La noticia cayó como un baldado de agua fría. El pasado 25 de julio la Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución e inhabilidad por trece años del profesor Miguel Ángel Beltrán, adscrito al departamento de sociología de la Universidad Nacional de Colombia.
El fallo cierra, por ahora, un largo proceso de ataques contra el académico. Proceso que persecutorio que arrancó en México en el 2009, para luego pasar a Colombia, y del cual no estuvieron ausentes secuestro, capturas, juicios, prisión, exilio y acusaciones por parte de las fuerzas del Estado, todo lo cual colocó en peligro su vida y la de su familia.
Trayecto de supuestos
En su contra abrieron un proceso judicial en 2009 con señalamientos sobre sus presuntos nexos con las farc; la prueba adjuntada por la Fiscalia para soportar sus acusaciones descansa en una serie de supuestos correos encontrados en la computadora de Raúl Reyes, lider guerrillero abatido en las selvas ecuatorianas fronterizas con el Putumayo.
Junto a los correos, donde según la Fiscalía el profesor aparece bajo el nombe de “Jaime Cienfuegos”, sumaron el análisis “riguroso y meticuloso” sobre su producción académica. Como es conocido, el académico centra su trabajo en el análisis de la realidad de su país, lo cual ya despierta sospecha para los órganos de investigación gubernamentales. Toda una cacería de brujas y acción inquisoria sobre la libertad de investigación y de cátedra.
La conclusión de la Fiscalía colombiana, luego de investigar la producción académica del docente perseguido y sindicado, resume a toda luz el carácter del régimen colombiano. Dicen que su trabajo académico (que tiene como una de sus expresiones más agudas el fenómeno de confrontación armada insurgente frente al Estado) ¡es un indicio diáfano de sus intenciones y nexos con las farc!
Sin embargo, en desarrollo del proceso judicial, la justicia descartó las pruebas presentadas en contra del docente develando su debilidad ante tamaña acusación y absolviéndolo de todos los cargos, por lo cual pudo regresar en octubre de 2013 del exilio, incorporándose a las aulas de la Universidad Nacional en el primer semestre de 2014.
No cesan la persecución
Pese a este fallo, a mediados de noviembre de 2013 la Procuraduría General de la Nación abrió un proceso en su contra acusándolo una vez más de ser colaborador del mencionado grupo insurgente. La prueba reina, vuelve y juega: ¡su producción académica! Decisión ratificada el 25 de julio, cuando lo destituyen e inhabilitan por trece de años para ejercer cargos públicos, con lo cual lo liquidan en su labor académica para el sector púbico ya que cuenta con 50 años de vida y en Colombia puede contratarse funcionarios hasta sus 65 años de edad.
Con ésta decisión la Procuraduria extiende un mensaje enfermo a la comunidad educativa y académica, uno de los actores sociales con mayor resonancia en el país, buscando erosionar la tierra del pensamiento crítico. Las universidades, en particular las públicas, se encuentran de esta manera, una vez más, ante un debate que cuestiona su papel en la sociedad, aquel con que fue fundada la Universidad Nacional el 11 de septiembre de 1867: conciencia crítica de la misma, además de motor vital para el presente y motivador de busquedas con proyección futura. ¿Quién investigará sobre la realidad cotidiana del país si esto puede ser motivo de inquisición?
Cuestionamiento abierto
El caso del profesor Miguel Ángel Beltrán es un acontecimiento que abre dos brechas de discusión. Por un lado, es un hecho detonante que visiviliza el permanente seguimiento y acoso al cual se enfrenta la comunidad académica y el pensamiento crítico, expresado en otros tantos casos de profesores y estudiantes que viven en el exilio como el profesor Renán Vega Cantor, o bajo señalamientos permanentes como la estudiante y socióloga Liliani Obando, la profesora Ivonne Suárez Pinzón (UIS) o en la memoria como el profesor Alfredo Correa de Andreis, asesinado por el DAS en 2004. Estos hechos expresan prácticas sistemáticas de acoso y persecución al pensamiento crítico, en el que brilla el silencio de los cuerpos administrativos y rectores de las universidades, incapaces de comprender e influir determinantemente en la construcción de una universidad crítica y que tenga por prioridad el país que sufre y que baila.
Por el otro, refriega en el resto de los estudiantes de ésta generación, y de su comunidad académica, la pregunta no resuelta sobre el sentido de la Universidad en nuestra sociedad, en nuestro país, encarnada en expresiones estudiantiles como la de Córdoba en 1918 que exigian libertad de cátedra y autonomia, o en las movilizaciones y propuestas de los estudiantes de nuestro país en los setentas y en los ochentas del siglo XX, exigiendo participación democrática en la definición del horizoante de la misma, o hace apenas tres años, en 2011, denunciando el atropello de una reforma universitaria impulsada por el gobierno que profundiza tanto el vacio presupuestal de las universidades públicas como un modelo que tiene por agenda la productividad y no el país a través de la modernización legalista.
La inquisición dio un paso más, ¿habrá fuerza para defender el sentido histórico de la academia en general y de la Universida en particular?
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