El Consejo Nacional de la Raza (NCLR), el mayor grupo de defensa de hispanos en Estados Unidos, criticó ayer al gobierno de Barak Obama por la renovación del polémico programa 287g que da autoridad migratoria a la Policía.
Los cuestionamientos de esta agrupación se sumaron a otras, como la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU), America’s Voice y el Foro Nacional de Migración que fustigaron el acuerdo. Desde enero pasado, este plan contra los migrantes ha dejado alrededor de 24 mil indocumentados detenidos, 48% más que la cifra alcanzada durante el mismo periodo en 2008, informó el diario mexicano El Financiero.
El programa empezó a provocar polémica porque las asociaciones de defensa de los migrantes denunciaron que los participantes detenían a extranjeros legales e ilegales por faltas nimias, como violaciones de tráfico, para entregarlos inmediatamente para su expulsión.
La renovación de un programa federal para que fuerzas policiales estatales y locales participen en la captura de “sin papeles” puede provocar abusos y un clima de miedo en las comunidades, criticó ayer la presidenta de la organización hispana, Janet Murguía.
“Los datos demuestran que estamos utilizando recursos legales preciosos para buscar a los no criminales, en lugar de centrarnos en los criminales”, cuestionó.
El Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. anunció una revisión completa del programa 287(g), aprobado por el Congreso en 1996, que autoriza a policías locales y estatales a colaborar con la Agencia de Migración y Aduanas (ICE) para detectar y expulsar a migrantes ilegales.
El programa fue replanteado a mediados de julio tras fuertes críticas de grupos y organizaciones de derechos civiles, que exigieron al gobierno de EE.UU. detenerlo por abusos cometidos por policías en varios estados.
Así, el programa fue modificado por las autoridades federales. Ahora los departamentos de policía solo podrán revisar el estatus migratorio de personas que ya están en la cárcel. El objetivo de esta revisión es localizar a los ilegales con antecedentes penales, considerados criminales peligrosos, para que sean deportados inmediatamente, explicó el jefe de la Agencia de Migración, John Morton.
Un total de 67 cuerpos policiales, estatales y locales, firmó el nuevo memorando, que establece políticas comunes para todos los participantes, anunció el Departamento de Seguridad Interna.
Según el diario USA Today, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) está buscando que seis agencias municipales y estatales del orden público firmen el programa tal y como lo venían haciendo desde que fue activado. El matutino no reveló los nombres de estas agencias, que el ICE busca sumar a las 67 con las que ya renovaron un acuerdo la semana pasada, entre ellas la oficina del alguacil Joe Arpaio, en el condado Maricopa, Arizona.
“Estos nuevos acuerdos promueven la seguridad pública al dar prioridad a la identificación y la expulsión de extranjeros criminales peligrosos y asegurar la coherencia y la vigilancia federal de esos cuerpos policiales”, explicó la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano.
Sin embargo, el Consejo de la Raza se declaró “profundamente preocupado”, de que el Departamento de Seguridad Interna haya renovado el programa 287(g), al considerar que éste ha sido “ineficaz”.
El programa permaneció dormido hasta 2003, cuando el entonces Fiscal General John Aschcroft lo activó como parte de las medidas de seguridad adoptadas en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
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