¡Piratas!, lo que le faltaba al Pacífico colombiano

A la histórica pobreza padecida por los habitantes del recóndito litoral Pacífico colombiano, desde hace unos años se le suma el desespero causado por la inseguridad que acorrala a quienes lo habitan, así como a propietarios y pilotos de pequeñas y medianas embarcaciones –conocidas como transporte de cabotaje–, sometidos a un constante drama. Así lo narra y denuncia Javier Torres Caicedo, líder social y empresario del transporte marítimo.

En 2018 se presentaron 48 casos de asaltos en alta mar en la costa Pacifica colombiana, así como de extorsión en Buenaventura a los propietarios de embarcaciones. El registro lo procesó la Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales del Pacífico –Atransmaflupa–. Las pérdidas estimadas por estas acciones  superan los 8.000 millones de pesos. En lo corrido de 2019 se han registrado 12 casos de robos en alta mar y tierra a los pequeños empresarios del transporte, y se estima que las pérdidas se aproximan a 1.500 millones de pesos.

Es necesario resaltar que el cabotaje es el único medio de transporte que comunica y resuelve en materia de carga, la vida cotidiana de 16 municipios y más de 200 pequeños caseríos desperdigados a lo largo del litoral pacífico colombiano, pertenecientes a los departamentos de Valle, Cauca, Chocó y Nariño que tienen como capital natural a la ciudad puerto de Buenaventura.

Al histórico abandono estatal y a la ausencia de normativas que regulen específicamente su actividad, se le agrega una inseguridad crónica que se agudizó en los últimos tres años con pérdidas millonarias, al punto que la actividad del transporte como iniciativa económica, que tienen muchos propietarios y pilotos “marinos”, está al borde de la quiebra.

Los piratas del siglo XXI

Los primeros robos a los transportadores, realizados con cierta periodicidad, se presentaron hacia 2007, y eran realizados por personas que usaban armas visiblemente rudimentarias y que no desplegaban claras muestras de experticia en la actividad delincuencial. Luego el fenómeno disminuyó y desde 2014 reaparece con creciente frecuencia.  

En los últimos años, una de las novedades del problema consiste en que los casos de asalto en altamar evidencian el uso de armas de fuego cada vez más sofisticadas por parte de piratas que a su vez se movilizan en modernas lanchas rápidas. Esta situación ofrece la certeza de la consolidación de una engranada estructura con alto grado de especialidad, que tiene alarmados a usuarios y empresarios del sector.

El fenómeno ha sido registrado cuidadosamente por pequeños empresarios, organizados en Atransmaflupa,  asociación que agrupa a más de 100 pilotos y propietarios, los cuales representan al menos el 75 por ciento del total de naves que con su labor comunican la zona litoral de los cuatro departamentos.

Son numerosos los municipios conectados por este sistema de transporte que hoy, junto con cientos de caseríos, se ven amenazados por asaltos frecuentes. En el departamento de Nariño son: Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera (Satinga), Santabárbara Iscuandé, El Charco y La Tola. En el departamento del Cauca: Guapi, Timbiquí y López de Micay.  Buenaventura en el Valle del Cauca, y en el Chocó los poblados afectados son: Litoral del San Juan, Pizarro, Nuquí, Bahía Solano y Juradó. Estos municipios en total superan, con sus numerosos caseríos, el millón de habitantes.

El transporte en estos territorios, tanto de pasajeros como de alimentos y toda clase de insumos –que van desde cemento y ladrillo hasta hierro y herramientas de trabajo–, se lleva a cabo a través de las llamadas embarcaciones de cabotaje. Transporte de insumos y materiales que no es en una sola vía, ya que desde el interior de la selva salen materiales variados y apreciados como el caso de las maderas de sonoros nombres como Sajo, Cedro, Chanul, Algarrobo, Sande y Abarco, las cuales son de altísimo valor para la elaboración de muebles, pisos y variados usos en la industria, incluso en la construcción misma de barcos. Otro producto emblemático de la región se produce a partir de la pesca, la cual sufre mengua desde hace muchos años, pero que con dificultades sigue aportando a la cocina colombiana ricas variedades como Pargo, Pelada, Cierra, Ñato y Camarón; productos comercializados en primera instancia con Cali y Bogotá.

Es así como todo este flujo de bienes que sustenta la economía y la vida misma de cientos de familias, se están marchitando por efecto de los robos, ejecutados mediante la modalidad de asalto con arma de fuego, y ocurridos con una azarosa sistematicidad que mantiene en angustiante alerta a las potenciales víctimas.

No es para menos. Los operativos son realizados por piratas que en naves modernas y cada vez más rápidas alcanzan y abordan a las embarcaciones de cabotaje, que usualmente llevan tanto pasajeros como carga con materiales e insumos para el consumo humano. Los desconocidos, que llegan armados, despojan del dinero –y en algunos casos de bienes y joyas– tanto a la tripulación como a los pasajeros que usualmente se suben y se bajan entre decenas de pequeños caseríos, aunque el mayor número abordan las naves en Buenaventura o Tumaco.

El reino del miedo y la desesperanza  

La situación es particularmente grave por el desamparo que sienten las víctimas, quienes suelen mostrar temor a denunciar por las represalias sufridas en otras circunstancias cuando han radicado testimonio alguno, y ante la nula eficacia de la Fiscalía en los casos en que se ha presentado la denuncia por asalto en altamar.

De acuerdo con Javier Torres Caicedo, presidente de Atransmaflupa, el resultado es una impunidad de 100 por ciento en los casos de asaltos ocurridos en altamar,  lo que podríamos presentar  desde otro ángulo como un cien por ciento de efectividad para quienes realizan el ilícito,  que en ese entorno ven cada vez más lucrativa la actividad, mientras se refuerza la desconfianza que tienen las víctimas, tanto hacia la Fiscalía, como hacia las fuerzas del Estado que tienen la tarea de brindar seguridad en el mar,  bien la Armada Nacional o bien la Fuerza Naval del Pacífico.

Don Javier Torres, una de las pocas personas que se atreve a denunciar y a declarar ante medios, desde la organización que fundó en 2015 justamente buscando mayor capacidad de visibilizar y defender los intereses de su sector, encuentra algunas explicaciones para lo que está ocurriendo, las mismas que no son fáciles de entender desde el interior del país.

Según su conocimiento, en Colombia no existe una legislación que regule ni el tránsito ni la seguridad del transporte de cabotaje, pues la legislación actual es concebida para la persecución del narcotráfico, por lo que la Infantería de Marina y las unidades de Guarda Costa del Pacífico que hacen sus operativos, centran su atención en las motonaves sospechosas de estar vinculadas con tráfico de drogas y restan importancia a la seguridad del sector cabotaje.

Ante este panorama, y luego de numerosas denuncias sin resultados, la alternativa que contempla con mesurada expectativa el líder de este sector, es llevar el tema al Congreso de la República, para lo cual está realizando los primeros acercamientos con el grupo de congresistas que han mostrado particular sensibilidad con los problemas del Pacífico colombiano, encabezados por Alexander López Maya, quien abiertamente ha respaldado el proceso del Paro Cívico concretado por la población de Buenaventura y de otros municipios hace dos años y un mes (mayo 2017), y el posterior seguimiento a los acuerdos con el Gobierno.

Cuando nos despedimos de don Javier, al concluir la entrevista que sirvió de insumo para este artículo, su mirada enclavada en la profundidad del mar proyectaba esperanza, la misma, junto con el optimismo, que desde siempre ha caractetizado a quienes habitan esta parte del país. Esperanza y optimismo sin los cuales es imposible salir de faena al mar, bien para pescar, bien para transportar a quien lo requiera. Pero sin las cuales tampoco es posible sobrellevar la vida, mucho menos cuando se impone el irrespeto por la misma.