Por estos días, finales de noviembre de 2018, se encuentra en visita oficial a Colombia el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos.
El Relator Especial, Michel Forst, está en Colombia desde el 20 de noviembre y prolongará su estancia hasta al 3 de diciembre. El objetivo de su visita: evaluar la situación de los defensores de los Derechos Humanos y los esfuerzos del Gobierno para protegerlos y garantizar su labor.
La última visita oficial de este tenor a Colombia sucedió entre el 7 al 18 de septiembre de 2009, por la Relatora Especial de aquel entonces, la Sra. Margaret Sekaggya, quien en su informe del 1 de marzo de 2010 llamaba la atención sobre la estigmatización y difamación sistemáticas de los defensores por funcionarios públicos, incluso, por las declaraciones públicas hechas por el presidente de entonces –Álvaro Uribe– que presentaba a los defensores de los Derechos Humanos como “cómplices de grupos terroristas o guerrilleros”.
En aquella visita, la Relatora Especial mostró especial preocupación por la vigilancia ilegal generalizada que llevaban a cabo los servicios de inteligencia civiles y militares; los arrestos sin mediar orden judicial válida y “procedimientos penales abiertos sin fundamento contra defensores de los Derechos Humanos por delitos contra el orden constitucional (“rebelión”) y la seguridad pública (“terrorismo”), sobre la base de informes de los servicios de inteligencia militares y civiles y los testimonios de testigos nada fiables”. Además de las amenazas, asesinatos, desapariciones, estigmatización, seguimiento ilegal, judicializaciones en las que se encontraban involucrados agentes estatales.
Una de las situaciones mencionadas en aquel informe, con plena vigente, son las medidas de protección ineficaces:
[…] los asesinatos y desapariciones constantes de defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales eran beneficiarios del Programa de protección, como en el caso de Ualberto Hoyos, ponen de manifiesto las limitaciones del Programa y de otras medidas de protección para evitar los ataques contra los defensores.
Luego de 10 años de la primera visita de la Relatoría Especial, podemos decir que han ocurrido cambios significativos en el contexto nacional. Hace una década el discurso antiterrorista de la política de seguridad democrática negaba la existencia de un conflicto social y armado, y hacía imposible pensar en la solución política al conflicto armado, al cual le adjudicaban el origen de la inseguridad para el ejercicio del derecho a defender los derechos.
Hoy la visita del Relator Michel Forst se da en un contexto en el que el Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno nacional, permite pensar que la situación de los defensores de Derechos Humanos presenta mejoras significativas; sin embargo, estamos frente a hechos que expresan lo contrario. Según las cifras oficiales del Boletín No. 087 del gobierno nacional, entre el 2016 y el 27 de julio de 2018, 183 líderes y defensores de DD.HH han sido asesinados .
El Programa Somos Defensores, en su informe anual 2017 afirma que en este año fueron agredidos 560 defensores de DD.HH (106 asesinatos (incremento del 32.5 %), 370 amenazas, 50 atentados, 23 detenciones arbitrarias, 9 judicializaciones y 2 hurtos de información sensible) en el que se destaca la focalización de la violencia en zonas rurales . Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en su Informe Anual 2017 registraron 121 asesinatos (84 DDH, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales) 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (seguimientos, fotografías, robo de información, entre otras) 4 desapariciones forzadas y el acceso carnal violento de una mujer activista.
Sin duda estas cifras generan preocupación y hasta controversias. Recientemente el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, manifestó que “El debate de las cifras no debe retrasar un debate mucho más serio sobre las causas estructurales y cómo abordarlo de manera integral. Si no lo hacemos seguiremos contando los muertos. Yo no quiero participar en ello ”
¿Cuáles son las causas estructurales de la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales?
El abordaje del problema sobre las limitaciones al ejercicio del derecho a defender los derechos estaba sujeto hasta hace poco (aún persiste esta visión) al problema de orden público derivado del conflicto armado. Hoy se pone en duda que el conflicto armado con la guerrilla de las Farc haya sido el principal factor de riesgo, pues tras su desmovilización, persisten los ataques contra defensores.
Esto hace suponer también que el proceso de paz y el supuesto tránsito al postconflicto encubre de una parte, la persistencia del conflicto armado en el que participan otras fuerzas insurgentes (Eln, Epl, disidencias), contrainsurgentes (Fuerzas Militares y paramilitares) y organizaciones criminales que se disputan los territorios y escenarios abandonados por la FARC-EP. Pero también hace pensar que el conflicto armado encubria una violencia mayor, estructural, en la que participan actores económicos y políticos poderosos que ven en la defensa de los derechos humanos una amenaza a sus intereses.
Recordemos que el recién electo presidente Iván Duque (2018-2022), representa la continuidad del proyecto político del expresidente Álvaro Uribe Vélez, caracterizado por su política de seguridad democrática que fortaleció a las fuerzas militares y las acciones cívico militares; la promoción de la confianza inversionista y la limitación de derechos y las libertades civiles . El “nuevo gobierno” llegó al poder oponiéndose al acuerdo de paz y la salida política negociada del conflicto armado.
Este proyecto político, desde el inicio de funciones del nuevo gobierno, se caracteriza por sus declaraciones en contra de la protesta social que ha sido una forma de exigibilidad de derechos. El Ministro de Defensa Guillermo Botero, quien viene del gremio de los comerciantes (Fenalco) aseguró en declaraciones públicas que “Los dineros ilícitos financian la protesta social” y que detrás de los cierres de vías siempre hay mafias organizadas, estigmatizando y deslegitimando a quienes acuden a la protesta, violando el principio de distinción del derecho internacional humanitario.
En las recientes movilizaciones de los estudiantes que reclaman mayor presupuesto para las universidades pública y el mejoramiento de la calidad desde una perspectiva del derecho a la educación han sido reprimidos por la fuerza pública, quienes según denuncias circuladas por redes sociales, han infiltrado las movilizaciones con agentes de la policía vestidos de civil para promover disturbios, detener y judicializar a los estudiantes.
El nuevo gobierno, aunque ha aceptado a regañadientes el Acuerdo de Paz con las Farc ante la comunidad internacional, ha manifestado que hará ajustes importantes a los mismos, lo cual pone en serio riesgo algunos avances en materia de seguridad y protección de los líderes sociales y políticos declarados en oposición. En el Acuerdo de Paz se incluyeron medidas de política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atenten contra defensores/as de derechos humanos (El Decreto Ley 154 de 2017 y Decreto Ley 898 de 2017) medidas de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Decreto 895 / 2017) y política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades (Decreto 1581/2017)
El nuevo marco normativo derivado del Acuerdo de Paz también apuntaba, entre otras cosas, al fortalecimiento institucional del Ministerio Público, particularmente a la Defensoría del Pueblo, quién ha cumplido una importante labor en el monitoreo de la situación en territorio a través del sistema de alertas tempranas (Decreto 895/2017), avance parcial que se encuentra en grave riesgo debido a la situación denunciada recientemente por el sindicato de la entidad quien manifiesta su preocupación tras las amenazas de muerte contra tres funcionarios quienes tuvieron que desplazarse desde sus lugares de trabajo, situación ante la cual, el sindicato reprocha el silencio del Defensor del Pueblos Carlos Negret.
Nada nos hace pensar hoy que el Acuerdo de Paz se cumpla y que se acuda a un enfoque más amplio de protección a los defensores de Derechos Humanos, por el contrario veremos un incremento de las estigmatizaciones, judicializaciones y medidas represivas ante lo que el gobierno llama “vandalismo”, “polarización”.
Ante este panorama esperamos que la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas evidencie la real situación por la que atraviesa Colombia en este aspecto, y ejerza presión internacional al “gobierno de Duque” para llevar los riesgos de los Defensores de Derechos Humanos a un nivel manejable que permita la acción social y política.
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