Este artículo busca poner en contexto los debates políticos sobre la JEP, dar cuenta del balance de sus actividades y mostrar la relevancia de esta institución de Justicia Transicional en el contexto del posacuerdo en Colombia.
En el mes de noviembre se conmemoran cuatro años de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (AF). Por tal razón, se han celebrado diferentes eventos orientados a realizar balances de su implementación y de los casi tres años desde el inició de labores la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición previsto en dicho Acuerdo.
Por ejemplo, los días 29 y 30 de octubre la JEP organizó el evento Respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas, que sirvió como escenario para presentar un balance de sus acciones y proponer un diálogo con destacados académicos y funcionarios internacionales sobre los avances y los desafíos que debe enfrentar la JEP hacia el futuro. Igualmente, el 3 de noviembre esta corporación realizó un acto de presentación del balance de actividades que sirvió de marco para despedir a la presidenta saliente, Patricia Linares, y recibir al nuevo presidente, Eduardo Cifuentes. Si bien dicho balance muestra que estos tres primeros años de la JEP han sido difíciles, también deja ver que esta nueva institución se ha consolidado gracias al trabajo de sus integrantes, el liderazgo de su presidenta y el apoyo de la comunidad internacional, las organizaciones sociales y de víctimas.
El contexto del debate político sobre la JEP
Hay que recordar que el colombiano es un caso especial en el contexto latinoamericano puesto que no se trata de una experiencia de transición de dictadura a democracia, ni tampoco es una transición simple de la guerra a la paz; más bien, se trata de un caso complejo de transiciones parciales de conflicto armado hacia la paz que ha tenido diferentes momentos y expresiones institucionales.
También hay que tener presente que la JEP fue el resultado de una negociación política que se pactó en un contexto de conflicto armado de larga duración, sin vencedores ni vencidos. Además, es un caso en donde la transición política es inconclusa debido a la continuidad del conflicto armado interno. A todo esto se agrega el hecho de que el diseño, implementación y operación de estos mecanismos se da en un escenario disputado entre sectores políticos, sociales e institucionales que tienen diferentes concepciones sobre la forma de resolver el conflicto, de concebir la justicia y la manera de lograr el mayor nivel de respeto a los derechos de las víctimas, todo lo cual muestra el nivel de los desafíos políticos, sociales e institucionales que supone un proceso de paz como el colombiano.
También debemos tener presente que el punto quinto del AF (Acuerdo sobre las Víctimas del conflicto) representó un punto de llegada en una negociación compleja que logró acercar posturas maximalistas, que buscaban mayor nivel de retribución; posturas intermedias, que aceptaban moderar las sanciones, y orientaciones más minimalistas, expuestas por los negociadores de las Farc. Con la valiosa contribución de una comisión de expertos se logró acordar entonces en un mecanismo que combinara postulados de justicia restaurativa, cuando hubiera disposición de contribuir con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, y de justicia retributiva, cuando no hubiera tal contribución.
No obstante, desde 2016, cuando se hizo público el punto quinto del Acuerdo, en la sociedad colombiana se comenzó a percibir una tensión política más dicotómica, de un lado, entre una postura política que apoyaba el AF y, con ello, los mecanismos de justicia transicional inspirados en una concepción holista, y del otro, sectores de derecha, liderados por el Centro Democrático (CD) y respaldados por algunos medios de comunicación, varios gremios económicos y asociaciones de militares en retiro, para quienes los mecanismos aplicables debían dirigirse exclusivamente en contra de las Farc y basarse principalmente en la imposición de sanciones privativas de la libertad.
Durante los últimos cuatro años, esta tensión ha pasado por varios momentos y ha tenido repercusiones en el diseño institucional de la JEP, su implementación y el inicio de sus actividades. Uno de los momentos más difíciles fue el de la refrendación del AF, debido a la división política que generó en la sociedad colombiana. Luego del plebiscito del 2 de octubre de 2016, se introdujeron múltiples precisiones que respondían a buena parte de las objeciones realizadas por los líderes de la campaña del No, con salvedad de dos aspectos que eran muy difíciles de negociar: la imposición de penas privativas de la libertad, y la eliminación de la representación política1. El hecho de que estos dos aspectos no fueran modificados, sería usado posteriormente por los promotores de la campaña del No para construir la narrativa de la “traición” y de “paz sin impunidad” en las elecciones de 2018.
Con posterioridad a la refrendación, le correspondió al Congreso de la República desarrollar el marco normativo para la implementación del AF. Con respecto a la JEP, era necesario incorporar el contenido del AF sobre justicia transicional en la Constitución (Acto Legislativo 01 de 2017); expedir una Ley Estatutaria para la JEP (1957 de 2019) y, finalmente, diseñar la ley de procedimiento de la JEP (Ley 1922 de 2018). La expedición de este marco normativo se convirtió en un nuevo escenario de disputa en el cual el CD, Cambio Radical y el entonces Fiscal General Néstor Humberto Martínez, desplegaron diferentes acciones consistentes en la deslegitimación de la JEP, el bloqueo y dilación de los debates, y las modificaciones para transformar tal institución en un tribunal muy diferente al acordado por el AF.
Estas reformas implicaban, por ejemplo, 1) redefinir quiénes podían ser magistrados, al introducir inhabilidades para que defensores de derechos humanos no pudieran ser elegidos; 2) restringir el factor de competencia personal mediante la prohibición para ordenar la comparecencia de terceros civiles y, posteriormente, el intento de crear una sala especial para miembros de la fuerza pública; y 3) disminuir las garantías de los negociadores de las Farc, al limitar la posibilidad de pedir y evaluar pruebas en casos de solicitud de extradición, como ocurrió con el exnegociador Jesús Santrich. Es muy importante resaltar que estas reformas, en su mayoría, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.
A lo anterior se sumó la elección de Iván Duque en 2018, candidato del CD, quien, en marzo de 2019 anunció que, en nombre de la unidad del pueblo colombiano, haría seis objeciones al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP y promovería nuevas reformas. A pesar de convertir la reforma de la JEP en una de sus prioridades de gobierno y después de generar un enorme desgaste institucional por medio de unas objeciones improcedentes, el Presidente tuvo que sancionar la Ley Estatutaria de la JEP luego de que el Congreso rechazara las objeciones y la Corte Constitucional ordenara la sanción presidencial.
Balance de actividades de la JEP
Tal como lo relataban en el evento de balance de los tres primeros años la presidenta saliente de la JEP, Patricia Linares, y el procurador, Fernando Carrillo, la JEP inició sus actividades en enero de 2018 en condiciones bastante adversas debido a una oposición política feroz que buscó desprestigiar a la institución y a los magistrados, así como bloquear la implementación de los acuerdos y dilatar la expedición del marco jurídico necesario para el funcionamiento de la nueva institución de justicia. Por tal razón, la JEP inició sus actividades con un edificio vacío y teniendo como referente normativo la Constitución y el reglamento interno, de manera que a los(as) magistrados(as) les correspondió llenar de sentido sus actuaciones de acuerdo con postulados de justicia restaurativa2.
A la JEP también le ha correspondido, además de construir su institucionalidad en medio de los ataques políticos, responder a las expectativas de diez millones de víctimas, de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. Este desafío ha implicado entonces establecer los procedimientos para recibir los informes de las organizaciones de víctimas y garantizar su participación, definir los macrocasos en los cuales se ha concentrado, iniciar las primeras audiencias de reconocimientos de los hechos, visitar los territorios en donde se encuentran las comunidades afectadas, articular sus actividades con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y definir los componentes étnico y de género que guíen sus actuaciones, entre muchas otras actividades.
En términos cuantitativos, el balance muestra que se han presentado más de 300 informes de organizaciones de víctimas, se han sometido 12.617 personas entre integrantes de las Farc, miembros de la fuerza pública y terceros civiles; se abrieron siete macrocasos y proferido más de 33.000 decisiones judiciales. Además, se han realizado 3 foros territoriales, diseñó un manual de participación de víctimas, y creado diferentes espacios de articulación con las demás instituciones del Sivjrmr, así como con la justicia indígena. En la actualidad ya comienzan a verse resultados muy significativos, como las declaraciones de los líderes de las antiguas Farc y miembros de la fuerza pública en los que se comienza a esclarecer la verdad sobre casos en los cuales no había avances en la justicia ordinaria. Tal como lo sostenía el Procurador, la JEP ha hecho en tres años más de lo que la justicia ordinaria había podido realizar en cincuenta años3.
A pesar de estos logros, los ataques y presiones políticas continúan. Recientemente, el presidente Duque aprovechó los eventos convocados por la rama judicial para interferir en la independencia de los jueces y decirles qué deben hacer, exigir prontitud en las decisiones y reclamar “sanciones ejemplarizantes”. Por su parte, Álvaro Uribe, ahora procesado y en declive político, intenta distraer la atención pública proponiendo la derogatoria de la JEP a través de un referéndum. En estas propuestas muestran nuevamente, que para el actual gobierno y el partido político que lo apoya, en primer lugar, los únicos que deben responder por la violencia en Colombia son los excomandantes de las Farc, y en segundo lugar, que hay un gran temor de que se conozca la verdad que se comienza a esclarecer.
Reflexiones finales
La JEP ha logrado sortear, quizás sus momentos más difíciles. Luego de casi tres años de funcionamiento se comienza a consolidar como una institución que puede realizar grandes contribuciones al esclarecimiento de las verdades ocultas en la historia de violencia en Colombia, la transformación de los actores del conflicto y la protección de los derechos de las víctimas. No obstante, las posibilidades de que la JEP y las demás instituciones del Sivjrmr puedan cumplir sus funciones depende del respaldo social y político de los sectores democráticos de nuestra sociedad y de la comunidad internacional.
También queda en evidencia que la derecha más radical, representada por el uribismo y el CD, no solamente tienen una fuerte animadversión a la solución negociada del conflicto, sino un alto desprecio por el derecho y las Cortes como límites del poder del Ejecutivo. Los intentos por reformar o destruir la JEP, las presiones a las Cortes, y los llamados a asambleas constituyentes o a un referéndum para derogar la JEP muestran la intención por erosionar los principios del Estado Social de Derecho y de construir una administración de justicia subordinada al poder presidencial.
1 Gobierno Nacional. (2016). Cambios, precisiones y ajustes para un nuevo acuerdo final para la terminación y la construcción de una paz estable y duradera. Disponible en:
http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/Documents/cambios-precisiones-ajustes-nuevo-acuerdo-final-terminacion-conflicto-construccion-paz-estable-duradera.pdf
2 Jurisdicción Especial para la Paz. (2020). La presidenta de la JEP, Patricia Linares, entregó este martes, en el Parque el Chicó de Bogotá, un completo balance a la Procuraduría sobre su gestión durante tres años al frente del componente judicial del SIVJRNR. Disponible en: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-magistrada-Patricia-Linares-presenta-balance-de-su-gesti%C3%B3n-de-tres-a%C3%B1os-al-frente-de-la-JEP.aspx
3 Ibídem.
* Profesor, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia.
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