Los asesinatos de quienes asumen el reclamo público de los derechos de sus comunidades prosigue en Colombia; más de trescientos caídos bajo las balas criminales fueron necesarios para que la Fiscalia reconociera algún grado de sistematicidad en los mismos. El informe acá comentado refiere patrones comunes en todos ellos, y teme que la violencia no cese en este año electoral.
El pasado 4 de febrero, en las instalaciones del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, presentaron el informe: “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos a líderes sociales en el postacuerdo”, elaborado por el Cinep, la Confederación de Acción Comunal, Iepri-UN, Comisión Colombiana de Juristas, Programa Somos Defensores, Asociación Campesina del Catatumbo y Movimiento Ríos Vivos.
Aunque la intensión de elaborar el informe no fue la de consolidar una cifra, los registros son aterradores: Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, las organizaciones sociales registraron 343 violaciones al derecho de la vida, de las cuales sólo el 10 por ciento de las personas afectadas había recibido amenazas. Lo preocupante es que el fenómeno va en aumento conforme pasa el tiempo. Es decir, es una realidad repetitiva, invariable y continua. Una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. El informe, por lo tanto, desmiente que sea accidental o fortuita.
Para la concreción de estos crímenes, en la mayoría de los casos se utilizaron armas de fuego y fueron cometidos en las mismas residencias de las víctimas, lo que denota selectividad a la hora de ejecutarlos, así como seguimiento y planeación por parte de una estructura criminal organizada y con dominio territorial.
Aterrador también que los asesinatos sean antecedidos o seguidos por señalamientos en discursos estigmatizantes o negacionistas por parte de las autoridades locales, regionales y del orden nacional. Desconocen que las víctimas sufren el atentado por su condición de defensores de derechos humanos.
Para la ejecución de estos crímenes, la modalidad más recurrente es el sicariato: algún gatillero dispara mientras uno o más asesinos esperan al sicario para cubrir la fuga, dispuestos a actuar ante un posible testigo, o alguién que se interponga para impedir su acción o que intente dar aviso a las autoridades. También hay amenazas a familiares para que cesen sus denuncias. Los perpetuadores materiales gozan de altos índices de impunidad, mucho más los intelectuales.
Las víctimas son parte de sectores que están en condiciones sociales de vulnerabilidad y en una posición asimetríca con respecto al poder dominante en su región. El informe permite concluir, como constante, que los asesinados también pertenecen a grupos históricamente discriminados. Asimismo, evidencia elementos comunes y condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables entre los crímenes, como por ejemplo que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de sectores económicos formales.
Hay territorios donde la violencia es extrema, en el sentido que la tasa de homicidio supera diez veces el promedio nacional. Son territorios con presencia de cultivos de uso ilícito o rutas de narcotráfico, presencia de grupos paramilitares o zonas militarizadas. Territorios donde existen fuertes procesos sociales, se desarrollan actividades de extracción legal e ilegal de minería. Cercanas a las zonas de transición o espacios territoriales de reincorporación de las Farc, son zonas afectadas por desplazamientos forzado.
Una realidad de violencia creciente y sin signos de tomar un rumbo contrario. Violencia con orígen y procedencia visibles, pese a lo cual es desconocida o negada por el gobierno en sus patrones ya indicados, tal vez motivado para ello en el temor de que, al reconocer la sistematicidad tendría que aceptar la intervención de Naciones Unidas, quedando cuestionado el Estado en su responsabilidad.
Es una realidad sistemática que también cuestiona a los medios de comunicación, que prefieren apuntar sus lentes y micrófonos a Venezuela. Finalmente, una sociedad civil que parece perder su sensibilidad. Urge pues defender a quienes defienden.
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