A más de seis años de que su esposo Néstor Kirchner asumió la primera magistratura y cuando transcurren casi dos de su ajetreado mandato, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, impulsa con ahínco una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El Gobierno busca sustituir la norma 22.285 de la última dictadura y dar el golpe de gracia al poderoso multimedios Clarín. La ley actual rige desde el 19 de septiembre de 1980, es decir se cumplen 29 años de vigencia de la misma, aunque tuvo más de 200 modificaciones.
El nuevo proyecto de la llamada Ley de Medios K, de 157 artículos y 163 páginas, se debatió en las comisiones de Comunicación, Libertad de Expresión y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Hasta el momento se han acordado tres audiencias públicas para su discusión parlamentaria, un trámite que el matrimonio presidencial quiere apurar, pero que la oposición resiste con denuncias sobre amordazamiento a la libertad de expresión.
El proyecto de ley fue presentado por Cristina Fernández el último 29 de agosto. “Conceptos como libertad de expresión, como libertad de prensa, como derecho a la información, deben ser concebidos e interpretados en su correcta dimensión. Porque libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión. Porque libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa”, expresó la Presidenta.
El legislador y empresario de medios Francisco de Narváez, que derrotó totalmente al oficialismo en las últimas elecciones de junio en la populosa provincia de Buenos Aires, dijo que “si esta ley progresa, es como que en los diez millones de hogares argentinos le diéramos el control remoto a Néstor Kirchner”.
El 1 de septiembre, el Gobierno denunció penalmente a De Narváez, a quien acusó de ocultar su participación societaria en el canal América TV. La actual Ley de Radiodifusión prohíbe a un legislador nacional ser dueño de un medio de comunicación.
Los críticos de Kirchner aseguran que su traspié en las urnas en territorio bonaerense aceleró su interés por el proyecto de Ley de Medios, una iniciativa que no había sido planteada por él durante su Presidencia. El ex mandatario, que muchos consideran que es el verdadero poder detrás de su esposa, está convencido de que el gigante Grupo Clarín jugó en su contra y que el fracaso que tuvo en las elecciones se debe a eso, en parte.
El Gobierno ha disparado con munición gruesa contra el multimedios. Semanas atrás, incentivó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que rompa su contrato con el Grupo Clarín y estatizó las transmisiones de los partidos, con un costo de 156 millones de dólares al año que salieron de las arcas públicas.
Además, el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, firmó el 3 de septiembre la resolución que deniega a Cablevisión operar junto con Multicanal, las dos empresas de televisión por cable del Grupo Clarín. Tres días antes de dejar la presidencia en manos de su esposa, Kirchner aprobó la fusión Cablevisión-Multicanal, cuando su gobierno y Clarín vivían un romance.
Uno de los puntos centrales del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual procura clavar otro puñal en el corazón del Grupo: bajar de 24 a 10 las licencias de TV abierta y radio que una persona puede tener y ordena que quien posea un canal abierto no podrá ser operador de cable.
Con respecto a este asunto, durante una entrevista con un medio de prensa local, el director de relaciones externas del multimedios, Jorge Rendo, opinó que “el Gobierno quiere apoderarse de los medios audiovisuales del Grupo Clarín”.
El Gobierno ha asegurado que el proyecto procura disolver los monopolios en las comunicaciones, pero la oposición considera que la concentración de medios podría ser aún mayor si se habilita el ingreso a las grandes telefónicas, como contempla el proyecto. La norma presentada en el Congreso permite a compañías como Telefónica y Telecom participar del negocio y brindar el llamado Triple Play: televisión, internet y telefonía.
El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, también dio su criterio. “Esta propuesta de ley es un modelo único en el mundo y un ejemplo para todos los demás países, en virtud de que garantiza el acceso de todos los sectores a las frecuencias de la radio y la televisión, manteniendo el principio de pluralismo y diversidad en el ejercicio de la libertad de expresión”, escribió en una misiva a Cristina Fernández.
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