La situación del país en general, y en particular del sector salud, con indicadores de covid preocupantes en todos sus aspectos, son motivo más que suficientes para responder de manera activa a la convocatoria para realizar un nuevo paro el 19 de noviembre: por la vida, la paz y la democracia, contra el Proyecto de Ley 010 y 331.
La memoria nos permite traer hasta el presente que, en respuesta a las propuestas del gobierno de reformar la política laboral, pensional, de salud, derecho a la protesta, reforma tributaria entre otras, en octubre de 2019 surge el Comité Nacional de Paro (CNP), espacio en el que confluyeron las Centrales Obreras, Federaciones, Confederaciones y sindicatos, organizaciones y asociaciones gremiales y sociales del país para presentar al presidente Duque un pliego con 13 ejes desarrollados en 104 puntos.
En este petitorio el sector salud, organizado en Salud en el Paro, planteó desarrollar un Pacto Social y Político por el derecho fundamental a la salud, universal, gratuita, de calidad y sin barreras, que incluyó:
a) La financiación de la red pública hospitalaria a cargo del Estado.
b) Eliminar la intermediación de entidades privadas de los recursos públicos en todo el sistema de salud; las actividades y recursos de salud deben manejarse a través de instituciones públicas.
c) La salud pública estará a cargo del Estado.
d) Formalización de los trabajadores y trabajadoras del servicio de salud, en un periodo no superior a seis meses, garantizándoles estabilidad laboral, y condiciones dignas de trabajo.
e) La nómina de los trabajadores y trabajadoras de las Empresas Sociales del Estado será responsabilidad directa del Estado.
f) Derogatoria de la Ley 100 y sus normas reglamentarias, para dar paso a un nuevo modelo que garantice el derecho a la salud.
g) Reglamentación de la Ley Estatutaria.
La respuesta del Ejecutivo fue negativa, establecer “conversaciones” sin ningún compromiso ante las demandas sociales, displacencia que llevó al gran paro nacional del 21 de noviembre, con la participación de todos los sectores, resaltando la importante presencia del movimiento estudiantil.
Un año, después y en medio de la emergencia declarada por la pandemia ocasionada por el covid-19 (amparada en la cual el gobierno ha emitido decenas de decretos, resoluciones y circulares para enfrentarla), quedó evidente la incapacidad del Sistema de Salud para enfrentar la situación y brindar atención adecuada a la población afectada, las Unidades de Cuidado Intensivos (Uci) en algunas partes del país llegaron a su capacidad máxima, otras se encuentran al 80 por ciento, además de la alta ocupación en los servicios destinados a la atención de pacientes covid diferentes a las Uci-
Sin tomar en cuenta las lecciones que para el modelo social y productivo vigente va dejando este grave insuceso, el gobierno nacional privilegió la apertura de la economía frente a continuar con el confinamiento obligatorio, negándose a toma medidas de emergencia, como la renta básica, que paliaran en algo la crisis económica y alimentaria padecida por miles de familias y, negándose al mismo tiempo a tomar en cuenta las recomendaciones de las diferentes organizaciones y sociedades del sector salud de mantener el aislamiento, con el fin de optimizar el recurso de las Uci y hospitalización, y dar una oportuna atención de la población contagiada.
¿Qué ha sucedido con el sector salud?
No lo pueden ocultar: la crisis dejó ver ante el país un modelo de salud que no estaba preparado para enfrentar la pandemia. Incapacidad acumulada con el paso de los años y producto de la Ley 100/93 que llevó a que la infraestructura y equipos de la red hospitalaria quedaron en la obsolescencia, y que al mismo tiempo determinó que las instituciones hospitalarias del sector público deberían ser autosuficientes, teniendo que entregárselas al sector privado, convirtiéndose los hospitales en intermediarios entre EPS y servicios privados, contratados por los mismos hospitales; la prevención y promoción fue abandonada y su valioso recurso humano fue despedido y hoy trabajan por medio de contratos basura, a destajo, sin estabilidad ni autonomía, con bajos salarios y nulas prestaciones.
Véanse otras de sus consecuencias: de los 1.800 hospitales y clínicas con que cuenta el país, solo el 2 por ciento tienen registro de calidad, 930 se encuentran al borde de la quiebra, las EPS, el gobierno y las entidades territoriales les adeudan 21 billones de pesos. En lo laboral, además de lo ya anotado, su personal no cuenta con los suministros básicos de dotación y de bioseguridad mínimo para el desempeño de sus labores. Para completar esta grave situación, las deudas de salario llegan en algunos casos hasta 23 meses, instituciones hospitalarias sin recursos, acoso laboral, discriminación social, atraso tecnológico, aumento en la carga laboral; todo ello como resultado final de haber convertido la salud en un negocio donde lo central es el aseguramiento, la oferta y demanda y la intermediación. Un modelo centrado en la curación, relegando la promoción y prevención como lo fundamental del modelo.
Cifras y realidad preocupante
En el reporte del día 13 de noviembre/2020, el Instituto Nacional de Salud informa que hay en el país 1.182.697 caso de covid, 33.669 fallecidos; 19.738 caso de infectados por millón de habitantes, con una tasa de letalidad del 3.1 por ciento; esta cifra nos ubica en el 8° lugar en América en contagios.
En el boletín # 55 de noviembre 11, del Instituto Nacional de Salud, “Covid en el personal de salud” reportan: 19.735 casos de contagio, fallecidos 99. En las estadísticas que llevan algunas organizaciones hay más de 175 fallecimientos; es de destacar que del total de afectados del sector salud el personal de enfermería (auxiliares y enfermeras) representa el 38,29 por ciento; con un notorio aumento en el personal médico de 14.17 por ciento y administrativo del 13,75 (ver recuadro, Informe Grupo de Monitoreo Crítico). Las ciudades con mayor contagio son: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, y departamento de Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Amazonas.
En conclusión, un año después del 21N el futuro del país sigue incierto muy especialmente en lo relacionado con salud, ya que está enfrentando una aguda crisis por el covid-19, con unas medidas gubernamentales que no dan solución y que privilegian el sector de la producción y el financiero, dejando en renglón inferior la atención de la salud y seguridad social, atención alimentaria y de seguridad, además de atender en debida forma los derechos de quienes con su labor diaria atienden el sector. Contrario a ello, patrocina reformas del sector, en trámite en el Congreso, tanto para “garantizar el derecho fundamental a la salud –proyecto de ley 010 de 2020–, como para “Fomentar el trabajo digno del talento humano en salud” –proyecto de ley 331 de 2020–, propuestas que a todas luces no dan cuenta de lo requerido por la sociedad colombiana como por las mujeres y hombres que integran la fuerza laboral del sector, razón por la cual han elevado su voz al Congreso de la República para solicitar su archivo.
No queda duda, para construir una propuesta que sí esté a la altura de las necesidades del país y del personal de la salud en su conjunto, es indispensable que, tanto el gobierno como los empleadores, constituyan mesas de trabajo para concertar las políticas por implementar, pero también para garantizar las condiciones de bioseguridad que garanticen la salud y la vida de quienes velan por la salud del conjunto social.
Es por todo ello que hoy nos vemos abocados a seguir movilizándonos en torno al pliego de Emergencia presentado por el CNP al gobierno, que dentro de sus 6 puntos en el primero demanda: “La intervención del Estado del sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas y la formalización laboral para todos los trabajadores del sector salud”.
* Enfermera de la Universidad Nacional, Auditora.
Presidente de la Organización colegial de enfermeras –Oce–. Fiscal nacional de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia –Amec
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