Hay también el personal de la caña. Según una indagación de la Delegación Regional del Trabajo (DRT) de São Paulo, murieron, en este Estado, 416 trabajadores rurales en 2005 en el sector azucarero-alcohol. Es preocupante la incidencia del agotamiento y de los calambres entre las causas de algunas muertes, siendo que el más viejo tenía 55 años. Estos y otros son héroes y víctimas de la actual política agraria.
¿Estaría, entonces, en curso una antireforma agraria en nuestro país?
Hay dos datos que van en esta dirección: en primero lugar el no cumplimiento de la constitucional “función social de la propiedad”. En segundo lugar la nueva mega-política energética gubernamental del agro-combustible.
La constitución brasileña de 1988 produjo una joya de las más luminosas, digna de esta “Carta ciudadana”, a saber, la “función social de la propiedad”. Y esto figura en el título fundacional de los “Derechos y Garantías Fundamentales”, donde, en el ítem XXIII se dice: “la propiedad responderá a su función social”. Estamos, de hecho, ante una innovación jurídica copernicana. En la Carta de Ribeirão Preto, los miembros del
Ministerio Público Provincial y Federal, en el seminario sobre “El Medioambiente y Reforma Agraria”, del 13 de diciembre de 1999, respecto de esta preciosidad constitucional, con admirable solidez jurídica declaran lo siguiente: “La función social define el derecho de propiedad. La función social no es una limitación del uso de la propiedad, ella es el elemento esencial interno que sustenta la definición de la propiedad. La función social es elemento del contenido del derecho de propiedad”. Es el fin, por tanto, del nefasto derecho absoluto de la propiedad privada.
La Constitución asumió un mecanismo de garantía de esta función social y también del establecimiento del ordenamiento agrario. Se trata de la “expropiación por interés social, para fines de reforma agraria, del predio rural que no esté cumpliendo su función social” (Art. 184). Pero, desgraciadamente, a lo que asistimos es al abandono de la tierra por parte del poder Ejecutivo ante la voracidad de la privatización nacional
y extranjera. Incluso ante la presión para revisar los índices de productividad para cumplir el tímido plan de reforma agraria, el Gobierno prefiere comprar la tierra antes que dar paso a la expropiación. Y el poder judicial, salvo honrosas excepciones, no hace
otra cosa que garantizar la defensa del latifundio a través de una industria de providencias contra las expropiaciones y la condena de los líderes de los movimientos sociales. En 2006 fueron desalojadas de la tierra 19.449 familias.
El 80% de las expropiaciones realizadas en los últimos 10 años fue obtenido gracias a las ocupaciones de tierra por las organizaciones campesinas. Sin esto, la figura de la expropiación ya sería letra muerta. Sin embargo, la bancada rural del Congreso, ciegamente apegada al latifundio, ya anda articulando, soterradamente, la criminalización de la ocupación de tierra como terrorismo y, por tanto, como “crimen
perverso”.
La omisión de la garantía de la función social de la propiedad mediante la expropiación viola abiertamente la Carta Magna de manera fundamental. ¿Esta fractura de la función social no tipifica un crimen de responsabilidad del Estado?
La reforma agraria, siempre abundante en el discurso demagógico gubernamental y escasa en la práctica, hoy desapareció hasta del discurso. Los cálculos, todavía no divulgados, estiman que en 2006 han sido asentadas tan sólo cerca de 40 mil nuevas familias. Como los recursos presupuestados para 2007 son prácticamente los mismos irrisorios de 2006, no se puede esperar ningún avance significativo en términos de nuevos asentamientos de reforma agraria. Es la práctica descarada de la antireforma agraria.
¿Y el “agro-combustible”? Aquí, al contrario, el dinero corre suelto, comenzando con el perdón de miles de millones a las usinas. En uno de los períodos más lucrativos para las usinas de caña de azúcar en el país, el Banco do Brasil concedió al sector un perdón de deudas superior a mil millones de reales (más de 450 millones de dólares), según documentos obtenidos y publicados por la Folha de São Paulo.
Ahora, con las alianzas con el gran capital internacional, sobre todo el estadounidense, en razón del agro-negocio de la energía llamada “limpia”, el ritmo de implantaciones de usinas de etanol en el país, con los respectivos cañaverales, es en promedio de una al mes hasta el 2010. Es grande, consecuentemente, el desplazamiento hacia la tierra, sobre todo la tierra con manantiales, por parte de empresas nacionales y
extranjeras. Nunca la tierra estuvo tan valorizada. ¿Cómo queda, entonces, la reforma agraria que venía implementándose bajo la fórmula de la compra de la tierra y con escasos recursos? ¿Cómo queda la soberanía territorial?
Asimismo, surge la cuestión de la soberanía alimentaria. Se trata del derecho de acceso a la tierra, al territorio, a las semillas; se trata del derecho a alimentarse de acuerdo con la propia cultura. En efecto, la propuesta, incluso tentadora, de incorporar la agricultura familiar en ese gran proyecto del etanol con la expectativa de la diversificación de la cultura, está resultando, al contrario, en la pérdida de la
pequeña propiedad incorporada al latifundio de la caña bajo la forma de alquiler pagado anticipadamente. Este dinero se gasta y, luego, la familia no consigue recuperar su tierra arrasada por el monocultivo. En esto hasta los quilombolas (asentamientos afros) y los indios están sucumbiendo. Mañana no faltarán tanques llenos a expensas de barrigas vacías.
Mucho se pregona la multiplicación del empleo. Hay, de hecho, una carrera en desbandada hacia los cañaverales, semejante a la que va en busca de minas. Muchas escuelas del Nordeste se cerraron porque los alumnos migraron al corte de caña. Gente de toda procedencia, de la ciudad y también del campo, ocupantes, pequeños productores, hasta asentados. El trabajo existe, sí, pero con un cuadro sombrío por delante. El trabajador, estimulado a competir con las máquinas, trata a veces de cortar de 12 a 20 toneladas de caña por día. Pero las máquinas, temidas por los cortadores de caña, están llegando para quedarse. Finalmente, ni trabajo, ni tierra, ni reforma agraria. Queda la antireforma agraria.
Felizmente las organizaciones sociales están ahora reaccionando, después de un tiempo de parálisis, ante la expectativa del sueño de cambios a partir del Gobierno. Es hora, pues, de la reforma que nos restituya un Estado estructurado para cumplir su verdadera razón de ser, al servicio del pueblo, en lugar del Estado que está ahí, al servicio del empresariado capitalista. (Traducción ALAI)
Por: Mons. Tomás Balduino. consejero Permanente de la Comisión Pastoral de la Tierra y Obispo-emérito de la Ciudad de Goiás.
El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) divulgó hoy un comunicado donde reporta ocupaciones en seis estados brasileños para reclamar la aplicación de la Reforma Agraria.
Según el texto las acciones recuerdan el 11 aniversario de la Masacre del Dorado de Carajás, ocurrida el 17 de abril de 1996 cuando policías del estado de Pará asesinaron a 19 Sin Tierra.
El domingo último 170 familias del movimiento acamparon en una hacienda abandonada del grupo Suzano Papel y Celulosa para protestar contra el monocultivo de caña de azúcar y eucalipto.
Otros 300 sin tierra ocuparon esta mañana la secretaría de Obras del Municipio de Nova Santa Rita, en Río Grande do Sul para exigir mejorar la infraestructura de los asentamientos en la región.
Además, tres centenares de familias ocuparon la hacienda Salgador en Presidente Vargas, estado de Maranhao, para reivindicar que sus 45 mil hectáreas improductivas pasen a la Reforma Agraria.
En Bahía otros cinco mil iniciaron desde anoche una marcha de 110 kilómetros desde Feria de Santana hasta Salvador donde expondrán sus reivindicaciones.
En Pernambuco, unas 400 familias ocuparon otras dos haciendas improductivas próximas a las ciudades de Bonito y Jataúba, indica el reporte del MST.
En tanto, añade, en Piauí, los miembros del movimiento entraron la víspera el palacio Karnak, sede del gobierno estadual, para reclamar prioridad a las políticas rurales.
El MST decidió reforzar además este mes sus acciones contra las grandes empresas del agronegocio, especialmente las transnacionales como Celulosa Aracruz, Votorantim, Stora Enso, Nortox y Cargill.
Según afirmaron las transnacionales imponen monocultivo con énfasis en la exportación, causan desempleo a pequeños agricultores, agraden el medio ambiente e imponen precios a productos agrícolas.
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