“Por favor, por favor, ya, por favor, ya no más”. Es la suplica de Javier Ordoñez. Su voz de ahogo, su voz de dolor, su voz reclamando que cesara la violencia contra su cuerpo, que terminaron con su vida, son similares a la angustiada voz emitida por George Floyd el pasado 25 de mayo en los Estados Unidos, cuando era asesinado por agentes de la policía en aquel país.
Violencia policial, allá y acá, también en otros países, una constante del poder violatoria del derecho fundamental entre todos los derechos, a la vida, en dignidad. Violencia que en este caso terminó con la existencia de Javier Ordoñez a sus 46 años, dejando a dos hijos huérfanos, quienes ahora padecen la angustia de perder al padre de manera abrupta, inesperada, incomprensible pues la policía, dicen, no está para violar derechos, ni para acabar con la vida de nadie, sino todo lo contrario, para proteger a la sociedad y la vida, según propagandean una y otra vez desde el poder y lo refrendan en los textos legales y la misma Constitución.
Javier fue sometido por la policía, inmovilizado contra el piso con la fuerza de dos agentes oprimiendo su cuerpo, para disparar sobre su humanidad por lo menos 9 descargas eléctricas con pistola Taser, con las que dotaron a la policía en el 2014, asegurando que no eran letales. Seguridad desmentida por el cuerpo sin vida de Javier Ordoñez, así como por los no menos de 600 asesinados en otros países todos ellos producto de las descargas eléctricas en sus humanidades.
Luego de sometido, y a pesar de sus suplicas, la acción violenta de los agentes policiales continuó, hasta que el ciudadano inmovilizado, sometido, violentado, es llevado por quienes atentaban contra su humanidad supuestamente para el CAI del barrio Villa Luz, en donde, ante la evidencia de su estado de gravedad, deciden trasladarlo a la clínica Santa María del Lago en Engativá, en cuya puerta, según su exesposa María Angélica Garzón, arrojan su cuerpo, el cual es ingresado por un amigo del ahora muerto, quien siguió a la policía hasta este sitio.
Por su parte su tía, Elvía Bermúdez, aseguró en declaraciones par Blu radio que a Javier “Lo mataron en el CAI de Villa Luz”. Y precisó: “Mi sobrino estaba departiendo con dos amigos más en el apartamento, yo no sabía, cuando el celador me llamó como faltando un cuarto para la 1:00 a.m. a decirme que a Javier le estaban dando una mano afuera, que lo estaban matando los policías”.
Lo ocurrido en Bogotá, en el CAI del barrio Villa Luz, es una nueva expresión de la conocida brutalidad policial, sufrida también Dylan Cruz, como por otras personas en jornadas de protesta. No es casual que distintos sectores de la sociedad reclamen una urgente reforma para este cuerpo de control social, desmilitarizándolo, separándolo de la estructura de las Fuerzas Armadas, y transformándola en una estructura bajo administración y direccionamiento civil, con pensamiento civilista en el cual el respeto a la vida de cualquier ciudadano prime como una de sus consignas centrales. Esta una exigencia, pero la otra, también urgente, es la necesidad que tiene la sociedad en su conjunto de discutir el tema de la llamada seguridad pública, cómo garantizarla, quiénes deben proveerla y cómo la misma sociedad controla el poder que les delega.
Al finalizar el día
Durante todo el 9 de septiembre la sensación de rabia por lo ocurrido llenaba el ambiente de la ciudad. Por redes sociales circulaban comentarios diversos todos ellos procurando que la inconformidad por lo sucedido no quedará solo en redes, llegando a las calles. Con el atardecer la protesta tomó forma al frente de los CAI, donde de manera espontánea decenas de ciudadanos de diversas edades increpaban a los llamados “agentes del orden”.
Las voces de inconformidad, poco a poco, dieron paso a estrujones, pintas sobre los muros de los CAI, para luego, ante los golpes de los bolillos, pasar a la confrontación física. De Villa Luz, en la localidad de Suba, la chispa se extendió a algunos barrios de las localidades de Usaquén, Teusaquillo, Kennedy, Puente Aranda y otras. La evidencia de la rabia social quedó reflejaba en 47 CAI con sus vidrios blindados destruidos, sus paredes pintadas con grafitis, pero también en las estructuras en hierros de 10 buses del sistema Transmilenio que fueron alcanzados por fuego, así como otras decenas de buses con sus ventanales rotos.
Rabia e inconformidad social que recibió la consabida respuesta oficial. Los videos que circulan por las redes sociales permiten ver a la policía disparando contra la humanidad de los inconformes, de quienes 5 de sus cuerpos, según el Ministro de Defensa, quedaron en el piso. Fuentes de Derechos Humanos aseguran que los asesinados producto de los disparos fueron 7, cinco en Bogotá y 2 en Soacha. Entre los occisos figuran Jaider Fonseca (16 años), Cristian Hernández (24 años), Julith Ramírez (19 años), Germán Smith Puentes (25 años). Esas mismas fuentes registran más de 248 heridos, más de 20 de ellos por impactos de bala sobre su humanidad (entre ellos, Fabián Peña Rodríguez, percusionista, quien recibió un disparo en su cabeza). Entre los heridos la Policía informa que cerca de 80 son uniformados.
La explosión de rabia, expulsó como lava, es claro, además de la inconformidad por lo sucedido con Javier Ordoñez, el odio acumulado contra una institución que a diario comete abusos contra diversidad de ciudadanos, como lo evidencian 137 denuncias radicadas en Bogotá por abuso policial.
Por ahora, y como medida tradicional en un país sometido al más claro autoritarismo, el gobierno través del Ministro de Defensa anuncia el despliegue de 300 soldados de la Brigada XIII, así como de 1.500 unidades policiales. Al control y sometimiento pandémico le sigue, entonces, la militarización y la amenaza de mayor violencia.
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