A finales de marzo el ministro de Defensa Diego Molano anunció con bombos y platillos un golpe contundente contra las finanzas de las disidencias de las Farc, Frente 48, en la vereda Alto Remanso (Puerto Leguízamo-Putumayo) con el cual “neutralizaron” 11 criminales y 4 más quedaron heridos, al tiempo que capturados.
Sin embargo, con el pasar de las horas el supuesto operativo militar se convirtió en una masacre que desmiente la versión oficial. Hasta el momento se han identificado cuatro personas que, según las denuncias de la comunidad, eran pobladores del territorio donde se llevó a cabo la acción militar del Ejército colombiano: el presidente de la Junta de Acción Comunal Alto Remanso, Divier Hernández y su esposa en estado de embarazo, Ana María Sarria; el gobernador Kichwa del cabildo Bajo Remanso Pablo Panduro Coquinche y Brayan Santiago Pama, menor de 16 años de edad.
Algunos interrogantes que deja el operativo militar
Las dudas son muchas, empezando por las personas que perdieron la vida. El gobierno y los militares sostienen que pertenecían a las disidencias de las Farc, y ese es su argumento para reportar los muertos como “dadas de baja en combate”. Aunque brillan por su ausencia los análisis desde el Derecho Internacional Humanitario que protege a la población civil no combatiente.
Según los relatos de los sobrevivientes, la incursión la hizo un comando de cuarenta soldados, vestidos con buzos negros y pantalones camuflados, que dijeron pertenecer al Frente Carolina Ramírez; grupo de las antiguas Farc, que no se desmovilizó y que sostiene una guerra a muerte con los Comandos de Frontera por el control del narcotráfico y las rentas ilegales en el Putumayo. (Ver: “El nuevo ciclo de la violencia en Putumayo”, periódico desdeabajo, edición 289, págs. 8-9). La pregunta que surge es ¿Por qué hacer una acción de falsa bandera y luego reivindicarla como propia ante los medios de comunicación?
Recientemente la Revista Semana publicó un informe de inteligencia que sostiene que en la vereda Alto Remanso se estaba realizando un “bazar cocalero” convocado por los Comandos de Frontera. Este sería el “modus operandi” de este grupo narcocriminal que controla las veredas rivereñas del río Putumayo1.
De esta manera justifican la grave violación de los Derechos Humanos cometida por los militares y contrasta con la realidad de miles de familias campesinas, negras e indígenas que viven del cultivo y comercialización de la pasta base de coca. Una economía ilegal que ha sido el sustento por más de cuarenta años en el Putumayo y que merece un análisis de fondo para no estigmatizar a su población como criminales.
Según las denuncias, los militares habrían cometido saqueo y destrucción de bienes civiles, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y desapariciones forzadas. Actualmente cursa denuncia penal por la desaparición forzada de Diego Delgado Hernández, Brayan Stiven Salazar Rodríguez, Andrés Felipe Chalarca, Juan Antonio Rebolledo y su hijo de 8 años2. ¿Por qué en los informes oficiales no se habla de este tema?
El operativo fue dirigido contra Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, y Enuar Ojeda Sánchez, Managua, jefes de finanzas de los Comandos de Frontera en la zona. El primero se habría escapado y el segundo sería uno de los muertos reportados por los militares3. También fueron capturadas cuatro personas heridas que fueron presentadas como disidentes de las Farc, pero puestas en libertad días después por la Fiscalía. ¿Cuál era el interés del gobierno de reportar falsas capturas? ¿Qué pasará con estas cuatro personas después de haber sido estigmatizadas como guerrilleras?
Todo parece indicar que estamos ante el encubrimiento de una masacre cometida por el ejército. Lo que nos lleva a preguntarnos ¿cuál era en realidad el objetivo de esta operación tipo comando?
Se revive el terror en el Putumayo
Como lo advertimos en la pasada edición, el nuevo ciclo de violencia en el Putumayo revive el accionar paramilitar de finales de los noventa. Lo sucedido en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo nos recuerda la masacre acaecida en El Placer, el 7 de noviembre de 1999.
En aquella ocasión nadie esperaba que un día de mercado, cuando las cantinas retumbaban y los comerciantes se alistaban a comprar “la merca”, un comando paramilitar se tomara el pueblo. Parece una coincidencia pero el saldo trágico fueron 11 personas asesinadas, incluyendo una mujer embarazada4. En El Placer, el objetivo fue el control del comercio de la pasta base de coca. Al parecer, de acuerdo a los reportes presentados por los mismos militares; en la vereda Alto Remanso también funcionaba un centro de comercialización de coca.
Esta vereda tiene gran importancia para los actores armados por su ubicación estratégica, en toda la Triple Frontera con Perú y Ecuador. De Acuerdo a la Alerta Temprana 002-2022 de la Defensoría del Pueblo, los Comandos de Frontera mantienen control sobre el sector de Pacora, Puerto Veliz5, para la producción de cocaína. Además del lado ecuatoriano habría campamentos de entrenamiento, donde se escondería el máximo jefe de esta estructura, alias La Araña.
La masacre del 28 de marzo de 2022 debe ser esclarecida, pero no debemos olvidar el contexto actual del conflicto armado que se libra en el departamento del Putumayo. Su epicentro en este momento es Puerto Leguízamo, se registraron seis masacres6 y dos desplazamientos masivos en los últimos cinco meses (ver recuadro sobre la violencia en Puerto Leguízamo). ¿Por qué las autoridades no explican a la opinión pública lo que realmente está pasando en el deparamento, en especial en Puerto Leguízamo? Lo que impera es la impunidad y la información descontextualizada.
Violencia sin tregua y en aumento desde hace 2 años, de acuerdo a los reportes de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de Derechos Humanos. Las autoridades saben la grave crisis por la que atraviesan las comunidades pobladoras del Putumayo, aguas abajo. Una realidad que demanda una intervención social y humanitaria urgente que impida el destierro de las comunidades, sobre todo las indígenas que hace cien años sufrieron el etnocidio de la Casa Arana y hoy padecen la violencia del narcotráfico.
1 Las evidencias que demostrarían que se trató de un “bazar cocalero” de las disidencias de las Farc en Altos del Remanso, y no de la comunidad: https://www.semana.com/nacion/articulo/las-evidencias-que-demostrarian-que-se-trato-de-un-bazar-cocalero-de-las-disidencias-de-las-farc-en-altos-del-remanso-y-no-de-la-comunidad/202227/
2 El operativo del Ejército manchado con sangre de civiles: https://voragine.co/el-operativo-del-ejercito-manchado-con-sangre-de-civiles/
3 Op. cit., Revista Semana.
4 Centro Nacional de Memoria Histórica. El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo. https://centrodememoriahistorica.gov.co/el-placer-mujeres-coca-y-guerra-en-el-bajo-putumayo/
5 Putumayo, la frontera que asusta a los peruanos: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/putumayo-la-frontera-que-asusta-a-los-peruanos-475598
6 Comunidad reporta otros tres asesinatos en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo: https://conexionputumayo.com/comunidad-reporta-otros-tres-asesinatos-en-zona-rural-de-puerto-leguizamo-putumayo/
Artículo relacionado:
El nuevo ciclo de violencia en Putumayo, periódico desdeabajo
Nº 289, marzo 20 – abril 20 de 2022
Vínculo:
Puerto Leguízamo: desangre continuo
Masacres, desapariciones forzadas y/o ataques contra población civil, desplazamientos masivos:
1 febrero 2020: En la comunidad Siona El Hacha se reportó la desaparición de 4 personas de una misma familia, entre ellas dos menores de edad.
26 de agosto de 2021: En la Inspección de Pinuña Negro incursionó el Frente Carolina Ramírez, quienes reunieron a la comunidad por espacio de tres horas y se llevaron 4 personas sin rumbo desconocido. Posteriormente, el 29 de septiembre, fue asesinado el líder afro Henry Perea Montaño; el 30 de septiembre también perdió la vida el líder Apolinar José Riveros Flores. Estos últimos hechos se le atribuyen a los Comandos de Frontera.
5 de noviembre 2021: En la comunidad de La Esmeralda, inspección de Yurilla, municipio de Puerto Leguízamo, fueron asesinadas tres personas. El pasado 10 de octubre, en esta misma inspección, y en hechos aún por esclarecer, fue asesinada una bebe de nueve meses.
12 de noviembre 2021: en la comunidad de Sencella, sus pobladores reportaron el asesinato de Sleider Gordillo España y Jaider Enrique Rivera Maestra; el 13 de noviembre se informó del homicidio de otra persona sin identificar.
25 de diciembre de 2021: La organización indígena que agrupa a las comunidades del Predio Putumayo denunció que en la comunidad de Buenavista un grupo armado cometió una masacre que afectó a 7 personas ajenas a la comunidad, todas ellas sin identificar. Se desplazaron cerca de 35 familias, sin establecer los lugares de recepción y atención, o su posible retorno a su comunidad.
2 de febrero de 2022: hacia las 6:00 a.m., en la comunidad de El Balsal, inspección de Yurilla, un grupo armado incursionó asesinando a tres personas. Efrén Ramos, fiscal de la comunidad y dos jóvenes, de quienes se desconoce su identidad, fueron las víctimas.
5 de febrero de 2022: hacia las 11:00 p.m., en la comunidad El Diamante inspección de Yurilla, municipio de Puerto Leguízamo, hombres armados asesinaron a tres integrantes de la familia García.
9 de marzo de 2022: hombres armados detuvieron una embarcación en zona rural de Puerto Leguízamo y asesinaron tres personas; entre las que se encontraba el motorista Nixón Pérez Lozada, persona reconocida en el municipio.
28 de marzo de 2022: En un operativo militar en la vereda Alto Remanso contra los Comandos de Frontera fueron asesinadas 11 personas; 4 más fueron heridas y 5 desaparecidas; entre las que se encuentra un menor de 8 años de edad. De los 250 habitantes de la vereda sólo quedan 20 personas en el caserío. Se reportan saqueos y daños de bienes civiles. Estos hechos son materia de investigación.
Fuente: Alerta Temprana 002-2022; Comisión Interclesial de Justicia y Paz, portal web Conexión Putumayo y Vorágine.
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