Unas horas más tarde, el propio jefe de
Estado reconoció públicamente que ha sido señalado por el ex jefe paramilitar
Salvatore Mancuso por su posible participación en los preparativos para la
masacre en la localidad de El Aro, perpetrada en 1997 por militares y
paramilitares que torturaron y asesinaron a 15 campesinos, quemaron sus
viviendas y se robaron sus pertenencias. Mancuso informó que ha tenido
reuniones, además, con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y con su
primo, el vicepresidente Francisco Santos. Aunque Uribe niega su parte en el
señalamiento, su declaración parece ser una clara estrategia de control de
daños, es decir, ha preferido hacer público el dato él mismo, para evitar que
la información se diera a conocer como revelación de la prensa.
A fin de cuentas, ambos datos contribuyen a
fortalecer los señalamientos sobre los vínculos familiares y personales del
mandatario con los grupos armados ilegales que desde la década de los 70, al
amparo de una pretendida “autodefensa” de las acciones guerrilleras,
emprendieron una sangrienta campaña de persecución, tortura y asesinato de
integrantes de movimientos opositores. Además de los paramilitares, los Uribe
han sido acusados de mantener nexos con el narcotráfico. Al respecto, es de
destacar el testimonio de Virginia Vallejo, ex amante del desaparecido líder
del cártel de Medellín Pablo Escobar, quien afirmó que el difunto
narcotraficante había proporcionado su helicóptero para trasladar al padre del
presidente colombiano, quien había resultado herido de muerte tras un ataque
atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Resulta
esclarecedor el informe de 1991 de la Agencia de Inteligencia de la Defensa
(DIA, por sus siglas en inglés) que describía a Uribe como un estrecho colaborador
del cártel de Medellín y “amigo cercano” de su extinto cabecilla Pablo
Escobar Gaviria, así como los reportes de prensa de la década anterior sobre el
helicóptero que ese capo prestó al hoy presidente cuando el padre de éste fue
asesinado.
A mayor abundamiento, Uribe ha sido señalado
por recibir, durante su primera campaña presidencial, ayuda financiera de la
empresaria Enilse López, sospechosa de relaciones con el narcotráfico, en
particular con el cártel de Medellín, y enfrenta una acusación pública
por presunto tráfico de cargos.
En suma, los elementos de juicio parecen indicar que Álvaro Uribe
es un delincuente y que su equipo de colaboradores y sus círculos político y
familiar están estrechamente relacionados con las fuerzas paramilitares de ultraderecha
y con el tráfico ilegal de estupefacientes. Tal es el hombre al que Washington
defiende como “paladín de la democracia” en América del Sur, el instrumento de
la Casa Blanca en las campañas de desestabilización y hostigamiento contra
Venezuela y Ecuador: un hombre de la mafia.
En tanto no despeje y esclarezca los abundantes y graves indicios
de responsabilidad criminal, de él y de muchos de sus colaboradores, el
gobernante colombiano carece del menor margen de autoridad moral y de
credibilidad para formular caracterizaciones ofensivas de los cuatro jóvenes
mexicanos asesinados por las fuerzas armadas de Colombia en la incursión del
primero de marzo contra un campamento de las FARC que se situaba en territorio
ecuatoriano. Y, por supuesto, las profesiones de legalismo y espíritu
democrático de Uribe resultan, a la luz de su turbio y escandaloso historial,
plenamente inverosímiles.
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