Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, Bank of New York Mellon Corp y State Street. Esta es la primera lista de nueve bancos, que se extenderá a los 8500 que operan en Estados Unidos. El plan no deja afuera a ninguno, ni los bancos de las plazas. Los gobiernos más poderosos del planeta anunciaron los detalles y condiciones para sus planes de estatización parcial de sus respectivos sistemas financieros. La intención es reactivar el desaparecido crédito bancario para evitar un colapso peor que el financiero, el de la economía real con quiebras masivas de empresas. El Tesoro estadounidense presentó los puntos centrales de la primera etapa del megasalvataje, a través del cual nacionalizará parte de la cartera de las nueve mayores entidades de ese país (ver aparte). Bush se resiste todavía a hablar de estatización, pero reconoció que es “una medida esencial de corto plazo para asegurar la viabilidad del sistema bancario estadounidense”. Más allá de cualquier resistencia de fundamentalistas del mercado, Estados Unidos pondrá a 8500 bancos bajo la órbita pública, mientras que el organismo federal de seguros de depósitos bancarios en ese país garantizará por el plazo de tres años todos los nuevos créditos y colocaciones del sistema. Mientras, las autoridades suecas crearon un fondo de rescate para entidades en problemas en el futuro, y el Banco Central Europeo ofrecerá otros 310.000 millones de euros a los bancos para aliviar sus problemas.

Tal como estaba previsto, Bush se reunió con sus dos más fieles laderos, el titular del Tesoro, Henry Paulson, y de la Fed, Ben Bernanke. Luego de ese encuentro presentaron, a diez días de su aprobación, los primeros pasos del megasalvataje de 850.000 millones de dólares. El plan requerirá en una primera etapa de 250.000 millones de fondos de los contribuyentes para descongelamiento del crédito que está llevando a la quiebra de compañías y a la destrucción del empleo. “Vivir con empresas y consumidores sin acceso al financiamiento es totalmente inaceptable”, justificó Paulson en Washington el esfuerzo de la población. De todas maneras, el Tesoro buscará captar 45.000 millones de dólares de deuda para ayudar a la Reserva Federal.

El gobierno comenzará con la compra accionaria de nueve bancos, que ayer Paulson evitó nombrar. Sin embargo, fuentes del sector confirmaron que los primeros 125.000 millones de dólares serán distribuidos en estos días entre el Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase y el Bank of America-Merrill Lynch. Cada uno obtendrá 25.000 millones de dólares. Mientras que Morgan Stanley y Goldman Sachs Group obtendrán 10.000 millones cada uno y Bank of New York Mellon Corp, cerca de 3000 millones, y State Street 2000 millones. “Son instituciones saludables y hemos tenido que tomar este paso para el bien de la economía estadounidense”, dijo Paulson. Por su parte, Bush afirmó que “estas instituciones, como otras cientos que están por venir, tendrán que aumentar su capacidad de desempeñarse en la función vital de prestamista.”

Además de los nueve gigantes, el plan de Paulson se amplía a unas 8500 entidades, para lo que destinará el resto de los 250.000 millones de dólares. La participación en los bancos requerirá la aceptación de límites en el pago de los ejecutivos, los denominados “paracaídas de oro”, que incluye renunciar a las deducciones impositivas para las compensaciones superiores a los 500.000 dólares en el caso de los principales ejecutivos.

Los bancos otorgarán como garantía al Tesoro el 15 por ciento de sus activos en acciones preferidas. Estos papeles pagarán un dividendo de 5 por ciento para los primeros cinco años y de 9 por ciento a partir del sexto. Mientras, las compañías podrán recomprar esas acciones luego de tres años. El programa fija el 14 de noviembre como plazo para que apliquen los bancos la compra del gobierno. El Tesoro escogió al Bank of New York Mellon para la contabilidad.

De menor espectacularidad, pero igualmente sorprendente, Bush anunció que su gobierno garantizará las cuentas de pequeñas empresas para sus operaciones diarias. “Estas medidas no están destinadas a tomar el control de la economía de mercado, sino a preservarla”, aclaró para oscurecer. Al mismo tiempo, el organismo federal estadounidense de seguros de depósitos bancarios anunció que garantizará las nuevas obligaciones lanzadas por los bancos durante tres años, como forma de relanzar un mercado de créditos golpeado por la crisis. Se ampliará además la garantía del organismo a todos los depósitos que no den intereses, cualquiera sea su monto.

Acciones similares se vieron en otras partes del globo. El Banco de Japón inyectó otros 12.000 millones de dólares en el mercado. El ministro sueco de Mercados Financieros, Mats Odell, informó que su país establecerá un fondo para ayudar a los bancos que puedan estar al borde de la bancarrota. Finalmente, el Banco Central de Europa ofreció unos 310.000 millones de euros a una tasa fija de 3,75 por ciento.

Más Roosevelt que Karl Marx

Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía 2008, estimó que la decisión del gobierno estadounidense de inyectar 250.000 millones de dólares en el capital de los bancos implica redescubrir a Franklin Roosevelt, más que a Karl Marx. “Este plan responde al problema esencial de la capitalización inadecuada de los bancos y a la necesidad de calmar los mercados”, declaró Krugman. “No sabemos si esto va a funcionar, me gustaría estar seguro (pero) por primera vez siento que hay una política que imprime su marca sobre la crisis”, añadió. Krugman celebró una política que “repudia” el liberalismo “duro”. “No nos vamos a convertir en Karl Marx, pero vamos a redescubrir cosas que había descubierto (el presidente demócrata) Franklin Roosevelt hace 75 años”, añadió, recordando que “dejar que los mercados se las arreglen fue desastroso en los años 1930, y nos ha llevado de nuevo al borde del desastre”. No obstante, Krugman estimó que Estados Unidos se dirige hacia “una grave recesión”.

Por Cristian Carrillo

¿Quién pagará la factura del rescate?

El dinero corre como un torrente, fluye desde todas partes del mundo para mantener bajo respiración artificial un modelo asfixiado por sus propios abusos. Ayer, de nuevo, los mercados bursátiles de Europa volvieron a cerrar sus sesiones con alzas confortables. Sin embargo, al día siguiente de los anuncios de inyección masiva de fondos en el sistema bancario (casi dos billones de euros) y de la reacción ascendente de las Bolsas, ayer empezó a aparecer una pregunta recurrente: ¿quién pagará la factura de los planes de rescate? En Francia, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, aseguró que el contribuyente no pagará un céntimo de su bolsillo. El plan francés –360 mil millones de euros– será financiado a través del endeudamiento y no con aumentos de los impuestos. En Alemania –480 mil millones de euros– y en Gran Bretaña –380 mil millones–, el respaldo al sector bancario se hará esencialmente mediante empréstitos del Estado.

La operación es de una paradoja hilarante: el dinero necesario para las operaciones de rescate se obtiene gracias a la buena imagen del Estado. Es él quien, en lugar de los bancos, recurre al mercado de los capitales para conseguir lo que los bancos no pueden. A cambio de ello, el Estado recibe lo que la ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, llamó “activos de buena calidad”. Todo un milagro. El Estado, ese viejo sacerdote disciplinado, moralista y paternal condenado a muerte por el liberalismo, se convierte así en garante de la salvación. Los antiintervencionistas se cambiaron de vereda y hoy esgriman la varita mágica de la intervención. Los economistas observan que, en lo que atañe a Francia, el Estado puede hacer un buen negocio con su esquema de recapitalización de los bancos, adonde prevé invertir 40 mil millones de euros –los 320 mil restantes están destinados a empujar la fluidez de los créditos interbancarios–.

Jean-Paul Fitoussi, presidente del Observatorio francés de coyunturas económicas (OFCE), comentó que dado que los valores bancarios están hoy por el piso, el Estado no corre muchos riesgos: “Tarde o temprano las acciones de los bancos van a subir y, en ese momento, sería interesante que el Estado venda sus participaciones. El Estado está casi seguro de que realizará una plusvalía consecuente”. En cuanto a la garantía dada por el Estado a los créditos interbancarios –los 320 mil millones de euros–, el presidente francés aclaró que esa garantía “habrá que pagarla”. Desde ya, en uno u otro caso, los establecimientos financieros que recurran a los fondos públicos tendrán que respetar una serie de “obligaciones éticas”, sobre todo en lo que toca el bolsillo de sus dirigentes: sueldos de los ejecutivos, bonos en forma de acciones, indemnizaciones, en suma, todo lo que entra bajo el “paracaídas de oro” que protege a los ejecutivos más allá de los resultados obtenidos. Los economistas destacan que los mecanismos activados para desahogar el sistema impiden que aumenten los déficits, pero no el endeudamiento del Estado. La inyección masiva de dinero hace crecer la deuda pública, y esa deuda hay que pagarla. Y quien reembolsa está, forzosamente, en déficit. En la actualidad, la deuda del Estado francés equivale al 65 por ciento del PIB, con lo cual cada francés con trabajo debe 47 mil euros, unos 73 mil dólares.

Los ministerios de Economía guardan hoy un religioso silencio sobre el tributo que pesará sobre las generaciones futuras. Se hace obvio que los Estados harán recortes drásticos sobre algunos segmentos de los presupuestos nacionales o recurrirán a artimañas para transferir a las provincias o regiones costos que antes asumían las cajas nacionales. Una sospecha ronda en los labios de analistas y economistas: ¿cuál será la sorpresa que aparecerá en el horizonte cuando las aguas se calmen y la serenidad permita sacar debidamente las cuentas? En este sentido, Xavier Timbaud, otro miembro del OFCE, recuerda lo que ocurrió en 1990 en Japón y los Estados Unidos. Timbaud señala que “las recapitalizaciones fueron muy costosas en efectos indirectos y también por los efectos indirectos que tuvieron sobre el crecimiento”. Uno de esos efectos es una realidad cuyas consecuencias recaen sobre las personas con menos recursos. Un hogar de cada cinco que el año pasado podía aspirar a obtener un crédito inmobiliario ya no puede hacerlo hoy a raíz del aumento de las tasas de interés. Este cálculo figura en un estudio publicado ayer en París por el corredor de préstamos Empruntis. Geoffroy Bragadir, fundador de Empruntis, observó que “el crédito sólo estará disponible para una categoría privilegiada de la población”. En resumen, lo que más temen los gobiernos y los economistas es un desborde de la crisis global del sistema sobre la realidad: ello se traduce por desempleo, inflación, cierre de empresas, recesión y empobrecimiento.

Por Eduardo Febbro
Desde París