La lucha contra el fraude fiscal se ha centrado hasta ahora en el secreto bancario. Sin embargo, la mitad del mercado offshore se concentra actualmente en los trusts, creaciones jurídicas que no necesitan del secreto para poder protegerse del fisco.
Son vehículos como las bien conocidas en España Sicav, pese a que hay algunas diferencias entre ambas fórmulas. Ya no se trata del mercado de la discreción bancaria, sino del de la ingeniería fiscal.
La evasión fiscal se ha desplazado progresivamente hacia esas estructuras legales. Los trusts se han convertido en la principal herramienta de sustracción fiscal para las grandes fortunas, en el sustituto más eficaz del secreto bancario. El trust es un vehículo de derecho que permite a una persona desprenderse de sus haberes para no aparecer como el propietario a ojos del fisco, y así evitar tener que pagar impuestos por esos bienes. En cuanto al beneficiario del trust, que en principio sí debería pagarlos, no se exige su identidad en el momento de abrir una cuenta en las jurisdicciones de los territorios offshore británicos. En éstos, el banco que abre la cuenta puede no exigir la identidad del beneficiario si el trust es “discrecional e irrevocable”.
Los grandes bancos situados en el continente europeo también se han lanzado al mercado de los trusts, pero conservan la identidad de los constituyentes. Los bancos anglosajones practican un uso menos restrictivo, reteniendo tan sólo informaciones sobre la sociedad de gestión y de administración. Esto les permite una opacidad completa sobre la persona que desea escapar al fisco. Llegan así a una confidencialidad todavía mayor sin secreto bancario en el sentido formal del término. Incluso si, en el marco de una investigación determinada, las legislaciones obligan a esas plazas financieras a entregar la información sobre sus clientes, éstas no pueden proporcionar datos de los que no disponen. La generalización de ese tipo de montaje es una mutación del sistema financiero internacional en beneficio de las finanzas anglosajonas. Las grandes fortunas, por tanto, se ven poco afectadas por la “lucha contra el fraude fiscal”. Al contrario, como ocurre con las firmas internacionales, convendría hablar de “evasión fiscal”, un conjunto de procedimientos legales que les permiten escapar a los impuestos.
El caso Luxleaks, revelado al final de una investigación, muestra cómo 340 multinacionales han podido establecer un total de 548 acuerdos con el Gran Ducado de Luxemburgo. Este país ofrece a las multinacionales todo un abanico de herramientas para optimizar de manera totalmente legal la imposición sobre sus actividades.
El tax ruling permite a una empresa preguntar por anticipado cómo será tratada su situación por la administración fiscal de un país, y obtener ciertas garantías jurídicas. Las autoridades luxemburguesas se han atrincherado tras la legalidad de sus prácticas. El primer ministro del Gran Ducado ha asegurado que el ruling está “conforme a las leyes internacionales” y es “compatible con los estándares comunitarios y los de la Ocde”.
De hecho, el ruling no es exclusivo de Luxemburgo. Todos los estados, en Europa o en otros lugares, muestran tener la misma imaginación a la hora de atraer o retener a las grandes empresas y los capitales. La evasión fiscal, privilegio de las grandes fortunas y de las multinacionales, no está, como la lucha contra el fraude fiscal, en el centro de las políticas nacionales y comunitarias. La posibilidad de no pagar impuestos se restringe así cada vez más a las capas sociales más privilegiadas. La distinción entre fraude y evasión fiscal indica que la gobernanza mundial se efectúa “por arriba” y se deslinda así de este proceso de formación de un bloque de poder constituido por el gran capital y las clases medias superiores.
* Sociólogo, autor de El final del Estado de derecho. Esta nota fue publicada por Diagonal, en España, en febrero de 2015, tres meses después de que el Consorcio de Periodistas de Investigación filtrara centenares de acuerdos fiscales suscritos por bufetes de abogados con el fisco de Luxemburgo en favor de grandes trasnacionales.
Busquen al arquitecto
Las sociedades offshore no son necesariamente ilegales, lo que pasa es que la legalidad internacional ha sido armada para que ese tipo de empresas puedan existir en beneficio de los más poderosos. Es un problema de arquitectura, de concepción del sistema. Quien esto dijo, meses atrás, sabe de lo que habla: el economista John Christensen es actualmente director de Tax Justice Network (Tjn), una ong dedicada a investigar los paraísos fiscales y las empresas que en ellos se refugian. Durante mucho tiempo estuvo del otro lado del mostrador. Trabajó para la consultora Deloitte y fue asesor por más de una década de los gobiernos de las británicas islas Jersey, su lugar natal, ubicadas en el lugar 16 entre el centenar de países y territorios que más favorecen la opacidad y el secretismo financieros. Tomás Lukin, periodista del diario Página 12, lo entrevistó esta semana para saber su opinión sobre “el caso Macri”. Si el presidente argentino montó por intermedio del bufete Mossack Fonseca una offshore en Bahamas, paraíso fiscal número 25 del planeta, para invertir en Brasil, es muy probable que ello obedezca al intento de evadir el fisco de los dos países, “lo que los expertos llaman la doble no imposición”, señaló el director de Tjn. “Bahamas es una de las jurisdicciones con mayor grado de secretismo en el planeta. (Su) modelo de negocios está basado en la venta de secretismo financiero y legal que facilita una enorme variedad de crímenes de guante blanco. No sólo canalizan maniobras de evasión fiscal sino también otro tipo de operaciones vinculadas al abuso de información privilegiada en el sector privado, la malversación, la corrupción o el fraude”, dijo. Y de manera general apuntó: “la mayoría de las familias ricas y grandes empresas que crean estructuras offshore lo hacen para eludir el pago de impuestos sobre las ganancias de capital, a la herencia, a los ingresos y otros tributos, y a las propiedades. Les gusta utilizar nombres sofisticados como ‘administración patrimonial’ (wealth management, en inglés), pero al final del día se suele reducir a la evasión fiscal”. Los paraísos fiscales forman de hecho parte del sistema. Algunos los consideran como una “enorme falla”, como una tara a corregir, pero otros los ven como una válvula de escape necesaria para proteger las ganancias de los hacedores del propio sistema. “A pesar de algunos avances observados a lo largo de los últimos años, los paraísos fiscales continúan bloqueando los cambios necesarios para hacer públicos los registros de información sobre los fideicomisos y compañías offshore. Y nada de eso sería posible sin la complicidad de Estados Unidos e Inglaterra”, había dicho anteriormente Christensen al propio Página 12.
Leave a Reply