar la discusión sobre las reformas por aprobar en esta materia.
Se trató de una estrategia de engaño y distracción que no paró ahí. Entre los troncos y ramas reunidos con ocasión de la cita ciudadana para el 26 pasado, sobresalían los chamizos de la desinformación. Poco a poco, con mayor intensidad durante las semanas previas a esta votación, comenzaron a circular correos en los cuales aseguraban que la reducción de salarios para congresistas y otros funcionarios de primerísimo rango también afectaría a empleados medios de la Fiscalía, o que la pretensión real de esta citación era reunir una cantidad de votos para convocar a una Constituyente, y así darle paso a un gobierno de izquierda. Inculcar miedo para desmovilizar. La insistencia en que la consulta era innecesaria, pues ya existen las normas pretendidas, y en que los 300 mil millones que costaba era la mayor muestra de corrupción, llegaba a los teléfonos una y otra vez.
Tal contrainformación daba paso a algunas aclaraciones. A la manipulación de la pregunta número 1 de la consulta (reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Nacional, que son 395 funcionarios del primer orden), la exsenadora Claudia López, buscando neutralizar la campaña en contra de la consulta que podía vivirse entre los miembros de las Fuerzas Armadas, les hizo un guiño a los uniformados al proponer que el sueldo de los generales debía pasar de 15 a $ 20 millones. Los argumentos no vienen al caso pero la maniobra sí, pues ejemplifica el realismo político con que avanzaba el suceso que marca para la memoria el 26 de agosto de 2018.
Es aquél el mismo realismo político que en ocasiones se puede confundir con manipulación, igual al que –una vez conocido que el voto favorable por las siete preguntas del tarjetón había reunido 11,6 millones de sufragios– motivó que las dos personas más reconocidas por la promoción de este suceso salieran en medios de información asegurando que se había ganado, pese al resultado obtenido.
Ese es el mal llamado realismo político con el cual se trata de explotar lo mejor de cada suceso y de mermar el espacio de los contrincantes, y en esta ocasión no podía ser la excepción. En sus declaraciones, enfatizando una y otra vez en el triunfo, las voceras dejan a un lado: 1) que no se había alcanzado el umbral de los 12.140.342 votos, necesario para obligar al Congreso a legislar sobre lo consultado a la sociedad colombiana, 2) la prolongación del abstencionismo hasta un 70 por ciento, como reflejo de la triada indiferencia-incredulidad-despolitización reinante entre millones de connacionales, producto cosechado del mal endémico de la democracia formal de Colombia, pero también como clara expresión de la acción efectiva de una parte significativa del establecimiento al oponerse a esta citación electoral.
Es así como tenemos un triunfo con diversos propietarios. A las 8 de la noche del mismo 26 de agosto, el presidente Duque afirmó, en alocución al país con motivo de este suceso: “Más de 11 millones de ciudadanos votamos la Consulta Anticorrupción. […] Desafortunadamente el número de votos no alcanzó el umbral de participación que la ley estipula”. Esta última afirmación contrasta con la de las promotoras, además de recordar que no hay mandato ciudadano legal que obligue al Congreso, así lo haya en otros planos. Para recordar, pasados unos segundos: “Apoyé la Consulta durante la campaña y ya como primer mandatario invité a todos los colombianos a participar”. Es decir, este resultado también se debe a “nuestra acción”. De ahí que, momentos después, recalque: “La lucha contra la corrupción no tiene tinte ni color político. La lucha contra la corrupción no tiene partido ni ideologías”.
Seguidamente, el Primer Mandatario le hace un amarre a su mensaje, que de seguro atizará diferencias a la hora de intentar acuerdos entre los diversos partidos que reclaman la nueva legislación en cuestión: “He invitado a todos los colombianos a que hagamos un pacto por Colombia. Este acuerdo nacional no puede dejar de incluir un pacto contra la corrupción” (3).
Es así como estamos ante un hecho sui géneris: oposición y gobierno están de acuerdo sobre una misma problemática, y cada uno trata de sacarle el mejor partido. El no matizar el tema por parte de sus impulsoras, así como por parte otras expresiones de centro e izquierda, le permitió al Gobierno abanderarse de tal causa, neutralizando con ello parte de los mejores efectos que la misma pudiera desfogar en el mediano y el largo plazo.
Por demás, esta extraña coincidencia política entre fuerzas que se suponen contrarias, con una problemática que no afecta ni confronta de manera estructural al establecimiento, deja traslucir que el tema de la corrupción está lejos de ser, como dijera la exsenadora López, “[…] el reto más importante para nuestro país” (3), como lo corroboran las cifras de miseria, empobrecimiento, exclusión, desempleo, informalidad laboral, subempleo, rebusque por cuenta propia, e ingresos, hambre, desnutrición, falta de techo, inquilinatos, acceso a servicios públicos, capacidad para cancelar la factura mensual, etcétera. Sin duda, y con estos faltantes ante la vista, el reto más importante que tenemos como sociedad es lograr el imperio de la justicia, la igualdad y la felicidad, para lo cual es necesario que un buen gobierno tome asiento, por fin, entre nosotros.
Entonces, si la corrupción es una bandera que cualquiera puede blandir, es claro que la campaña por la consulta quedó en deuda con la necesidad de enfatizar que el motor de la misma no está en las personas sino que descansa en factores estructurales, entre ellos el neoliberalismo, el mismo que propagó y ahondó durante los últimos 35 años una problemática que ya estaba incubada, al legitimar cultural y socialmente en los círculos del poder unos valores ajenos al bien común, potenciando con ello la apropiación con fines privados de todo aquello que se considera del conjunto social. Por tanto, es contra tal realidad como debe dirigir su lucha la sociedad toda: los millones que respondieron al llamado el 26 de agosto, más los que en su escepticismo no dieron su brazo a torcer, más aquellos que, viviendo al margen, escuchan y asumen los intereses contrarios a su condición real.
¿Podrá existir mayor corrupción, concretada en la alianza entre políticos y capital privado, que la que facilitó la privatización de la mayoría de recursos públicos del país? ¿Ganó, efectivamente el país, como dicen algunos, feriando los ahorros de varias generaciones? ¿Se tornó más eficiente la prestación de los servicios públicos? ¿Fueron reducidas las tarifas por la prestación de los mismos, como prometieron unos y otros a la hora de la feria?
Otros muchos aspectos y argumentos de/sobre otra visión de Estado y de política pública, que pudieran hacer de la lucha contra la corrupción una bandera que queme las manos de quienes la enarbolen con fines oportunistas, sobresalieron por su nula explicación ante el concitado electorado. Entre ellos:
No es posible controlar de manera efectiva y prolongada, ni erradicar la corrupción, orientando la perspectiva de país dentro de lo conocido como desarrollo.
Un nuevo sentido relacional entre naturaleza y humanos, así como entre éstos, debe tomar forma. Un modelo integral de vida pudiera ser una opción por liderar, con la implementación urgente de un plan humano para los de abajo que despierte y/o recupere confianza e interés entre éstos por lo público, para que actúen como barrera para contener la usurpación de aquello que es del conjunto social.
Promoción de un nuevo sentido de la política, en que su actor no se sirve sino que sirve, no sube sino que baja, no decide por sí solo sino que consulta con las gentes; por tanto, en que su programa no es una invención de argumentos con afán electoral sino la síntesis de aquello a lo que aspira y debe ser un requerimiento de la sociedad que representa.
Es necesario pasar de la democracia formal –electoral– a la directa, radical y refrendataria, garantizando que decisiones como la venta de lo colectivo transitará por la consulta del constituyente primario.
Se debe avanzar hacia la superación de la política como profesión –o el asunto de unos pocos–, haciendo de ella una realidad cotidiana para todos los integrantes de una sociedad dada.
El salario de quien ocupa un cargo público no debiera ser superior al de un obrero promedio.
Es imperioso asegurar una vida digna para el conjunto social, con aumento al doble del salario mínimo.
Se debe abolir la cárcel por su fracaso como castigo supuestamente resocializador, y a cambio implementar nuevos tratamientos punitivos a través del control social colectivo.
Hay que erradicar los paraísos fiscales –en tanto agenda global, asumir tal tema como bandera de la geopolítica criolla.
No se deben despertar falsas expectativas con respecto a las sanciones en contra de multinacionales por corrupción, pues hoy su derecho prima sobre el nacional. Impulsar la reconfiguración de esta realidad, que pasa por replantear los Tratados de Libre Comercio firmados por el país, y superar el coloniaje de nuevo tipo y distintas formas, reinante en el mundo de hoy, son retos por afrontar dentro de una agenda integral en la lucha contra la corrupción.
De esta manera, hay que ser enfáticos: el reto que abre la realidad de la corrupción es mucho más que de normas y códigos, ya que trasciende hasta la visión de sociedad necesaria, y sobre tal dilema nada enunciaron quienes impulsaron la jornada del último domingo de agosto, permitiendo así que tal bandera fuera izada por limpios y enlodados. Hoy, el panorama dejado por la consulta, contrario a lo aparente, es viscoso. El triunfo numérico no se dio y el triunfo moral se puede convertir en derrota.
1. ¿Por qué el CD cambió su postura sobre la consulta anticorrupción?
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/centro-democratico-y-sus-cambios-de-postura-sobre-la-consulta-anticorrupcion-258528.
2. “Consulta anticorrupción es mentirosa y superficial”: Viviane Morales. http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/entrevista-con-la-precandidata-presidencial-viviane-morales.
3. https://id.presidencia.gov.co/.
Leave a Reply