Una campaña por los márgenes

A una nueva consulta electoral se cita a la sociedad colombiana. En esta ocasión, el tema es el de la corrupción y la fecha el 26 de agosto.

La campaña por lograr la aprobación para esta consulta fue desplegada a lo largo de varios meses durante el año 2017, y tuvo como promotoras a las congresistas Angélica Lozano y Claudia López, con el apoyo del Partido Verde y la vitalidad de miles de impulsores que por las calles de todas las ciudades del país recogieron los millones de firmas necesarias para lograr su aval por parte del Congreso.

La firmeza, la vitalidad y el ardor reinantes en este período de la consulta no se sienten ahora. Es una convicción que ahora parece inexistente, faltante que resulta evidente para el conjunto social, sin que se vea mayor interés por lo que pueda suceder con esta citación. De parte del establecimiento, en especial del presidente Iván Duque, que en su momento avaló esta iniciativa, tampoco se siente compromiso alguno.

Es un aire frío, tal vez templado, el que desprenden los actores políticos, renovados o tradicionales, el cual no alcanza para inyectar en la sociedad colombiana la necesaria energía que permita propiciar su movilización, para romper la pasividad e intentar la ruptura de la desconfianza reinante frente a la política tradicional, a todo aquello que proviene del Congreso, la Presidencia y otros órganos e instancias del poder.

Es un aire falto de altas temperaturas, que, además, tropieza con la ausencia de una lectura y una explicación de fondo sobre la razón de la creciente corrupción, la misma que copa al establecimiento colombiano con el hurto de 50 billones de pesos anuales, como también sucede con todos los gobiernos de la región y de otras regiones, casi sin excepción, cuyo dinero rellena las cuentas bancarias –los Panama Papers y similares– de estos personajes y de sus encubridores.

Es una realidad de desfalco de lo público que alimentan las multinacionales, como actoras de primer orden, y los empresarios locales de distinto nivel, aceitando votos en variados espacios legislativos con millones de dólares para lograr uno u otro contrato, u ocultando los daños ambientales que causan con las materias primas que producen sus empresas (como la Volkswagen y otras fabricantes de carros, que esconden o tergiversan los reales niveles de contaminación que producen sus motores), o pagándoles a medios de comunicación globales y locales para que desinformen sobre los resultados que arrojan los estudios sobre calidad de vida, organismos genéticamente modificados, consecuencias acarreadas sobre los seres humanos, los animales y naturaleza en general por el uso de tóxicos como el glifosato. Igualmente, se velan los reales grados de desigualdad social que padecemos como nación, además del impacto y las consecuencias de la explotación diaria a que están sometidas las mayorías, como las razones y efectos de las guerras, así como el comercio con mujeres y hombres, la pedofilia, y otros muchos males y perversiones alimentadas por el poder.

La denuncia y la campaña en contra de la corrupción, sin explicaciones estructurales, es lo que tal vez les permite pensar a muchos que, así voten y se gane la consulta, todo seguirá igual. Razón, con razones: la sociedad colombiana está afectada, tal vez derrotada, por un sistema que le ha mentido una y otra vez, engañándola una y otra vez, con trampas una y otra vez, asesinándola una y otra vez, sembrando sobre el piso de la misma una estela de desconfianza difícil de superar. De ahí que una campaña por esta consulta, sin la energía necesaria, sin el calor para transmitir convicción y orden de ‘batalla’, con la vista puesta más allá de la propia consulta, en una disputa de mediano y largo plazo contra el motor de la multiplicación del fenómeno de la corrupción, difícilmente saldrá airosa.

Estamos así ante lo impensable: la pérdida de una consulta que en cualquier otro escenario internacional debiera fluir con toda fortaleza, sin necesidad de campaña alguna. Tal derrota, de suceder así, desnudará a nuestra sociedad como la más incomprensible de nuestra subregión y del mundo entero: no votar mayoritariamente contra la corrupción, como tampoco lo realizó contra la guerra. Si ocurre esto, ello significará un grande golpe para la autoestima de los movimientos sociales, con un mayor enconchamiento de los mismos.

Sin embargo, la campaña debiera ser espontánea, de conciencia, claro, siempre y cuando estuviéramos en una sociedad politizada, Pero una de las cosechas sembradas en el país por el sistema político durante las últimas décadas es la despolitización y el desinterés por lo público, incluso una siembra mucho más profunda, de apatía por lo público.

Tales consecuencias de desinterés y apatía se conjugan con el miedo, pues el mensaje cotidiano desde el poder es claro: quien crítica, quien denuncia, quien se interpone en los caminos del poder es reseñado de manera ilegal y enlistado dentro de los objetivos por ser “sacados del camino”. Es la barbaridad del poder que realmente existe en Colombia, uno que no admite razones ni abre vías para la participación libre y desprevenida de los millones que habitan este territorio.

Estamos ante un poder, concentrado en la Casa de Nariño y los partidos que lo sostienen, que en lo referente a esta consulta actúa como el bifronte: por un lado, le dice sí a la consulta anticorrupción –para no cargar los costos de la opinión pública al rechazarla–, pero, por el otro, de manera más o menos subrepticia actúa por vía contraria, para sabotearla, bloqueando de esta manera a los partidos que dicen ser sus impulsores pero que no actúan con agallas. Y para ganarse los aplausos por impulsar normas anticorrupción, las cuales, igual que las resumidas en las siete preguntas por las cuales los connacionales debieran votar masivamente el 26 de agosto, ya radicó como proyectos de ley en el Congreso Nacional.

Y así procede porque, como artistas del poder, como dice el refranero popular, “hecha la ley, hecha la trampa”. Es decir, saben, y así permite decirlo la existente Ley anticorrupción, como el Convenio firmado sobre el particular ante las Naciones Unidas, que el problema no es de normas sino estructural. El núcleo de esta realidad radica en un sistema que arrasó lo público, y el interés y el amor que pudiera sobrevivir con la existencia de bienes estratégicos al servicio de todos los retoños de un mismo territorio.

Es decir, sin un Estado que propicie el respeto y amor por lo público, sin un sentido de lo común, sin un referente de futuro que valga la pena –para una inmensa mayoría ya no hay utopía alguna que despierte acciones y comportamientos altruistas ni éticos–, entonces, ¿por qué y para qué defender y proteger los dineros que no son de nadie a pesar de ser de todos?

Es decir –y aquí hay que hacer énfasis–, la importancia de la consulta por desarrollarse el domingo 26 de agosto es que nos permite visualizar y comprender el neoliberalismo en su real dimensión y sus consecuencias, lo mismo que a sus promotores y defensores, como autores intelectuales y propiciadores de la realidad de la corrupción; como la cúspide de la misma. Éstos, con las normas tramitadas durante décadas en el Congreso colombiano, con las leyes que arrasaron el derecho a la salud, la educación y los servicios públicos para todos, y que ahondaron el despliegue de una economía que arroja beneficios cada vez para menos personas, como otras que hacen cada vez más difícil que la tierra sea “para quien la trabaja”. Son leyes y normas que cada vez ahogan con más impuestos o mayores tasas impositivas a quienes viven del trabajo diario, al tiempo que desmontan obligaciones para quienes amasan más riqueza, todo ello como parte de una realidad que ahora algunos denuncian y otros dicen también desaprobar: la corrupción.

Contra esa realidad neoliberal, con todos sus matices, quienes habitamos en Colombia debemos salir a votar el 26 de agosto. Claro que la consulta no pregunta por ello, y esa es una de las razones profundas de lo limitado de la misma; esa es la razón por la cual cualquiera puede aprobarla, pues en realidad no va más allá de la normatividad ya existente y que saben cómo burlar quienes hacen parte del establecimiento. La consulta, contrariamente a lo expresado en sus siete preguntas, contrariamente a su apariencia, no ataca al sistema socio-económico ni a sus defensores, dejándolos aparentar lo que no son y lograr que las cosas sigan como han sido hasta ahora.

Entonces, con la puja que se escenificará en tan pocos días, deberá empezar una disputa abierta y total contra el neoliberalismo, mal de males, levantando como indicador de una batalla frontal las banderas de otra sociedad posible, donde la democracia deje de ser formal y en verdad sea directa, radical, refrendataria.