¿Seguridad?
Para nadie resulta hoy extraño tropezarse con perros amedrantadores, con fauses
ocultas detrás de bozales de cuero tosco. Hombres y mujeres que revisan bolsos
y contestan citófonos, siempre atentos a los gestos y formas de vestir, andar o
pensar de cualquiera que se asoma a su de destino, lugar que por lo particular
cuenta con un centinela. No es para menos, el sector de la vigilancia privada
genera, según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 170.000
empleos directos.
Pero nada
de lo que se ve es mera casualidad. Existe una percepción del bogotano promedio
a favor de la seguridad urbana, precisamente una de las políticas bandera del
presidente Uribe, a partir de la cual la Seguridad Democrática deja de ser un
asunto de carreteras y conflicto rural. Se trata del fortalecimiento de redes
de seguridad en todas las ciudades del país. Redes creadas por el Gobierno Nacional a través del decreto 3222 de 2002.
Por eso, los vigilantes particulares ya no están únicamente para
cuidar los edificios. El 18 de enero de 2007, 80 mil integrantes de empresas de
seguridad privada de Bogotá reafirmaron su compromiso con la segunda fase de
las ‘Redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana’ para brindar información oportuna a
la policía capitalina sobre supuestos actos delictivos. Según dijo el ministro
de Defensa Juan Manuel Santos en su momento, estas redes “mejoraran
sustancialmente la seguridad en todo el país”.
La propuesta tiene un antecedente que se remonta a la puesta en
escena de un ‘Plan Neiva’, en alusión a la capital del departamento del Huila,
en donde empezó la construcción de estas redes. La idea se dio por iniciativa
del mismo Presidente. Según éste, “el vigilante privado no puede dedicarse
solamente a cuidar el edificio asignado a su cargo o la oficina; tiene que
comprometerse con el área pública circundante”. Con estas palabras puso en
marcha la primera fase de estas redes, para el mejoramiento de la seguridad en
las distintas ciudades del país.
Para la segunda fase de este plan se cuenta con 170 mil vigilantes
a nivel nacional, los mismos que quedan en red con los más de quinientos mil
activos con que cuentan las Fuerzas Armadas. Dichas redes funcionan como un
entramado de comunicaciones entre vigilantes y empresas destinadas a prestar
servicios de seguridad privada, que buscan suministrar información oportuna y rápida,
con instrumentos electrónicos que complementan su labor: cámaras de video,
alarmas, monitoreo vigilante – sede central de operaciones, y otras modalidades
de control y vigilancia, acciones y operaciones pendientes de hechos o
desenlaces supuestos de criminalidad. Una red de inteligencia, una parapolicía
constituida por personal no contratado para tales fines.
Políticas dirigidas, de igual manera, a vincular la población
civil en labores policivas, lo que divide los habitantes del barrio entre
“buenos y malos”, fortaleciendo al mismo tiempo la sospecha y la desconfianza
entre vecinos y entre ciudadanos en general.
Se llega de esta manera a la militarización de todas las
cotidianidades, lo que conlleva la criminalización de las prácticas críticas o
no disciplinadas, y por extensión a la persecución y desmonte de las comunidades
activas, autónomas.
Estas medidas encuentran asidero en ciudades donde se cultiva el
miedo de sus habitantes, estimulado por quienes alimentan estas redes, a favor
de una política de Estado dirigida a “resolver” los problemas sociales
partiendo de unos planes policivos, más no de una política social coherente y
de mediano plazo que permita una mejor convivencia ciudadana.
El gobierno distrital o bogotano, en cabeza del partido de
izquierda colombiano Polo Democrático Alternativo (PDA), tiene cuota de
responsabilidad en esta política de control social, pues no basta, como bien lo
plantea Raúl Zibechi en su libro “América Latina, periferias urbanas,
territorios en resistencia”, con extender servicios y planes sociales como
formas de control social, ni tampoco darle continuidad, sin crítica alguna, a
los programas de gobiernos pasados, sino que se requieren políticas más
inclusivas, participativas y fundadoras de justicia, dirigidas a y con los
sectores menos favorecidos, que puedan impedir a futuro la producción de actos
delictivos.
Hasta ahora el Polo es la continuidad. Falta que rompa con lo
heredado para que se constituya y actúe como alternativa.
Por, Julián Carreño
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