En el 2002, junto a la implementación en el país del nuevo Régimen Político de la Seguridad Democrática que reemplazó al frentenacionalista –y que con el nuevo gobierno a instalarse va a cumplir veinte años de vigencia–, el presidente Uribe Vélez realizó un cambio en la política petrolera a tono con la internacionalización y privatización globalizada de la economía, y el debilitamiento de la coalición obrero-sindical (USO). Esos cambios de la política en el sector inauguraron el periodo extractivista-neoconcesionado, el cuarto a lo largo de sus ciento trece años de historia.
Desde sus orígenes la política petrolera colombiana es una Política Pública Económica Transnacional (Ppet), que realiza las creencias, valores, metas básicas y otras percepciones de las dos coaliciones que la hegemonizan: la Coalición Transnacional y la Coalición Estatal o Gubernamental Administrativa, en donde la Transnacional es su actor fundamental y la Estatal Gubernamental es su actor mediador. (Hernández. 2018).
En esta dinámica destaca el hecho que sus respectivos periodos están relacionados con el modelo capitalista de crecimiento económico y social del empleo, dominante en el mundo; y al papel asignado al recurso fósil petrolero y carbonero, a través del sistema de contratación.
Así, el periodo extractivista concesionado: 1905-1950 está ligado con el modelo de crecimiento económico liberal clásico, cuyos productores y consumidores se comportan en el marco de las fronteras de los mercados y precios nacionales, y el empleo queda atado a la fortuna de la “mano invisible” del libre cambio que regenta las empresas privadas, y supone equilibra la oferta de mercancías con la demanda de empleo; en el sector petrolero esa creencia y quehacer queda definido en los contratos de Concesión.
El periodo Extractivista Estatal: 1951-1973, se ajusta con el crecimiento económico Keynesiano planeado y regulado por el Estado, que a través de sus empresas productivas y su poder soberano para emitir moneda, asume como suya la política social de empleo; en el sector tendrá como agente fundamental a la empresa estatal Ecopetrol.
En el Extractivista Asociado: 1974-2002 –un periodo de transición para revertir el modelo de desarrollo keynesiano–, se ajusta con una mixtura de políticas estatal-privadas; viabilizadas en el subsistema petrolero a través de los contratos de Asociación.
Y, en el actual Extractivista neoconcesionado: 2003-2022, se traduce y agencia las creencias y valores del modelo de crecimiento neoliberal desregulador y privatizador de las actividades y empresas económicas estatales, a través de la apertura de la economía del país, es decir, sus recursos humanos, naturales, financieros, productivos y comerciales, al mercado globalizado liderado por las corporaciones financieras; que, en su efecto, requieren de los estados incentivos para mantener sus tasas de ganancia –sinónimo de crecimiento económico– como la seguridad a la propiedad e inversiones, rebaja de los impuestos y subsidios a la inversión y, lo más importante, una política social eficiente y eficaz, sustentada en los bajos salarios por la vía de la flexibilización o tercerización laboral. Que para su viabilidad revive como nuevo (neo) la decimonónica “mano invisible” liberal, operando un mercado de productores, propietarios, precios y consumidores transnacionalizados.
Traducida en política económica y social asume la denominación de Nueva Política Pública (NPP), diseñada por sus coaliciones hegemónicas y administrada ahora por gerentes exitosos de empresas o corporaciones privadas (Donald Trump), expresión de la fusión del interés privado con los intereses generales; un verdadero esperpento lógico y político, pues la parte, es decir el fetiche, se revela como el todo. Práctica político-administrativa propia de un Estado corporativo que, por la experiencia histórica, agencia un modelo de desarrollo anti-social que le disminuye los impuestos e imposiciones presupuestales directas a los detentadores de la propiedad y la ganancia, para cargárselos al trabajo y a los consumidores por la vía indirecta y de los precios; además de reducir la inversión en las funciones sociales y judiciales del Estado, y privilegiar la privatización y el presupuesto del aparato coercitivo o de defensa. Estado ideal para unos beneficiados que, sin patrocinarlo, lo administran a su favor. ¡Colombia un país de propietarios!
Una política que como sistema opera a la inversa del anterior modelo Keynesiano en donde la política económica, regulada estatalmente, sostenía la seguridad social, jurídica y de defensa; ahora calificada de populista.
En el subsistema petrolero ese modelo se realiza a través de los contratos de Perforación & Exploración (E&E) o de regalías/impuestos, una versión reencauchada de los originales contratos de Concesión del primer periodo, pero que amplía las garantías a los inversores: menos impuestos, menos regalías, explotación hasta el agotamiento de los campos, licencias ambientales Fast Track, precios internos internacionalizados, tercerización laboral, entre otros, que sustenta la política o locomotora petrolera y minera neoconcesionada del régimen de seguridad.
De Ecopetrol a Ecopetrol S.A.
Ecopetrol emerge en 1951 de la reversión de la concesión de Mares, a contrapelo del Estado que, apoyado por la Andi, prefería prorrogarle la concesión a la Tropical o concederla al sector privado nacional –que se sintió incapaz de asumirla–, pero que terminó constituyéndose como empresa estatal por la presión entonces ejercida por la coalición sindical popular liderada por la USO. Desde entonces Ecopetrol sería la encargada de administrar el recurso petrolero, hasta el 2002 cuando cambian la política en el sector.
Ecopetrol es la columna vertebral de ese cambio, pues pasó de empresa estatal a Sociedad Anónima: Ecopetrol S.A., una sociedad mercantil con personalidad jurídica en la que el capital, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios que no responden personalmente de las deudas sociales; cuyos objetivos se corresponden con los valores, creencia y estrategias propias de una empresa capitalista, es decir, privada –en donde el gobierno, por tanto, participa como un socio capitalista más que espera ganancia de su “inversión”: el recurso y el sello de marca de la empresa. Que funciona ahora como una empresa y holding transnacional para invertir en otros países, operar como sociedad financiera de acciones, y jugar en la bolsa de valores. Dónde sus altos directivos, por efecto de la política en pro de los incentivos a los emprendedores, reciben ingresos acorde con las gerencias de corporaciones multinacionales, y los trabajadores son tercerizados de acuerdo al modelo, en aras de la eficacia y eficiencia productiva.
El cambio la desvinculó de la coalición estatal y su responsabilidad en la conducción de la política en el sector, –ahora a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos: ANH–, y la llevó a formar parte de la coalición transnacional, con cuyos actores debe competir –aunque no con el mismo pulso económico, técnico y financiero internacional– estimulada entre otros, por los precios internos del crudo y de los derivados transnacionalizados –en la actualidad el precio interno de producción en Colombia de un barril es de 16,3 dólares y el internacional es de a 60 dólares, el precio del galón de gasolina en EE .UU es de 2,50 dólares y en Colombia de 2,73–, pese a la diferencia de ingresos de los consumidores: EE.UU 7,25 dólares/hora, Colombia 1,13 dólar/hora (2018).
La polémica entonces respecto a Ecopetrol no es por el carácter privado o público de Ecopetrol S.A, sino por su sobrevivencia, por cuanto va siendo una empresa obsoleta e inviable, por efecto de la misma política neoconcesionada que no la hace objeto de reversiones –que hasta entonces la sostenían–; sus reservas se agotan –tiene para unos siete años–; las inversiones en exploración interna y externa como los contratos neo concesionados (E& E) firmados no han reportado algún descubrimiento significativo –el boom financiero ha sido producto del alza de precios–; su infraestructura en producción y transporte va quedando obsoleta; su deuda va en aumento –$76 billones a 2016–, y lo más grave, como lo ilustra Reficar, la corroe la corrupción.
Ante este escenario muy pronto estaremos pidiendo que vendan sus restos, “pues del ahogado el sombrero”, tal como sucedió con Carbocol S.A hace 16 años con su traspaso, por un precio irrisorio, a las multinacionales BHP Billiton, Anglo American y Glencore International AG –involucrada en Reficar–. Y ya sabemos que en Colombia la historia y sus personajes se repiten como tragedia y como farsa.
* Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Miembro del Grupo de Seguridad y Defensa, y del Centro de Pensamiento y seguimiento al diálogo de Paz de la Universidad Nacional.
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