Este artículo reflexiona sobre algunos aspectos que pueden aportar a la discusión y análisis de la victoria de Gustavo Petro y el Pacto Histórico (PH) en las elecciones de 2022.
Por primera vez en su historia republicana, el pasado 19 de junio Colombia eligió un dirigente abiertamente de izquierda como su Presidente. Detalle no menor en un país en que el clivaje liberal-conservador dominó la oferta y la competencia electoral durante la mayor parte del siglo XX y el uribista-antiuribista o el de la guerra-paz lo corrido del XXI y en el que la violencia sustituyó el ejercicio de la política en buena parte de su territorio.
Las claves de la victoria
El conflicto armado y la consecuente doctrina del enemigo interno impidió el desarrollo de alternativas políticas de izquierda que lograran constituirse como competitivas en el sistema político colombiano en las últimas décadas. El exterminio de la Unión Patriótica UP, uno de los intentos más relevantes de construir una estructura partidista después de los acuerdos de paz de La Uribe en la década de los 80, fue un ejemplo claro de ello.
En el esfuerzo por acceder a la dirección del gobierno, tienen luz propia liderazgos fraguados en años de resistencia y proyección de alternativas sociales y que lograron posicionarse en el debate nacional gracias a sus candidaturas presidenciales, pero sin alcanzar a capitalizar esos apoyos en proyectos partidistas que lograran posicionarse en el tiempo o conformarse como un verdadero contrapeso político, al menos en términos de bancas o puestos en un Congreso dominado por los partidos tradicionales y de la naciente extrema derecha.
En este devenir destaca la lista del M 19 en la Constituyente y en 1994 y la formación del Polo Democrático Alternativo –PDA– en el 2003, en este caso con la formación de un partido tipo frente, que intentó construir listas fuertes para hacerse con el control del legislativo. Con el ascenso de Petro como líder natural de la izquierda y después de su ruptura con el PDA, construye su propia lista al Congreso pero sin lograr que su votación para la presidencia se tradujera en igualdad de votos para el cuerpo legislativo.
Estos antecedentes contribuyeron a un cambio de estrategia de cara a las elecciones de 2022. Desde inicios de 2021, la izquierda en cabeza de Gustavo Petro y con el liderazgo de Gustavo Bolívar, convocan a una coalición que denominaron Pacto Histórico (PH), con miras a construir una lista fuerte al Senado de la República. El Pacto buscó la confluencia de diferentes partidos, movimientos y líderes reconocidos de izquierda con el fin de movilizar al electorado no solo para la elección presidencial –para la que se concertó la realización de una consulta para la selección del candidato presidencial– sino también para conseguir un número importante de elegidos para el Congreso; al final lograron la congruencia de más de 15 movimientos y organizaciones para esta coalición, entre ellos el PDA, la Unión Patriótica, el Congreso de los Pueblos, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, las Autoridades Indígenas de Colombia, el Partido Comunista, entre otros.
Pese a las discusiones presentadas en el marco de la construcción de la lista que fue cerrada tanto para Senado como para Cámara, en el caso de que las hubiera, la constitución de este tipo de lista permitió que cada liderazgo y la base social y territorial de su movimiento procurara el apoyo de su candidato bajo el nombre del Pacto, que logró posicionarse en la agenda política colombiana con una suerte de recordación de marca.
La construcción de listas fuertes al Congreso, bajo el liderazgo de figuras tradicionales de la izquierda y de líderes del movimiento social, se acompañó de una transformación en la forma de hacer campaña y de buscar alianzas por parte de Gustavo Petro. Con respecto a 2018, desde el inicio de esta campaña el candidato construyó un discurso más conciliador con el fin de reducir el temor y la reserva de distintos sectores económicos y sociales sobre su forma de hacer política y su liderazgo, actuando cada día con más pragmatismo.
Sobre este aspecto, destacan dos hechos determinantes. El primero, la participación de Roy Barreras y de Armando Benedetti como líderes y operadores de su campaña, decisión recibida con algunas críticas dadas sus trayectorias políticas, iniciativa que buscaba abrir una ventana de oportunidad para acercar a Petro a distintos sectores y caciques políticos que controlan la Costa Atlántica y el Valle del Cauca, que se convirtieron en territorios clave para expandir su campaña.
El segundo, el acercamiento a liderazgos santistas y liberales en la segunda vuelta, como el de Cecilia López, Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo y particularmente el de Alfonso Prada como jefe de debate de la campaña, que se sumaron a las disidencias liberales que no siguieron la directriz de César Gaviria; a la par de acercar a Antanas Mockus y Angélica Lozano, los dos liderazgos más fuertes del Partido Verde.
Finalmente, sobresale la consolidación del liderazgo de Francia Márquez en el ámbito nacional, que logró equilibrar la faceta pragmática de la campaña con la más ideologizada y dirigida hacia el movimiento social y sus bases territoriales. Su presencia logró reducir cuestionamientos de movimientos sociales, en particular del feminista que no veían con buenos ojos las adhesiones provenientes de la política tradicional y al mismo tiempo, movilizar electoralmente a la Costa Pacífica, especialmente en la segunda vuelta. La figura de Francia Márquez se acompañó de la presencia de otras bases y organizaciones sociales que se movilizaron alrededor de la campaña, como el movimiento indígena, las juventudes y afros.
Se impone la periferia sobre el centro
Los resultados electorales de la primera y la segunda vuelta consolidaron el proceso de cambio en gestación desde el plebiscito de 2016, visibilizando la tensión territorial centro periferia, que no había sido determinante para la competencia política del país dado el carácter nacional de las etiquetas partidistas tradicionales. Las periferias –salvo Bogotá– que han sido las que más han sufrido la violencia en el país, fueron las que votaron en su momento por el Sí para refrendar el Acuerdo de Paz con las extintas Farc y las que le dieron la victoria a Petro el pasado 19 de junio, consolidando la pugna territorial.
Esta división en su momento pudo ser leída como uribista (por la guerra y por el No) y antiuribista (por la salida negociada y por el Sí), pero con el pasar de los años acumuló una serie de confluencias –por supuesto relacionadas con la violencia– pero que la superan. Tenían que ver con su posición dentro de la distribución económica de bienes y servicios que los mantiene en los últimos lugares en la distribución del PIB nacional, siendo los más empobrecidos y con menos infraestructura e industria; población por décadas solo considerados como objeto para transacciones políticas, en beneficio de grupos del poder, regional y nacional.
También, la reivindicación de otras formas de organización e intermediación social y política que gracias a la presencia de Francia Márquez logró tender puentes con la política electoral. La tasa de participación en varios de los municipios de departamentos de la Costa Pacífica fue muy alta, aumentando más del 10 por ciento en comparación con las elecciones de 2018. Se destaca la participación de más del 70 por ciento de la población en edad de votar en municipios como Toribió, Jambaló, Argelia y Guachené en el Cauca, en los que la votación por Petro superó el 87 por ciento, y la victoria aplastante en municipios como Timbiquí en el mismo departamento.
Estos resultados no son estadísticamente significativos pues la victoria se dio gracias a la votación en circunscripciones más altas y porque se trata de municipios con una concentración de votos muy pequeña, pero que terminan reivindicando el discurso liderado por Márquez y Los Nadies que buscaban posicionarse y tener un mayor reconocimiento en el resto del país.
Resulta innegable que esa transformación es una herencia del Acuerdo Final de Paz, ya que permitió develar los problemas estructurales de pobreza y desigualdad que afectan a los ciudadanos y sus comunidades y que estaban amainados por el discurso de la guerra y la paz, en el que las guerrillas se presentaban como el primer problema del país. Según Invamer, después de 2016 la seguridad y el orden público dejaron de ser el principal problema para los colombianos, sustituidos por el desempleo, la economía y la corrupción.
Algunas perspectivas: del catastrofismo al acuerdo nacional
Como se mencionaba al inicio, la tradición política conservadora y uribista de los últimos años hacía pensar la inviabilidad de que un proyecto de izquierda lograra la presidencia. La campaña estuvo atravesada por varios análisis y posiciones catastrofistas que no toleraban la posibilidad de una alternancia política en Colombia, cosas como la clausula Petro, el constreñimiento al voto por parte de algunos empresarios, algunos intentos de pánico económico y la infaltable comparación con Venezuela, poco a poco fueron menguados con las declaraciones y acciones de campaña y con los acontecimientos de los días posteriores a la victoria del PH.
Fiel al pragmatismo y al diálogo con diferentes sectores que caracterizó parte de su campaña, en el discurso de victoria se enviaron varios mensajes de unidad. La frase “unir a las dos Colombias” se materializó en su propuesta de Acuerdo Nacional que ha terminado en varios encuentros del Presidente electo con líderes como César Gaviria, su contendor Rodolfo Hernández y con Álvaro Uribe Vélez que, aunque con menos poder que en años anteriores, tal vez el más importante pues continúa representando las aspiraciones y los valores de una parte importante del país.
Estas acciones emprendidas y concretadas pensando en la gobernabilidad del nuevo mandato, algo que buscó –como se dijo– con una bancada fuerte en el Congreso pero que no resultaba suficiente teniendo en cuenta la composición arrojada en las elecciones de marzo. La declaración del Partido Liberal y del Verde como de gobierno, y del Conservador y La U como independientes, vislumbran un escenario de gobernabilidad al inicio de su gobierno.
Esto se puede observar en los nombramientos los miembros de su gabinete ministerial, con lo que se está entretejiendo una mezcla entre políticos profesionales propios del establecimiento y otros de la entraña del petrismo. Esto último plantea un nuevo reto, parecido al de su campaña: el de equilibrar las decisiones y prácticas propias de la negociación política profesional y por qué no, tradicional, con la representación de intereses y de liderazgos del movimiento social en su gobierno.
* Politóloga Universidad Nacional de Colombia –Investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
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