Imposible de ocultar, nuestra abominación hace rato que trasciende las fronteras patrias. Al punto de causar estupor ajeno y reacciones acaso insospechadas.
La vergüenza, que debía nacernos como ejercicio cotidiano del cuestionamiento doméstico, del debate y la meditación de los componentes sociales con miras a solidificar la convivencia y la democracia; esa vergüenza, nos viene de rebote, desde afuera, con gestos significantes de difícil camuflaje.
A los colombianos nos están viendo mejor los de afuera, se nos lee mejor allende nuestros contornos. Porque la fórmula de la ceguera política que ha estado funcionando desde el gobierno ha arribado al colmo del absurdo.
Esa fórmula de persecución difamatoria y delirante, de eliminación paranoica y preventiva, sólo funciona en nuestra aldea. Alcanza una perturbadora eficacia mediática que sólo es posible en nuestra insensata feligresía.
En el exterior, en el universo global, intercomunicado e informado, toda la receta de la seguridad democrática es observada como una doctrina acaso etérea y bastante encubridora. En el panorama académico y político internacional serio, ya se ha pasado de la sospecha al riguroso diagnóstico: sirve para acomodar escasos sectores de privilegio; sirve para revivir credos y cartillas ideológicas que necesariamente deben expresarse en prácticas de purificación, de segregación y aniquilamiento. Pero, sobre todo, sirve para hacer que todo esto quede impune, para intentar borrar de la historia todo lo que este nefasto proyecto conlleva.
No es gratuito, entonces, que hasta los magistrados de Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado estén solicitando ya la auditoría de Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de un Relator Especial para la Independencia Judicial, como garantía de que su trabajo de develamiento de la verdad no pueda seguir siendo objeto del acoso y la persecución, del chantaje y señalamiento que desde la Casa de Nariño se les viene haciendo.
Este clamor, se hace paralelo al que desde hace rato vienen haciendo ciertos sectores sociales, cuando piden a gritos la pronta intervención de la Corte Penal Internacional en nuestro país.
Que esto lo pidan ciudadanos o entidades que desde el gobierno han sido vilipendiados o hasta descalificados como voceros de la guerrilla, es una cosa. Pero, que incluso los magistrados de las altas Cortes piensen ello, es el fiel reflejo de que hay hondas verdades que todavía escapan al común de los colombianos. Por lo que vemos, todas las esperanzas apuntan a que sean los organismos de veeduría internacional y la presión de la opinión pública del exterior, las únicas herramientas con las se pueda contener esta avanzada sistemática que desde la cabeza del gobierno pretende arruinar con nuestra democracia. Por fuera, nadie ve las máscaras con las que aquí ha logrado camuflar tamaño empeño.
Esta situación la ha logrado percibir en carne propia el primer mandatario en sus últimas giras protocolarias. Como sucedió recientemente en España, cuando quiso recibir el premio “Cortes de Cádiz a la Libertad”. Dicha ceremonia no pudo celebrarse en ninguna de las sedes programadas con pompa para el evento. El asedio de un nutrido número de manifestantes que se oponían al mismo, obligó a realizar maromas y desplazamientos del mandatario hacia lugares donde no se escucharan las voces de protesta ni los graves señalamientos que le hacían a su gestión de gobierno.
El galardón, concedido por la Alcaldía de Cádiz, debía en principio ser entregado en dicha ciudad. Pero el aviso oportuno de que crecía el número de radicales opositores al premio, pero sobretodo, el tono agudo de las consignas (… ¡ España, cómplice…! – por ejemplo -); obligaron a su alcaldesa a trasladarse a Madrid, lugar donde se pensó habría menos ecos del reproche. Se concibió, entonces, que el lugar adecuado podría ser la Casa de América, sitio hacia donde de inmediato las organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron el permiso para que se les permitiera hacer sentir su voz. Procurando evitar las repercusiones mediáticas de la censura, el premio fue entregado, por fin, en la misma sede la embajada. Es decir, en un espacio que política y legalmente es considerado territorio colombiano. Sobra advertir, que todos esos enroques y arrinconamientos, se dieron a la vista de los herederos del trono español (¡ que oso, frente a los Príncipes de Asturias..!); quienes fueron testigos de excepción de la forma en que los miembros de la Policía Nacional hacía esfuerzos para disolver las concentraciones.
En síntesis, el discurso de gobierno sólo tiene efectos de capilla y de parroquia. No trasciende a la comunidad crítica y pensante.
Por eso, después de la exposición de sus retóricos lugares comunes, nadie quedó convencido de la sinceridad de sus palabras al momento de dedicar el galardón a los soldados víctimas de las minas antipersonales. Todos a una recordaron el trato que le ha dado al cabo Pablo Emilio Moncayo, y el rencor sin disimulo con el que ha atendido las súplicas de su padre para que favorezca su liberación unilateral.
No faltó quién soltara unas palabras, que hasta entonces creía eran patrimonio del refranero paisa, pero que, por lo que veo, tienen raíces andaluzas. Una matrona de esas, bastante avergonzada, alcanzó a gritar en las afueras: “Pretende ser luz de la calle, cuando es total oscuridad en la casa…”
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