La clausura de la salida electoral acordada a mediados de año luego de las masivas movilizaciones populares que reclamaban la nacionalización de los hidrocarburos abre la posibilidad de nuevos y estallidos sociales, y hasta una insurrección popular, según distintos analistas de la sociedad boliviana.
Legisladores y fuerzas vivas integradas en el Comité Cívico Cruceño convocaron a las representaciones parlamentarias de las distintas regiones a discutir un acuerdo, con el fin de conseguir 4 legisladores más para Santa Cruz, cuestión que no pudo ser resuelta por un plenario del Congreso durante la semana pasada. Esto originó una resolución de la Corte Nacional Electoral suspendiendo las elecciones por “imposibilidades técnicas” de llegar al 4 de diciembre. Las fechas tentativas serían el 11 o el 18, aunque llamativamente la suspensión se dio “por tiempo indeterminado”.
Evo Morales, candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), puntero en las encuestas, dio plazo hasta el próximo 5 de noviembre a los miembros del Congreso para resolver este intríngulis. “El pueblo se cansa, y cuidado con que se levante como en el 52” dijo el sábado pasado ante una multitud de sus seguidores, haciendo referencia al levantamiento obrero-campesino de 1952 liderado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario que luego de una sangrienta guerra civil reconfiguró el estado boliviano moderno.
El llamado a elecciones surgió como un compromiso entre las fuerzas en pugna luego de las movilizaciones populares, con epicentro en La Paz y El Alto, que reclamaban la nacionalización lisa y llana de las reservas de gas, y el llamado a una asamblea constituyente. Por su parte, la burguesía del rico estado petrolero y gasífero de Santa Cruz, en el oriente boliviano, próximo a las fronteras con Brasil y Paraguay, inició un movimiento autonomista contra el occidente del país, recreando un enfrentamiento histórico, hoy incentivado por la existencia yacimientos de hidrocarburos manejados por empresas extranjeras.
Fue precisamente Evo Morales, representante político de las masas de campesinos e indígenas eternamente postergados en lo económico, social, cultural y político, quien afirmó durante una visita a París realizada durante el mes de septiembre que habría “agentes externos que usan a las oligarquías nacionales desde Santa Cruz” buscando anular las elecciones e impedir el triunfo del MAS y su programa de gobierno.
“No son los grupos sociales, no es el movimiento indígena que confronta al país o desestabiliza al país –expresó-. Son las instituciones del Estado, el Tribunal Constitucional y detrás de ellos están las transnacionales, la embajada de Estados Unidos, que quiere evitar cualquier triunfo del movimiento indígena”. Hizo en este caso implícita referencia al fallo del Tribunal Constitucional emitido el 22 de septiembre, en base a una presentación de la delegación Santacruceña, que ponía en manos del Congreso la facultad de redistribuir la cantidad de representantes parlamentarios por departamento electoral.
Distintas figuras sociales y políticas, entre las que se cuenta Jorge Quiroga, candidato de la derecha y ex presidente, que se presenta nuevamente a la contienda con buenos números en las encuestas, solicitaron al actual presidente provisional de la nación, el Juez de la Corte Eduardo Rodríguez, que dicte un decreto resolviendo el número de escaños que corresponde a cada departamento. De esta forma se lograría superar la parálisis de un Congreso controlado por miembros de los partidos tradicionales, quienes carecen de posibilidades de volver a ocupar sus bancas ante la pobrísima intención de votos de las fuerzas que representan.
Este certificado de defunción del cuerpo político que ha manejado Bolivia durante, al menos , los últimos 40 años, participando muchas veces como cómplices civiles de dictaduras militares, se une a la resistencia de las clases dominantes bolivianas al ascenso de un descendiente de indígenas a la primera magistratura, con un programa que propugna la estatización de la principal fuente de ingresos del país, el gas, para reorientar la utilización de esos fondos con el objetivo de desarrollar económicamente uno de los países más atrasados del continente, y realizar una distribución de la riqueza que le brinde acceso al trabajo, alimentación, salud y vivienda a la mayoría de los habitantes de la ciudad y el campo, quienes son pobres o indigentes.
A esto se suma el renacer del impulso autonomista de la oriental Santa Cruz de la Sierra y su zona de influencia, que en manifestaciones de algunos de sus representantes sociales y políticos más exaltados toma visos de planteo secesionista e independentista. De no habilitarse la salida política previamente concertada, que consiste en el llamado a elecciones para renovar el poder ejecutivo y el parlamento, y luego convocar a una asamblea constituyente, se abre un panorama incierto para Bolivia, tomando en cuenta la insatisfacción popular que ya se manifestó en levantamientos como los del año 2003 y el que corre. Además del siempre latente riesgo de golpe de estado por parte de las Fuerzas Armadas, una constante en la historia contemporánea de América Latina.
Por Adolfo Rocha | De la Redacción de APM
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