Últimamente el país se ha enterado que en Puerto Gaitán-Meta, además de mucho petróleo, existen trabajadores petroleros que laboran en malas condicioness, y como no, una población sobreviviendo con notables necesidades.
Esta realidad se empezó a conocer desde el 20 de julio, cuando los trabajadores de la Montajes J.M. -contratista de Cepcolsa-, demandaron respeto a sus derechos; y posteriormente con la protesta de los trabajadores en Campo Rubiales -18 y 19 de julio.
Precisamente allí, cuando se entabló una negociación para levantar la protesta (en la cual medió la USO), se acordó para el 3 de agosto la realización de una Mesa de diálogo social en Puerto Gaitán.
El día acordado
Tras quince días, llegó el día acordadó. En la Catedral María Madre de Puerto Gaitán, a partir de las 9 a.m., se dieron cita trabajadores del petróleo de la región, Rodolfo Vecino (presidente de la USO), Tarcisio Mora (del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT), voceros de las comunidades indígenas,representates de la comunidad municipal, el alcalde del municipio, el gobernador del Meta, el cura párroco anfitrión, el obispo departamental, además de una importante comitiva gubernamental encabezada por el vicepresidente Angelino Garzón, Francisco Lloreda (Alto Consejero Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana), Sandra Besudo (Alta Consejera Presidencial para la Gestión Ambiental, Biodiversidad y Cambio Climático), varios viceministerios, el subdirector de Planeación Nacional, la Procuradora Delegada para Asuntos Laborales y Sociales, el Director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; las autoridades militares y de policía.
También se contó con la presencia de miembros de algunas embajadas. A la reunión no llegó delegación oficial de las empresas petroleras en litigio, aunque como vocero de la organización gremial del sector petrolero y minero hizo presencia Alejandro Martínez. Entre el público estuvieron, entre otros, Federico Restrepo (vicepresidente de asuntos corporativos de Pacific Rubiales) y Alejandro Jiménez Ramírez (gerente de responsabilidad social de la misma empresa).
24 actas sin cumplimiento
Las palabras gubernamentales corrieron por cuenta del Vicepresidente de la República, quien hizo un llamado por un frente común para que la riqueza petrolera beneficie a todas las partes. Angelino Garzón recordó que las empresas tienen todas las garantías, pero que los trabajadores también cuentan con derechos.
Otra de las voces oficiales, fue la del Dario Vásquez Sánchez, gobernador del departamento, quien enfatizó que en distintos diálogos con las petroleras en Puerto Gaitán se han levantado 24 actas que no han trascendido, y que la problemática departamental es un apaga incendios.
Entre algunas de las problemáticas que más afectan a los pobladores de la región, recordó el vocero oficial, están: personas que saben cocinar, que saben conducir, pero que no se les ocupa por parte de las empresas petroleras, pues estas contratan gente de otras regiones, las cuales desplazan hasta el Meta, lo cual no es justificable. Enfatizó, además, en el problema social de una migración que desborda la débil capacidad de Puerto Gaitán. También criticó el tipo de contratación laboral de las empresas petroleras, y reiteró en la necesidad de una política de empleo.
La comunidad, afectada directamente por una realidad que no da respiro, había trabajado durante ocho mesas distintas temáticas, diagnóstico y propuestas que presentaron en múltiples documentos, entre ellos: mesa social (educación, salud, deporte y cultura), mesa laboral, mesa de bienes y servicios, mesa de pueblos indígenas, mesa de vivienda, mesa de medio ambiente, mesa de derechos humanos, y mesa de vías. En ellos se refleja el acumulado de problemáticas que les afectan, no solo generados por las petroleras, sino también por los malos gobiernos.
El momento más esperado -la voz oficial de las petroleras en litigio- nunca llegó. Una vez más evadieron la cita, y por ellas habló Alejandro Martínez, representante de todo el gremio, quien dijo que las empresas cumplen con las regalías y que no pueden responder por el uso que los políticos hagan de ellas. Expresión que despertó la respuesta del gobernador, quien se defendió alegando que no permitiería que se dijeran cosas que no eran precisas. Hay que resaltar que el vocero del gremio petrolero y minero nunca tocó el tema laboral que generó esta reunión, pero sí expresó su nitida posición antisindical al enfatizar que no aceptan que nadie represente a las comunidades.
Una imagen clara de la reacción que despertó entre los asistentes la pobre participación de la patronal, la sintetizó el Personero municipal, al decir que “había quedado desinflado”.
De parte de los trabajadores se expresaron Tarcisio Mora y Rodolfo Vecino, quienes enfatizaron en el problema laboral, y su propuesta de retomar el artículo 472 del Código Sustantivo del Trabajo como referente del tema laboral. Defendieron el papel de la USO y de la CUT en este proceso, y denunciaron el intento de responsabilizarlos por lo sucedido en las protestas. Propusieron, de igual manera, la realización de una caravana hacia Campo para entregar a los trabajadores los carné de afiliación al sindicato.
Al final, una pequeña luz
La sesión del 3 de agosto concluyó con la propuesta gubernamental de crear un escenario para desarrollar el diálogo, el cual estará encabezado por Mauricio Santamaría, Ministro de la Protección Social, e integrado además por las petroleras, las empresas operadoras y contratistas, el sindicato del sector y las centrales sindicales.
En la misma propuesta, se precisió que Francisco Lloreda liderará lo relacionado con la política de responsabilidad social en Puerto Gaitán, teniendo en cuenta las comunidades campesinas e indígenas, y que en un plazo de quince días se hará la primera reunión, para lo cual la alcaldía y la gobernación deberán revisar, junto con el gobierno nacional, los documentos presentados por los asistentes a esta cita.
Es necesario recordar, que este evento estuvo acompañado desde las afueras del recinto por una caravana de solidaridad que viajó desde Bogotá, integrada por organizaciones sociales, sindicalistas, entre ellas, Funtraenergética, la CUT y Rhett Doumitt, además de un representante de AFL-CIO, y varios voceros de organizaciones sociales solidarias. Como siempre, en el camino hacia Puerto Gaitán, la caravana fue saboteada por las autoridades de carretera al detenerla, sin causa justa, durante una hora.
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