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Apostemos por la democracia: apostemos por el NO

“Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”
Art. 16 Declaración Universal de los Derechos del Hombre
 
Sin ignorar la política coyuntural, que no es ajena al derecho, nos proponemos demostrar la inconstitucionalidad formal y material, la violencia jurídica del trámite y del contenido sustantivo  de las consultas propuestas por el Sr. Presidente Constitucional de la República.
 
Por una parte, las 5 supuestas “enmiendas” constitucionales, esto es 5  preguntas que se traducen y concretan en varios  anexos normativos, mucho más de 5, concretamente: 8  reformas constitucionales y 34 reformas legales. Por otra parte están,  las otras 5 preguntas que deberían concretarse en múltiples  normas locales, 221 ordenanzas, y varias reformas y adiciones a leyes nacionales, que son motivo de la consulta.
 
Miremos de cerca, una a una, las 5 supuestas enmiendas y las 5 supuestas consultas temáticas, en el procedimiento  propuesto y en el resultado que eventualmente  provocarían.
 
El referéndum como fórmula de enmienda Constitucional no está permitido, sino prohibido, para las reformas que alteren: “…la estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado” o que establezcan “restricciones a los derechos y garantías”, o que “modifiquen el procedimiento de reforma a la Constitución” (Art. 441 de la Constitución).
 
La pregunta 1 (“Con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, ¿está usted de acuerdo en que la correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva, enmendando la Constitución de la República  como lo establece el anexo 1”) cuyo anexo, reforma el Art. 77  de la Constitución,  No. 9, elimina, como derecho y garantía constitucional, el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva, establecida en 6 meses para delitos penados con prisión y en 1 año para los delitos sancionados con reclusión, tanto en la Constitución de Sangolquí (1998) como en la Constitución de Montecristi (2008).
 
Con la nueva norma, para la que el Sr. Presidente pide el asentimiento popular,  la garantía constitucional dejaría de existir y se convertiría en una o varias  normas legales que  establecerían  plazos mayores  para el trámite de los procesos penales.
 
Es evidente que con esta pregunta y eventual reforma se pone en entredicho el concepto y principio sustantivo de obligatoria  presunción de inocencia  que sólo puede ser universal (Art. 76, No. 2). Con la indicada reforma se particularizaría de manera excepcional, pues, no sería el derecho de las personas sino la supuesta  “gravedad” del delito (clasificación que no existe en la legislación penal) la que determinaría la extensión de una justicia que constitucionalmente encontraría resguardo para su morosidad. Por ejemplo: una persona perseguida políticamente, acusada de un delito “grave”, estaría detenida, sin sentencia, esperando la pereza judicial y  el tiempo que la presión política consienta.
 
Pero con la propuesta del Presidente, no sólo es el principio de presunción de inocencia el que se contradice, sino también los principios de  inalienabilidad, irrenunciabilidad y obligatoria progresividad de los derechos (Art. 11, Nrs.  6, 8 y 9), por lo que, en el orden sustantivo, en el contenido de sus disposiciones,  la consulta es irrefutablemente inconstitucional.
 

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