Debemos seguir caminando
sobre la huella de nuestros mayores
porque hoy nos corresponde
dejar un sendero para que nuestros hijos
puedan seguir caminando
con libertad en el territorio:
la libertad del territorio
es el nacimiento de la libertad de los pueblos.
1. Introducción.
Hay una razón profunda que inspira nuestros actos y palabras. Hay un propósito mayor que orienta nuestra lucha. Somos del Cauca y desde el Cauca somos de la vida y para ella. Estas palabras explican y reclaman, por eso hay que leerlas desde el corazón y compartir la rabia, el dolor, el amor por la vida y el compromiso. Ahora nombramos nuestros actos para sentir y reclamar la compañía de todos los pueblos que merecemos habitar este hogar de la Madre Tierra en libertad.
Sabemos que del afán de explotar la vida y de extraer riquezas para acumular capital sin límite ni descanso surgen las estructuras y las relaciones de las sociedades en que vivimos y que se impusieron sobre estas tierras y contra nuestros pueblos desde la llegada de los conquistadores. Las estructuras sociales, los Gobiernos las leyes y las instituciones existen para garantizar la protección y el beneficio individual y corporativo que facilita y promueve la acumulación sin límites. Este poder individual sobre la vida para transformarla en ganancia a través del egoísmo convertido en obligación y derecho sagrados, llega sin interrupciones hasta nuestros días por el camino de una historia que avanza con la globalización, la seguridad democrática y el libre comercio, desde el descubrimiento hasta la destrucción, la represión y la guerra por fases que reconocemos y que se repiten en todas partes y en todos los tiempos. Exploración, explotación, exclusión y exterminio, son los pasos que da este apetito insaciable de poder y riqueza para unos pocos. Al final, la transformación de la naturaleza en mercancías y ganancias se hace a costa de la destrucción de la vida que se va acabando.
Para nosotros, la tierra es la madre y contra ella se comete un crimen del que vienen todos los males y miserias. Nuestra madre, la de todos los seres vivos, esta sometida, según la ley que se impone, tiene dueños, es propiedad privada. Al someterla como propiedad para explotarla, le quitaron la libertad de engendrar vida y de proteger y enseñar el lugar, las relaciones y el tiempo de todo lo que vive. Le impiden producir alimentos, riqueza y bienestar para todos los pueblos y seres vivos. Los que se apropian de ella causan hambre, miseria y muerte que no deben ser. Le roban la sangre, la carne, los brazos, los hijos y la leche para establecer el poder de unos sobre la miseria de todos. Así como los que se sienten herederos de los conquistadores niegan y desconocen a la madre indígena que les dio la vida, así mismo, quienes aceptan la propiedad privada de la tierra para ser explotada por intereses particulares, se niegan a defender la libertad colectiva y el derecho a la vida. Pero nosotros decimos, mientras sigamos siendo indígenas, o sea, hijos de la tierra, que nuestra madre no es libre para la vida, que lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad.
Por eso vamos a seguir recuperando las tierras. Por eso vamos a dejarla en libertad para convivir en ella y para defender la vida. Por eso, luchar por la tierra no es un problema ni un deber solamente de los indígenas, sino un mandato ancestral de todos los pueblos, de todos los hombres y mujeres que defienden la vida.. Desde este rincón sagrado del planeta, como pueblos ancestrales arraigados en estas tierras del Cauca, hacemos lo que nos corresponde por la tierra y por la vida, luchamos por la tierra y por la vida y en ese camino, la recuperamos, transformamos el derecho de propiedad para que sea colectivo y convocamos las conciencias a caminar palabras de libertad.
Así, TIERRA, UNIDAD, CULTURA Y AUTONOMIA, son los principios que explican y justifican el surgimiento del CRIC, cuya plataforma de lucha es la siguiente:
1) Recuperación de las tierras de los resguardos.
2) Ampliación de los resguardos.
3) Fortalecimiento de los cabildos indígenas.
4) No pago de terraje.
5) Conocer las leyes y exigir su justa aplicación.
6) Defender la historia, la lengua y las costumbres.
7) Formar profesores indígenas para que eduquen de acuerdo a la situación indígena.
8) Impulsar las organizaciones económicas comunitarias .
9) Fortalecer y preservar los recursos naturales.
10) Reorganizar la familia nasa según requerimientos del plan de vida.
La lucha indígena del Cauca sirvió de base para que en el resto del país los demás pueblos también impulsaran sus reivindicaciones y esta nueva dinámica llevó a que en 1.985 se creara la ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA, ONIC, la que comenzó a trabajar con la siguiente plataforma:
1) Defensa de la autonomía indígena.
2) Defensa de los territorios indígenas, recuperación de las tierras usurpadas y la propiedad colectiva de los resguardos.
3) Control de los recursos naturales situados en los territorios indígenas.
4) Impulso a las organizaciones económicas y comunitarias.
5) Defensa de la historia, cultura y tradiciones indígenas.
6) Educación bilingüe y bicultural bajo el control de las autoridades indígenas.
7) Recuperación e impulso de la medicina indígena y exigencia de programas de salud acordes con las características sociales y culturales de las comunidades indígenas.
8) Exigir la aplicación de la ley 89 de 1890 y demás disposiciones legales favorables a los indígenas.
9) Solidaridad con las luchas de todos los pueblos explotados y oprimidos.
2. La situación del Pueblo Nasa en la Zona Norte del Departamento del Cauca.
Las comunidades indígenas Nasa (Páez) que habitan la zona norte del departamento del Cauca, ascienden a 110 mil habitantes asentados en un territorio de 193.370 hectáreas, con una topografía bastante quebrada por encontrarse en las estribaciones de la cordillera central y frente a la cordillera occidental. En tiempos pasados habitamos el territorio del Valle del Cauca pero la colonización española y criolla nos obligó a huir. Sin embargo, el despojo más sensible se produjo durante la denominada época de la violencia (1948), pues se nos usurpó nuestra tierra y tuvimos que huir a territorios menos fértiles, con graves problemas de productividad y acceso.
De las tierras que habitamos, un 82% son de vocación forestal y un 18% constituyen zonas de páramos. Su inclinación en buena parte supera los 35%, mientras que la altitud va desde los 1200 hasta los 3800 metros sobre el nivel del mar. Nuestro territorio es una inmensa fuente de agua, pues hemos identificado 26.200 nacimientos provenientes de 123 lagunas naturales, las que siempre hemos cuidado y preservado y ahora el gobierno pretende convertirnos en guarda bosques, pero sin contraprestación alguna en materia de soberanía alimentaría, por el contrario, la amenaza de contaminación de este gran depósito de agua siempre es latente a través de las fumigaciones, so pretexto de control a los cultivos ilícitos.
Tan sólo un 12% del total de los territorios de los Resguardos es apto para la producción pecuaria y de alimentos, sin tener a dónde ampliar la frontera agrícola debido a que son zonas de conservación para la producción de agua.
Con el agua que hemos conservado a través del tiempo, es que se produce en esta región el 30% del azúcar que exporta el país, beneficios que solamente reciben los propietarios de los ingenios azucareros de la zona. Con este recurso hídrico también se mantiene el 90% de las industrias del Valle y del Cauca, al tiempo que se surten 217 acueductos veredales, ínter-veredales y regionales. También se alimenta la represa hidroeléctrica de la Salvajina, sustento del desarrollo regional, lo mismo que el río Cauca, con toda la importancia que esta arteria fluvial tiene para el país.
Los grandes empresarios y terratenientes que se benefician del agua, no han retribuido ningún recurso que recompense la conservación y posibilite formas de vida digna para las comunidades y hasta las contribuciones que por ley deben hacer, se las gastan sin contar para nada con los procesos organizativos y con las comunidades que a través de la historia hemos cuidado de la naturaleza.
Nuestra situación de pobreza es tal que el 56% de los niños padecen hambre y desnutrición constante y de las 25.000 familias que ocupan nuestro territorio, más de 6.000 no tienen tierras para producir y garantizar sus alimentos. Mientras tanto, los beneficios sociales que pueden ofrecer la agroindustria o la ganadería extensiva son demasiado exiguos, pues la tecnificación de estas actividades hace que cada vez demanden menos mano de obra, por lo que la desocupación crece y el empobrecimiento también, al lado de procesos de concentración de la riqueza y de la tierra que resultan realmente ofensivos.
Por cada hectárea utilizada en ganadería, sólo se produce un empleo, mientras que cada hectárea destinada a la producción mecanizada del azúcar, sólo genera dos empleos. Además, el 70% de las industrias están exoneradas del pago de impuestos, al tiempo que los tributos municipales en los últimos diez años, se han reducido en más de la mitad y quienes los pagan, son casi siempre los protagonistas de los manejos politiqueros y de las corruptelas locales.
La ley 218 de 1994 conocida como Ley Paez y con la que se quería dar respuesta a la grave situación social del pueblo Nasa luego de la avalancha del río Paez, en Toez Tierra Dentro, no generó un sólo beneficio para los las comunidades indígenas o afro colombianas. Por el contrario, quienes se beneficiaron a gran escala fueron los ricos e industriales que vieron como se incrementaron sus ingresos gracias a la exención de impuestos de que gozaron.
Es claro que las tierras planas de clima cálido producen tres veces más que las altas y de ladera, necesitándose menos insumos y por ende, disminuyendo los costos. Si contáramos con este tipo de tierras, aseguraríamos la producción de alimentos y existiría menos riesgo de atentar contra los bancos de agua.
Pero al hecho de no contar con tierras aptas para la producción de alimentos, se suma la situación de guerra e inseguridad permanente en que viven las comunidades, situación que se ha agravado sensiblemente con la implementación del Plan Colombia, Plan Patriota y la política de seguridad democrática del actual gobierno. No solamente sufrimos las consecuencias de la guerra, sino que se nos victimiza y además se nos señala y estigmatiza por los gobiernos nacional y departamental, y también, por las cúpulas y altos mandos militares. Esta situación nos coloca en alto riesgo y cuado se da una confrontación armada entre los actores armados en conflicto, nos vemos obligados a abandonar nuestras parcelas y cultivos, y a pasar largos períodos sin alimentos.
Todo lo anterior obliga a pensar en una política pública tendiente a garantizar tierras aptas para la producción de alimentos, al tiempo que se invierta en la conservación de las fuentes hídricas. En fin, las posibilidades de un desarrollo integral y sostenible para las comunidades indígenas, pasa por la implementación de una verdadera reforma social agraria, que privilegie la vida con dignidad y no la acumulación irracional de capital.
3. Nos ombligamos con la tierra.
Como se ha consignado en los apartes anteriores, la solución a los grandes problemas de comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas, tiene nombre de reforma agraria, pues de acuerdo con un reciente informe de la Contraloría General de la República , “La Reforma Agraria en el país, después de 42 años de su gestión, no cumplió con el propósito de redistribución de la tierra, pues ha sido de tipo marginal, dado su mayor énfasis sobre la colonización de territorios baldíos en la periferia y después de 42 años, la Reforma Agraria sólo ha beneficiado el 11.0% de las familias potenciales estimadas por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola-CIDA a principios de los años 60, calculadas en 961.000”.
En todas las sociedades, la reforma agraria ha sido el soporte del desarrollo rural y el mecanismo para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del campo, sin embargo, en nuestro caso no ha contribuido a tal mejoramiento y las distintas leyes aprobadas se han movido, según dice la Contraloría, en un proceso de avance-retroceso, en tanto cada ley, con una iniciativa clara de reforma agraria, fue alternada con una ley de contrarreforma.
Así sucedió por ejemplo con la ley 200 de 1936, desmontada con la 100 de 1944 y más tarde, la ley 135 de 1961 que creó el INCORA, incumplida sucesivamente y al final desmontada con el famoso Pacto de Chicoral y con la ley 4 de 1973. Queda entonces claro que en Colombia nunca ha existido la voluntad de realizar una reforma agraria La tierra en Colombia está en manos de la clase alta, de los políticos y últimamente de los narcotraficantes y paramilitares.
Lo más terrible es que sin haberse hecho reforma agraria, lo que sí se logró en los últimos años fue una contrarreforma agraria, según expresa la Contraloría: “mediante la compra o apropiación indebida de tierras -alrededor de un millón de hectáreas- por narcotraficantes y grupos armados ilegales en los últimos 20 años se ha realizado la más aberrante concentración de la tierra en el país. Una auténtica contrarreforma agraria. Los narcotraficantes poseen el 48% de las mejores tierras del país, mientras que el 62% de los propietarios (pequeños campesinos) sólo posee el 5,2% del área. Según el PNUD y el DNE los narcotraficantes compraron tierras en 409 de los 1.039 municipios del país. Los casos más dramáticos son el del Valle, en donde este tipo de compra de tierras ascendió a 85,/%; Córdoba, 84%; Quindío, 75%; Risaralda, 71,4%, y Antioquia, 70,9% “.
Las cifras anteriores simplemente hacen palidecer las promesas del actual gobierno, pues cabe recordar que prometió para el cuatrienio la entrega de 200 mil hectáreas, de las que apenas se han adjudicado alrededor de 5 mil, esto es, menos del 5%. Las promesas gubernamentales se fundamentaban en la aplicación de la figura de la extinción de dominio, que como es de público conocimiento, tampoco ha funcionado.
Lo que se ha consolidando en muchas regiones, es una verdadera alianza criminal entre narcotraficantes, terratenientes, políticos y paramilitares, que han logrado variar radicalmente el mapa de la tenencia de la tierra en el país. En esta dinámica, nuevamente fueron derrotados los campesinos, indígenas y afro colombianos y entre todos ellos, pueden contar en la última década, una cifra cercana a los tres millones 500 mil desplazados y despojados de sus tierras, frente a la más grosera omisión estatal y una evidente indolencia social.
Las comunidades indígenas del norte del Cauca hemos sufrido en carne propia la más aberrante violencia. El 16 de diciembre de 1991, en la finca El Nilo, ubicada en el Resguardo de Huellas Caloto, fueron masacrados 20 indígenas entre adultos, jóvenes y niños, por parte de narcotraficantes y miembros de la Fuerza Pública. Este caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia en la que el Estado Colombiano tuvo que reconocer su responsabilidad y a modo de reparación, se comprometió a entregar 15.663 hectáreas de tierra plana en tres años (1992 a 1994), las que debían ser adjudicadas a nueve parcialidades de las comunidades indígenas del Norte del Cauca, de las cuales a la fecha y después de 14 años, apenas se ha adjudicado el 50% pero en zona de ladera y con una erosión severa que requiere para la recuperación del suelo, una inversión de por lo menos $ 4.500.000 por hectárea.
Se cuentan también otras masacres y desplazamientos como la ocurrida en la región del Naya en abril de 2001, donde los paramilitares asesinaron a más de 100 personas entre indígenas, campesinos y afro descendientes, al tiempo que desplazaron a más de mil pobladores; la masacre de 13 personas entre indígenas y campesinos en el 2001 en Gualanday, municipio de Corinto, Cauca y la masacre ocurrida en los Uvos. De igual modo, hemos soportado las tomas de pueblos y la reciente escalada del conflicto armado en los municipios de Toribio, Jámbalo y Caldono en el Nororiente del Cauca, lo que ha servido como justificación para las detenciones masivas y las judicializaciones sin prueba alguna, hechos que se han presentado en distintas regiones del país como San José de Apartado, Putumayo y Caquetá, entre otras.
Resulta claro que el Gobierno no ha cumplido los acuerdos y no entrega buenas tierras con la excusa de estar muy costosas, mientras nuestra situación social, el hambre y la desnutrición, avanzan de manera alarmante. Pero tampoco ha cumplido con los compromisos derivados del decreto 982, emitido para responder precisamente a la emergencia económica, política y social de las comunidades del Departamento del Cauca. Allí se consignaron los mecanismos para atender las necesidades básicas insatisfechas represadas durante muchos años, erradicar la tuberculosis y elevar el promedio de vida de los pueblos indígenas que apenas es de 40 años. El gobierno igualmente ha incumplido los acuerdos celebrados con los campesinos del municipio de Suárez, quienes perdieron sus parcelas con la construcción de la represa de Salvajina, incumplimiento al que se suma el cambio del curso del río Ovejas, con las devastadoras consecuencias que tal hecho tendrá para el ecosistema de la región.
4. Nuestra demanda es por tierra, nuestra exigencia es dignidad y respeto por nuestro territorio
Hoy nos movemos entre sueños y esperanzas, crisis y conflictos. Somos pueblos que continuamos en resistencia. Hemos atravesado un largo camino y acumulamos siglos de lucha que nos han permitido defender el territorio. Pero aún estamos sometidos por la arrogancia, el egoísmo, la ignorancia y el irrespeto disfrazado de distintas maneras. Han caído sobre nosotros con mentiras y engaños, con el poder de las armas, con normas y leyes que nos traen miseria, explotación, dolor, sometimiento y muerte. Por eso debemos echar mano de nuestras raíces y sabiduría colectiva ancestral, para realizar nuestros compromisos de sembrar, proteger y abrir caminos de vida digna.
Hoy soportamos la imposición de un proyecto de muerte llamado GLOBALIZACION, que no respeta fronteras, llega a todos los rincones del mundo y está en nuestros hogares. Tal proyecto impulsa la guerra, trae propaganda y difunde mentiras, leyes injustas y la acumulación de dinero como el único destino posible. Expresa su avidez por los recursos de la naturaleza y por el trabajo de la gente, para incrementar los niveles de extracción y explotación. Es un proyecto que se presenta como inevitable y convierte al ser humano, a la naturaleza y a la vida, en un artículo de cambio, en una mercancía. Y para imponerse construye poderosos ejércitos que hacen la guerra a los pueblos, los masacran y desplazan.
Somos concientes que los conflictos internos que soportamos y las crisis de identidad que se nos presentan, son producto de la implementación de políticas dirigidas a tal propósito. Se nos imponen ideologías y con la guerra, se nos mata en nombre de la paz, mientras los poderosos del mundo, del país y de nuestra región, se benefician de tales injusticias, frente a lo cual, se impone la necesidad, como ayer, de alistar nuestros mejores esfuerzos para empezar a cambiar el curso de los acontecimientos, para realizar efectivamente la autonomía como pueblos.
5. Nuestras Razones de vida
Hemos caminado por muchos años y seguimos caminando, pero también hemos caminado la palabra con la que hemos hecho acuerdos que se nos han incumplido. Hemos elevado exigencias para que se nos respeten los derechos, para que los gobiernos cumplan sus deberes, pero se han mostrado insolentes, cínicos y prepotentes. Hemos soportado muchas injusticias y las seguimos sufriendo, pero ya estamos cansados. Nuestros cuerpos, espíritus y deidades nos exigen otras acciones. Nuestra descendencia aguarda la realización de acciones que honren la palabra y los compromisos incumplidos. Por ello, aquí estamos, en esta cita con la historia para realizar nuestro destino, para abrazar a nuestra madre tierra, pues para defenderla, nos sobran razones:
1) Porque somos parte de la tierra, a ella le pertenecemos y debemos nuestra existencia, y antes que colombianos, somos originarios de estos territorios y esa es nuestra razón de ser y existir.
2) Porque somos los cuidadores y protectores de las lagunas, paramos, ríos bosques, biodiversidad y demás recursos necesarios para la vida de los pueblos, en esta generación y para el futuro.
3) Porque vivimos y guardamos la memoria de los 20 hermanos masacrados el 16 de diciembre de 1991, en la finca El Nilo.
4) Porque los gobiernos han incumplido reiteradamente los acuerdos firmados con los pueblos indígenas y campesinos.
5) Porque en Colombia nunca ha existido una reforma agraria para indígenas y campesinos, por el contrario, el desconocimiento de las leyes aprobadas con tal propósito, ha configurado una verdadera contrarreforma agraria y ha exacerbado el despojo y la concentración violenta de su tenencia.
6) Porque la tierra sigue en extremo concentrada en unos pocos privilegiados a costa de la miseria y padecimiento de las grandes mayorías.
7) Porque nuestras tierras son erosionadas, de vocación forestal y depósitos de agua, fuente de vida para los pueblos y recurso vital para la agroindustria de Cauca y Valle.
8) Porque necesitamos tierras aptas para mejorar nuestra economía, garantizar nuestra existencia y crear mercados solidarios que conduzcan a la soberanía alimentaría y a la superación de la violencia que soportan nuestros pueblos.
9) Porque la vida, la historia y nuestra gente, reclaman nuestro concurso en la recuperación de lo que es nuestro, de lo propio y de lo que se nos ha despojado.
Es el tiempo de liberar nuestros territorios, pues no sólo los nuestros, sino los de los campesinos y afro descendientes, los han convertido en grandes campos de batalla, en escenarios de una guerra que se realiza para propiciar el desplazamiento y desalojar los territorios para que las multinacionales desarrollen megaproyectos.
Finalmente, queremos invitar a todos nuestros hermanos que han sido desplazados para que vuelvan a sus tierras, ya es hora de regresar. Pero también invitamos al pueblo colombiano en general, a luchar por la realización efectiva de la reforma agraria, si es que aspiramos algún día, dejar a las próximas generaciones un país más justo, incluyente y equitativo. De lo contrario, muchas guerras y muchos años de sufrimientos seguirán siendo el destino de nuestro pueblo y de todos los pueblos. Reflexionen y advertirán, que muchas violencias, sino es que todas, cuando no han comenzado, han terminado en el campo, en la lucha por la tierra, y la que hoy padecemos, no es la excepción. Ya es hora de superar tanta injusticia y tanto odioso privilegio.
Firmado: Comunidades indígenas del Cauca
Leave a Reply