Los gobiernos de Correa y Santos, meses atrás, firmaron un Convenio de colaboración para impulsar acciones de diverso tipo en la zona fronteriza y al
parecer ello significaría realizar operativos militares conjuntos.
Allí es donde surgieron varias inquietudes en sectores de defensores de los Derechos Humanos y de organizaciones populares, en el sentido de interrogar hasta dónde están autorizadas las fuerzas armadas y otras instancias de los estados para intervenir bajo cualquier argumentación en la zona de frontera.
El hecho es que a partir de ello la situación para los campesinos y las nacionalidades asentadas en la línea de frontera se ha complicado más. Siguen las lanchas rápidas del ejército colombiano atracando en orilla ecuatoriana; se denunció por parte de campesinos que llegan soldados de Colombia a acampar en zonas ecuatorianas, maltratan a campesinos y luego se retiran; los sobrevuelos de helicópteros militares de Colombia siguen. Las fuerzas armadas ecuatorianas ampliaron su presencia de manera permanente a zonas selváticas o agrestes con vuelos regulares de helicópteros, creando temores y recelos ante su presencia por el trato que dan; los asesinatos cometidos por las fuerzas armadas nunca han sido aclarados, como el caso del joven estudiante que murió en puerto Mestanza, que fue alcanzado por una bala disparada desde una piraña ecuatoriana cuando miraba televisión en su casa.
Ahora, campesinos de la zona de Real Cuembí denunciaron ante la Defensoría del Pueblo para que se inicien los trámites correspondientes para que se aclare el caso y no sigan los atropellos. Así, el día 8 de agosto llegó un grupo de militares ecuatorianos a la comunidad pidiendo permiso para alojarse en la escuela, luego un grupo de 7 llega a la casa del Sr. Mauro Melo (refugiado legalizado) a jugar billar y piden se les prepare meriendas. Luego el 9 de agosto piden en la casa agua, se reúnen en la cancha deportiva con su comandante, y luego con sus armas se desplazan con dirección a la bocana del Cuembí; pasados unos minutos de haberse retirado de la comunidad aparece otro grupo de militares, que se atrincheran alrededor de la casa sin identificarse, y proceden al dueño de casa y la esposa a retenerlos en la casa y allí evidenciaron se trataba de miembros de las fuerzas armadas del Ecuador.
Pasados 40 minutos aterriza un helicóptero, desembarcando más personal militar, civiles, policías, e1 fiscal, algunos de ellos con chalecos azules. En la casa se presentaron como la fiscalía, y lo sorprendente es la presencia de la SIJIN (policía) de Colombia, a más de ellos un coronel de la policía y un teniente del ejército, los cuales preguntaron por varias personas entre ellas el Sr. Carlos Valencia, a lo cual el Sr. Melo dijo que no las conocían, pues el sí conocía a todos ya que es el presidente de la comunidad.
Con la nómina de los miembros de la comunidad salieron y la entregaron a tres encapuchados, que compararon con una carpeta que ellos tenían; acto seguido procedieron a ingresar en la casa del Sr. Melo, por lo cual el mismo solicitó una orden judicial a lo que respondieron que no tenían, y le respondieron “quien nada debe nada teme” y procedieron a ingresar pese a la oposición del dueño de casa. Mientras revolvían toda la casa se procedió a fotografiar a él y a su esposa.
Encontraron colchonetas y unos chalecos salvavidas donados por la jefa política del cantón Putumayo para los afectados por las inundaciones, pero los que registraban dijeron que eran de la guerrilla; en la zona de atrincheramiento de ellos ahora tenían cables delgados, lo cual también dijeron eran de explosivos pero los únicos que estuvieron allí fueron los mismos militares; luego en la escuela había equipaje, raciones de alimentos del éjercito, y empezó allí el hostigamiento diciendo que eso pertenecía a la guerrilla, pero los únicos que allí estuvieron fueron los miembros del ejército. Posterior a ello veinte militares, policías, los de SIJIN y comandantes del ejército fueron a otro lugar. Los militares que allanaron intentaron que el dueño de la casa firme una autorización para el allanamiento, fotografiaron todo lugar de la casa, buscaron armas que no las encontraron, pues el habitante del lugar es un campesino que vive de la tierra y a veces jornalero, los militares amenazaron con volver. Varias veces han estado los militares rebuscando en la zona y cuestionando la presencia de una antena de radio de propiedad del municipio de Putumayo, que se la usa para comunicaciones urgentes entre campesinos y quienes las necesiten.
Lo complejo es la presencia de fuerzas policiales de otro país, los enmascarados y la prolijidad de militares ecuatorianos para cumplir con lo dispuesto al parecer desde la comandancia del 53 Rayo y otras instancias que se debe investigar, pues se viola la soberanía, se hostiga a campesinos con el estatus de refugiados, y se silencian los atropellos.
Mientras esto sucede, falta infraestructura para salud, se entrega un bosque a
control militar, sigue la contaminación por efectos de la explotación
petrolera, no existe ninguna escuela con buena estructura ninguna “escuela del
milenium”, ningún colegio, las vías de acceso son caminos de lodo y siguen sin
que nadie se preocupe de arreglarlas, claro porque por allí habitan solo
campesinos.
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