La Denuncia fue asignada en reparto el 2 de marzo a la Fiscalía 16 Seccional, presidida por Manuel Eduardo Sirtori Gual, quien deberá revelar el nombre de las personas que maquinaron y ejecutaron un plan criminal en el que, tras presentar un documento alterado, se viabilizó la adjudicación del contrato, la firma del acta de inicio y el desembolso del primer anticipo de obra, cercano a los 4.200 millones de pesos.
El Teatro Santa Marta es una de las edificaciones más importantes de la ciudad, fue declarada Bien de Interés Cultural, mediante la Resolución 948 de 2006 por parte del Ministerio de Cultura, en concordancia con el contexto histórico en que se dio su construcción y con los eventos que en él se realizaron y hoy en día aún son de grata recordación para la sociedad samaria. Ver Resolución 948 de gtf2006.
Movidos por el evidente deterioro de la infraestructura física del Teatro, personas como José Francisco Zúñiga, en ese entones alcalde de la ciudad; Carlos Vives, reconocido artista y empresario samario, y la cultora Patricia Moreno Linero, quien durante ocho años administró las actividades culturales que se realizaron en dicho escenario, gestionaron y consiguieron con Fonade los recursos para realizar los estudios estructurales y el diseño arquitectónico.
Más tarde, la voluntad política del entonces alcalde Juan Pablo Díazgranados para llevar a feliz término este proyecto, coincidió con la coyuntura de Sergio Díazgranados en el Ministerio de Industria y Comercio, permitiendo que a través de la cartera que este administraba, se aseguraran 10 mil millones para su financiación, a los cuales se sumaron mil millones más aportados por el Ministerio de Cultura.
La administración de Carlos Caicedo, que según la lógica le correspondía ejecutar los millonarios recursos, dilató y empatanó el proyecto, el cual revivió solo hasta octubre de 2015, mes de elecciones, en el que la noticia de la firma del Acta de Inicio de Obras tomó fuerza. Ver Boletín de Prensa 1025 Alcaldía de Santa Marta.
En oficio fechado el 5 de mayo, Fonade certifica que “el 15 de diciembre de 2015, se suscribió el Contrato de Obra No 2152166 con el Consorcio Obra TSM, cuyo objeto es realizar la primera etapa de la restauración integral del Teatro Santa Marta”, a renglón seguido indica que “el 18 de diciembre del 2015 se suscribió acta de inicio” y como parte de ese proceso burocrático también se hizo el primer desembolso.
Las obras no arrancaron en el mes de diciembre de 2015 como se tenía previsto, las razones de su retraso las expuso el 26 de enero, el Curador Urbano Número Uno de la Ciudad, Jorge Tamayo Callejas, cuando el contratista (Consorcio Obra TSM) y el interventor (Omicron del Llano), le solicitaron para dar inicio a las obras, el expediente, planos y documentos -que viabilizaron la adjudicación del millonario contrato y entre los cuales se encontraba la Licencia de Construcción expedida con Resolución 360 del 15 de mayo de 2015– y recibieron la respuesta de que su oficina “no podía expedir los documentos solicitados, ya que existían inconsistencias en la Licencia de Construcción y que por ello debía confirmar algunos documentos para expedir las copias.”
Las inconsistencias de las que notificó Jorge Tamayo al contratista y al interventor, están tipificadas y descritas en el Código Penal Colombiano como Falsedad en Documento Público, toda vez que la Licencia de Construcción 360 de 2015 a la que hace referencia Fonade en oficio dirigido al Observatorio Nacional de Colombia, no corresponde a la obra de reconstrucción del Teatro Santa Marta, sino que fue entregada por Dennys Valverde Sánchez en ejercicio de sus funciones como Curadora Urbana Número Uno de Santa Marta (E) a Heidrun Elisabeth Klemmer, para adelantar una obra nueva en el Lote 3 de la finca Los Laureles, en el corregimiento de Minca. En la página web de la Curadría Urbana Número Uno está reseñada la resolución en mención, pero extrañamente su enlace está roto. Ver Resolución 360 de 2015.
La denuncia
La Licencia de Construcción incluida dentro del expediente que dio viabilidad para que el contrato fuera adjudicado por Fonade al Consorcio Obra TSM -representado legalmente por Max Ojeda Gómez y conformado por tres empresas: Arquitectos Restauradores S.A.S., Constructora J G y A S.A.S. y Arquitectos Constructores e Interventores S.A.S.- por un valor de 11.270.414.015 pesos, con un plazo de ejecución de 12 meses, fue calificada por Valverde Sánchez como “una burda falsificación, a la que se le evidencian notables alteraciones.”
La primera irregularidad en el documento y que evidencia el delito, está en la no correspondencia del Acto Administrativo con el número de radicación; la segunda se refiere a la modalidad de la obra: en el encabezado se lee claramente Obra Nueva, pero dentro del texto indica que es una restauración; la tercera tiene que ver con lo poco visible de la firma y la alteración de los sellos personales y vistos buenos con los que cada Curador verifica las solicitudes de su oficina. Ver Licencia Falsa.
“En el proceso de empalme con el arquitecto Jorge Tamayo, se presentó una situación extraña, puesto que en su expediente figuraba el Teatro Santa Marta con una Licencia expedida por mí, cosa que me alarmó sobremanera, ya que licencia no la otorgué porque el Distrito, no solo no pagó las expensas que le correspondían sino porque además los diseños estructurales no cumplían con las Normas de Sismoresistencia. Ese mismo día radiqué una denuncia penal en la Fiscalía y notifiqué de las irregularidades a los funcionarios públicos del distrito que intervienen en este tipo de procesos”, explicó Dennys Valverde. Ver Denuncia.
La denuncia por Falsedad en Documento Público que interpuso ante la Fiscalía General de la Nación la excuradora número uno de Santa Marta, el día 26 de enero, como consta en el Formato de Noticia Judicial número 470016001019201600420, fue asignada mediante reparto el 2 de febrero a la Fiscalía 16: Unidad Seccional Patrimonio Económico, Fe Pública y Otros, presidida por el Fiscal Manuel Eduardo Sirtori Gual.
Causa suspicacia que solo después de la notificación que Dennys Valverde hiciera de su Denuncia Penal al Alcalde, Rafael Martínez; al Secretario de Planeación, Francisco García y, al Curador Urbano Número Uno, Jorge Tamayo Callejas, este último alertara sobre la falsedad del documento, que pasó desapercibido por los funcionarios de Fonade encargados de revisar, y consignar en actas la aprobación en junta de este tipo de proyectos que comprometen una cantidad importante de dinero público. En consecuencia con esas irregularidades, la entidad firma el 3 de febrero de 2016 el Acta de Suspensión No 1 al contrato de obra e interventoría por un término de 15 días hábiles, hasta el 24 de febrero. Ver cartas de notificación.
Pasada la fecha, relata Fonade, “no se pudo aclarar el tema en el tiempo estimado y teniendo en cuenta que no se puede adelantar ningún tipo de obra en el territorio nacional sin contar con la Licencia de Construcción, el Comité Operativo recomendó prorrogar la suspensión de la obra No 2152166 por un término de 30 días calendario o hasta superar los motivos que dieron origen a la suspensión.”
¿Confabulados para delinquir?
Para el abogado Alonso Linero Salas, “como existe el documento del funcionario que está diciendo que no ha expedido la Licencia y, suponiendo que se ha procedido de buena fe y se ha engañado a todo el mundo, los funcionarios que fueron notificados debieron haber interpuesto una denuncia penal para establecer cómo hicieron para girarle al contratista una suma de dinero sobre las bases de un documento falso”, el jurista va más allá y asegura que en este caso “estamos hablando de una cantidad enorme de dinero, lo que pone de presente que los funcionarios notificados no han hecho la denuncia respectiva y estarían omitiendo algo, y proceder de esta manera es altamente delictivo. Estamos hablando de algo monstruoso por la naturaleza del delito que es Falsedad y Uso de Documento Público pero, además, si eso es falso pudiese tratarse de un Peculado, porque se está cancelando una suma de dinero que no se tiene que cancelar”.
A finales de febrero, notificado de las irregularidades y de las dos suspensiones del contrato, Martínez con casco blanco y botas, se hizo presente en el Teatro Santa Marta para conocer los planos y anunciar desde allá que, pese a los retrasos, las obras iniciarían pronto (Ver nota de prensa). Y así fue, el 7 de marzo arrancaron tras ser expedida una nueva Resolución, la No 026 del 26 de febrero de 2016: por medio de la cual se otorga una Licencia de Construcción en las modalidades de demolición parcial, reforzamiento estructural, ampliación, adecuación funcional y restauración con radicación No 47001-1-15-0082, firmada por Jorge Luis Tamayo Callejas. Ver Edicto en El Informador.
El otorgamiento de una nueva resolución, si bien resuelve la suspensión del contrato y da inicio a las obras, no podrá subsanar el hecho punible que fue denunciado por Dennys Valverde Sánchez, y con el cual quienes maquinaron esa estrategia fraudulenta se adjudicaron para sí 11.270.414.015 de pesos, a los cuales ahora se le sumarán los 9 mil millones que anunció Rafael Martínez para la financiación de la segunda etapa de la obra, en la que no se ve el movimiento ni se escucha el ruido particular de un proyecto de gran envergadura.
Linero Salas advierte que “hay sanciones para todos los funcionarios así argumenten que se emitió nuevamente la licencia, esto no dejaría el delito sin haberse cometido, habría un proceso de Concierto para Delinquir buscando que saliera una suma de dinero para la que legalmente no se contaba con los documentos.”
El 18 de mayo, vencidos los términos legales para responder un derecho de petición y tras la exhortación de Germán González Plata, Director Seccional de Fiscalías, desde la Seccional 16, se confirmó la existencia de la denuncia y el estado de la misma.
El oficio con radicado número 357 y firmado por Manuel Eduardo Sirtori Gual, señala que a la Seccional de la Fiscalía que él dirige “le fue asignada la denuncia penal formulada por la señora Dennys Valverde Sánchez… Con indiciado por identificar, en la cual hace un recuento de unos hechos relacionados con la falsedad de la Resolución mediante la cual se otorga Licencia de remodelación del Teatro Santa Marta de esta ciudad.” Ver Oficio Fiscalía Seccional 16.
Pese a haber transcurrido seis meses desde la recepción de la querella en la oficina del Fiscal Sirtori, y estar enmarcada en la Ley 906 de 2004, la cual establece en su artículo 48 que el tiempo para el trámite burocrático en estos casos es de tres días, la denuncia aún se encuentra a la espera de la elaboración de un programa metodológico y orden a Policía Judicial para ser entregado a un investigador.
Para los abogados asesores del Observatorio, la dilación en los procesos investigativos en los que se encuentran involucrados agentes de la Administración Distrital y multimillonarios recursos del erario, hace parte de un pacto de silencio general, que le resulta lucrativo a quienes participan de él y costoso al Estado que, en este caso particular termina desembolsando dinero sobre la base de un documento falso.
El Observatorio Nacional de Colombia queriendo conocer la versión oficial, solicitó entrevista con el Alcalde Distrital, Rafael Martínez, pero desde su despacho no ha habido ninguna respuesta a nuestra petición por escrito, caso similar al del Secretario de Planeación, Francisco García Rentería, de quien también hemos quedado esperando contestación.
A la luz de varios juristas consultados por este medio, el ostracismo por parte de la Administración Distrital frente a esta situación, es una grave violación a la moralidad administrativa y los principios de transparencia. “Tratándose de la realidad de la situación, en la que un denunciante está presentando documentos y puso la situación en conocimiento de los funcionarios, hay una Omisión Culposa terrible, con forma dolosa por parte de Rafael Martínez y Francisco García Rentería, que ha impedido el avance de la investigación y el esclarecimiento de estos hechos que lesionan el erario. Estas actuaciones tienen que ser objeto de una investigación por parte de los entes de control”, sentenció el abogado y magister en Investigación en Derecho, Pablo González Delgado.
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