Son golpeados. Comen y duermen en el mismo lugar donde hacen sus necesidades. No les facilitan productos para el aseo personal, como papel higiénico. No reciben ayuda médica y menos aún no les permiten hacer llamadas telefónicas.
Según las investigaciones de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (Chirla por sus siglas en inglés), las denuncias forman parte de las continuas violaciones de los derechos civiles y humanos que enfrentan a diario medio millón de migrantes, que se encuentran en los más de 300 centros de detención para indocumentados que existen en Estados Unidos. Del grupo de medio millón, el 60% es mexicano y el 20% centroamericano. En el porcentaje restante se incluye a los sudamericanos y personas de otros continentes.
Desde Los Ángeles (California), el representante de Chirla, que agrupa a 187 organizaciones, Jorge Mario Cabrera, confirma a El Telégrafo que el informe fue elaborado a base de denuncias realizadas por los migrantes y a las investigaciones de organismos nacionales e internacionales dados a conocer a la opinión pública.
Uno de los hechos más recientes que motivó que las organizaciones defensoras de los migrantes acentúen su voz de protesta fue la muerte de 11 personas sin documentos -entre ellos cubanos, mexicanos, colombianos y africanos-, en los últimos meses en EE.UU. La denuncia fue planteada por la organización Mexicanos Sin Fronteras, con sede en Arizona, y la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante, entidades que aseguraron que los “sin papeles”, a la espera de su deportación, fueron tratados como “criminales y de forma inhumana”.
Según los centros de detención, los indocumentados murieron por causas naturales. “Ese es el argumento. En estos centros no se prevé cuidado para la supervivencia, lo cual es casi lo mismo como lanzar a un inmigrante al mar, y decir cumplimos con nuestro deber de sacarlo del país, pero allá si se mueren”, aseveró Cabrera.
Elías Bermúdez, de la organización Mexicanos Sin Fronteras, manifestó, por su parte, que “los tratan peor que a un animal, pues aunque no podemos tener evidencia de tortura física, hay una tortura psicológica”.
El pedido de Chirla es que se aclare la muerte de las 11 personas. “Nuestra demanda al Gobierno Federal es que se esclarezca ¿por qué el cuidado médico de emergencia no fue dado cuando se lo necesitaba?, especialmente cuando la Carta Magna de los Derechos Humanos a nivel mundial así lo indica”, cuestionó Cabrera.
Mediante un comunicado, la directora ejecutiva de la coalición pro migrantes, Angélica Salas, por su parte, exigió a la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, que aclare cómo su departamento garantizará la vida y derechos de los migrantes presos en EE.UU, que forman parte de los 12 millones de indocumentados que allí habitan.
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