A ocho meses de publicada la investigación periodística llamada Panama Papers, el fisco uruguayo recuperó un millón de dólares y 8,8 millones el gobierno de Colombia, de un total de 110 millones rescatados hasta ahora, además de 375 lingotes de plata de Australia. Y miles de millones de dólares más están siendo rastreados en estos momentos.
El material periodístico generado por los archivos de la firma panameña Mossack Fonseca fueron 4.700 artículos e investigaciones, sólo considerando medios que formaron parte del equipo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Cipi), a partir de la documentación obtenida por el diario Süddeutsche Zeitung y trabajada por el equipo formado por más de cien medios. Rindió sus frutos.
En un proceso que el Cipi estima llevará años, a partir de 11,5 millones de expedientes se hicieron ya 150 investigaciones en 79 países, abarcando a 6.520 personas. A consecuencia de estas investigaciones unas 400 compañías perdieron valor por 135.000 millones de dólares.
PIEDRAS Y YOGURT.
La revelación de la documentación y las implicancias investigadas hasta este momento por los medios participantes llevaron al cierre de nueve oficinas de Mossack Fonseca, que fue demandada por 500 mil dólares (una cifra que aparenta ser exigua). La víspera del domingo 3 de abril, fijado como Día D del destape, en El Salvador las autoridades secuestraron 20 computadoras en las oficinas locales de Mossack Fonseca. Una vez publicada toda la información elaborada hasta ese momento, hubo manifestaciones de protesta en todos los continentes menos en la Antártida. Y en Uruguay. En Pakistán tiraban piedras y en Islandia yogurt a las oficinas implicadas, relata un artículo de Will Fitzgi¬bbon y Emilia Díaz-Struck en el sitio del Cipi con motivo de cumplirse ocho meses del deschave.
La reacción oficial en los países involucrados fue abrir investigaciones, realizar cientos de allanamientos y arrestos, poner multas, aceptar la renuncia de tres cabezas de Estado y numerosos jerarcas, el planteo parlamentario de reformas legales y cónclaves internacionales.
Oficiales del Tesoro de Estados Unidos propusieron crear un registro nacional corporativo que descorra el velo del secreto en manejos financieros que hoy habilita la legislación en Delaware, en Nevada y en otros estados, y medidas para acceder a información de bancos internacionales, particularmente en investigaciones que impliquen a jerarcas de gobiernos no estadou¬nidenses.
Un documento público de la Casa Blanca, citado por el artículo, afirma que los Panama Papers “han puesto bajo la luz los temas de actividad financiera ilícita y evasión fiscal”. En octubre el senador demócrata por Oregon Ron Wyden, integrante del Comité de Finanzas del Senado, le escribió al Departamento del Tesoro y al Irs (servicio de recaudación impositiva) preguntando qué información habían recogido de lo divulgado por el consorcio de periodistas.
“Las noticias a consecuencia de la publicación de los Panama Papers dieron destaque a tratos opacos de compañías fantasmas, sin actividad de negocios significativa, en todo el mundo”, señaló Wyden, y expresó su preocupación por el uso de compañías offshore “como vehículo de evasión impositiva”.
En noviembre la Europol (la Interpol específicamente europea) dio cuenta de haber encontrado 3.469 coincidencias a investigar entre la información de los Panama Papers y sus propios expedientes sobre crimen organizado, evasión fiscal y otras actividades criminales. De esas coincidencias, 116 se relacionan con el proyecto de investigación de terrorismo islámico de Europol.
Según Simon Riondet, jerarca de inteligencia financiera del organismo, la importancia de los Panama Papers demostró exceder el ámbito de los delitos económicos para producir información e inteligencia sobre terrorismo, el crimen organizado ruso, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la inmigración ilegal y los delitos cibernéticos.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, están inmersos en escándalos y procesos en marcha, el primero por presidir una compañía de Bahamas que omitió declarar en su publicación obligatoria de bienes, y el segundo por las offshore a través de las cuales sus hijos poseen bienes inmuebles en Londres.
Tras reaccionar con una auditoría interna a la publicación de los Panama Papers, el mayor banco de Escandinavia, Nordea, admitió que en muchas instancias procedió “claramente por debajo” de sus propios estándares de identificación de clientes riesgosos y delitos potenciales, como lavado de dinero. El banco informó haber bloqueado 68 cuentas a consecuencia de su auditoría. Este caso forma parte de una reacción común de las mayores instituciones financieras, con equipos de respuesta a los Panama Papers, según aseguró la consultora Kpmg. Algunos de esos equipos son de tiempo completo y están integrados por diez o más personas.
En su análisis, el Cipi ponderó la respuesta de los estados a la publicación de los Panama Papers. Desde las Cook (15 islas que suman 58 mil habitantes) hasta el segundo país más poblado del mundo, India, con 1.311 millones de habitantes, todos registran acciones de contención, castigo y prevención.
El Wall Street Journal informó el 28 de julio que fiscales de Estados Unidos investigan a empleados de Mossak Fonseca por haber ayudado a clientes a lavar dinero o evadir impuestos, lo que implicaría causas judiciales por conspiración criminal. El poder legislativo de Taiwán adoptó medidas más severas de contralor impositivo, el gobierno de Nueva Zelanda estableció una comisión investigadora sobre la reglamentación financiera tras revelarse que la reputación de transparencia del país era usada para encubrir formas de evadir el impuesto a la venta. En Mongolia, la reacción ante la revelación de que pasados y actuales jerarcas de gobierno tienen compañías offshore fue promulgar una ley que penaliza a los funcionarios públicos que no declaren debidamente sus posesiones.
También en octubre, el parlamento panameño aprobó una legislación que hace más estrictas las disposiciones contables de las compañías offshore, lo que es considerado por el Cipi como un triunfo de gobiernos que por años han presionado para que se les revele lo que sus ciudadanos tienen en el exterior. En qué medida esta transparencia actúa no está, sin embargo, muy claro aún.
Líbano, otro centro financiero internacional, también aprobó en octubre una legislación que facilita el intercambio de información impositiva. También en Irlanda y en Alemania se propuso legislar para facilitar un mayor contralor, y el proyecto de ley del ministro de Finanzas alemán fue bautizado como “la ley Panamá”.
Sólo en noviembre 1.300 contribuyentes cayeron bajo la lupa de los investigadores de la evasión impositiva en Gran Bretaña, Canadá, Francia, India y Pakistán. En Islandia, el primer ministro Sigmundur Gunnlaug¬sson se enteró de que estaba implicado durante una entrevista televisiva. “Me estoy empezando a sentir un poco extraño ante estas preguntas, porque pareciera que se me acusa de algo”, dijo, y se retiró del set. Renunció al día siguiente, el 5 de abril.
No sería el único. Mihran Poghosyan, el alguacil mayor de Armenia, renunció tras negar las revelaciones iniciales. Y José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo de España, aguantó el embate de las revelaciones durante cinco días antes de dimitir. El presidente de un banco estatal de Austria, Hypo Landesbank Vorarlberg, renunció casi de inmediato, y en Holanda lo hizo un miembro de la junta de supervisión del Abn Amro luego de que se informara sobre sus vínculos con una compañía off¬shore de las Islas Vírgenes británicas. En Uruguay, Juan Pedro Damiani renunció al Comité de Ética de la Fifa luego de informes sobre negocios con tres personas acusadas en el escándalo de corrupción que atravesó la institución. Una compañía finlandesa echó a su gerente de ventas ante la revelación de que podría haber ayudado a lavar dinero ruso a través de una compañía panameña.
IMPRUDENTE.
El 5 de octubre Ramón Fonseca se apresuró. El cofundador de Mossack Fonseca fue a la panadería Momi, en Panamá City, y compró una torta y magdalenas. El ex asesor del actual presidente Juan Carlos Varela quiso celebrar que habían pasado seis meses sin que hubiese ni una sola demanda en contra de la firma. Afirmación dudosa, pues su bufete había sido multado en abril con 31.500 dólares en las Vírgenes británicas, y en octubre lo sería con 440 mil dólares, la mayor multa de la historia de las islas a un operador registrado. También fue multado en dos estados de Estados Unidos por irregularidades, con 10 mil dólares cada vez. En octubre, y ante periodistas del Süddeutsche Zeitung, el presidente panameño dijo que su ex asesor Fonseca “deberá hacerse responsable de sus acciones, y por último someterse a la justicia”.
La ola de arrestos también fue global, y abarcó una docena de países. Los primeros fueron en Uruguay: el 22 de abril la Policía apresuró la operación contra el cártel de drogas mexicano Nueva Generación y detuvo a 11 personas –entre ellas a su jefe, Gerardo González Valencia– que estaban lavando dinero comprando inmuebles en Punta del Este a través de empresas de fachada. Su hermano Abigael, hoy detenido, encabezaba otro cártel, Los Cuinos.
La más importante reacción a la publicación de los Panama Papers, que bien puede valer como criterio de verdad sobre su importancia, se produjo a los cuatro días de la publicación: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) reunió a los jerarcas de los organismos impositivos de 28 países miembros en París para discutir el lanzamiento de la mayor operación conjunta de investigación impositiva hecha hasta ahora. Unieron fuerzas con el G 20 y pusieron en marcha el Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration, fuerza de tareas conjunta en materia de inteligencia compartida y colaboración. Habrá más noticias para este boletín.
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