Las noticias no podían ser peores y llegan como cascada durante las primeras horas de la noche del jueves 5 de octubre. Las informaciones, provenientes desde la zona de Alto Mira y Frontera, veredas Tandil, Brisas, Puerto Rico y el Divorcio, municipio de Tumaco, empezaron denunciando el asesinato de 4 campesinos, los que luego sumaron 9; el viernes 5 los asesinados ya suman 15 y los heridos “más de 50”, al ser impactados por disparos de las armas del Ejército y de la Policía Nacional.
Las acciones militares que terminaron con un saldo de masacre tuvieron lugar en el marco del plan del gobierno nacional de erradicar los cultivos de coca que pululan por diversas partes de la geografía nacional. Decisión oficial que contradice lo acordado con las Farc al momento de la firma de los acuerdos que dieron paso a su desarme y desmovilización: concertar con las comunidades la sustitución de cultivos ilícitos, implementando planes alternativos para la economía agraria que le permita a miles de familias campesinas vivir de manera digna.
Según informa Asominuma, los hechos ocurrieron “En el marco de las manifestaciones pacíficas que se adelantan por parte de las comunidades campesinas […] desde el día jueves 28 de septiembre […] en diferentes veredas […] en cuanto a la concertación y voluntariedad que debe caracterizar los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito”.
Contrariando lo acordado, informa la Comisión nacional de derechos humanos de la coordinadora de cultivadores de coca, amapola y marihuana, que el día 29 de septiembre desembarcaron en esta zona “[…] tropas de la policía y el ejército en dos helicópteros, llegaron con orden de erradicar todos los cultivos de coca. La comunidad interlocuta con ellos y les dicen que la orden es erradicar o erradicar y solamente pararían si llega una orden presidencial, que ahí se encontraban 800 efectivos y que el día 30 llegarían otros 800 más”. Por su parte los campesinos alcanzan a reunir hasta 1.000 de los pobladores de esta región.
Según puede concluirse de lo ocurrido, tras varios días de forcejeo y de tensión entre los uniformados y los campesinos, quienes demandan la presencia de Naciones Unidas y delegados civiles del gobierno nacional, forcejeo entre quienes pretenden “erradicar o erradicar” y los campesinos que demandan alternativas económicas viables para que así procedan, la situación llega al límite: los campesinos parados en su derecho y los uniformados radicalizados amparados en el poder de sus armas, radicalización que lleva al límite impensable: el accionar de sus armas contra cientos de personas desarmadas, arrojando como resultado final el saldo ya registrado.
Por su parte, el Ejército informa que los muertos fueron el resultado de una incursión de un grupo armado disidente de las Farc, que arrojó “[…] al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.
¿Una explicación para negar la verdad de los hechos?, ¿una explicación para ganar tiempo?, ¿una explicación para confundir la opinión pública? Como en otras ocasiones ha sucedido, así podría ser, lo que significaría que estamos ante una operación de contrainformación que solamente permitirá ver la realidad de los hechos pasados varios años.
Sin embargo, y como una pista no desdeñable sobre el actor que consumó esta masacre, tenemos la exigencia del gobierno de los Estados Unidos, que hace unas pocas semanas le anunció al gobierno colombiano que sino quería que las relaciones entre ambos sufrieran deterioro, tenía que erradicar los cultivos de coca. No es casual, por tanto, que los militares trasladados a este territorio le afirmaran a los campesinos “La orden es erradicar o erradicar”, no importa como, así lo confirman la cantidad de muertos y heridos.
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