El ex directivo del Institutåo de Extensión de la Universidad Distrital –IDEXUD- Wilman Muñoz, en versión libre ante la procuraduría reconoce que desvió más de 10 mil millones de pesos a través de una tarjeta de crédito, para beneficio propio y de otros, en las que señala que existe una red de corrupción al interior de la Universidad, en cabeza de Ricardo García, dineros con los que se pagaron fiestas, reuniones y hasta cuentas en casas de prostitución a las que asistieron, además del rector y ex director del IDEXUD, el secretario General de la Universidad, Camilo Bustos.
Todo lo anterior, señala Muñoz, con el fin de favorecer la designación del rector por parte del Consejo Superior Universitario -CSU- coadyuvado por el representante de los egresados, Carlos Fajardo, ante el Consejo Superior y sus oficios para ganar el voto de los otros consejeros y lograr la elección del rector, garantizando coimas para asegurar un contrato jugoso con la alcaldía de Bucaramanga, con el aval del ex rector Carlos Javier Mosquera y que Ricardo García debería garantizar la continuidad, manejado contratos de Julián Clavijos y Alejandra Lemus, quienes deberían garantizar que esos dineros llegaran a Carlos Fajardo, quien comisiona a Muñoz para conseguir el voto del Ministerio de Educación a través de Olga Lucia Velásquez, representante a la Cámara de Representantes por Bogotá, quien lleva 40 hojas de vida para promover su clientelismo político; clientelismo del que también se acusa a varios políticos del Distrito al favorecerse con contratos para cumplir con sus cuotas clientelares.
No es de ahora
Desde la década de los años 70 se inicia la conformación de grupos de poder en la Universidad Distrital, rápidamente se encuentran involucrados en temas de corrupción, durante los 80 e inicios de los 90 éstos pasan a conformar mafias que hacen de la corrupción una virtud “académica” y empresarial. Desde entonces, ha sido una constante las múltiples denuncias de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y trabajadores), los tres estamentos que conforman el constituyente primario de la Universidad, pero sus esfuerzos parecen vanos al ver que no pasa nada y, después de tantos años pareciese que se ha caído en una desesperanza aprendida que no es posible erradicarla y, cuando los estudiantes salen a protestar ante la opinión pública para denunciarla, para combatirla, como el día de ayer y hoy, la respuesta de la administración y del alcalde Peñalosa es la represión y la violencia a través de ESMAD con un estudiante detenido arbitrariamente.
Las mafias que se mueven en la Universidad Distrital, han llegado al descaro y han pasado a la sin-vergüenza, sin distinciones ideológicas y políticas, donde comparten los objetivos que las unifica, el dinero que obtienen a través de la corrupción de distintas maneras: clientelismo político de ciertos personajes de partidos políticos, convenios con alcaldías municipales y locales, contratos para infraestructura, como el escándalo en la construcción de la sede en Bosa; compra de inmuebles, como el caso sonado de las sillas….. en fin, hay muchas variables para que los grupos mafiosos saqueen la universidad para sus beneficios personales.
La corrupción en la Universidad Distrital ha sido tema de distintos medios de comunicación desde hace años, los más recientes los emitidos por noticias UNO, los escritos titulados en el año 2016 ¿Quién manda en la Universidad Distrital? Del 25 de junio de 2016, por Carlos Hernández Osorio y publicado por el Espectador. Ese mismo año, el 28 de junio el titulado “Bogotá: la lucha política por el botín de la universidad Distrital”. Al parecer a algunos directivos docentes, involucrados en casos de corrupción y que son parte o son captados por las mafias académicas, les parece atractivo el presupuesto de la Universidad que supera los 285 mil millones de pesos anuales y que saben dar buen uso a nombre de la autonomía universitaria y por eso hacen resistencia a cualquier intento de reforma que democratice nuestra Alma Mater.
En estos artículos encontramos algunos apartes que vale la pena citar:
“La Universidad Distrital de Colombia ha sido reconocida por su excelencia académica en Colombia. Sin embargo, es una de las más corruptas del país, según el último índice de transparencia que ubicó a «la Distrital» en el puesto 30 de 32. Dado que están en época de elegir rector, varias fuerzas pelean en su interior para conseguir el jugoso botín que tendrían en sus manos al llegar al máximo cargo de la universidad” Panam post Noticias y análisis de las Américas Julián Villabona Gabar, junio 28 de 2016
Da lástima, indignación e impotencia; los diferentes escándalos en los que se ha visto nuestra Universidad, como “presuntas irregularidades en la elección del constructor de la sede en Bosa” con un costo inicial de 69 mil millones y una adición de 19 mil millones para su culminación. Situación que puso freno a la construcción de la sede B de la Macarena del contrato firmado en el 2010. El Espectador.
Los medios de comunicación han señalado que las distintas rectorías se han visto envueltas en temas de corrupción, desde Antonio Caicedo, Lombardo Rodríguez, Samuel Arrieta, Marco Antonio Pinzón (actual representante de los ex-rectores en el CSU), Fabio Lozano, Roberto Vergara, Inocencio Bahamon, Carlos Javier Mosquera y Ricardo García. La corrupción es histórica y se ha convertido en un problema estructural difícil de erradicar, porque al parecer quienes gobiernan la universidad, desde el Consejo Superior Universitario –CSU- hasta cargos directivos menores están involucrados y de nada sirven los cambios, porque estas mafias tienen un acumulado en sus bases para ser remplazados en los cargos de dirección y representación.
Muchos de estos personajes se han lanzado al trampolín de la política electoral, para ampliar su poder, algunos fracasados, otros con éxito, logrando llegar al Concejo de Bogotá y al Congreso de la República con partidos y organizaciones políticas cuestionadas por su vínculo con el narco-paramilitarismo; beneficiándose con cuotas burocráticas que tienen al interior de la universidad, a través de la contratación, como pagos clientelistas en cada campaña electoral o beneficiando a otros politiqueros en acuerdos que suscriben al interior de estas corporaciones.
“Renuncié porque desde el Consejo Superior me presionaban para hacer nombramientos”, asegura otro ex rector (e), que pidió no ser citado. Él, que conoce otras universidades, explica que mientras en la Nacional los grupos de interés tienden a girar en torno a lo académico, en la UD “buscan beneficios particulares”. El Espectador, 2016.
La corrupción llega a niveles que pasamos por desapercibidos, como pasar de la docencia a un cargo docente administrativo antes de pensionarse; anualmente los pensionados reciben más de 2.542 millones de pesos y lo peor, algunos, reciben mesada también por Col pensiones, (doble pensión). La publicación de artículos intrascendentales para la academia y la investigación para puntuar y subir el salario, donde los autores se citan recíprocamente para beneficio propio o se citan varias veces a sí mismos, a lo que han llamado el cartel de los puntos.
No importa la ideología de un alcalde, no les interesa el tema, hay un denominador común que los une; el dinero a través de la corrupción. Las mafias se acomodan al color que les convenga, como el Camaleón, como sucedió con esta administración con la llegada de Duque a la presidencia y Peñalosa a la alcaldía y que hace posible, desde el Consejo Superior Universitario, la llegada de Ricardo García Duarte a la rectoría.
Ahora el chivo expiatorio es el rector Ricardo García Duarte, no pretendemos hacer una defensa del profesor, pero es un caso similar al de la época de la violencia cuando sectores de la clase en el poder nacional, pretendía achacarle todos los males de la violencia en la década de los 80 a uno de los capos del narcotráfico: Pablo Escobar y así, esconder y ocultar otros responsables.
Aunque el rector Ricardo García Duarte ha señalado que él destapó la olla podrida, gracias a las denuncias hechas por él ante la Procuraduría General de la Nación, donde solicitó abrir un juicio disciplinario con audiencia pública contra el profesor, reconocido por la administración a la planta docente, Wilman Muñoz, ex director del IDEXUD por el desfalco de más de 10 mil millones de pesos, no lo excluye de responsabilidad, pero también es cierto que él ha negado tales acusaciones, a diferencia del ex director del IDEXUD que reconoce su desfalco, así las cosas serán las investigaciones judiciales las que darán la última palabra frente al Rector, con quien pretende el profesor Wilson Muñoz y su mafia desviar la atención de la comunidad universitaria.
El Consejo Superior Universitario, no ha puesto freno a esta situación, porque sus integrantes, también tienen sus propios intereses, los constantes encargos de rectoría, durante años, han alimentado estos niveles de corrupción y solo hasta el año 2010 se convoca a una consulta a la comunidad universitaria, para que el Consejo Superior decida y nombre al rector en propiedad (Inocencio Bahamon), quien también termina involucrado en temas de corrupción.
El Consejo Superior Universitario no puede estar exento de esta coyuntura de corrupción, máximo órgano de gobierno de la Universidad y no pude decirle a la comunidad universitaria: “todo se hizo a nuestras espaldas”, al estilo Samper.
No hay dudas, que el Consejo Superior Universitario conoce de estas irregularidades; señores de la administración de la Universidad son igualmente conocedores de la irregularidad en estas prácticas de corrupción y han guardado silencio, por tal razón también son responsables.
Es triste ver a muchos trabajadores de la Universidad Distrital, más de 1.600 –de un total aproximado de 2000–, que tienen vínculo laboral mediante contrato de prestación de servicios, instrumentalizados en coyunturas electorales, como medio necesario para conservar su empleo, es reflejo de la estructura del Estado y sus distintos gobiernos nacional y municipal, incluso laboran cada año del 15 de enero al 30 sin salario, para garantizar la continuidad laboral e incluso a finales de año, sometiéndolos a la explotación.
Y que decir de la gran mayoría de sus profesores, precarizados laboralmente mediante vínculos laborales por Resolución, llamados ocasionales o de hora cátedra, excluidos y discriminados académicamente, no se puede optar con las mismas condiciones a programas, salidas de campo, movilidad o por lo menos cursos en el ILUD, todo es por cuenta propia. Solo tienen deberes y se le violan sus derechos, los profesores de segunda o tercera, como se refieren algunos directivos de ellos, quienes han dedicado a la universidad gran parte de su vida, hasta con más de 20 años a su servicio, desconocidos por el Consejo Superior y las administraciones de turno, igualmente utilizados en las consultas para designación de rector, con la promesa que una vez haya concursos para la planta docente, serán beneficiados.
Concursos con “maniobras criticadas como las convocatorias para contratar profesores, El Espectador 2016. Con estos antecedentes y dada la coyuntura actual, los concursos actuales, carecen de transparencia, por tal razón consideramos deben ser suspendidos e invertir tales recursos en la formalización docente de la actual y existente real planta docente, contrariando el concepto de ampliación, porque desconoce a los más de 1.400 profesores de la Universidad y dar cumplimiento a lo acordado en la mesa nacional de dialogo y la mesa de dialogo local y acuerdos firmados entre la administración y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU UD.
No caer en el oportunismo en la actual coyuntura de los concursos, desde ASPU UD debemos combatir estas posturas dentro del profesorado, nos fraccionan, nos individualizan y nos dividen en la lucha. La formalización docente, no solo debe estar en las mesas de diálogo y comisiones; por cierto, la administración y el CSU nunca cumplen lo acordado (Resolución 010 del 23 de febrero de 2012 del CSU). Infortunadamente se requieren mecanismos de presión, es la constante histórica de este pueblo para ser escuchado y tenido en cuenta de sus justas reivindicaciones y aspiraciones, solo la unidad de un profesorado organizado en lucha, en lo local, regional y nacional hará posible esa realidad de la formalización.
Es triste ver que estos profesores, a la fecha de hoy no se les haya pagado el aumento salarial con retroactivo, como se hizo con los profesores, reconocidos a la planta docente en el mes de junio; argumenta la administración que no hay plata, peor aún que los acuerdos firmados en el 2.013, 2015, 2017 entre la administración y ASPU UD de vincular laboralmente a los profesores llamados TCO a 11.5 meses, no se haya cumplido, con el mismo argumento, no hay plata, pero si hay suficiente recursos, hasta de más de 10 mil millones de pesos para robar, para la corrupción, para pagar reuniones, fiestas y cuentas a algunos directivos en prostíbulos de Bogotá, como se informó en noticias UNO recientemente.
Señores, el salario de los trabajadores es sagrado, es un derecho constitucional y laboral que los directivos vienen violentando permanentemente.
Finalizando, rechazamos y condenamos los hechos de corrupción y malversación que se vienen investigando en la U.D.F.J.C, pedimos a las autoridades encargadas una sanción ejemplar para los responsables de tales irregularidades y la devolución de todos los recursos ilegalmente usurpados a nuestra Alma Mater, que son desviados de uso legítimo que es el de garantizar el derecho a la educación de nuestros jóvenes.
Colectivo Dignidad Docente
¡Organización y Lucha!
ASPU UD
Por: Ricardo Sánchez Fernández[i]
Bogotá, septiembre 24 de 2019
[i] Profesor llamado TCO desde 1997, integrante del Colectivo Dignidad Docente y actual fiscal de ASPU UD, docente adscrito al Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía –PAIEP- Facultad de Ciencias y Educación, Universidad Distrital desde el año 1997 y luchador incansable por las reivindicaciones populares y los derechos.
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