Todos resistiendo el desvío del río Magdalena

Las comunidades del centro del Huila han adelantado una lucha de resistencia civil contra el megaproyecto de la represa El Quimbo. Su voz de rechazo se hizo sentir con fuerza el pasado mes de enero, entre los días 3 y 17 del mes, logrando concertar con el gobierno nacional (representados por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) una meses de negociación.

 

Como siempre, de las mesas salieron palabras pero pocos compromisos, hasta tal punto que para este miércoles la empresa Endesa Emgesa anunció el desvió del río Magdalena, para iniciar la construcción de un túnel de aproximadamente 800 metros. Alertados por esta realidad, el pasado 5 del mes en curso se retomó la protesta, y con gran decisión se han retomado plantones, mítines y demás manifestaciones de protesta. 

 

 

Una de las primeras protestas de esta nueva jornada de lucha, se llevó a cabo a través de un “paseo de olla”, con el cual se buscaba una mayor presencia de la comunidad huilense en esta lucha, que no sólo es por la defensa del territorio huilense, sino por el bienestar de todo el país, toda vez que el inmenso río, el mayor del país, atraviesa buena parte del mismo, y su deterioro, por tanto, implica al conjunto nacional. 

 

La desviación del río, valga recordar, tiene como objetivo iniciar las obras correspondientes al punto donde necesitan interrumpir su curso natural para construir la hidroeléctrica. Según Miller Dussán, investigador de la Universidad Sur Colombiana y miembro de Asoquimbo, “estamos retomando nuestra tradición del paseo de olla para que todos vayamos a defender nuestro río. No debemos permitir su desviación porque esto traería graves consecuencias ambientales y sería abrirle paso a la represa que pretenden construir por encima de la población”.

 

En los primeros 15 días de la protesta, la comunidad se ubicó en el puente Paso El Colegio, entre los municipios de Paicol y Gigante, en la vía a La Plata. Desde allí lograron paralizar las obras mediante el bloqueo de la entrada. En este momento, la comunidad se ha trasladado a cinco minutos de allí, pero esta vez se ubica sobre un costado del río para protegerlo y evitar su desvío, mientras en la margen de enfrente se encuentra la empresa Endesa Emgesa. Más exactamente, la comunidad está en la playa de la vereda Domingo Arias (Paicol).

 

En el lugar aproximadamente 500 personas han organizado cambuches, algunas permanecen toda la jornada y otras se rotan. Por su parte la fuerza pública también se ha instalado en este mismo sitio, tanto Policía, como Ejército y el infaltable Esmad, grupo que tiene como prioridad evitar el bloqueo a la entrada de la obra. Con el incremento de inconformes en el sitio de protesta, la presión se siente y la tensión alcanza nuevos niveles.

 

El Ministerio le tiene miedo a la Audiencia Ambiental
 

En la mesa de diálogo sobre la problemática generada por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, la exploración petrolera de los municipios de Gigante-Garzón, del proyecto llamado VSM32, de la empresa Emerald Energy, y la destrucción de vías en el Suroccidente del Huila, el 17 de enero en Bogotá entre el Gobierno y la comunidad se llegó a un acta de compromisos y acuerdos que contemplaba: realizar la Audiencia Ambiental, desarrollar mesas temáticas de control y seguimiento que recogieran la información para la audiencia con el acompañamiento de los entes de control, el compromiso del Ministerio de tomar medidas para proteger los derechos humanos de los afectados y del medio ambiente a partir del resultado de las mesas del 3 de febrero, y detener el desvío del río Magdalena programado para los días 8 y 9 de febrero.

 

El 25 de enero, cuando empezaron las mesas temáticas, el Ministerio se retira porque una parte de los manifestantes se mantienen ubicados sobre la margen del río, lo cual era cierto, pero con una claridad: los allí presentes, que no ejercian ningún bloqueo, eran pescadores de la región en desarrollo de sus faenas, que como no, también estaban alertas por la obra en marcha.

 

A pesar de las dificultades, las siete mesas (pescadores, campesina, transportadores, mineros, ambiental, vías y de evaluación) se desarrollan con la presencia de funcionarios asignados de los Ministerios de Agricultura y del Trabajo, el ICA, el Incoder, y se sumaron la contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Estas mesas contaron con la presencia de aproximadamente 3.000 personas y sus resultados concluyeron que en la región se vive una crisis humanitaria generada por el megaproyecto El Quimbo. 

 

Pese a esto, el Ministerio del Medio Ambiente no procedió con el aval para la realización de una Audiencia Pública Ambiental, debate necesario de encarar porque la actual licencia y el inicio del proyecto fueron impuestos por el gobierno de Uribe de manera irregular, proceso que hasta ahora no ha sido replanteado por la administración de Santos.

 

 

¿La empresa española Endesa Emgesa o los pescadores que históricamente en permanecido en este territorio? Ante el hecho de calificar a los pescadores de invasores por permanecer en la margen del río, Asoquimbo solicitó amparo policivo a los bienes de uso público, con fundamento en la Ley 1242 de 2008 –que declara como bien de uso público una franja de terreno que se extiende 30 metros por cada lado del cauce de los ríos de la nación– y la Ley 13 de 1990, que reconoce la actividad pesquera como de utilidad pública e interés social. En la misma solicitud se exige que se esclarezca el uso abusivo de la margen del río Magdalena y la invasión de bienes de uso público de la nación por parte de la empresa Emgesa S.A.

 

 

Desde hace cuatro años, Asoquimbo investiga y denuncia la problemática del Quimbo, a la cual el Gobierno ha presentado oídos sordos. Esta problemática se ha incrementado y hoy, con el resultado de las mesas de seguimiento y control, se ha evidenciado que en la región se presenta una crisis humanitaria. La crisis obedece a la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, el desplazamiento estatal, el desempleo, el daño de los ecosistemas, las afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos sociales, los daños al patrimonio arqueológico, el riesgo sísmico y la vulneración de todos los derechos fundamentales de los afectados y el derecho colectivo al medio ambiente sostenible.

 

Crisis que podría multiplicar de hacerse realidad la construcción de la represa. Pero además, crisis que se podría extender a otras regiones, a partir de las consecuencias furutas que tendría el embalse del río, sumado a los cambios climáticos que de manera notoria padece el país.

 

Al ser así, la lucha de Asoquimbo y otras comunidades del Huila –para que el maltratado río Magadalena sobreiva-, debería ser la lucha de todo el país. ¿Qué se dice en el interior y en la costa norte colombiana?