El ocaso de la industria petrolera venezolana, junto con los efectos de las sanciones sectoriales estadounidenses, ha traído consigo el despliegue de importantes transformaciones en la economía nacional. La implosión del rentismo tradicional petrolero, sin embargo, no ha implicado la superación de formas depredadoras y extractivas en Venezuela, sino al contrario, se han traducido en su profundización y, en buena medida, su radicalización.
Los entrevistados coinciden en el abandono de los servicios públicos en las zonas mineras del país, lo que demuestra la retirada del Estado en su papel de proveedor de bienes públicos y su reemplazo por grupos armados ilegales que, en colusión con algunos elementos de las Fuerzas Armadas, organizan y ejecutan la actividad extractiva. En las zonas mineras, los servicios de salud son precarios o inexistentes, lo que genera alarma por la cercanía con la frontera con Brasil y el aumento exponencial de contagios por covid-19 con la variante en ese país.
Los trabajadores mineros insisten en el control que ejercen grupos armados como los “sindicatos” y otras mafias, incluyendo grupos guerrilleros, y algunos miembros de la Guardia Nacional. Estos grupos cobran vacunas (una suerte de extorsión mediante la cual se concede un permiso para la explotación de una mina o cantera) a cambio de “protección” a los trabajadores.
Tal protección no representa otra cosa que control armado sobre el territorio y sus poblaciones: las extensas jornadas de trabajo que pueden superar las 12 horas demuestran niveles de explotación inhumanos en condiciones de extrema precariedad laboral. En las minas no hay protección social para los trabajadores, no hay servicios de salud y sus familias están igualmente desprotegidas. A estas condiciones se suma el riesgo que implica el uso no regulado (y no permitido) del mercurio, conocido popularmente como azogue, empleado de manera abundante en una zona que carece de los controles ambientales más elementales.
Elaborada con datos del Banco Central de Venezuela (BCV), ”Notas relativas a los estados financieros”.
La coexistencia de múltiples medios de pago en la actual economía nacional no se limita exclusivamente al bolívar y el dólar, que vemos frecuentemente en el resto del país. En zonas mineras, el pago en gramas de oro se ha convertido en la norma. Los trabajadores mineros explican que los “dueños de las máquinas” en las minas les remuneran en oro. Asimismo, sus gastos fundamentales desde la comida hasta el acceso a la comunicación e internet se hacen en gramas, al tiempo que el dólar opera como medio de cambio para insumos en la industria, como el combustible y maquinarias. El pago en gramas o “puntos de oro” hace que los precios de las mercancías sean extremadamente elevados, causando presión sobre los precios que hace mucho más débil el poder adquisitivo de los trabajadores.
Productos esenciales como medicinas, que en las ciudades centrales del país pueden costar un equivalente a 5 dólares, en zonas aledañas a las canteras, pueden costar 20 o 30 dólares estadounidenses. Esto profundiza los niveles de pobreza y la rampante desigualdad entre quienes trabajan la minería y quienes controlan la actividad. El gráfico 1, a continuación, refleja una caída de 75% en la cantidad de oro disponible en las bóvedas del BCV. Este enorme descenso contrasta con el vertiginoso ascenso de la actividad minera en el sureste del país. A todas vistas, el oro no está fluyendo hacia las reservas internacionales del BCV, donde legalmente debería estar. Además, el oro que efectivamente está siendo utilizado no forma parte de las cuentas nacionales y, por lo tanto, se desconoce su destino y a quién beneficia en última instancia su extracción.
Uno de los aspectos centrales de los efectos de la minería irregular es que grupos pertenecientes al gobierno central han generado perversas alianzas con actores armados y con privados que, lejos de aumentar los ingresos públicos, han sostenido la dinámica de contrabando y opacidad. De esta manera, factores pertenecientes al gobierno estarían inmersos en mecanismos irregulares de venta de oro dentro y fuera de Venezuela, mientras que utilizan el oro como medio de pago para transacciones internacionales de compra de combustible y otras importaciones.
Elaborada con datos del Atlas del Observatory Of Economic Complexity, serie interanual
La minería en el sureste de Venezuela no representa una excepción en el nuevo modelo de capitalismo rapaz que ha venido surgiendo en los últimos años. Con el ocaso de la industria petrolera venezolana, ha surgido una fragmentada y arbitraria liberalización económica que sigue tendiendo un sustento extractivista importante y tiene su base en la violenta apropiación del oro al sur del río Orinoco.
Si bien en los últimos años en Venezuela se han ampliado espacios de mercado y nuevos actores participan en ellos, estos espacios están arbitrariamente regulados, con una presencia estatal que se limita al beneficio de la élite política y sus aliados económicos. Los beneficios obtenidos por la minería son opacos y sus ganancias benefician poco a los trabajadores y comunidades. Más importante aún, estos nuevos espacios de mercado en ocasiones se van forjando a través de las armas, la depredación ambiental y la explotación laboral.
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